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El Salvador tiene capacidad para vacunar niños, embarazadas y extranjeros
El Salvador cuenta con suficiente capacidad de vacunas para facilitar la vacunación anti-COVID-19 desde los niños de seis a los 11 años, quienes suman un aproximado de 700,000 salvadoreños. De igual forma, se cuenta con vacunas e instalaciones apropiadas para la vacunación de más de 80, 000 embarazadas, en quienes la vacunación es importante para protegerlas de la enfermedad.
Asimismo, la capacidad es suficiente para asegurar las vacunas de primera y segunda dosis para la población que aun no se ha vacunado, y para aplicar la tercera dosis a las personas mayores de 18 años y que ya tienen cuatro meses o más desde que recibieron la segunda dosis
Una de las estrategias de vacunación anti-COVID-19 más reciente fue la habilitación de las dosis para los extranjeros, con lo que también se está contribuyendo a que otras naciones avancen con los procesos de inmunización.
Todas estas medidas fueron destacadas por el ministro de Salud, quien aseguró que se está avanzando en convertir al país en una zona geográfica segura.
«Un dato importante que podemos resaltar en la estrategia de vacunación es precisamente que contamos con facilidad para la vacunación, desde los seis a los 11 años un total de cerca de 700,000 salvadoreños; la facilidad de poder vacunar de los 12 a los 18 años otras 600,000 personas; más 80, 000 personas en el embarazo y ya está disponible la vacunación de los 18 años en adelante y, por supuesto, la vacunación no solo con la primera y segunda dosis, sino con una tercera dosis. Todo esto, más la vacunación extramural, más la vacunación a extranjeros nos permite que cada día estemos en un país, en una región geográfica mucho más segura», aseguró el ministro de Salud en la entrevista de El Blog.
Además, el gobierno salvadoreño ha priorizado a los grupos de mayor riesgo para que reciban primero la vacuna, como los adultos mayores, el personal de primera línea y personas con enfermedades graves. Según estudios recientes, las embarazadas constituyen un grupo de riesgo.
«Está a ciencia cierta cada vez siendo más evidente es que las embarazadas tienen un mayor riesgo de desarrollar la COVID-19 grave y podría estar relacionado con los factores del fenómeno de adaptación materna al embarazo y factores de riesgo asociados al embarazo como las comorbilidades», dijo la directora del Instituto Nacional de Salud, Xóchilt Sandoval.
Por lo tanto, cada día continúan las jornadas de vacunación móviles y en los 166 centros de vacunación distribuidos a escala nacional. Contar con suficiente cantidad de vacunas permite avanzar con agilidad en esta estrategia. El gobierno de El Salvador ha recibido 41 lotes hasta la fecha. El ultimo llegó el pasado 22 de octubre y arribó con 198,900 dosis de la farmacéutica Pfizer. Desde el 17 de febrero hasta la fecha han ingresado 12,952,400 dosis anti-COVID-19 al territorio salvadoreño.
El Viceministerio de Transporte (VMT) multó con $750 al creador de contenido «Yeik» por varias infracciones a la Ley de Tránsito.
La institución sancionó al tiktoker luego de la circulación de un video en redes sociales donde el imputado ocasionó un siniestro vial donde colisionó contra otro motociclista.
Las multas fueron por conducir sin estar autorizado ($150); conducir haciendo uso del celular ($150); circular después de las 18 horas y antes de las 6 del día siguiente sin que el motociclista porte chaleco o implementos reflectivos ($150); circular sin placas ($150); conducir en zigzag ($100) y no portar tarjeta de circulación ($50).
Las autoridades también le decomisaron la motocicleta por circular sin placas ni tarjeta de circulación.
Tras conocer las sanciones, el titular del VMT, Nelson Reyes, reaccionó en su cuenta de la red X y escribió: «el respeto a la ley no es opcional. Quien ponga en riesgo la vida de los demás deberá responder por sus acciones. Seguiremos aplicando la normativa con firmeza para garantizar la seguridad vial de todos los salvadoreños».
A ocho años de prisión fue condenado José Alfredo Centeno Cantón, por el delito de tráfico ilegal de personas.
En el juicio, la Fiscalía General de la República estableció que fue detenido de forma infraganti transportando a 12 personas a quienes pretendía trasladar hasta Guatemala y con una promesa de llevarlos en «un viaje seguro» a Estados Unidos.
Centeno Cantón fue detenido el 15 de enero de 2024, en un retén que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) habían instalado en el km 92 de la carretera Panamericana, caserío Paraje Galán, cantón San Vicente, de Candelaria de la Frontera, Santa Ana.
El plan del ahora condenado era dirigirse hacia un punto fronterizo no habilitado de la zona, para eludir los controles migratorios, ya que entre las personas que transportaba iban cinco menores de edad, los otros siete eran adultos.
En el proceso judicial se mencionó que todos viajaban en una camioneta, eso llamó la atención de los agentes policiales pues al ir sobrecargada y el nerviosismo que mostraron generó sospecha que podrían estar frente a un caso de tráfico de personas.
Ese control policial siempre ha sido estratégico ya que obligadamente se debe pasar por ese punto y por la ubicación los agentes con su experiencia pueden detectar cualquier irregularidad de los viajeros.
Llamó la atención que en una sola unidad de transporte fueran cinco menores sin ninguno de sus padres o familiares cercanos y que la custodia fuera a cargo de una persona que ni conocían.
Además, al ser entrevistado, hubo incongruencias en las respuestas de los adultos, así como de los niños, no portaban la respectiva documentación que asegura un registro legal en la frontera San Cristóbal, que era la más próxima al control vehicular donde fueron ubicados.
Con la información aportada por las víctimas, los agentes consultaron a sus superiores y luego a la Fiscalía General de la República para detener a Centeno Cantón y que le iniciaron el respectivo proceso penal.
En la fase de investigación el ministerio público obtuvo información de las víctimas, quienes confirmaron que iban hacia Estados Unidos y que los iban a pasar por un punto no habilitado hacia Guatemala.
El plan era que, del vecino país los iban a mover hacia la frontera con México donde serían entregadas a otras personas para continuar la ruta a Estados Unidos ya que ese fue el acuerdo pactado.
«El fiscal del caso dijo que las 12 víctimas eran cinco niños y siete adultos todos salvadoreños y que habían pagado una parte del dinero y la otra la harían efectiva al llegar a su destino», así lo publicó el ministerio público.
En la vista pública el tribunal tuvo acceso a testimonios de las víctimas, así como de los agentes policiales que hicieron el procedimiento de localización de las víctimas y captura del traficante de personas.
La abogada Ángela Maritza Díaz de Vásquez y Douglas Enrique Vega Guerrero, fueron condenados a penas de tres y nueve años de prisión por falsedad documental agravada y estafa.
La primera admitió la falsedad mediante un procedimiento abreviado ante el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador, y la pena de tres años es sometida a una suspensión condicional bajo reglas de conducta consistente en no cambiar de domicilio, además queda inhabilitada para ejercer la profesión hasta que haya cumplido la condena; también deberá de pagar $500 a una de las víctimas.
Mientras que Vega Guerrero cumplirá en un centro penal los nueve años por tres casos de estafa, más el pago total de $14,600 en concepto de responsabilidad civil a las tres víctimas que engañó.
La Fiscalía General de la República probó en el juicio que las estafas fueron cometidas entre el 2022 y 2023, en diversos distritos del departamento de San Salvador.
El estafador utilizó redes sociales para ofrecer una variedad de productos, a los afectados les propuso venderles vehículos y les pidió dinero como adelanto.
Los denunciantes dijeron que luego de entregarle diversas cantidades de dinero, Vega Guerrero cortó todo tipo de comunicación y no lo pudieron contactar por ninguna vía.
A una de las víctimas le ofreció un vehículo por $4,800 y le manifestó que para adquirirlo debía darle $4,000 como anticipo, ese hecho ocurrió en mayo de 2023.
En las pesquisas que las autoridades realizaron obtuvieron información del afectado quien dijo que pagó y recibió el automotor, pero el auto presentó desperfectos mecánicos y estaba a nombre de otra persona, quien había denunciado que se lo habían robado.
En la vista pública quedó probado que Douglas Enrique Vega Guerrero, detenido en febrero de 2024, en los tres casos de estafa actuó con dolo, sabía perfectamente que estaba ante hechos de estafa.
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