Nacionales
Investigador privado pide $15,000 para encontrar a joven desaparecida desde hace más de seis meses
Un supuesto investigador privado fijó en $15,000 los servicios ofrecidos a la familia de una joven estudiante de la Universidad Don Bosco quien está desaparecida desde hace más de seis meses.
Luego de la publicación realizada por El Salvador Times, el padre de Mirella Astrid Orellana Durán recibió la llamada de un hombre quien le comunicó su interés por ayudar a ubicar a la joven.
El supuesto investigador le comentó que conocía el caso por lo que había visto en redes sociales por lo que pidió a la familia un encuentro personal para conocer más detalles.
Desesperado, el hombre junto a la madre de Orellana accedieron a entrevistarse con el sujeto quien luego de una breve introducción sobre su trabajo reveló la cantidad que iba a recibir por sus servicios. $15,000 fijos.
El misterioso hombre alegó que su tarifa garantizaba resultados poniendo como ejemplo el caso de un joven que había desaparecido en el occidente del país y que gracias a su trabajo la familia pudo dar con su osamenta.
«Cuando yo le dije que no teníamos dinero, él me dijo que haría una excepción y por ser nosotros nos iba a cobrar $10,000. Se miraba bien profesional y nada de estafador, andaba con vestimenta oscura, con esposas y un arma», sostuvo el padre de familia.
El hombre quien no presentó mayores detalles sobre su identidad y profesión le dijo a los angustiados padres que durante la semana iba a estar pendiente de la decisión, pero, al parecer al ver que estos no disponían del dinero solicitado ya no insistió.
Fiscal promete resultados pronto
Por otra parte, la familia de la joven también explicó que a raíz de la publicación de este medio digital, la fiscal del caso se comunicó con la madre de la joven y se comprometió que pasada la vacación agostina iba a retomar de lleno la investigación.
Él padre de la joven cree que debida a esa publicación periodística, los jefes superiores de la fiscal le llamaron la atención y por eso la fiscal se comunicó con ellos. Con respecto a la Policía, dice que no ha querido hablarle al investigador del caso ya que sigue sin hacer nada por ellos.
Al mismo tiempo, aseguró que sigue sin tener noticias del paradero de su hija y sostiene que el error en este caso fue la falta de comunicación y no saber que ella tenía un novio, ya que considera que siempre estuvo pendiente de ella y sus gastos.
«Se aprovecharon de la inocencia de mi hija, ese sujeto que le llamaba y era su novio, a saber que vínculos tenía con las pandillas», lamentó el padre quien tiene como única pista la supuesta cita de su hija con el novio en un centro comercial.
«La mamá tiene la esperanza y confía en Dios en que ella va regresar por eso preserva su ropa, zapatos, sandalias y otros objetos personales en su habitación», aseguró el progenitor de Orellana.
Fue a la PDDH de San Salvador
Al no recibir respuetas de las autoridades, el progenitor de Orellana acudió a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) de San Salvador para denunciar su caso.
«Es bien duro no saber a donde se la llevaron, por muy macho que uno sea, o que un hombre sea machista, esto duele y se siente mal, porque para los hijos siempre se quiere lo mejor», expresó el dolido padre..
Por lo pronto, no pierde la fe y aseguró que va seguir presionando a las autoridades para que se investigue donde pueda estar su hija.
Orellana, de 21 años, fue vista por su familia el sábado 20 de enero de este año, la joven dijo a sus compañeras que se iba a ver con su novio en Plaza Mundo de Soyapango.
Ella estudia tercer año de licenciatura en Contaduría Pública en la Universidad Don Bosco, ubicada al oriente de San Salvador.
Por: Ernesto Pérez / El Salvador Times
Judicial
¡ESCÁNDALO DE CORRUPCIÓN! Revelan dádivas por $1.5 millones, viajes en jets privados y vehículos de lujo en el caso Corruptela
El caso Corruptela vuelve a poner bajo la lupa uno de los mayores escándalos de corrupción dentro de la Fiscalía General de la República (FGR). El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador reanudó la audiencia preliminar contra una presunta estructura integrada por 30 personas, entre exfuncionarios, exempleados de la institución y empresarios, señalados de participar en una serie de irregularidades que habrían permitido el desvío de fondos públicos, la manipulación de investigaciones y la entrega de beneficios económicos a cambio de favores.
Uno de los datos más relevantes expuestos en el proceso es la entrega de dádivas valoradas en aproximadamente $1.5 millones, que, según las investigaciones, incluían dinero en efectivo, vehículos de lujo y viajes en aviones privados. Estos beneficios habrían sido utilizados para obtener decisiones favorables dentro del Ministerio Público, entre ellas el archivo irregular de expedientes, la apertura de investigaciones falsas, la manipulación de acusaciones y la ejecución de detenciones ilegales.
Las investigaciones también establecieron un presunto desvío de $735,866.14 procedentes de cuentas especiales y del patrimonio de la Fiscalía. De acuerdo con la acusación, estos recursos habrían sido utilizados para financiar consultorías ficticias, contrataciones ilegales, remodelaciones de viviendas particulares, mantenimiento de vehículos privados, pago de servicios de telefonía personal y viáticos que no correspondían a las funciones institucionales.
La investigación comprende 22 hechos de presunta corrupción relacionados con 30 personas, entre quienes figura el exfiscal general de la República, Luis Antonio Martínez González, señalado como uno de los principales involucrados en el caso. También aparece el exfiscal general adjunto Edgar Isaías Márquez, quien no se presentó a la audiencia preliminar y fue declarado rebelde por la jueza encargada del proceso.
Entre los demás procesados se encuentran Julio Adalberto Arriaza González, José Francisco Paredes Valladares, Mauricio Antonio Yanes Morales y José Dolores Zelaya Mendoza, quienes ocuparon diferentes cargos dentro de la Fiscalía. La investigación también incluye al fallecido expresidente de la República, Carlos Mauricio Funes, así como a empresarios y particulares presuntamente vinculados con las operaciones investigadas.
En el expediente también figuran los empresarios José Aquiles Enrique Rais, Hugo Ernesto Blanco Rais, Aldo Vinicio Parducci, Moisés Torres Polanco y Jorge Moisés Nájera Aguilar. Según la investigación, la presunta red habría utilizado recursos, cargos y facultades de la Fiscalía para favorecer intereses particulares, mediante decisiones que comprometían el funcionamiento de la institución encargada de investigar los delitos en El Salvador.
La audiencia preliminar se desarrolla a puerta cerrada debido a una reserva parcial decretada para proteger la identidad de testigos criteriados. No obstante, durante el desarrollo de las diligencias se han conocido algunas decisiones judiciales relacionadas con los imputados y las solicitudes presentadas por las partes.
Entre estas decisiones destaca que cinco imputados considerados de menor participación recibieron autorización para someterse a un procedimiento abreviado, mediante el cual admitirían los hechos delictivos que se les atribuyen a cambio de penas reducidas, conforme a las condiciones establecidas por la legislación. Sin embargo, a Blanca Rosa Rais, hermana del empresario Enrique Rais, le fue denegada la posibilidad de acogerse a ese procedimiento.
Otro punto importante de la audiencia es la petición de la Fiscalía para modificar la calificación de la participación del exfiscal Luis Martínez y de Julio Arriaza. El Ministerio Público busca que ambos dejen de ser considerados instigadores y sean procesados como autores directos de los delitos que se les atribuyen. Martínez enfrenta acusaciones por siete delitos, mientras que Arriaza está vinculado a tres ilícitos.
Los delitos investigados dentro del caso Corruptela incluyen cohecho propio, cohecho activo, peculado, negociaciones ilícitas, falsedad ideológica, falsedad documental agravada, omisión de la investigación y lavado de dinero y de activos. La diversidad de acusaciones refleja la dimensión de un proceso que abarca tanto el presunto uso indebido de recursos institucionales como posibles actuaciones ilegales dentro de investigaciones penales.
El caso continúa en una etapa judicial decisiva, en la que deberá determinarse si existen suficientes elementos para enviar a juicio a los acusados. Las cifras millonarias, los beneficios de lujo y las presuntas irregularidades cometidas desde el interior de la Fiscalía constituyen el eje de una investigación que busca establecer las responsabilidades individuales de los involucrados, respetando el debido proceso y la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia firme.
Como parte de la Semana de la Reducción de Riesgos de Desastres, la Dirección General de Protección Civil desarrolla este miércoles 14 de octubre el Simulacro Nacional de Preparación y Respuesta ante Terremoto 2026, con la participación de instituciones públicas y privadas de todo el país.
El ejercicio contempla el escenario de un terremoto de ocho grados con impacto a escala nacional, que ha provocado daños en edificios y viviendas, interrupciones de servicios básicos, conatos de incendios y personas lesionadas.
La actividad tiene como objetivo evaluar la efectividad de los planes de emergencia y evacuación, el desempeño de las brigadas institucionales y comunitarias, así como la coordinación y comunicación entre las instituciones que integran el Sistema Nacional de Protección Civil.
Además, busca fomentar la cultura de prevención, garantizar la inclusión de personas con discapacidad y en condición de vulnerabilidad, identificar oportunidades de mejora en la respuesta ante emergencias y recopilar datos técnicos y estadísticos que permitan fortalecer la preparación y la mejora continua en los ámbitos local, municipal y nacional.
Las autoridades también destacaron que el simulacro busca conmemorar a las víctimas del terremoto de 1986, que dejó al menos 1,500 personas fallecidas.
«No será solo un día para conmemorar a las víctimas del terremoto de 1986, sino también para realizar actividades de prevención», explicó Luis Amaya, director general de Protección Civil, durante una entrevista el lunes.
El funcionario señaló, además, que este martes comienza la Semana de la Reducción de Riesgos de Desastres, bajo el lema «La resiliencia empieza en casa y en las comunidades».
Como parte de las actividades, también se desarrolla una feria en el parque Simón Bolívar, ubicado en el Centro Histórico de San Salvador. En el lugar se instalarán exposiciones y se brindará información sobre el trabajo que realizan las diferentes instituciones en materia de prevención.
Por su parte, la Secretaría de Prensa indicó en su cuenta de X que «el gobierno del presidente Nayib Bukele impulsa la preparación del Sistema Nacional de Protección Civil ante posibles emergencias ocasionadas por sismos y desastres naturales, con el objetivo de resguardar la vida de los salvadoreños a escala nacional».
Un nuevo accidente de tránsito se reportó este día en la carretera que conduce de Sonsonate hacia San Salvador, donde un vehículo volcó en el sector de Copapayo.
Por razones que aún se desconocen, el conductor perdió el control del vehículo, lo que provocó que terminara volcado.
Según reportes ciudadanos, el percance dejó a una mujer lesionada y ocasionó fuertes daños materiales.
Personal policial acudió a la escena para inspeccionar lo ocurrido, mientras las causas del accidente continúan bajo investigación.
