ENTREGA ESPECIAL
Las técnicas de tortura que utilizó la CIA en sus bases secretas
Cuando Jalid Sheij Mohammed, el pakistaní considerado autor intelectual de los ataques del 11-S, volvió a cruzar el martes los pasillos de la corte militar de Estados Unidos en la Base Naval de Guantánamo, se encontró por primera vez en muchos años con un viejo conocido.
Allí estaba también el psicólogo estadunidense James E. Mitchell, quien junto a su colega Bruce Jessen fue el responsable de idear —y en muchos casos, probar, implementar y evaluar— las técnicas de tortura que utilizó la CIA en sus bases secretas contra los detenidos tras el ataque a las Torres Gemelas de Nueva York.
Y quien, según admitió durante la audiencia, las supervisó y practicó a muchos de los detenidos, entre ellos el propio Mohammed.
“Fue muy chocante que la gente que él mismo torturó estuviera en esa sala y que (Mitchell) dijera delante de ellos que los volvería a torturar de nuevo”, le cuenta a BBC Mundo Julia Hall, experta de Amnistía Internacional que asiste a las audiencias en Guantánamo.
Hubo un cambio de roles: esta vez fueron los acusados los que escuchaban mientras el psicólogo respondía.
Por primera vez desde que comenzaron las audiencias en Guantánamo en 2002 —y por dos semanas—, Mitchell y su colega Jessen son cuestionados por los abogados de los detenidos sobre las técnicas que idearon en los primeros años de la llamada “guerra contra el terror”.
“James Mitchell entró y fue claro: dijo que no se arrepentía del programa o de la forma en la que estuvo involucrado. No se disculpó, no mostró ninguna forma de arrepentimiento y reconoció en la corte que él mismo había practicado waterboarding (un método que hacen sentir a la persona que se ahoga) y otras técnicas de abusos”, agrega.
Algunas organizaciones de derechos humanos esperan que los testimonios traigan luz sobre la escala del programa de tortura, así como sobre la culpabilidad de altos funcionarios o el papel del FBI, uno de los grandes secretos de estos años.
“Su testimonio puede revelar detalles adicionales sobre el programa de tortura de la CIA y, en mi opinión, cada pequeño paso adelante para comprender lo que sucedió es importante y necesario si alguna vez queremos lograr algún tipo de responsabilidad”, comenta a BBC Mundo Wells Dixon, abogado del Center for Constitutional Rights, una organización de defensa legal en la que se dedica a desafiar lo que considera detenciones ilegales en Guantánamo.
Pero los expertos también dudan de la legitimidad de estas audiencias o de sus posibles impactos, dado que se realizan en una corte militar que ha sido profundamente cuestionada en los últimos años.
“El objetivo de las comisiones militares nunca ha sido lograr el progreso, y ciertamente tampoco la justicia o la responsabilidad por actos terroristas como el 11 de septiembre. Más bien, el propósito ha sido y sigue siendo preservar el status quo, evitar la liberación de los exdetenidos de la CIA y encubrir los detalles de su tortura y, en última instancia, que la CIA evite la responsabilidad por la tortura”, indica Dixon.
En criterio del experto, el testimonio de Mitchell ahora es simplemente un recordatorio de cuánto tiempo ha llevado llegar a este punto en el que una de las principales personas responsables de tortura dsea a testificar en el tribunal de Guantánamo.
“También un recordatorio de cómo todavía no se ha tenido en cuenta lo que sucedió con las víctimas de tortura de la CIA. Todavía no ha habido ninguna responsabilidad significativa. Indudablemente, esta es la razón por la cual Mitchell se ofreció a testificar, porque aparentemente no tiene nada que temer y es una oportunidad para defender sus acciones que son, seamos honestos, completamente indefendibles por cualquier estándar legal o moral”, agrega.
La “guerra contra el terrorismo”
Los ataques de septiembre de 2001 llevaron a EE.UU. a la campaña más larga y costosa de su historia: la llamada “guerra contra el terrorismo”.
Las operaciones internacionales, apoyadas por países aliados y la OTAN, conllevaron no solo a abrir frentes de batalla en varias naciones de Medio Oriente, sino también a una cacería de los principales líderes y miembros de lo que EE.UU. consideraba “organizaciones terroristas”.
Desde inicios de la década del 2000, las cabezas de supuestos miembros de Al Qaeda, el Talibán y otros grupos extremistas comenzaron a figurar en la lista de los más buscados del mundo.
Y en ella, los presuntos responsables detrás del 11-S ocuparon los primeros escaños.
Desde enero de 2002, comenzaron a llegar a Guantánamo los primeros presos y poco a poco la cárcel improvisada en una base militar en el oriente de la isla de Cuba se llenó con algunos de los hombres más peligrosos del mundo.
Pero no fue la única: Estados Unidos comenzó a crear centros de detención secretos en numerosos países del mundo, donde los prisioneros eran interrogados para obtener información sobre Al Qaeda y potenciales “ataques terroristas”.
“El informe de tortura del Senado muestra que la CIA estaba completamente mal equipada para detener e interrogar a los detenidos después del 11 de septiembre”, recuerda Dixon.
“La agencia estaba desesperada y agitada tras su fracaso para evitar los ataques (incluso por no alertar al FBI de que algunos de los secuestradores estaban en EE.UU. antes de los ataques) y, sospecho, la CIA querían venganza, por lo que recurrieron a Mitchell y Jessen, quienes ofrecieron soluciones rápidas y fáciles”, agrega.
Psicología del terror
Según el abogado, fue entonces cuando los dos psicólogos que habían hecho carrera en las fuerzas armadas, comenzaron a colaborar con la Agencia Central de Inteligencia para diseñar “técnicas de interrogatorio severo”.
“Mitchell y su colega Jessen fueron psicólogos militares que la CIA contrató para interrogar a los detenidos después del 11 de septiembre, aparentemente para obtener información de inteligencia importante, que, como sabemos ahora, no pudieron obtener”, indica.
Ambos trabajaron como contratistas por meses para la agencia y establecieron una compañía privada en 2005 ( Mitchell Jessen y Asociados, con oficinas en el estado de Washington y Virginia) para proveer a la agencia con los métodos y los mecanismos para sacar información a los presos de la “guerra contra el terror”.
El programa se llamó, eufemísticamente, “interrogatorio mejorado”.
“Ese programa buscaba que los interrogados proveyeran información que la CIA consideraba valiosa de los detenidos a través de severas técnicas de tortura y fueron justificados con una serie de memos que aseguraban que los efectos serían mínimos o a corto plazo”, señala Hall.
Entre otras técnicas, además del ahogamiento simulado, los reos eran encerrarlos en pequeñas cajas, sometidos a condiciones de soledad extrema, privación del sueño, manipulación de la dieta, desnudez forzada o abuso rectal.
“Todas esas técnicas, desde un punto de vista legal, son consideradas sin lugar a duda formas tortura y el propio presidente Obama lo reconocería”, afirma Hall.
Según datos de una investigación del Senado, la CIA pagaba a Mitchell y Jessen US$1.800 por día y la compañía que crearon recibió US$80 millones por sus servicios hasta que se rescindió su contrato en 2009.
Esto ocurrió después de que la CIA ya había aceptado pagar un contrato de indemnización de US$5 millones que cubría, entre otras cosas, procesamientos criminales.
Según el contrato actual, la agencia está obligada a pagar gastos legales de la empresa hasta 2021.
Falta de capacidad
Según un informe del Senado, “ninguno de los dos psicólogos tenía experiencia dirigiendo interrogatorios, ni tampoco conocimiento específico sobre Al Qaeda, experiencia en la lucha contra el terrorismo o conocimientos culturales o lingüísticos relevantes”.
Aunque en un inicio sus nombres fueron mantenidos en secreto y aparecían en los informes con los pseudónimos de Dr. Grayson Swigert y Dr. Hammon Dunbar, desde que se conoció su identidad, muchas organizaciones han pedido que sean llamados a testificar sobre sus acciones.
La Asociación Estadounidense de Psicología los expulsó de sus filas y rechazó públicamente sus métodos por “violar la ética de la profesión y dejar una mancha en la disciplina”.
ENTREGA ESPECIAL
¡ATENCIÓN! Abogado advierte que vigilantes no pueden fotografiar tu DUI al ingresar a residenciales en El Salvador
Una práctica común en los accesos a colonias y residenciales privadas de El Salvador ha encendido las alertas sobre la protección de los datos personales. El abogado penalista Jaime Ramírez Ortega advirtió que los vigilantes de seguridad privada no están facultados para tomar fotografías del Documento Único de Identidad (DUI) de los visitantes como requisito de ingreso, debido a que esta acción podría vulnerar el derecho a la intimidad y generar consecuencias legales para quienes la realizan.
El profesional fue contundente al cuestionar que los agentes de seguridad fotografíen documentos personales, incluso cuando reciben instrucciones de las empresas de vigilancia o de las administraciones residenciales. Según explicó, el DUI contiene información privada que debe protegerse frente a la recopilación y utilización indebida. Ramírez Ortega sostuvo que este tipo de procedimientos no puede justificarse únicamente como una medida de control de acceso y advirtió que las compañías y asociaciones que los implementan podrían enfrentar problemas legales.
Ante estas situaciones, el abogado recomendó a los ciudadanos presentar una denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC) cuando un vigilante les exija fotografiar su documento. Asimismo, señaló que los agentes privados no tienen las mismas atribuciones que las autoridades policiales para documentar información personal. Sin embargo, también existen límites legales para las actuaciones de la Policía, por lo que la recopilación de fotografías de documentos debe responder a procedimientos y facultades establecidos por la legislación.
La advertencia se relaciona con la Ley para la Protección de Datos Personales de El Salvador, contenida en el Decreto Legislativo 144, que regula la recopilación, almacenamiento y tratamiento de información personal, así como el consentimiento de sus titulares y las excepciones previstas legalmente. Aunque el abogado considera prohibida la práctica denunciada, la legalidad de cada procedimiento también depende de las circunstancias y de su fundamento jurídico. El caso abre un debate sobre los límites de la seguridad privada y la protección de la identidad de miles de salvadoreños que diariamente ingresan a residenciales, condominios y colonias con controles de vigilancia.
ENTREGA ESPECIAL
¡De caminar entre lodo a recibir una respuesta de Bukele! MOP inicia obras en calle donde niños sufren para llegar a la escuela
Lo que comenzó como una denuncia ciudadana en redes sociales terminó provocando una respuesta del presidente Nayib Bukele y la intervención del Ministerio de Obras Públicas (MOP). Habitantes del caserío Catarina, cantón Paratao, distrito de Victoria, en Cabañas, expusieron las difíciles condiciones del camino que utilizan diariamente los estudiantes para llegar a su centro educativo. Las imágenes mostraron una vía deteriorada, con abundante lodo y charcos que complican el desplazamiento de los menores, especialmente durante la temporada de lluvias.
@christianguevarasv El Presidente @Nayib Bukele respondió a madre de familia y niños que solicitan que arreglen la calle que caminan a diario hacia su escuela. Muy pronto tendrán su calle bonita 🥹 Poco a poco 🙏 #respuesta #nayibbukele #elsalvador #escuelas #calles ♬ sonido original – Diputado Christian Guevara
La denuncia se volvió viral por el testimonio de una mujer de la comunidad, quien pidió ayuda al mandatario para reparar la calle. La habitante explicó que los niños deben atravesar tramos llenos de agua y lodo para asistir a clases, pese a que en la escuela se les exige presentarse con los zapatos limpios. La situación evidenció una dificultad que afecta a las familias de la zona rural, donde llegar al centro escolar puede convertirse en un desafío cotidiano.
El presidente Bukele respondió públicamente a la petición el pasado 10 de octubre y aseguró que el Gobierno atendería la necesidad de la comunidad. El mandatario expresó: «Con mucho gusto llegaremos a arreglar el camino a la escuela de esos hermosos niños que son el futuro de nuestro país». También reconoció que existen numerosas comunidades con necesidades de infraestructura acumuladas durante décadas y señaló que las intervenciones continuarán de manera progresiva.
Tras la respuesta presidencial, el Ministerio de Obras Públicas anunció el inicio de la intervención en el caserío Catarina, con el propósito de mejorar las condiciones del camino y facilitar la movilidad de estudiantes, docentes y habitantes. La actuación representa un primer paso para atender la solicitud que alcanzó difusión nacional. Sin embargo, todavía no se han precisado públicamente la extensión total del tramo que será mejorado, el presupuesto destinado ni la fecha prevista para concluir los trabajos.
La problemática vial de Paratao no es reciente. Una investigación periodística publicada anteriormente documentó las dificultades que enfrentan habitantes de esta zona de Cabañas para desplazarse hacia escuelas, hospitales y otros servicios esenciales. El reportaje describió una carretera de aproximadamente 36 kilómetros entre Victoria y el caserío Papalón, de los cuales solo una pequeña parte contaba con pavimento o empedrado. Aunque no se ha establecido que toda esa ruta forme parte de la intervención anunciada, el antecedente demuestra que el deterioro de los caminos rurales ha sido una preocupación persistente para las comunidades del sector.
Ahora, la atención se concentra en que los trabajos anunciados se traduzcan en una solución duradera para las familias de Catarina. El caso también refleja cómo una denuncia difundida en redes sociales puede llevar una necesidad comunitaria hasta las autoridades nacionales. Para los estudiantes, la expectativa es sencilla: contar con un camino transitable que les permita llegar a sus clases sin tener que atravesar el lodo cada vez que llueve.
ENTREGA ESPECIAL
A 40 años del terremoto de 1986: los 10 segundos que devastaron San Salvador y dejaron más de 1,500 muertos
Este sábado 10 de octubre de 2026, El Salvador recuerda una de las tragedias más dolorosas de su historia. Hace exactamente 40 años, a las 11:49 de la mañana del viernes 10 de octubre de 1986, un terremoto de magnitud 5.7 sacudió violentamente San Salvador y convirtió en escombros edificios, viviendas y centros de trabajo. Bastaron aproximadamente 10 segundos para cambiar la vida de miles de familias y dejar una profunda huella en la memoria colectiva de los salvadoreños.
El movimiento telúrico tuvo su origen en fallas geológicas locales, a poca profundidad y muy cerca de la capital, factores que explican su enorme capacidad destructiva. La tragedia dejó aproximadamente 1,530 personas fallecidas, 10,000 heridas y alrededor de 200,000 damnificados, según estimaciones históricas. Las pérdidas materiales alcanzaron unos 1,031 millones de dólares, una cifra devastadora para un país que, además, atravesaba uno de los períodos más difíciles del conflicto armado.
Uno de los episodios más dolorosos ocurrió en el edificio Rubén Darío, ubicado en el centro de San Salvador, cuya estructura colapsó y sepultó a cientos de personas. También resultaron gravemente afectados el Gran Hotel San Salvador, el edificio Dueñas, el Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom y numerosas construcciones históricas. La escuela Santa Catalina, en el barrio San Jacinto, fue otro de los escenarios de la tragedia. Incluso el Monumento al Divino Salvador del Mundo sufrió daños cuando la imagen cayó de su pedestal, convirtiéndose en una de las fotografías más recordadas de aquel desastre.
En medio del caos, los gritos de auxilio y las calles cubiertas de escombros, surgieron innumerables historias de solidaridad. Socorristas, bomberos, voluntarios y ciudadanos trabajaron durante horas y días para rescatar sobrevivientes, utilizando herramientas improvisadas y, en muchos casos, sus propias manos. Equipos de emergencia de Guatemala se sumaron a las labores de búsqueda, mientras cientos de familias permanecían en las calles por temor a nuevas sacudidas. Durante los cuatro días posteriores se registraron centenares de réplicas que prolongaron la angustia de una población golpeada por la pérdida de sus seres queridos.
Cuatro décadas después, el terremoto del 10 de octubre de 1986 sigue siendo una herida abierta en la historia salvadoreña, pero también un recordatorio de la importancia de la prevención, las construcciones seguras y la preparación ante emergencias. Aunque San Salvador ha cambiado su paisaje urbano y muchas de las estructuras destruidas desaparecieron, los recuerdos permanecen entre quienes sobrevivieron a aquella mañana. Hoy, el país honra a las víctimas, reconoce la valentía de los rescatistas y recuerda que, en apenas 10 segundos, una ciudad entera puede cambiar para siempre.
