Judicial
Alcalde de Panchimalco y cuatro personas más seguirán su proceso judicial en libertad
El Juzgado de Paz de Panchimalco ordenó este mediodía de domingo la libertad provisional del alcalde del mismo municipio, Mario Meléndez, junto a cinco empleados más, tras permanecer preso cuatro días cuando al arrestado por la Policía tras impedir el ingreso de dos rastras que transportaban paquetes con abono a su municipio.
El edil y las cuatro personas más, entre ellas dos empleados municipales, fueron acusados este domingo en el Juzgado del referido sector por delito de hurto agravado.
Tras recobrar su libertar provisional, Meléndez brindó sus declaraciones ante los medios de comunicación y ante una buena presencia de personas que mostraron su satisfacción hacia el alcalde, dijo que su detención fue “arbitraria”.
“Vamos a pedirle a todas las instituciones que funcionen porque la detención que tuvo su servidor y otros empleados de la municipalidad fue una cuestión arbitraria, cuando llegó el ministro del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) de una vez dijo ´yo no tengo nada que dialogar con vos´ y llegó con seis hombres armados con armas largas de forma intimidatoria”, expuso el edil a la salida del juzgado.
Como parte de las medidas sustitutivas que le fueron ordenadas, mientras siga procesado, el alcalde no deberá salir del país, no podrá cambiar de dirección y deberá presentarse al juzgado a firmar.
La detención de Meléndez junto al resto de personas se dio el pasado jueves 16 de abril, al interceptaron dos rastras del MAG con paquetes de abono a la entrada de su municipio, los cuales serían entregados a simpatizantes del partido Nueva Ideas.
“Nos dimos cuenta que el desvío de Panchimalco llegaron estacionarse dos rastras con abono que venía del gobierno central, y esas rastras venían directamente para la sed del partido Nuevas Ideas. No puede ser que una ayuda del gobierno central venga para un partido político”, señaló el alcalde en día de su detención, los que posteriormente desató una serie de críticas sobre todo de su partido político, el FMLN y otros sectores de la sociedad.
Tras conocerse la libertad del alcalde y las demás personas, el presidente de la República no tarde en reaccionar ante tal decisión a través de su red social de Twitter.
«Nuestro sistema judicial, “GARANTE DE LA INSTITUCIONALIDAD”. ¿No fueron suficientes los videos donde el alcalde personalmente dirige la banda de asaltantes, que interceptan la rastra, la saquean, se llevan el abono saqueado en pick ups y luego encuentran el abono en la Alcaldía?, publicó el mandatario.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel impuso penas de entre 8 y 155 años de prisión a 15 miembros de la Mara Salvatrucha, tras ser hallados culpables de cometer diversos delitos, entre ellos homicidio agravado, intento de homicidio y organizaciones terroristas.
Los condenados pertenecían a las clicas Molinos Locos Salvatruchos y Los Ángeles Locos Salvatruchos, donde desempeñaban distintos rangos como homeboys, chequeos y paros. La Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas que fueron determinantes para lograr las condenas.
Uno de los crímenes más atroces atribuidos al grupo ocurrió en noviembre de 2017 en el cantón Las Trancas, distrito de Ozatlán, donde una mujer fue privada de libertad, llevada a un cerro, asesinada con arma de fuego, desmembrada y enterrada. Su cadáver fue localizado en junio de 2018. La víctima habría sido asesinada por ser pareja de un exmiembro retirado de la pandilla, según la FGR.
Éver Wilfredo Herrera Gómez, alias el Satánico, recibió la condena más severa: 155 años de prisión por cuatro homicidios agravados y un intento de homicidio. Otro de los sentenciados, Élmer Vladimir Rivas Ayala, alias el homeboy de la L.A, fue condenado a 42 años por homicidio agravado y participación en organizaciones terroristas.
Las autoridades reafirmaron su compromiso de continuar el combate frontal contra las estructuras criminales responsables de múltiples hechos de violencia en el país.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a Rogelio Manfredo Sánchez Hércules a 11 años de prisión y a Diana Liseth Medrano Catedral a 10 años, por el delito de extorsión agravada.
Según la Fiscalía, las pruebas presentadas durante el juicio demostraron la responsabilidad de ambos imputados, quienes pertenecen a la pandilla 18 y operaban en los distritos de Nejapa y Apopa, al norte de San Salvador.
El delito ocurrió en agosto de 2022, cuando los acusados amenazaron a la víctima con un arma de fuego exigiéndole pagos mensuales para no atentar contra su vida o la de sus familiares. Ante el temor, la víctima accedió al pago pero denunció inmediatamente el caso a las autoridades.
Tras las investigaciones, Sánchez y Medrano fueron capturados y procesados. El tribunal validó las evidencias y dictó la condena conforme al grado de participación de cada uno.
Además, ambos enfrentan otro proceso judicial por el delito de agrupaciones ilícitas.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
