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Estudiantes de San Miguel reciben sus tablets por parte del Gobierno
Foto: MINED
El Gobierno del Presidente Nayib Bukele avanza en el proceso de transformación y modernización del sistema educativo público con la entrega de tablets a los alumnos de primer a tercer grado.
El Centro de Formación Docente en San Miguel es la sede donde el ministro interino de Educación, José Mauricio Pineda, y la comisionada presidencial para Operaciones y Gabinete de Gobierno, Carolina Recinos, llegaron para entregar las herramientas tecnológicas a los estudiantes de cinco centros escolares.
A fin de fortalecer el proceso de formación de los niños y niñas, el Ministerio de Educación ha equipado cada computadora con software pedagógico y 15 aplicaciones didácticas que pueden ser utilizadas con y sin conectividad a internet.
Los estudiantes de todas las escuelas del país están recibiendo las tablets bajo un proceso ordenado que inició ayer, lunes 16 de mayo. “Siempre que vamos a un lugar a cumplir las promesas del Presidente Bukele se ‘enchina la piel’, al ver cómo avanza el proceso de transformación del sistema educativo”, dijo Pineda.
Esta herramienta tecnológica también tiene instalada un software de seguridad que, en caso de robo, permitirá rastrear su ubicación. La inversión del Gobierno para este ambicioso proyecto es de $59.1 millones.
Dotando de tablets a los niños y niñas se facilita el aprendizaje de los estudiantes, además de que se avanza a pasos agigantados en el camino por reducir la brecha digital en el país. “No nos detendremos. Acá todos los niños son iguales y cada uno tendrá su herramienta tecnológica de acuerdo a su necesidad de aprendizaje”, afirmó la comisionada Recinos.
Como parte de la jornada de distribución de herramientas tecnológicas en San Miguel, los funcionarios también llegaron a la Escuela de Educación Especial San Miguel, para entregar 141 laptops con características específicas para los niños con discapacidad.
El Gobierno del Presidente Bukele avanza en la transformación del proceso de enseñanza y aprendizaje, para dar mejores oportunidades de desarrollo para todos los salvadoreños.
Un vehículo decomisado por Inteligencia Policial con droga y armas de fuego, pasó al Estado, según una resolución que emitió el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador.
El automotor, propiedad de Marcelo Rolando Rivas Bonilla, fue incautado en la Avenida Cuba, del barrio San Jacinto, San Salvador, a German Stanley Martínez Aguilar, Héctor Geovanny Mayora Rosales y Jocelyn Rosario Arévalo Martínez.
Les decomisaron dos armas de fuego tipo micro UZI, calibre 9 milímetros, 453 porciones pequeñas y una porción grande de marihuana.
En la audiencia de sentencia, quedó establecido que el propietario del vehículo fue negligente al no cumplir con la debida diligencia que exige la ley y respaldarse con un contrato de arrendamiento, ya que cuatro días antes del hecho lo prestó a German Stanley Martínez Aguilar.
El extorsionista de la pandilla 18, Víctor Alejandro Valle Zelaya, fue condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
En la vista pública quedó establecido que entre enero del 2021 a marzo del 2022, junto a un grupo de pandilleros llegó al negocio de una víctima con régimen de protección en Apopa, para exigirle $125 mensuales a cambio de dejarlo trabajar y no asesinarlo junto a su familia.
Valle Zelaya, como miembro activo de la pandilla 18, las fuerzas de seguridad lo detuvieron en octubre de 2025 en el marco del régimen de excepción.
El caso comenzó a ser investigado luego que el comerciante interpusiera la denuncia ante las autoridades. Mencionó que fue coaccionado por el imputado y los demás terroristas para pagar la cuota de dinero mensual
En el fallo judicial se mencionó que la principal prueba y que resultó clave para emitir la sentencia condenatoria, fue el testimonio de la persona afectada. La víctima lo identificó plenamente ante el tribunal, dijo que fue uno de los chantajistas que llegaba a retirar el dinero y que lo mantenía amenazado a muerte, la colaboración del denunciante sirvió para emitir el veredicto condenatorio por extorsión agravada.
Penas de 25 a 45 años de cárcel fueron impuestas a 60 terroristas de la Mara Salvatrucha que delinquían en tres distritos del departamento de Cuscatlán.
En la audiencia única abierta, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, los encontró responsables por el delito de agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía General de la República, acreditó que son integrantes de la clica Walter Locos Salvatruchos y determinó los rangos de cada uno de los pandilleros.
A Luis Alonso Díaz Fernández, alias Lunático, el juez lo sentenció a 45 años de prisión, el ministerio público probó que tenía el rango de encargado de base del programa Cuscatlán, una estructura superior de donde dependía la célula territorial Walter.
Esta agrupación tenía un perímetro de cobertura que comenzaba desde la entrada a Cojutepeque, próximo a Instituto Nacional Walter Thilo Deininger y se extendía hacia los distritos de Monte San Juan y Santa Cruz Michapa.
Al momento de emitir el fallo, el tribunal también condenó a 24 imputados a 30 años de prisión. Se detalló que 16 tenían el rango de homeboy, cinco el de chequeo y tres el de observación.
Otros 35 pandilleros con el rango de colaboradores activos recibieron 25 años de cárcel y deberán permanecer en diversos centros penales donde han permanecido desde que fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.
Los representantes del ministerio público presentaron en la audiencia prueba que vinculó a los procesados a la Mara Salvatrucha y la participación en una serie de actividades delincuenciales que estuvieron ejecutando en la zona norponiente de Cojutepeque.
Esta estructura extorsionó y asesinó durante varios años, pero con la entrada en vigencia del régimen de excepción, las fuerzas de seguridad arrestaron a cada uno de sus miembros a través de las incursiones realizadas entre el 2022 y 2025.
Cuando los detuvieron fueron acusados en varios expedientes, pero tras la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, la Fiscalía General de la República los agrupó en un solo expediente para asignarles una causa y enjuiciarlos como estructura, solicitando al tribunal que les aplicara las penas máximas por el delito de agrupaciones ilícitas, por su pertenencia a la Mara Salvatrucha
