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Gobierno avanza en la pavimentación del paso a desnivel sobre el redonde Utila, en Santa Tecla
Foto: Secretaria de Prensa de la Presidencia
El Gobierno del Presidente Nayib Bukele mantiene su estrategia de desarrollo vial en todo el país, este incluye la construcción de pasos a desnivel, uno de estos en la zona del redondel Utila, Santa Tecla, donde se ha iniciado con la pavimentación de los dos carriles, en el sentido que conduce hacia el Puerto de La Libertad.
El personal del Ministerio de Obras Públicas inició desde el lunes 25 de julio con la pavimentación de las rampas de acceso del paso a desnivel que comprende tres secciones. Una es la rampa de acceso desde El Trébol hacia el redondel Utila, la segunda es el tablero del puente ubicado sobre el redondel y la tercera es la salida hacia el Puerto de La Libertad y que, además, direcciona a los automovilistas que vienen de Santa Tecla por el bulevar Sur y hacia San Salvador.
La pavimentación con mezcla asfáltica caliente es muestra del avance de la obra, ya que esta etapa es superior a lo proyectado, por lo que tienen previsto entregar la construcción en menos tiempo.
El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, señaló, el pasado lunes, que los trabajos llevan el 85 % de avance en su construcción. De acuerdo con el funcionario, este concluirá unos tres meses antes, si las condiciones del tiempo lo permiten, pues, según el contrato del proyecto tendría que concluir en noviembre 2022.
Durante el feriado de agosto, se trabajará en la colocación de los barandales de seguridad en el puente, en la pavimentación del redondel, siembra de cobertura vegetal y de paisajismo. La obra se construye con una inversión de $6.3 millones.
Según estimaciones, con la obra que se construye se estará beneficiando a más de 58,000 conductores que transitan por la zona en promedio diario. Además, reducirá los tiempos de traslado desde la capital hacia el Puerto de La Libertad y viceversa.
El paso a desnivel sobre el redondel Utila fue uno de los primeros que lanzó el Presidente Nayib Bukele, cuando anunció los 10 impulsos económicos, el primero de ellos fue la obra pública, que busca llevar desarrollo social y económico a todo el país.
Un vehículo decomisado por Inteligencia Policial con droga y armas de fuego, pasó al Estado, según una resolución que emitió el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador.
El automotor, propiedad de Marcelo Rolando Rivas Bonilla, fue incautado en la Avenida Cuba, del barrio San Jacinto, San Salvador, a German Stanley Martínez Aguilar, Héctor Geovanny Mayora Rosales y Jocelyn Rosario Arévalo Martínez.
Les decomisaron dos armas de fuego tipo micro UZI, calibre 9 milímetros, 453 porciones pequeñas y una porción grande de marihuana.
En la audiencia de sentencia, quedó establecido que el propietario del vehículo fue negligente al no cumplir con la debida diligencia que exige la ley y respaldarse con un contrato de arrendamiento, ya que cuatro días antes del hecho lo prestó a German Stanley Martínez Aguilar.
El extorsionista de la pandilla 18, Víctor Alejandro Valle Zelaya, fue condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
En la vista pública quedó establecido que entre enero del 2021 a marzo del 2022, junto a un grupo de pandilleros llegó al negocio de una víctima con régimen de protección en Apopa, para exigirle $125 mensuales a cambio de dejarlo trabajar y no asesinarlo junto a su familia.
Valle Zelaya, como miembro activo de la pandilla 18, las fuerzas de seguridad lo detuvieron en octubre de 2025 en el marco del régimen de excepción.
El caso comenzó a ser investigado luego que el comerciante interpusiera la denuncia ante las autoridades. Mencionó que fue coaccionado por el imputado y los demás terroristas para pagar la cuota de dinero mensual
En el fallo judicial se mencionó que la principal prueba y que resultó clave para emitir la sentencia condenatoria, fue el testimonio de la persona afectada. La víctima lo identificó plenamente ante el tribunal, dijo que fue uno de los chantajistas que llegaba a retirar el dinero y que lo mantenía amenazado a muerte, la colaboración del denunciante sirvió para emitir el veredicto condenatorio por extorsión agravada.
Penas de 25 a 45 años de cárcel fueron impuestas a 60 terroristas de la Mara Salvatrucha que delinquían en tres distritos del departamento de Cuscatlán.
En la audiencia única abierta, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, los encontró responsables por el delito de agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía General de la República, acreditó que son integrantes de la clica Walter Locos Salvatruchos y determinó los rangos de cada uno de los pandilleros.
A Luis Alonso Díaz Fernández, alias Lunático, el juez lo sentenció a 45 años de prisión, el ministerio público probó que tenía el rango de encargado de base del programa Cuscatlán, una estructura superior de donde dependía la célula territorial Walter.
Esta agrupación tenía un perímetro de cobertura que comenzaba desde la entrada a Cojutepeque, próximo a Instituto Nacional Walter Thilo Deininger y se extendía hacia los distritos de Monte San Juan y Santa Cruz Michapa.
Al momento de emitir el fallo, el tribunal también condenó a 24 imputados a 30 años de prisión. Se detalló que 16 tenían el rango de homeboy, cinco el de chequeo y tres el de observación.
Otros 35 pandilleros con el rango de colaboradores activos recibieron 25 años de cárcel y deberán permanecer en diversos centros penales donde han permanecido desde que fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.
Los representantes del ministerio público presentaron en la audiencia prueba que vinculó a los procesados a la Mara Salvatrucha y la participación en una serie de actividades delincuenciales que estuvieron ejecutando en la zona norponiente de Cojutepeque.
Esta estructura extorsionó y asesinó durante varios años, pero con la entrada en vigencia del régimen de excepción, las fuerzas de seguridad arrestaron a cada uno de sus miembros a través de las incursiones realizadas entre el 2022 y 2025.
Cuando los detuvieron fueron acusados en varios expedientes, pero tras la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, la Fiscalía General de la República los agrupó en un solo expediente para asignarles una causa y enjuiciarlos como estructura, solicitando al tribunal que les aplicara las penas máximas por el delito de agrupaciones ilícitas, por su pertenencia a la Mara Salvatrucha
