Judicial
FGR no logra demostrar culpabilidad de joven acusado de agredir a niña de 4 años y juez lo deja en libertad
La falta de pruebas fiscales dejaron en la impunidad la agresión sexual que realizó un albañil de 18 años a una niña huérfana que llegaba a comprar tortillas a la casa donde vivía el hombre que fue absuelto recientemente.
La noche del sábado 13 de noviembre de 2017, Andrea (nombre cambiado por protección a la víctima), una niña de cuatro años de edad, se dirigió como era costumbre a la casa de su vecina, una vendedora de tortillas de una comunidad situada en San Ramón, en el municipio de Mejicanos.
En esa vivienda también reside Mauricio A., un joven de 18 años de edad que se dedica a la albañilería quien en un descuido de sus familiares metió a la menor a uno de los cuartos para abusar sexualmente de ella.
La infante, quien quedó huérfana luego de que su padre falleciera en enero de 2017 y que de su madre no se sabe nada desde que la reportaron como desaparecida, se retiró del lugar sin decir nada a nadie.
No obstante, la víctima regresó a su casa y mostró una conducta distinta. La tía a cargo de su custodia la sorprendió lavando sus áreas genitales tras haber sufrido el ataque de Mauricio quien también era conocido como «El Chele».
“’El Chele’ me tocó con las manos ‘chucas’”, comentó la menor tratando de justificar su actuación que provocó que la mujer interpusiera una denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC) por las agresiones sexuales que sufrió su sobrina.
De acuerdo a lo plasmado en el expediente judicial, el joven conocido como “El Chele” habría acostado a la menor de edad sobre una cama y fue ahí en donde la despojó de su ropa interior.
Ante los señalamientos, la Fiscalía General de la República (FGR) acusó a Mauricio por el delito de agresión sexual cometida en contra de la niña y de manera continuada ya que la niña manifestó que fueron seis veces que el hombre la agredió.
Luego de que la tía paterna de Andrea llamara a la PNC, Mauricio fue detenido en flagrancia, a las 9:30 de la noche del 13 de noviembre del año pasado, por los cargos de violación pero luego judicialmente se tipificó el delito a agresión sexual.
Incongruencias en el caso
Los agentes policiales llevaron al joven a las bartolinas de la Delegación de Mejicanos, en donde pasó unos días, pero la Cámara 1° de lo Penal revocó la detención provisional dictada por el Juzgado 2° de Paz de Mejicanos y le impusieron medidas sustitutivas, debido a que no se había establecido la imputación penal en su contra. Por ello, Mauricio fue procesado en libertad.
La Cámara estableció un total de 17 puntos explicativos del porqué la toma de la decisión mencionada anteriormente. Entre ellos indicaban que al comparar lo declarado por la menor de edad con el reconocimiento médico de genitales existían incongruencias.
Otro detalle tomado en cuenta fue el dictamen médico forense, en el que se concluyó que en la víctima no existían laceraciones ni desgarros en las áreas genitales. Lo que sí encontraron fue una infección producida por falta de higiene, pero no por otra causa.
En el peritaje psicológico, la niña no evidenció algún signo o síntoma que se relacionaran con los hechos.
El juicio
Pese a lo anterior, el Juzgado de Instrucción de Mejicanos ordenó la apertura a juicio en contra del supuesto joven agresor, por lo que el Tribunal 5° de Sentencia de San Salvador desarrolló la vista pública.
El proceso llevó su curso, pero debido a que la FGR no pudo comprobar que el sujeto era culpable de lo señalado, por pruebas escasas, el juez emitió un fallo absolutorio tanto penal como civilmente a favor de Mauricio, por lo que recuperó totalmente su libertad.
“Con la prueba presentada por la Fiscalía General de la República no se acreditó la conducta libidinosa del imputado, por ende no se demostró la culpabilidad del mismo”, indica el acta de audiencia de vista pública.
Gracias a la Fiscalía General de la República (FGR), José Héctor Larín Díaz (rebelde) fue condenado a 10 años de cárcel por tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.
Larín Díaz fue capturado el 11 de febrero de 2025, en el barrio Concepción, del distrito de El Tránsito, en San Miguel.
Al momento de la detención, el sujeto portaba un revolver y al realizarle una prueba toxicológica se le detectaron 66 grados de alcohol en la sangre.
Inicialmente el Juzgado de Paz de El Tránsito, San Miguel, absolvió al procesado y tras una apelación realizada por la FGR otro juez del mismo juzgado condenó a Larín Díaz a 10 años de cárcel.
Cuatro personas identificadas como José Eliseo Mejía, Juan Rodolfo Mejía Hernández, Inmer Alexis Méndez Consuegra, y Oswaldo Eliseo Ávalos Hernández fueron encontrados responsables de haberle robado a una persona una fuerte cantidad de dinero en efectivo el pasado cinco de agosto del año 2024.
El fiscal del caso dijo que los cuatro sujetos interceptaron a la víctima cuando caminaba sobre la calle principal en cantón Pacun, del municipio de Santa Ana Centro.
Según la investigación los sujetos le dijeron que no lo quieren ver en la zona y le dieron 24 horas para irse o le quitarían la vida, luego lo lesionaron en diferentes partes de su cuerpo y le quitaron una fuerte cantidad y un celular.
Los sujetos huyen al escuchar que por la zona se acercaba un vehículo.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso la condena por el delito de robo agravado. Dichos sujetos no pertenecen a alguna mara o pandilla.
Judicial
Ordenan captura de red de jóvenes acusados de extorsionar a empresarios de la en La Libertad
En un esfuerzo conjunto entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, se capturó a un grupo de jóvenes que, durante el año 2025, extorsionaron a un empresario del departamento de La Libertad.
La estructura estaba conformada por un menor de edad y Ana Gladis Lemus, Javier Alexander Zepeda Morales, Nayeli Yasenia Mejía Flores y Nelson David Inocente Leonor, quienes fueron capturados durante el operativo.
De acuerdo a las investigaciones, el menor de edad contactaba a la víctima vía telefónica para amenazar y exigir el pago de efectivo; las otras cuatro personas eran las encargadas de retirar el dinero exigido el quince de cada mes y dar seguridad en ese momento.
Posteriormente, el dinero recibido lo depositaban a cuentas bancarias y lo enviaban por remesas a través de farmacias y supermercados.
Los imputados fueron perfilados bajo entregadas controladas con cobertura policial.
A los imputados se les procesará por los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión agravada.
El operativo se desarrolló en los distritos de Jayaque y Colón en el departamento de La Libertad y de igual manera en San Antonio del Monte, jurisdicción de Sonsonate y se incautó abundante evidencia que fortalecerá el caso y la acusación contra los imputados.
