Judicial
Autoridades del Colegio Médico exigen a la FGR dar con el responsable de quién cambio a bebés en el año 2015
La mañana de este martes, el Colegio Médico se pronunció sobre el caso de los bebés que fueron intercambiados en el año 2015 en el Centro Ginecológico debido a que aún se desconoce quién, o quiénes, fueron los responsables del intercambio y por la injusticia cometida contra el doctor Alejandro Guidos.
El profesional de la salud fue absuelto de los cargos de suplantación y alteración de estado familiar, pero autoridades del Colegio Médico piden a la Fiscalía General de la República (FGR) que actúe en este hecho y de con el paradero de los responsables de cambiar al niño Cushworth Casanellas.
Por su parte, el abogado del doctor Guidos, Ernesto Feusier, dijo que su defendido fu sometido a un caso injusto donde le “mancillaron su honor y su prestigio profesional”.
Guidos, quien siempre se consideró inocente de todo, en enero de 2017 presentó ante la FGR una denuncia para saber qué sucedió con el cambio de bebés y la razón de su detención, la cual consideran fue arbitraria.
Para el abogado de Guidos, es preocupante que a pesar de la denuncia impuesta la Fiscalía, la institución no ha hecho absolutamente nada.
“Prácticamente ya tenemos dos años esperando y la Fiscalía no ha hecho nada por encontrar a las personas responsables de dos cosas: una de qué fue lo que pasó con ese cambio de menor, pues todavía no sabemos quiénes son los responsables; y dos, por qué al doctor Guidos los detuvieron y no a las personas que son responsables del intercambio de los niños”, aseguró el abogado.
Por lo anterior, autoridades del Colegio Médico y el propio doctor Guidos, esperan que el titular de la FGR, Douglas Meléndez, y demás fiscales específicos en este tipo de suceso, actúen con prontitud para esclarecer el caso.
Por: El Blog.
Gracias a la Fiscalía General de la República (FGR), José Héctor Larín Díaz (rebelde) fue condenado a 10 años de cárcel por tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.
Larín Díaz fue capturado el 11 de febrero de 2025, en el barrio Concepción, del distrito de El Tránsito, en San Miguel.
Al momento de la detención, el sujeto portaba un revolver y al realizarle una prueba toxicológica se le detectaron 66 grados de alcohol en la sangre.
Inicialmente el Juzgado de Paz de El Tránsito, San Miguel, absolvió al procesado y tras una apelación realizada por la FGR otro juez del mismo juzgado condenó a Larín Díaz a 10 años de cárcel.
Cuatro personas identificadas como José Eliseo Mejía, Juan Rodolfo Mejía Hernández, Inmer Alexis Méndez Consuegra, y Oswaldo Eliseo Ávalos Hernández fueron encontrados responsables de haberle robado a una persona una fuerte cantidad de dinero en efectivo el pasado cinco de agosto del año 2024.
El fiscal del caso dijo que los cuatro sujetos interceptaron a la víctima cuando caminaba sobre la calle principal en cantón Pacun, del municipio de Santa Ana Centro.
Según la investigación los sujetos le dijeron que no lo quieren ver en la zona y le dieron 24 horas para irse o le quitarían la vida, luego lo lesionaron en diferentes partes de su cuerpo y le quitaron una fuerte cantidad y un celular.
Los sujetos huyen al escuchar que por la zona se acercaba un vehículo.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso la condena por el delito de robo agravado. Dichos sujetos no pertenecen a alguna mara o pandilla.
Judicial
Ordenan captura de red de jóvenes acusados de extorsionar a empresarios de la en La Libertad
En un esfuerzo conjunto entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, se capturó a un grupo de jóvenes que, durante el año 2025, extorsionaron a un empresario del departamento de La Libertad.
La estructura estaba conformada por un menor de edad y Ana Gladis Lemus, Javier Alexander Zepeda Morales, Nayeli Yasenia Mejía Flores y Nelson David Inocente Leonor, quienes fueron capturados durante el operativo.
De acuerdo a las investigaciones, el menor de edad contactaba a la víctima vía telefónica para amenazar y exigir el pago de efectivo; las otras cuatro personas eran las encargadas de retirar el dinero exigido el quince de cada mes y dar seguridad en ese momento.
Posteriormente, el dinero recibido lo depositaban a cuentas bancarias y lo enviaban por remesas a través de farmacias y supermercados.
Los imputados fueron perfilados bajo entregadas controladas con cobertura policial.
A los imputados se les procesará por los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión agravada.
El operativo se desarrolló en los distritos de Jayaque y Colón en el departamento de La Libertad y de igual manera en San Antonio del Monte, jurisdicción de Sonsonate y se incautó abundante evidencia que fortalecerá el caso y la acusación contra los imputados.
