Judicial
Alcalde de Panchimalco y cuatro personas más seguirán su proceso judicial en libertad
El Juzgado de Paz de Panchimalco ordenó este mediodía de domingo la libertad provisional del alcalde del mismo municipio, Mario Meléndez, junto a cinco empleados más, tras permanecer preso cuatro días cuando al arrestado por la Policía tras impedir el ingreso de dos rastras que transportaban paquetes con abono a su municipio.
El edil y las cuatro personas más, entre ellas dos empleados municipales, fueron acusados este domingo en el Juzgado del referido sector por delito de hurto agravado.
Tras recobrar su libertar provisional, Meléndez brindó sus declaraciones ante los medios de comunicación y ante una buena presencia de personas que mostraron su satisfacción hacia el alcalde, dijo que su detención fue “arbitraria”.
“Vamos a pedirle a todas las instituciones que funcionen porque la detención que tuvo su servidor y otros empleados de la municipalidad fue una cuestión arbitraria, cuando llegó el ministro del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) de una vez dijo ´yo no tengo nada que dialogar con vos´ y llegó con seis hombres armados con armas largas de forma intimidatoria”, expuso el edil a la salida del juzgado.
Como parte de las medidas sustitutivas que le fueron ordenadas, mientras siga procesado, el alcalde no deberá salir del país, no podrá cambiar de dirección y deberá presentarse al juzgado a firmar.
La detención de Meléndez junto al resto de personas se dio el pasado jueves 16 de abril, al interceptaron dos rastras del MAG con paquetes de abono a la entrada de su municipio, los cuales serían entregados a simpatizantes del partido Nueva Ideas.
“Nos dimos cuenta que el desvío de Panchimalco llegaron estacionarse dos rastras con abono que venía del gobierno central, y esas rastras venían directamente para la sed del partido Nuevas Ideas. No puede ser que una ayuda del gobierno central venga para un partido político”, señaló el alcalde en día de su detención, los que posteriormente desató una serie de críticas sobre todo de su partido político, el FMLN y otros sectores de la sociedad.
Tras conocerse la libertad del alcalde y las demás personas, el presidente de la República no tarde en reaccionar ante tal decisión a través de su red social de Twitter.
«Nuestro sistema judicial, “GARANTE DE LA INSTITUCIONALIDAD”. ¿No fueron suficientes los videos donde el alcalde personalmente dirige la banda de asaltantes, que interceptan la rastra, la saquean, se llevan el abono saqueado en pick ups y luego encuentran el abono en la Alcaldía?, publicó el mandatario.
Cuatro personas identificadas como José Eliseo Mejía, Juan Rodolfo Mejía Hernández, Inmer Alexis Méndez Consuegra, y Oswaldo Eliseo Ávalos Hernández fueron encontrados responsables de haberle robado a una persona una fuerte cantidad de dinero en efectivo el pasado cinco de agosto del año 2024.
El fiscal del caso dijo que los cuatro sujetos interceptaron a la víctima cuando caminaba sobre la calle principal en cantón Pacun, del municipio de Santa Ana Centro.
Según la investigación los sujetos le dijeron que no lo quieren ver en la zona y le dieron 24 horas para irse o le quitarían la vida, luego lo lesionaron en diferentes partes de su cuerpo y le quitaron una fuerte cantidad y un celular.
Los sujetos huyen al escuchar que por la zona se acercaba un vehículo.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso la condena por el delito de robo agravado. Dichos sujetos no pertenecen a alguna mara o pandilla.
Judicial
Ordenan captura de red de jóvenes acusados de extorsionar a empresarios de la en La Libertad
En un esfuerzo conjunto entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, se capturó a un grupo de jóvenes que, durante el año 2025, extorsionaron a un empresario del departamento de La Libertad.
La estructura estaba conformada por un menor de edad y Ana Gladis Lemus, Javier Alexander Zepeda Morales, Nayeli Yasenia Mejía Flores y Nelson David Inocente Leonor, quienes fueron capturados durante el operativo.
De acuerdo a las investigaciones, el menor de edad contactaba a la víctima vía telefónica para amenazar y exigir el pago de efectivo; las otras cuatro personas eran las encargadas de retirar el dinero exigido el quince de cada mes y dar seguridad en ese momento.
Posteriormente, el dinero recibido lo depositaban a cuentas bancarias y lo enviaban por remesas a través de farmacias y supermercados.
Los imputados fueron perfilados bajo entregadas controladas con cobertura policial.
A los imputados se les procesará por los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión agravada.
El operativo se desarrolló en los distritos de Jayaque y Colón en el departamento de La Libertad y de igual manera en San Antonio del Monte, jurisdicción de Sonsonate y se incautó abundante evidencia que fortalecerá el caso y la acusación contra los imputados.
Entre el 1 de enero y el 27 de marzo de 2026, un total de 27 criminales fueron condenados por feminicidio y tentativa de feminicidio, según informes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con las autoridades, los Juzgados Especializados de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres impusieron penas de hasta 30 años por feminicidio y 50 años por feminicidio agravado, conforme a lo establecido en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV).
En uno de los casos, el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 11 pandilleros de la 18 por el asesinato de tres mujeres. Los jueces aplicaron los artículos 45 y 46 de la LEIV, que establecen penas de entre 20 y 35 años, y de 30 a 50 años, respectivamente.
Las investigaciones fueron desarrolladas por diversas unidades fiscales con enfoque de género, garantizando la persecución penal de los delitos. Los procesos iniciaron en juzgados de paz y avanzaron hacia tribunales especializados, bajo reserva conforme lo establece la ley.
Durante los juicios, la Fiscalía presentó peritajes, pruebas documentales, testimonios, así como informes técnicos de geolocalización, registros de llamadas y evidencia dactilar que vinculan a los imputados con los hechos. Los jueces valoraron estos elementos para emitir las condenas.
Las autoridades señalaron que en varios casos se comprobó la existencia de violencia psicológica, verbal y física, así como contextos de vulnerabilidad en las víctimas. En crímenes vinculados a estructuras criminales, se determinó que los responsables ejercieron distintos tipos de violencia contra las mujeres.
Uno de los fallos más severos fue contra 11 pandilleros de la 18, quienes recibieron condenas de 50 años por cada feminicidio, acumulando penas superiores a los 400 años por múltiples delitos. Según la Fiscalía, los hechos corresponden a un triple feminicidio ocurrido en 2010 en Ilopango.
Entre los condenados se encuentran Alejandro Ernesto Rodríguez, sentenciado a 408 años de prisión; Juan Antonio Marroquín Portillo, a 205 años; Celestino Vásquez Benítez, a 195 años; y Douglas Alirio Alfaro Amaya, a 105 años. Asimismo, fue condenado Erick Saúl Villalobos, cabecilla nacional de la pandilla 18, a 144 años de cárcel.
En otros casos, un ciudadano nicaragüense fue condenado a 50 años de prisión por asesinar a su compañera de vida en San Miguel, mientras que en San Salvador, un hombre recibió 37 años de cárcel por intentar asesinar a su pareja, a quien le causó graves lesiones con arma blanca.
Además, en Ahuachapán, un hombre fue condenado a 50 años por el feminicidio agravado de su expareja, y en Santa Ana, otro imputado recibió 50 años por intentar asesinar a su excompañera de vida y a su hija de dos años.
