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El Salvador destaca como la quinta nación de América Latina menos afectada por la inflación
Una reciente publicación del medio informativo británico BCC destacó a los países que lograron transitar el 2022 con menor afectación inflacionaria en América Latina, a partir de la explosión del conflicto entre Rusia y Ucrania en marzo pasado que impactó los precios de los productos, especialmente de los alimentos y la energía.
En la nota «Los países con la inflación más baja y más alta de América Latina en 2022 (y qué se espera para 2023)», la cadena informativa asegura -con datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) hasta octubre- que El Salvador se encuentra en el quinto puesto entre los menos afectados con un 7.5 %.
El país solo es superado por Brasil que presentó una tasa inflacionaria del 6.5 %, Ecuador con un 4 %, Bolivia con un 2.9 %, y Panamá que presentó el porcentaje más bajo con un 1.7 %, siempre con datos a octubre de este año.
La cadena BBC afirma que el repunte de la escalada de precios que marcó al 2022, se sumó a un escenario que aún resentía las implicaciones de la pandemia COVID – 19, la impresión de más papel moneda, y una tendencia de los principales bancos centrales del mundo por incrementar las tasas de interés como medida paliativa hacia el cierre del año.
«No solo el aumento en el precio de los combustibles jugó un papel clave en la escalada repentina del costo de la vida. También influyó una mayor volatilidad cambiaria, además de las huellas que dejó la pandemia de COVID-19, que interrumpió las cadenas de suministro globales e hizo que, en muchos casos, las autoridades pusieran en circulación más dinero del que estaba disponible antes de la crisis de salud», menciona el medio.
En este sentido, destaca casos como el de Panamá, que, pese a mantener históricamente porcentajes inflacionarios por debajo del 2 %, llegó a reportar un 5 % en junio, una cifra inusitada para la población canalera.
También en junio, El Salvador rozó su tasa inflacionaria más alta con un 7.7 %, según datos del Banco Central de Reserva (BCR), pero aún durante este pico, el país se mantuvo como la segunda menos afectada de Centroamérica, sin llegar al 8 % en ningún mes, y distanciándose de la situación que atravesaron Honduras, Costa Rica y Nicaragua, los cuales trascendieron los dos dígitos durante varios meses.

Para el presidente del BCR, Douglas Rodríguez, este desempeño favorable de la economía salvadoreña se debe a las medidas implementadas por el Gobierno del presidente Nayib Bukele desde marzo de este año, las cuales comprendieron fijación de los precios de los combustibles, el gas propano y la energía eléctrica.
Además de impulsar estrategias para favorecer la producción agrícola y la importación de alimentos. Todas estas medidas garantizadas a través de inspecciones lideradas por la Defensoría del Consumidor y demás instituciones de Gobierno en todos los agentes de la cadena de comercialización del país.
LOS MÁS AFECTADOS
En la publicación, el medio británico diferencia entre los más afectados, a las naciones que presentaron tasas inflacionarias excepcionales en 2022, de aquellos que durante años se han caracterizado por una crisis de precios, a lo que denominan «inflación crónica» padecida por Venezuela con 146 %, Argentina con 87.7 % y Cuba con 34.2 %.

En el listado de los afectados este año, aparecen economías potentes como Chile que reportó en octubre una tasa del 12.8 % y Colombia con un 12.2 %.
En este contexto, la Cepal, citada por BBC, prevé una reducción del fenómeno para 2023, aunque afirma que la reducción será menor a la esperada.
«La inflación en 2023 será menor que en 2022, pero no tan baja como antes de la pandemia», señaló el secretario ejecutivo de la Cepal, José Manuel Salazar-Xirinachs.
Ese diagnóstico es compartido por otros organismos internacionales que están proyectando no sólo una disminución en el costo de la vida en Latinoamérica, sino también a nivel global.
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El Onasevi registra más de 8,700 accidentes viales
De acuerdo con el Observatorio Nacional de Seguridad Vial (Onasevi), hasta el 14 de mayo se reportan 8,734 siniestros viales; de esos, 5,889 lesionados y 549 muertos.
Del 1. ° de enero hasta el 14 de mayo de 2026, el Observatorio Nacional de Seguridad Vial (Onasevi) registra 8,734 accidentes de tránsito en el país. La cifra representa 1,251 casos más que en el mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaron 7,483, lo que equivale a un incremento del 17 %.
De acuerdo con el informe, la tendencia al alza también se refleja en el número de personas lesionadas, ya que en 2025 se reportaron 4,669 heridos, mientras que en 2026 la cifra ascendió a 5,889, es decir, 1,220 más, por lo que hay un aumento del 26 %. En cuanto a la mortalidad, también se reporta un incremento en las personas fallecidas, con 549 víctimas en lo que va de 2026, frente a 439 registradas el año pasado. Esto significa 110 muertes adicionales, equivalente a un alza del 25 %.
El reporte añade que los detenidos por conducción peligrosa aumentaron un 8 %, al pasar de 769 en 2025 a 829 en 2026, lo que indica que hay 60 casos más hasta el 14 de mayo. Por otra parte, la mayor cantidad de siniestros viales se concentra en San Salvador, con 2,952 casos, seguido de La Libertad con 1,224 y San Miguel con 1.016.
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Autoridades destruyen cocaína, marihuana y metanfetamina
La Fiscalía General de la República informó que, en coordinación con la Policía, ha destruido diversos tipos de droga, correspondiente a decomisos realizados en la zona occidental y en el área metropolitana de San Salvador.
De acuerdo al detalle, lo incinerado fueron 3,245.26 gramos de marihuana, 53.26 gramos de cocaína y 32.1 gramos de metanfetamina, vinculados a 15 diferentes casos de decomiso.
El valor estimado de esta droga en el narcomenudeo es de $ 84,518.47, informó la Fiscalía.
«Además, se hizo efectiva la destrucción de muestras de droga correspondientes a 36 casos ya finalizados y que habían sido resguardadas para fines procesales de la Superintendencia de Regulación Sanitaria», agregó la institución investigadora.
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Violadores reciben hasta 16 años de cárcel
Dos violadores fueron procesados y condenados hasta con 16 años de cárcel, informó la Fiscalía General de la República.
Uno de los condenados es Daniel Enrique Cruz Jorge, quien purgará una pena carcelaria de 16 años por el delito de violación en perjuicio de una menor de edad.
La Fiscalía General de la República explicó que el delito fue cometido en septiembre de 2023.
«Por medio de una aplicación de mensajería móvil, el sujeto citó a la víctima a una casa del cantón Azacualpa, distrito de Panchimalco, municipio de San Salvador Sur. El imputado amenazó de muerte a la víctima para obligarla a llegar a la vivienda, y ella accedió por temor a las represalias. En ese lugar, el imputado abusó sexualmente de ella», determinó el ministerio público.
El caso fue denunciado y judicializado en 2024 y desde esa fecha el proceso avanzó hasta llegar a la vista pública. Además de la pena carcelaria, el Tribunal Cuarto de Sentencia San Salvador estableció que el violador debe entregar $2,400 en concepto de responsabilidad civil en favor de la víctima.
Otro condenado es Josué Alexander Maradiaga Chacón, quien estará diez años en la cárcel por el delito de violación agravada en perjuicio de una adolescente.
De acuerdo con el expediente fiscal, Chacón privó de libertad a una joven, de 15 años, en horas de la noche el 31 de diciembre 2023.
La privación ocurrió en el barrio San Jacinto, San Salvador Centro. «Se la llevó a un rancho de playa, en La Libertad Costa. En ese lugar la mantuvo retenida por dos días y la obligó a ingerir bebidas alcohólicas y drogas, para abusarla», detalló la fuente fiscal.
Debido a los abusos, la víctima quedó embarazada y presentaba diversos moretes en su cuerpo. Luego de cometer la violación, el imputado regresó a la joven a su casa.
La madre de la joven al verla en ese estado la confrontó y al enterarse de lo sucedido acudió a interponer la respectiva denuncia contra Chacón.
La condena fue impuesta en presencia del imputado por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, luego de valorar la abundante prueba documental, pericial y testimonial que presentó la entidad fiscal durante el juicio.




