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Grupo de motoristas marcha a la Asamblea Legislativa y pide no endurecimiento de multas, caso contrario amenazan con paro de buses
Contrario a lo que se esperaba, un grupo pequeño de motoristas marchó esta mañana de lunes hacia la Asamblea Legislativa para pedir no endurecer los castigos en su contra.
Durante el fin de semana circuló en redes sociales una convocatoria para los conductores del transporte público tras lo que se mencionaba un paro de labores a nivel nacional.
Sin embargo, algunas rutas no se involucraron en esta propuesta y fueron muy pocos motoristas los que se hicieron presentes en el Parque Centenario de San Salvador, desde donde marcharon hacia la Asamblea.
Se presentaron al portón de entrada donde solicitaron la presencia de un diputado para hacerle entrega de una pieza de correspondencia.
Las peticiones del grupo es que las multas por infracción de tránsito no se vuelvan más duras, como se mencionó anteriormente tras la propuesta del diputado de ARENA, David Reyes.
Además se proponía otra serie de requisitos para poder ser conductor de rutas de transporte.
Esto surge como respuesta a una gran cantidad de accidentes viales en los que se han perdido vidas y han causado decenas de lesionados y cuantiosos daños materiales.
«En este país nadie quiere ser motorista del transporte colectivo, una estadística de las pandillas, una estadística de la corrupción de la Policía de tránsito. Estamos en pláticas en caso de no ser escuchados y hemos dicho que sino se nos recibe vamos a dar esta semana y para la próxima semana podemos contar de verdad con un paro de transporte, ya organizado hasta con los propios empresarios porque hasta a ellos mismos les afecta», dijo uno de los representantes.
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Sala de lo Constitucional fija criterios legales y éticos para el uso de inteligencia artificial en instituciones públicas y tribunales
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador emitió una resolución que fija criterios éticos y legales para el uso de la inteligencia artificial generativa en instituciones públicas y en el sistema judicial.
La decisión se adoptó el 13 de marzo de 2026 dentro del proceso de inconstitucionalidad 57-2025. El caso surgió después de que ciudadanos utilizaron inteligencia artificial para redactar una demanda.
Ante esa situación, el tribunal analizó el alcance del uso de esta tecnología. Además, explicó qué se entiende por inteligencia artificial, cuáles son sus tipos y cómo funciona.
Análisis de la relación entre inteligencia artificial y derechos fundamentales
Durante el proceso, la Sala revisó normas nacionales e internacionales sobre el desarrollo y uso de inteligencia artificial.
El tribunal también examinó cómo estas herramientas interactúan con los derechos fundamentales de las personas.
Según la resolución, la inteligencia artificial puede ofrecer beneficios en la gestión pública. Sin embargo, también puede generar riesgos si no existen controles adecuados.
Por ello, la Sala subrayó la necesidad de aplicar criterios éticos y jurídicos en su implementación.
Uso de inteligencia artificial en la administración pública
La resolución indicó que la inteligencia artificial puede agilizar trámites, mejorar la eficiencia institucional y apoyar la gestión pública.
No obstante, el tribunal advirtió que el uso de sistemas automatizados debe evitar riesgos como la discriminación algorítmica causada por sesgos en los sistemas.
Por esa razón, las instituciones deben aplicar controles que garanticen transparencia y respeto a los derechos ciudadanos.
Límites al uso de IA en la administración de justicia
En el ámbito judicial, la Sala señaló que toda persona tiene derecho a un juez humano y a un procurador humano.
Por lo tanto, el uso de inteligencia artificial en tribunales debe mantenerse bajo supervisión humana obligatoria.
El tribunal estableció varios principios para el uso responsable de esta tecnología. Entre ellos destacan transparencia, responsabilidad, privacidad, control humano y prevención de riesgos.
Además, incluyó criterios de igualdad, verificación, ética, buenas prácticas y adaptación constante.
Con esta resolución, la Sala busca equilibrar el avance tecnológico con las obligaciones del Estado y la protección de los derechos de los ciudadanos.
La diputada de VAMOS, Claudia Ortiz, no ha tardado en expresarse de las nuevas reformas aprobada en la Asamblea Legislativa en la que se permite cadena perpetua a pandilleros, asesinos y violadores.
Ortiz reiteró que el aumento de años a una condena no da justicia a las víctimas.
Además cree que está reforma puede traer «problemas» para las personas que son procesadas por tres delitos mencionados anteriormente.
Claudia Ortiz fue la única que votó en contra de la reforma al artículo 27 para condenar a cadena perpetua a pandilleros, violadores y asesinos.
Esta mañana un joven trabajador murió al caer sobre su cuerpo un promontorio de laminas que habían llegado a dejar a una ferretería en el Cantón Coyolito, jurisdicción de Tejutla, Chalatenango.
Socorristas de Comandos de Salvamento de El Salvador, seccional de Aguilares fueron alertados y al llegar al lugar del percance, realizaron maniobras para poder recuperar al joven quien fue identificado como Juan Joel Vargas Rosa, de 20 años.
Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados por los cuerpos de socorro y del SEM, la persona perdió la vida, debido a los traumas sufridos al caer sobre su cuerpo el peso de las láminas desde una altura de dos metros.
Dos trabajadores más que estaban en el lugar lograron salir a tiempo y evitar de esta manera una tragedia mayor.
