Judicial
Hasta enero de 2019 se sabrá si los restos encontrados en Usulután son los de la empleada de Pollo Campestre, su familia sigue viviendo un calvario
Pese a que la Policía Nacional Civil (PNC) informó que la desaparición de una empleada de Pollo Campestre terminó en el asesinato de la joven, la familia víctima del caso sigue sin recibir la confirmación de que los restos humanos encontrados en un pozo de Usulután son de la joven.
El padre de Zuleyma Marisol Flores Guardado, de 24 años de edad, se quejó del trato recibido por empleados de Medicina Legal quienes no le dan una respuesta concreta sobre los resultados del ADN que confirmará la noticia adelantada desde la corporación.
“Yo fui en la mañana (miércoles) a Medicina Legal a preguntar y me dijeron que si los resultados no salían antes de las vacaciones, los iban a tener hasta enero de 2019”, expresó el padre de la joven quien desapareció en mayo del presente año.
La familia Flores señaló estar viviendo un verdadero calvario desde hace seis meses, tiempo que se alargará aún más ante la manera en la que se está trabajando en este nuevo caso de feminicidio.
“He recibido muestras de apoyo y me han ofrecido ayuda mis otros familiares, vecinos y amigos quienes están esperando los resultados para apoyarme en cuanto a los gastos fúnebres”, detalló el hombre.
Según lo detallado, luego de ser notificado sobre la situación del caso de Flores, las autoridades le solicitaron fotografías de los dientes de su hija para compararlos con las osamentas.
Actualmente, el cadáver en estudio se encuentra en la sede de Medicina Legal de Usulután, pero es en San Salvador donde se están las pruebas correspondientes.
Según señaló este hombre, la familia lo único que desea es tener pronto los resultados del ADN para sentirse tranquilos y poder dar cristiana sepultura a su hija.
Pedirán ampliar investigación a Fiscalía
Respecto al asesino de su hija, el padre pidió a las autoridades realizar una investigación exhaustiva ya que consideró que pueden haber más involucrados en el hecho.
“Voy a pedir la investigación porque creo que no sólo él ha participado en el hecho, ya que para hacer un trabajo así a simple vista se ve que hay más involucrados”, remarcó.
El afectado argumentó que la Fiscalía tiene que revisar las cámaras de seguridad, para verificar el recorrido que el asesino hizo desde el municipio de Mejicanos hasta Usulután.
NOTA DE EL SALVADOR TIMES
El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para La Mujer de San Salvador condenó este día a imputados, vinculados con el caso del feminicidio agravado en perjuicio de la agente Karla Mayarí Ayala Palacios.
El hecho se registró el 29 de diciembre de 2017 tras una fiesta navideña en el extinto Grupo de Reacción Policial (GRP) y el cadáver fue hallado en septiembre de 2018 enterrado en el cantón Los Hornos de San Francisco Javier, departamento de Usulután.
Al juicio fueron llevados trece sospechosos entre ellos quien fuere el jefe del GRP, subcomisionado Julio César Flores, quien estaba acusado de incumplimiento de eberes y fue sobreseído porque se logró comprobar que el dio la orden para que arrestaran a Juan Josué Castillo Arévalo, el principal sospechoso de la muerte de la agente Ayala.
“Ha quedado establecido que él dio las órdenes, coordinó que se le detuviera a Castillo, pero tampoco podía estar coordinado y persiguiendo al sospechoso”, dijo la jueza, al justificar la absolución del oficial.
Otros absueltos por falta de evidencia fueron Edwin Isaac Castillo Arévalo, Salvador Enrique Chávez y Víctor David Castillo Chávez.
Mientras que los condenados son los siguientes: Pedro Antonio Estrada Villalobos, a ocho años de cárcel y una responsabilidad civil de 3 mil dólares; Ovidio Antonio Pacheco Morales, a siete años y 3 mil dólares; Wilfredo Deras Hernández, a siete años y 3 mil dólares; Juan Antonio Linares Flores, a 4 años y 1,500 dólares; Josué Antonio Pérez Pineda, a 4 años y 1.500 dólares; Alex Obdulo López Martínez a 4 años y 1,500 dólares; Edgar Alfonso Chavarría Castillo, a 3 años y mil dólares; y José Atilio Jiménez Castillo, a seis meses y 2 mil dólares.
Asimismo la corporación policial fue condenada al pago de 10 mil dólares en concepto de responsabilidad civil, por lo que la cantidad subsidiaria más la condena de cada uno de los sentenciados, hacen un total de 24 mil 500 dólares.
La PNC fue sentenciada además a garantizar ayuda psicológica para la familia de Karla Ayala, a proporcionarles becas de estudio a los dos hijos sobrevivientes y a brindarles una computadora a cada uno para que la puedan utilizar en sus estudios.
La Fiscalía General de la República a través de la oficina de San Vicente ordenó la captura de 17 personas ligadas a los delitos de Homicidio Agravado, Violación en Menor e Incapaz, Acoso Sexual, Apropiación Indebida, Hurto y Robo Agravado.
Las detenciones se hicieron efectivas a través de registros con prevención de allanamientos en diferentes lugares de los municipios de San Vicente, Tecoluca, San Cayetano Istepeque, y en San Agustín del departamento de Usulután.
Entre los aprehendidos por Homicidio Agravado está Miguel Ángel Argueta Valencia, integrante de la pandilla 18 revolucionario, que responderá por su participación en el crimen de Melvin Orlando Canizalez González cometido el 9 de septiembre de 2020, en el cantón El Pacún del municipio de Tecoluca.
También, Yosael Bonilla Constanza será procesado por Homicidio Agravado en contra de la vida de José Alfonso Zamora.
Mientras que Víctor Manuel Ayala, será procesado por Homicidio Agravado Tentado en contra de un familiar, realizado el 9 de noviembre de 2017, en el caserío Los Iraheta, del cantón El Rosario del municipio de Santa Clara.
Por el mismo delito, pero cometido en San Esteban Catarina y en diferente víctima, Rolín Josué Barahona Cruz responderá ante los tribunales.
Por el delito de Violación en Menor e Incapaz han sido capturados Walter Alberto Amaya González, Víctor Manuel Soriano Molina y José Andrés Villalta Flores, que darán cuenta por abusar sexualmente a diferentes víctimas cometidos en varios cantones del municipio de Tecoluca.
José Leonidas Miranda Chacón dará cuenta de las acciones ilícitas de Amenazas con Agravación Especial, Expresiones de Violencia contras las mujeres y Acoso Sexual.
Y por el delito de Hurto responderá penalmente, María Luisa Constanza; y Kevin Javier Linarte Torres por el de Robo Agravado.
Judicial
Procesan a pareja por amenazar a un hombre por WhatsApp: “Si no retira la denuncia le va ir mal”
Tras audiencia inicial, el Juzgado Primero de Paz de Santa Ana decretó enviar a instrucción formal a una pareja acusada de amenazar a una víctima por medio de mensajes y llamada telefónica.
El proceso se realiza en contra de Ana Z., de 48 años y José A., de 51 años, acusados por el delito descrito, el cual tiene “agravación especial en perjuicio de la autonomía personal de la víctima Carlos B”, detalla un reporte de Centros Judiciales.
La víctima puso la denuncia formal contra los inculpados el pasado 19 de junio en la oficina fiscal, en la cual detalló que el 12 de junio realizó una llamada la cual fue contestada por el ahora inculpado.
El hombre le manifestó que era el esposo de la otra imputada. En esa conversación, el imputado le amenazó diciéndole que si no retiraba la denuncia en contra de su esposa le iba a ir mal.
Posteriormente, el 14 de julio de recibió un mensaje a través de WhatsApp en los que ella lo amenazaba, ya que ese día la habían tratado de secuestrar y esos hechos se los atribuía a él.
Finalmente, el juzgador resolvió la continuación del proceso penal a la fase de instrucción sin medida cautelar, dejando constancia que se les tomó juramento a los justiciados de someterse al proceso y garantizar su presencia.
