Judicial
Decretan sobreseimiento definitivo a favor del Exfiscal Douglas Meléndez en caso QUIMAGRO
La Cámara Primero de lo Penal de la Primera Sección del Centro confirmó el sobreseimiento definitivo decretado por el Juzgado 1° de Paz a favor del ex fiscal general, Douglas Arquímides Meléndez Ruiz, por los delitos de omisión de la investigación, incumplimiento de deberes, actos arbitrarios y desobediencia.
La Cámara conoció del Recurso de Apelación interpuesta por José Vega Castañeda, en su calidad de director presidente y representante legal de la Sociedad Química Agrícola Internacional, SA de CV (QUIMAGRO), en contra de la resolución que dictaba el sobreseimiento definitivo a favor del ex fiscal general. Meléndez Ruiz.
Entre algunas de las argumentaciones de la Apelación, el Representante Legal de QUIMAGRO S.A de C.V, manifestó que los Agentes Auxiliares del Fiscal General de la República lo citaron para un formalismo consistente en «informárseme que había agotado, la posibilidad de obtención probatorio, durante la etapa de diligencias de investigación y que el análisis efectuado, lo que procedería era solicitar el sobreseimiento definitivo a favor del imputado Douglas Arquímedes Meléndez Ruiz”, lo que para el representante legal, no gozó del legítimo derecho a ser oído previamente a la decisión de formular el Requerimiento Fiscal de Sobreseimiento Definitivo.
Así mismo manifestaba, en dicha Apelación; que la resolución dictada por el Juzgado Primero de Paz de esta ciudad, carecía de fundamentación.
Sin embargo, la Cámara Primera de lo Penal, consideró “El Tribunal tienen limitada su competencia al conocimiento de la causa venida en apelación, únicamente a los puntos específicos de la resolución que causan agravio al apelante José Antonio Vega Castañeda, en contra de sobreseer definitivamente al imputado Douglas Arquímedes Meléndez Ruiz”.
Dijo también: “….Esta Cámara discrepa cuando señala que la decisión apelada adolece de la inobservancia…”
Por otra parte, la Cámara argumenta que “el apelante no expone de manera clara y concreta en que consiste la Falta de Fundamentación”… reza el documento.
Por tanto, la Cámara resuelve “Confírmese la resolución pronunciada por el Juzgado Primero de Paz de esta ciudad, por medio de la cual decretó el Sobreseimiento Definitivo a favor del imputado Douglas Arquímides Meléndez Ruiz, por los delitos de Omisión de la Investigación, Incumplimiento de Deberes, Actos Arbitrarios y Desobediencia; Con la certificación de ley, vuelvan los autos al Juzgado de origen”,
El Representante de QUIMAGRO S.A de C.V. denunció en la FGR que tres magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) habrían cometido el delito de Prevaricato, sin embargo el análisis de las actuaciones de los Magistrados de la Sala de lo Constitucional de la CSJ se realizaron conforme a Ley.
A raíz de esto, La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó al Juzgado 1° de Paz el sobreseimiento definitivo a favor del ex fiscal porque “no había delito que perseguir”, debido a que cuando éste fungió como Fiscal General de la República ordenó las respectivas averiguaciones para determinar si era procedente o no la promoción de antejuicio en contra de tres ex magistrados de la CSJ, por lo que la FGR consideró que el ex fiscal cumplió con sus obligaciones según la Constitución de la República (art.193 ordinal 3 y 4).
Cuatro personas identificadas como José Eliseo Mejía, Juan Rodolfo Mejía Hernández, Inmer Alexis Méndez Consuegra, y Oswaldo Eliseo Ávalos Hernández fueron encontrados responsables de haberle robado a una persona una fuerte cantidad de dinero en efectivo el pasado cinco de agosto del año 2024.
El fiscal del caso dijo que los cuatro sujetos interceptaron a la víctima cuando caminaba sobre la calle principal en cantón Pacun, del municipio de Santa Ana Centro.
Según la investigación los sujetos le dijeron que no lo quieren ver en la zona y le dieron 24 horas para irse o le quitarían la vida, luego lo lesionaron en diferentes partes de su cuerpo y le quitaron una fuerte cantidad y un celular.
Los sujetos huyen al escuchar que por la zona se acercaba un vehículo.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso la condena por el delito de robo agravado. Dichos sujetos no pertenecen a alguna mara o pandilla.
Judicial
Ordenan captura de red de jóvenes acusados de extorsionar a empresarios de la en La Libertad
En un esfuerzo conjunto entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, se capturó a un grupo de jóvenes que, durante el año 2025, extorsionaron a un empresario del departamento de La Libertad.
La estructura estaba conformada por un menor de edad y Ana Gladis Lemus, Javier Alexander Zepeda Morales, Nayeli Yasenia Mejía Flores y Nelson David Inocente Leonor, quienes fueron capturados durante el operativo.
De acuerdo a las investigaciones, el menor de edad contactaba a la víctima vía telefónica para amenazar y exigir el pago de efectivo; las otras cuatro personas eran las encargadas de retirar el dinero exigido el quince de cada mes y dar seguridad en ese momento.
Posteriormente, el dinero recibido lo depositaban a cuentas bancarias y lo enviaban por remesas a través de farmacias y supermercados.
Los imputados fueron perfilados bajo entregadas controladas con cobertura policial.
A los imputados se les procesará por los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión agravada.
El operativo se desarrolló en los distritos de Jayaque y Colón en el departamento de La Libertad y de igual manera en San Antonio del Monte, jurisdicción de Sonsonate y se incautó abundante evidencia que fortalecerá el caso y la acusación contra los imputados.
Entre el 1 de enero y el 27 de marzo de 2026, un total de 27 criminales fueron condenados por feminicidio y tentativa de feminicidio, según informes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con las autoridades, los Juzgados Especializados de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres impusieron penas de hasta 30 años por feminicidio y 50 años por feminicidio agravado, conforme a lo establecido en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV).
En uno de los casos, el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 11 pandilleros de la 18 por el asesinato de tres mujeres. Los jueces aplicaron los artículos 45 y 46 de la LEIV, que establecen penas de entre 20 y 35 años, y de 30 a 50 años, respectivamente.
Las investigaciones fueron desarrolladas por diversas unidades fiscales con enfoque de género, garantizando la persecución penal de los delitos. Los procesos iniciaron en juzgados de paz y avanzaron hacia tribunales especializados, bajo reserva conforme lo establece la ley.
Durante los juicios, la Fiscalía presentó peritajes, pruebas documentales, testimonios, así como informes técnicos de geolocalización, registros de llamadas y evidencia dactilar que vinculan a los imputados con los hechos. Los jueces valoraron estos elementos para emitir las condenas.
Las autoridades señalaron que en varios casos se comprobó la existencia de violencia psicológica, verbal y física, así como contextos de vulnerabilidad en las víctimas. En crímenes vinculados a estructuras criminales, se determinó que los responsables ejercieron distintos tipos de violencia contra las mujeres.
Uno de los fallos más severos fue contra 11 pandilleros de la 18, quienes recibieron condenas de 50 años por cada feminicidio, acumulando penas superiores a los 400 años por múltiples delitos. Según la Fiscalía, los hechos corresponden a un triple feminicidio ocurrido en 2010 en Ilopango.
Entre los condenados se encuentran Alejandro Ernesto Rodríguez, sentenciado a 408 años de prisión; Juan Antonio Marroquín Portillo, a 205 años; Celestino Vásquez Benítez, a 195 años; y Douglas Alirio Alfaro Amaya, a 105 años. Asimismo, fue condenado Erick Saúl Villalobos, cabecilla nacional de la pandilla 18, a 144 años de cárcel.
En otros casos, un ciudadano nicaragüense fue condenado a 50 años de prisión por asesinar a su compañera de vida en San Miguel, mientras que en San Salvador, un hombre recibió 37 años de cárcel por intentar asesinar a su pareja, a quien le causó graves lesiones con arma blanca.
Además, en Ahuachapán, un hombre fue condenado a 50 años por el feminicidio agravado de su expareja, y en Santa Ana, otro imputado recibió 50 años por intentar asesinar a su excompañera de vida y a su hija de dos años.
