Judicial
Ahuachapaneco se muda a la capital para buscar una mejor vida y termina procesado por extorsión tras pedirle la hora a un hombre en una farmacia
En busca de un mejor trabajo, un hombre originario de Ahuachapán llegó a San Salvador sin imaginar que iba a terminar siendo procesado injustamente por el supuesto cobro de una exrtorsión cuando se desempeñaba como auxiliar de parrilla.
Con apenas 19 años, José V., vivió un largo proceso judicial que lo pudo haber condenado injustamente hasta con 20 años de prisión, sin embargo, el juzgador creyó en su declaración de inocencia y que todo se trató de una confusión.
Durante el año 2016, el joven comenzó a trabajar en un negocio de carne asada ubicado sobre la 5 avenida norte de San Salvador, logrando obtener ingresos para sobrevivir en la capital y ayudar a su familia en el interior del país.
Fueron 10 meses en los que José comenzó a ver el progreso en su vida, esto fue hasta que una falla en su teléfono celular lo llevó a iniciar una conversación con un desconocido que le valió para ser considerado un extorsionista.
El reloj marcaba las 11:00 de la mañana del 2 de abril de 2017 cuando minutos antes de entrar a trabajar José pasó por una farmacia, contiguo al restaurante, para recargar su celular que observó tenía una hora equivocada.
Queriendo solucionar el error, José se acercó a un hombre que estaba al otro lado de la calle y le preguntó la hora, actualizó el dispositivo y siguió con normalidad a su trabajo donde inició con la jornada laboral que repentinamente fue cortada por policías.
Sin explicarle con exactitud los delitos que supuestamente había cometido lo arrestaron. En la delegación fue señalado junto a otros dos sujetos identificados como Juan L., y Erick C., ambos de 22 años; de cobrar una extorsión frente al restaurante.
José se contaminó en la escena de extorsión
Durante todo el proceso judicial, los representantes de la Fiscalía General de la República (FGR) presentaron al cocinero como la pieza clave de la extorsión, esto pese a que era Eric y Juan los que aparecían en todas las entregas controladas realizadas por el caso.
Respecto a José, este tuvo la mala fortuna de aparecer en el operativo que iba a dar con la captura de los dos extorsionistas con quien el ahuachapaneco intercambió palabras para poder corregir el fallo de su celular.
El cruce de palabras entre uno de los extorsionistas y José fue interpretado por los agentes como que el segundo estaba dando las indicaciones finales para hacer efectivo el cobro del dinero.
Finalmente, la entrega del dinero se dio por parte de un agente encubierto que terminó deteniendo a los dos extorsionistas que intentaron escapar, pero fue en vano ya que minutos más tarde se reencontraron con José en la delegación.
En el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador, el juez a cargo del proceso decidió absolver de toda responsabilidad a José, mientras que los otros dos señalados fueron condenados a 10 años de prisión por el delito de extorsión agravada.
Por: El Salvador Times.
Cuatro personas identificadas como José Eliseo Mejía, Juan Rodolfo Mejía Hernández, Inmer Alexis Méndez Consuegra, y Oswaldo Eliseo Ávalos Hernández fueron encontrados responsables de haberle robado a una persona una fuerte cantidad de dinero en efectivo el pasado cinco de agosto del año 2024.
El fiscal del caso dijo que los cuatro sujetos interceptaron a la víctima cuando caminaba sobre la calle principal en cantón Pacun, del municipio de Santa Ana Centro.
Según la investigación los sujetos le dijeron que no lo quieren ver en la zona y le dieron 24 horas para irse o le quitarían la vida, luego lo lesionaron en diferentes partes de su cuerpo y le quitaron una fuerte cantidad y un celular.
Los sujetos huyen al escuchar que por la zona se acercaba un vehículo.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso la condena por el delito de robo agravado. Dichos sujetos no pertenecen a alguna mara o pandilla.
Judicial
Ordenan captura de red de jóvenes acusados de extorsionar a empresarios de la en La Libertad
En un esfuerzo conjunto entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, se capturó a un grupo de jóvenes que, durante el año 2025, extorsionaron a un empresario del departamento de La Libertad.
La estructura estaba conformada por un menor de edad y Ana Gladis Lemus, Javier Alexander Zepeda Morales, Nayeli Yasenia Mejía Flores y Nelson David Inocente Leonor, quienes fueron capturados durante el operativo.
De acuerdo a las investigaciones, el menor de edad contactaba a la víctima vía telefónica para amenazar y exigir el pago de efectivo; las otras cuatro personas eran las encargadas de retirar el dinero exigido el quince de cada mes y dar seguridad en ese momento.
Posteriormente, el dinero recibido lo depositaban a cuentas bancarias y lo enviaban por remesas a través de farmacias y supermercados.
Los imputados fueron perfilados bajo entregadas controladas con cobertura policial.
A los imputados se les procesará por los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión agravada.
El operativo se desarrolló en los distritos de Jayaque y Colón en el departamento de La Libertad y de igual manera en San Antonio del Monte, jurisdicción de Sonsonate y se incautó abundante evidencia que fortalecerá el caso y la acusación contra los imputados.
Entre el 1 de enero y el 27 de marzo de 2026, un total de 27 criminales fueron condenados por feminicidio y tentativa de feminicidio, según informes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con las autoridades, los Juzgados Especializados de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres impusieron penas de hasta 30 años por feminicidio y 50 años por feminicidio agravado, conforme a lo establecido en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV).
En uno de los casos, el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 11 pandilleros de la 18 por el asesinato de tres mujeres. Los jueces aplicaron los artículos 45 y 46 de la LEIV, que establecen penas de entre 20 y 35 años, y de 30 a 50 años, respectivamente.
Las investigaciones fueron desarrolladas por diversas unidades fiscales con enfoque de género, garantizando la persecución penal de los delitos. Los procesos iniciaron en juzgados de paz y avanzaron hacia tribunales especializados, bajo reserva conforme lo establece la ley.
Durante los juicios, la Fiscalía presentó peritajes, pruebas documentales, testimonios, así como informes técnicos de geolocalización, registros de llamadas y evidencia dactilar que vinculan a los imputados con los hechos. Los jueces valoraron estos elementos para emitir las condenas.
Las autoridades señalaron que en varios casos se comprobó la existencia de violencia psicológica, verbal y física, así como contextos de vulnerabilidad en las víctimas. En crímenes vinculados a estructuras criminales, se determinó que los responsables ejercieron distintos tipos de violencia contra las mujeres.
Uno de los fallos más severos fue contra 11 pandilleros de la 18, quienes recibieron condenas de 50 años por cada feminicidio, acumulando penas superiores a los 400 años por múltiples delitos. Según la Fiscalía, los hechos corresponden a un triple feminicidio ocurrido en 2010 en Ilopango.
Entre los condenados se encuentran Alejandro Ernesto Rodríguez, sentenciado a 408 años de prisión; Juan Antonio Marroquín Portillo, a 205 años; Celestino Vásquez Benítez, a 195 años; y Douglas Alirio Alfaro Amaya, a 105 años. Asimismo, fue condenado Erick Saúl Villalobos, cabecilla nacional de la pandilla 18, a 144 años de cárcel.
En otros casos, un ciudadano nicaragüense fue condenado a 50 años de prisión por asesinar a su compañera de vida en San Miguel, mientras que en San Salvador, un hombre recibió 37 años de cárcel por intentar asesinar a su pareja, a quien le causó graves lesiones con arma blanca.
Además, en Ahuachapán, un hombre fue condenado a 50 años por el feminicidio agravado de su expareja, y en Santa Ana, otro imputado recibió 50 años por intentar asesinar a su excompañera de vida y a su hija de dos años.
