Judicial
Condenan a 60 años de prisión a mujer señalada por el delito de homicidio agravado

La practicante de brujería Julia Esmeralda Mendoza Méndez, de 36 años de edad, fue condenada a 60 años de prisión, por los delitos de homicidio agravado y homicidio tentado o imperfecto, en perjuicio de sus tres hijos, hecho ocurrido el 18 en noviembre de 2016, en San Luis La Herradura, La Paz.
El padre de los menores fue el principal testigo de la Fiscalía General de la República (FGR) en el caso, quien de forma categórica manifestó la forma en que ocurrieron los hechos, en los cuales la mujer le dio muerte a su hija de 6 años, Rosa Esmeralda Elías Mendoza, y ocasionó lesiones graves en Marcos Geovany Elías Mendoza, de 10 años y Julissa Carolina Elías Mendoza, de 3 años.
Ante la evidencia presentada el juez condenó Mendoza Méndez, a una pena de 30 años de cárcel, por el homicidio agravado, en perjuicio de Rosa Esmeralda Elías Mendoza; y 15 años más por cada caso de homicidio tentado, contra Marcos Geovany Elías Mendoza y Julissa Carolina Elías Mendoza.
Según la declaración del padre de las víctimas, los hechos sucedieron alrededor de las 04:00 de la mañana, en la casa de la víctima, ubicada en Colonia La Zarcera, Barrio Guadalupe, jurisdicción de San Luis La Herradura, departamento de La Paz; cuando este se preparaba para ir a trabajar escuchó unos gritos en el interior de la vivienda y observó a su compañera de vida y madre de las víctimas cargando a la menor Julissa Carolina Elías Mendoza, de 3 años de edad, la cual estaba bañada de sangre.
Fue en esos instantes que él le arrebató de los brazos a la menor y la sacó de la vivienda para darle auxilio, y en esos momentos observó que su otra hija Rosa Esmeralda, de seis años de edad, estaba fallecida y presentaba una lesión a la altura del cuello, y que también dicha imputada había lesionado en la espalda a su otro hijo Marcos Geovany, de diez años de edad; con un corvo.
Todo esto habría ocurrido debido a que el padre de los menores le había quemado a la ahora condenado una serie de artículo que ella utilizaba para practicar la magia negra.
Judicial
Condenan a mujer por tráfico de marihuana en Soyapango

El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a Isis Tamara Elena Mejía, tras ser hallada culpable del delito de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.
De acuerdo con el expediente judicial, la captura se efectuó el 16 de julio de 2024 durante un allanamiento en su vivienda, ubicada en la urbanización Sierra Morena II, en Soyapango, luego de una denuncia ciudadana que alertaba sobre la venta de estupefacientes en el lugar.
Durante la inspección, agentes de la Policía Nacional Civil encontraron una bolsa negra con 405 gramos de marihuana en el baño, así como otra bolsa con 445 gramos en una de las habitaciones de la casa. La imputada fue detenida en el sitio y posteriormente procesada penalmente.
Las autoridades estimaron el valor de la droga incautada en $1,494.24.
Judicial
En juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, declararán 130 testigos

En el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, han declarado 11 testigos hasta la fecha, incluyendo tres peritos, dos bajo régimen de protección, un sindicalista y varios empleados municipales.
El proceso, que inició hace dos semanas pero ha sido interrumpido en varias ocasiones, busca esclarecer los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) investigó y judicializó con una amplia variedad de pruebas, reforzadas ahora con los testimonios presentados.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador conoce el caso por los delitos de: apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de condiciones laborales o de seguridad social, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios y falsedad ideológica.
Además de Montano, también son procesados el abogado Ricardo Roque Baires y los prófugos Ruth Raquel Aguilar de Montano (extesorera municipal), Salvador Orlando Montano (exdirector de asuntos estratégicos) y Francisco Antonio Henríquez (exgerente financiero).
La Fiscalía busca que todos los imputados sean condenados por los delitos que se les atribuyen.
Judicial
Condenan por enriquecimiento ilícito al exdiputado Rodolfo Parker y su familia

La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador, condenó por enriquecimiento ilícito de $1,680,918.35 al exdiputado prófugo Rodolfo Parker Soto y su grupo familiar.
El exfuncionario deberá devolver $516,174.49, su esposa Cristina Renate Wein de Parker $330,939.22. sus hijos, Andrés Rodolfo Parker Wein pagará $731,123.88, Sofía Cristina Parker Wein, tendrá que devolver $19,700 y Katya Renate Parker Wein, $82.980.76
En el fallo de la audiencia probatoria, quedó establecido el incremento patrimonial no justificado que tuvo el exfuncionario en un juicio civil que fue ordenado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras recibir un informe de la Sección de Probidad.
En la demanda, fiscales de la Unidad Anticorrupción probaron una serie de irregularidades consistentes en depósitos a cuentas corrientes, compra de vehículos, pagos de préstamos de adquisición de viviendas, consolidación de deudas y pago de tarjetas de crédito, todo con dinero cuyo origen no supieron justificar.
Todas esas inconsistencias no fueron desvanecidas en Probidad cuando a Parker y su grupo familiar los emplazados para presentar documentación, las declaraciones juradas revisadas evidenciaron desde el inicio un enriquecimiento ilícito.
En su resolución, los magistrados luego de recibir la prueba le dieron la razón a la Fiscalía y aplicaron dos artículos de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.
El artículo 20 los condena a reintegrar el dinero obtenido ilícitamente. «Cuando la sentencia fuere condenatoria, los responsables de enriquecimiento sin causa justa serán condenados a restituir al estado o al municipio, lo que le hubieren adquirido indebidamente», destaca la ley.
Y el artículo 21 destaca que cuando un funcionario o empleado público sea encontrado culpable quedará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por diez años.
Cuando iniciaron el proceso los fiscales plantearon un incremento patrimonial no justificado de $2,311,138.47, pero en el fallo de la audiencia probatoria quedó establecido un monto de $1.6 millones.