Judicial
Definen pruebas y fecha de juicio a exalcalde Apopa, Elías Hernández y otras siete personas
Escuchas telefónicas, 33 testigos y seis peritos fueron ofrecidos como prueba en contra del exalcalde Apopa, Elías Hernández, en una audiencia especial que realizó este miércoles el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
El juez que presidió la diligencia de selección de prueba acordó con fiscales y defensores que la vista pública será el próximo 11 de septiembre.
La causa penal es promovida en contra del exfuncionario municipal, su esposa Evelinda Serrano de Hernández, su hijo Darwin Hernández y otros cinco imputados.
El exalcalde y cuatro de los procesados enfrentarán un proceso ordinario, una fuente cercana al proceso confirmó que Elías Hernández se habían planteado confesar los hechos y someterse al proceso abreviado, pero desistió al final porque la Fiscalía pedía como requisito que pagara en concepto de responsabilidad civil los $591,000 que supuestamente se apropió.
Solo se irán con proceso abreviado Evelinda Serrano de Hernández y otra acusada, mientras que Darwin Hernández se someterá a una suspensión condicional del procedimiento bajo el pago de una responsabilidad civil, este último beneficio no fue autorizado por la Fiscalía a los cuatro imputados que junto a Elías Hernández enfrentarán el juicio ordinario.
El exalcalde de Apopa, es acusado de negociaciones ilícitas y peculado (apropiarse de fondos públicos), su esposa e hijo, por el delito de cohecho (soborno), que cometieron cuando contactaron a testigos y ofrecieron dinero para que no llegaran a declarar en un juicio en contra del exfuncionario.
El expediente certifica la existencia de una red creada para desviar fondos públicos y cometer una serie de delitos. Según la acusación, Elías Hernández se apropió junto a los miembros de la estructura de $591,000.
Los hechos ocurrieron entre los años 2013 al 2016, una de las formas de apropiación de fondos fue cuando Hernández supuestamente ordenó que las compras de insumos de la alcaldía de Apopa se le hicieran a su esposa.
Después cambió la modalidad y Evelinda de Serrano ya no entregaba los suministros, sino que se falsificaba las órdenes de compras en procesos de libre gestión para justificar la erogación de fondos que recibía su esposa.
El ministerio público dice que fueron entregados $350,000 en facturas a cambio de suministros, mientras que en los otros $291,000 no se otorgaron productos ya que se alteraron las facturas haciendo ver que se entregó el material requerido.
Cuatro personas identificadas como José Eliseo Mejía, Juan Rodolfo Mejía Hernández, Inmer Alexis Méndez Consuegra, y Oswaldo Eliseo Ávalos Hernández fueron encontrados responsables de haberle robado a una persona una fuerte cantidad de dinero en efectivo el pasado cinco de agosto del año 2024.
El fiscal del caso dijo que los cuatro sujetos interceptaron a la víctima cuando caminaba sobre la calle principal en cantón Pacun, del municipio de Santa Ana Centro.
Según la investigación los sujetos le dijeron que no lo quieren ver en la zona y le dieron 24 horas para irse o le quitarían la vida, luego lo lesionaron en diferentes partes de su cuerpo y le quitaron una fuerte cantidad y un celular.
Los sujetos huyen al escuchar que por la zona se acercaba un vehículo.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso la condena por el delito de robo agravado. Dichos sujetos no pertenecen a alguna mara o pandilla.
Judicial
Ordenan captura de red de jóvenes acusados de extorsionar a empresarios de la en La Libertad
En un esfuerzo conjunto entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, se capturó a un grupo de jóvenes que, durante el año 2025, extorsionaron a un empresario del departamento de La Libertad.
La estructura estaba conformada por un menor de edad y Ana Gladis Lemus, Javier Alexander Zepeda Morales, Nayeli Yasenia Mejía Flores y Nelson David Inocente Leonor, quienes fueron capturados durante el operativo.
De acuerdo a las investigaciones, el menor de edad contactaba a la víctima vía telefónica para amenazar y exigir el pago de efectivo; las otras cuatro personas eran las encargadas de retirar el dinero exigido el quince de cada mes y dar seguridad en ese momento.
Posteriormente, el dinero recibido lo depositaban a cuentas bancarias y lo enviaban por remesas a través de farmacias y supermercados.
Los imputados fueron perfilados bajo entregadas controladas con cobertura policial.
A los imputados se les procesará por los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión agravada.
El operativo se desarrolló en los distritos de Jayaque y Colón en el departamento de La Libertad y de igual manera en San Antonio del Monte, jurisdicción de Sonsonate y se incautó abundante evidencia que fortalecerá el caso y la acusación contra los imputados.
Entre el 1 de enero y el 27 de marzo de 2026, un total de 27 criminales fueron condenados por feminicidio y tentativa de feminicidio, según informes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con las autoridades, los Juzgados Especializados de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres impusieron penas de hasta 30 años por feminicidio y 50 años por feminicidio agravado, conforme a lo establecido en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV).
En uno de los casos, el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 11 pandilleros de la 18 por el asesinato de tres mujeres. Los jueces aplicaron los artículos 45 y 46 de la LEIV, que establecen penas de entre 20 y 35 años, y de 30 a 50 años, respectivamente.
Las investigaciones fueron desarrolladas por diversas unidades fiscales con enfoque de género, garantizando la persecución penal de los delitos. Los procesos iniciaron en juzgados de paz y avanzaron hacia tribunales especializados, bajo reserva conforme lo establece la ley.
Durante los juicios, la Fiscalía presentó peritajes, pruebas documentales, testimonios, así como informes técnicos de geolocalización, registros de llamadas y evidencia dactilar que vinculan a los imputados con los hechos. Los jueces valoraron estos elementos para emitir las condenas.
Las autoridades señalaron que en varios casos se comprobó la existencia de violencia psicológica, verbal y física, así como contextos de vulnerabilidad en las víctimas. En crímenes vinculados a estructuras criminales, se determinó que los responsables ejercieron distintos tipos de violencia contra las mujeres.
Uno de los fallos más severos fue contra 11 pandilleros de la 18, quienes recibieron condenas de 50 años por cada feminicidio, acumulando penas superiores a los 400 años por múltiples delitos. Según la Fiscalía, los hechos corresponden a un triple feminicidio ocurrido en 2010 en Ilopango.
Entre los condenados se encuentran Alejandro Ernesto Rodríguez, sentenciado a 408 años de prisión; Juan Antonio Marroquín Portillo, a 205 años; Celestino Vásquez Benítez, a 195 años; y Douglas Alirio Alfaro Amaya, a 105 años. Asimismo, fue condenado Erick Saúl Villalobos, cabecilla nacional de la pandilla 18, a 144 años de cárcel.
En otros casos, un ciudadano nicaragüense fue condenado a 50 años de prisión por asesinar a su compañera de vida en San Miguel, mientras que en San Salvador, un hombre recibió 37 años de cárcel por intentar asesinar a su pareja, a quien le causó graves lesiones con arma blanca.
Además, en Ahuachapán, un hombre fue condenado a 50 años por el feminicidio agravado de su expareja, y en Santa Ana, otro imputado recibió 50 años por intentar asesinar a su excompañera de vida y a su hija de dos años.
