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Fiscal Rodolfo Delgado asegura que sospechoso confesó crimen contra niña de La Campanera
El fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, confirmó, ayer (miércoles), que Edwin Mauricio Alvarado Lazo, quien actualmente se encuentra detenido por el delito de resistencia, será acusado formalmente por el feminicidio de la niña Melissa, el próximo viernes y detalló que, el presunto agresor sexual ha confesado haber cometido el crimen que estremeció a los habitantes de La Campanera.
«Durante las entrevistad realizadas por agentes de la Policía se empezó a perfilar a Edwin Alvarado como un posible sospechoso de la muerte de Melissa, y es de esa forma como se logra llegar a la casa 34 del polígono 31 sur de La Campanera», expresó el fiscal.
Detalló que durante la entrevista que realizaron los agentes investigadores, Alvarado Lazo se vio acorralado, y empezó a dar versiones contradictorias, llegando a un punto de la entrevista en que se quiebra y decide confesar los hechos, declarándose el causante de la muerte de Melissa.
«Sin embargo, nosotros no solo estamos afirmando la participación de Edwin Alvarado con la confesión de él, ya que se practicaron diferentes inspecciones, en los diferentes escenarios donde Melissa permaneció las últimas horas de su vida, y se fueron recolectando uno a uno diferentes elementos probatorios, incluyendo una cuerda que poseía los mismos tipos de nudo que poseía la cuerda que Edwin Alvarado utilizaba en el interior de su vivienda», dijo Delgado.
Añadió «encontramos en el interior de su vivienda un mismo tipo de esponja que se encontró contiguo al cadáver de la víctima, el mismo tipo de alambre que se encontró en el interior del saco donde fue encontrado su cuerpo, se encontraba también en su casa de habitación».
Delgado detalló que en el interior de la vivienda del sospechoso también encontraron diferentes objetos que evidencian la presencia de otros niños en anteriores oportunidades, como por ejemplo: colas para el cabello, juguetes y ropa de niña que estaban ocultas bajo la cama en la cual dormía Edwin Alvarado.
SEGUIRÁ PRESO Y SERÁ ACUSADO POR OTRO TRES DELITOS
El pasado martes, el Juzgado Primero de Paz de San Salvador, ordenó que Alvarado Lazo, acusado de asesinar a Melissa H. de siete años, siga en detención por el delito de resistencia. Este es el primer proceso en contra del imputado, ya que mañana viernes será remitido a otro juzgado por el crimen en perjuicio de la niña.
«El día viernes estaremos presentando ante el Tribunal competente el requerimiento fiscal por los delitos de feminicidio, violación y privación de libertad contra Edwin Alvarado Lazo, cometidos en perjuicio de la niña Melissa», indicó el funcionario.
El crimen fue cometido por Alvarado Lazo el pasado 9 de octubre en la colonia La Campanera, de Soyapango. Y ayer, el fiscal explicó cómo se dio la captura de Alvarado Lazo por el delito de resistencia.
«Es importante que quede claro, cómo se da la captura por resistencia de Alvarado Lazo, a quien durante las entrevistas que los agentes investigadores realizaron durante el día 10 de octubre, se empezó a perfilar como un sujeto de interés, al ser una persona que mantenía como costumbre merodear el parque de esa colonia y estar observando a los menores de edad que asistían a jugar, al tiempo que se tocaba su área genital», señaló Delgado.
El fiscal explicó que, luego de las entrevistas, la PNC realizó las coordinaciones necesarias para ubicar al sospechoso en las inmediaciones del bulevar Tutunichapa, en San Salvador, lugar donde trabajaba como obrero, dedicado a cargar camiones con arena.
«Cuando Edwin Mauricio regresaba de su trabajo fue abordado por elementos de la Policía, la persona desde que observó a los agentes intentó ocultarse de ellos en unos vehículos aparcados en esa zona, cuando los policías se acercan a él, lo ubica y lo requisa, Edwin empieza a insultarlos y forcejear con ellos, desde ese momento estaba cometiendo el delito de resistencia, y eso motivo su detención el día 11 de octubre», apuntó Delgado.
Elementos de la Fuerza Armada ubicaron a un menor de 16 años durante un patrullaje preventivo realizado en la urbanización Tikal Norte, en Apopa.
De acuerdo con el informe de los militares, en el teléfono del adolescente fueron encontrados videos que presuntamente lo vinculan con la estructura criminal 18 Revolucionarios.
Tras el procedimiento, el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, destacó la labor de los efectivos y reiteró el llamado a los jóvenes para que se alejen de las pandillas.
“Cualquier intento de seguir el camino de las pandillas tendrá consecuencias. No permitiremos que se repitan las conductas que tanto daño causaron en el pasado”, expresó el funcionario.
El Tribunal contra el Crimen Organizado recibió la acusación presentada por la Fiscalía General de la República contra 563 pandilleros del Barrio 18, a quienes se les vincula con 14,488 delitos cometidos entre 2012 y 2022.
Los imputados son señalados por delitos como rebelión, pertenencia a estructura criminal, homicidio agravado, extorsión agravada, tráfico ilícito y actos de terrorismo. De acuerdo con la Fiscalía, 275 de los acusados pertenecen a la fracción sureña y 288 a la fracción revolucionaria.
Según el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, a los cabecillas se les atribuyen los delitos de pertenecer a una estructura criminal y rebelión, por presuntamente intentar imponer un Estado criminal, además de estar vinculados a otros 269 casos.
La Fiscalía detalló que entre los hechos que se les imputan figura la masacre de 11 trabajadores en San Juan Opico y otra masacre ocurrida en el centro penal de Quezaltepeque.
Asimismo, se les atribuyen ocho casos de terrorismo cometidos en 2015, entre ellos atentados contra la delegación policial de Quezaltepeque y contra el Centro Judicial Isidro Menéndez, hecho en el que murió un agente de seguridad.
Entre los casos señalados también se encuentran atentados con explosivos contra el Ministerio de Seguridad y Justicia y contra una sede de la Fiscalía General de la República en Santa Tecla.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, entre los imputados figuran presuntos miembros históricos de esa estructura criminal, entre ellos César Daniel Renderos Díaz, alias “Muerto de las Palmas”, y Carlos Alberto Rivas Barahona, alias “Chino Tres Colas”, identificados como fundadores de las facciones revolucionaria y sureña, respectivamente.
La prueba pericial reveló el grado de violencia extrema al que la víctima fue sometida por su padre.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 50 años de prisión a Roberto Martínez Guzmán por el homicidio agravado de su hijo de cinco meses.
Los hechos ocurrieron en la vivienda de la familia de la víctima, ubicada en el cantón y calle Palo Grande, en el distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur.
Según la información acreditada en el juicio, la víctima nació de forma prematura y con condiciones críticas de salud. Tras permanecer un tiempo hospitalizado, recibió el alta médica el 26 de septiembre de 2024. El personal médico instruyó a los padres para llevar al recién nacido al Hospital Nacional Saldaña para sus controles de seguimiento y mantener cuidados especiales en el hogar, indicaciones que no fueron atendidas.
De acuerdo con las investigaciones, las agresiones ocurrieron luego de que la madre se ausentara de la vivienda durante un día y dejara a su hijo bajo el cuidado de Martínez Guzmán. Horas más tarde, el procesado se comunicó con ella para informarle que el menor tenía la cabeza inflamada. Al regresar a la casa, la mujer trasladó a su hijo de inmediato a un centro médico.
En la Unidad de Salud de Rosario de Mora, el personal médico detectó que la víctima presentaba, entre otros signos, abombamiento de la fontanela (mollera), una fractura en el brazo izquierdo y un shock hipovolémico. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado de urgencia al Hospital Nacional Saldaña, donde falleció el 20 de noviembre de 2024.
El peritaje médico-legal confirmó que la causa de muerte se debió a múltiples complicaciones derivadas de agresiones físicas, entre ellas hemorragias cerebrales, hematomas internos y externos, así como traumatismos craneoencefálicos contusos. Tras determinarse que la víctima estaba bajo la custodia del padre, las autoridades procedieron con la captura de Roberto Martínez Guzmán.
En su fallo, el juez a cargo del caso concluyó que el maltrato físico sufrido por la víctima inició meses antes de su muerte y fue cometido inequívocamente por Roberto Martínez Guzmán en calidad de autor directo. Asimismo, estableció que los hechos fueron ejecutados con alevosía, mediante el uso de violencia extrema y abuso de superioridad, aprovechando la vulnerabilidad y las condiciones de salud del menor.
