Judicial
Cliente de prostíbulo intenta robarle el teléfono a una trabajadora y termina asesinado por pandilleros
El Tribunal 2° de Sentencia de Santa Ana envió a la cárcel a dos pandilleros al ser encontrados culpables de los delitos de homicidio agravado y homicidio tentado en perjuicio de dos clientes de un prostíbulo en las inmediaciones del parque de Colón, de la ciudad santaneca.
Los condenados son Wilfredo Adonay Raymundo, de 22 años, y Erick Ernesto G., de 32.
El orden de los hechos indica que el 17 de enero de 2018 “Medellín”, testigo en régimen de protección, vio en un prostíbulo y cantina a tres personas (que también eran clientes del antro, ubicado en las cercanías de un parque de Colón), entre ellos Kevin Omar Morales Martínez.
Los tres estaban consumiendo bebidas alcohólicas cuando uno de ellos intentó quitarle el teléfono celular a una trabajadora del lugar y al no lograr su cometido los tres decidieron irse del sitio. Uno de los amigos y Kevin Omar se fueron a una Despensa Económica, mientras que el tercero se quedó en un parque.
Kevin Omar y su amigo iban caminando por la calle cuando una camioneta se paró y de ella se bajaron dos pandilleros y obligaron a los tres hombres a entrar al carro, donde los estaban otros mareros.
Mientras el vehículo iba en movimiento los terroristas comenzaron a golpear a las víctimas hasta que llegaron al tope de una calle donde bajaron del vehículo a Kevin Omar.
Mientras le daban una golpiza a la víctima, Wilfredo Adonay y Erick Ernesto (los ahora condenados) sacaron navajas y lo hirieron del rostro hasta que murió desangrando.
El tercer amigo reaccionó a tiempo y empujó a uno que lo tenía sujetado y se fue huyendo en dirección a un hospedaje donde pasó la noche.
A la mañana siguiente salió y se dirigió a una caseta policial para contar a los agentes lo que había sucedido, al tiempo que ellos recibieron una llamada del hallazgo de un cadáver por lo que relacionaron el relato del testigo con la localización del fallecido.
Un testigo ayudó a las autoridades a la identificación de la víctima y de dos de los culpables, que fueron capturados a las 3:30 de la tarde del día siguiente entre la 14ª. Avenida Sur y 11ª. Calle Poniente, de Santa Ana.
Los arrestados fueron acusados ante el sistema judicial donde el Tribunal 2° de Sentencia validó las pruebas recolectadas en la investigación y el relato del testigo y los encontró culpables.
Se les impuso una pena cárcel de 20 años por el asesinato de Kevin y 10 años por el intento de homicidio, totalizando 30 años tras las rejas.
Por: El Salvador Times.
Judicial
Condenan a 32 mareros a penas de hasta 310 años de prisión por 17 homicidios y otros delitos
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que 32 pandilleros de la MS-13 fueron condenados a penas de hasta 310 años de prisión, tras ser declarados culpables de 17 homicidios y otros delitos.
De acuerdo con el Ministerio Público, el caso más representativo es el de William Antonio García, identificado como homeboy de la estructura criminal, quien recibió una condena de 310 años de cárcel por cometer 10 homicidios agravados. Además, fue declarado culpable del delito de proposición y conspiración para cometer homicidio.
La FGR indicó que también fueron sentenciados pandilleros con rangos de chequeos, observadores y colaboradores. Las condenas fueron impuestas por el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de Santa Ana y oscilan entre los 35 y 134 años de prisión.
Según la institución fiscal, una de las víctimas de estos hechos fue un elemento destacado de la Fuerza Naval, quien fue interceptado por los pandilleros en la zona del cantón El Sincuyo, en Ahuachapán Centro. La víctima recibió múltiples disparos y, tras causarle la muerte, los responsables le provocaron varias heridas con arma blanca.
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana autorizó un acuerdo conciliatorio entre Juan Vicente G. y su hijo, en el proceso penal seguido en contra del imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica.
Inicialmente, la deuda acumulada ascendía a $7,550. Sin embargo, el procesado acreditó un pago reciente de $750, por lo que el saldo pendiente se redujo a $6,800.
Durante la audiencia, el imputado manifestó que, debido a su situación económica, únicamente podía cancelar $3,600, monto que se comprometió a pagar en cuotas mensuales de $150 durante un plazo de dos años.
La propuesta fue aceptada por la víctima, quien ya alcanzó la mayoría de edad, así como por su madre, quien al momento de iniciar el proceso penal fungía como su representante legal. La progenitora expresó su conformidad con el acuerdo y señaló que durante la minoría de edad de su hijo asumió la totalidad de los gastos de manutención.
Según la acusación fiscal, el imputado y la madre de la víctima sostuvieron una relación sentimental de la que nació un hijo. Tras la separación de la pareja, cuando el niño tenía 6 años, la madre promovió un procedimiento de fijación de cuota alimenticia ante la Procuraduría General de la República (PGR), debido a la falta de apoyo económico por parte del padre.
El 31 de agosto de 2011, el imputado se comprometió a pagar una cuota alimenticia de $50 mensuales. No obstante, incumplió dicha obligación, acumulando una deuda de $7,550 por cuotas y aguinaldos no cancelados entre julio de 2012 y enero de 2024, motivo por el cual fue presentada la denuncia.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que David Reynaldo Umaña y Carmen Beatriz Ortiz de Umaña fueron sentenciados a 13 y 10 años de prisión, respectivamente, por un caso relacionado con tráfico de drogas.
De acuerdo con el Ministerio Público, los esposos fueron capturados en enero de 2024 en San Miguel por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Las autoridades interceptaron a Umaña cuando realizaba una transacción de droga. Posteriormente, durante un registro realizado en su vivienda, fueron incautadas más porciones de cocaína y se procedió con la detención de Carmen Beatriz Ortiz de Umaña.
En su momento, la PNC informó que la cocaína incautada tenía un valor de $945.01.
La Fiscalía detalló que las condenas fueron impuestas por el Tribunal de Segundo de Sentencia de San Miguel.
