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El Salvador compartió exitosa estrategia antipandillas en reunión de ministros de Seguridad de Centroamérica, México y República Dominicana
El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, compartió con sus homólogos de la región los avances que ha logrado el país tras la implementación del Plan Control Territorial y la Guerra Contra Pandillas.
Durante el encuentro, que reúne a los titulares de Seguridad de Centroamérica, México y República Dominicana, el ministro expuso los resultados de la estrategia que impulsa el país para enfrentar el fenómeno criminal que durante varias décadas mantuvo a las comunidades salvadoreñas en zozobra.
La reunión, que se realizó en Guatemala, tiene entre sus objetivos estrechar lazos de cooperación, fortalecer la comunicación y unificar esfuerzos para enfrentar los problemas de seguridad comunes de la región, como las pandillas, el narcotráfico y la lucha contra el crimen organizado transnacional.
El titular de seguridad destacó la importancia de este tipo de reuniones donde los países comparten sus experiencias sobre lo que están haciendo en materia de seguridad pública para poder replicar lo bueno ajustado a cada una de nuestras realidades.
“Hemos pasado más de 40 o 50 años recibiendo recetas de organizaciones internacionales que supuestamente nos iban a ayudar a combatir un flagelo de inseguridad, pero ninguna de esas recetas ha podido curar esa enfermedad”, expresó el ministro en su intervención.
Además, se refirió al Plan Control Territorial, la estrategia salvadoreña liderada por el Presidente Nayib Bukele, que se ha convertido en un referente entre los países del área, que han mostrado su interés en conocer esta exitosa política pública que permitió a El Salvador convertirse en el más seguro de Latinoamérica.
“El camino que El Salvador ha tomado es un camino soberano, independiente, elaborado por salvadoreños, atendiendo la realidad de los salvadoreños; sabemos cuál es el principal enemigo de la sociedad y a ese enemigo es que nos estamos enfrentando”, afirmó el ministro Villatoro.
En este momento el país tiene la tasa más baja de homicidios por cada 100 mil habitantes, incluso por debajo de naciones como Canadá.
“Traemos resultados tangibles de lo que estamos haciendo. Los expertos decían que no había forma de que El Salvador saliera de ese cáncer de las pandillas; sin embargo, les estamos demostrando que cuando hay un liderazgo firme y valiente como el de nuestro Presidente Nayib Bukele y un Gabinete de Seguridad con un inmenso amor por su país y su gente, las cosas sí se pueden cambiar”, señaló el ministro.
En nueve meses de guerra contra estas estructuras criminales, añadió el titular, se lograron revertir más de 25 años de violencia y se liberó a un país que estaba secuestrado por estos grupos terroristas.
Elementos de la Fuerza Armada ubicaron a un menor de 16 años durante un patrullaje preventivo realizado en la urbanización Tikal Norte, en Apopa.
De acuerdo con el informe de los militares, en el teléfono del adolescente fueron encontrados videos que presuntamente lo vinculan con la estructura criminal 18 Revolucionarios.
Tras el procedimiento, el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, destacó la labor de los efectivos y reiteró el llamado a los jóvenes para que se alejen de las pandillas.
“Cualquier intento de seguir el camino de las pandillas tendrá consecuencias. No permitiremos que se repitan las conductas que tanto daño causaron en el pasado”, expresó el funcionario.
El Tribunal contra el Crimen Organizado recibió la acusación presentada por la Fiscalía General de la República contra 563 pandilleros del Barrio 18, a quienes se les vincula con 14,488 delitos cometidos entre 2012 y 2022.
Los imputados son señalados por delitos como rebelión, pertenencia a estructura criminal, homicidio agravado, extorsión agravada, tráfico ilícito y actos de terrorismo. De acuerdo con la Fiscalía, 275 de los acusados pertenecen a la fracción sureña y 288 a la fracción revolucionaria.
Según el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, a los cabecillas se les atribuyen los delitos de pertenecer a una estructura criminal y rebelión, por presuntamente intentar imponer un Estado criminal, además de estar vinculados a otros 269 casos.
La Fiscalía detalló que entre los hechos que se les imputan figura la masacre de 11 trabajadores en San Juan Opico y otra masacre ocurrida en el centro penal de Quezaltepeque.
Asimismo, se les atribuyen ocho casos de terrorismo cometidos en 2015, entre ellos atentados contra la delegación policial de Quezaltepeque y contra el Centro Judicial Isidro Menéndez, hecho en el que murió un agente de seguridad.
Entre los casos señalados también se encuentran atentados con explosivos contra el Ministerio de Seguridad y Justicia y contra una sede de la Fiscalía General de la República en Santa Tecla.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, entre los imputados figuran presuntos miembros históricos de esa estructura criminal, entre ellos César Daniel Renderos Díaz, alias “Muerto de las Palmas”, y Carlos Alberto Rivas Barahona, alias “Chino Tres Colas”, identificados como fundadores de las facciones revolucionaria y sureña, respectivamente.
La prueba pericial reveló el grado de violencia extrema al que la víctima fue sometida por su padre.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 50 años de prisión a Roberto Martínez Guzmán por el homicidio agravado de su hijo de cinco meses.
Los hechos ocurrieron en la vivienda de la familia de la víctima, ubicada en el cantón y calle Palo Grande, en el distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur.
Según la información acreditada en el juicio, la víctima nació de forma prematura y con condiciones críticas de salud. Tras permanecer un tiempo hospitalizado, recibió el alta médica el 26 de septiembre de 2024. El personal médico instruyó a los padres para llevar al recién nacido al Hospital Nacional Saldaña para sus controles de seguimiento y mantener cuidados especiales en el hogar, indicaciones que no fueron atendidas.
De acuerdo con las investigaciones, las agresiones ocurrieron luego de que la madre se ausentara de la vivienda durante un día y dejara a su hijo bajo el cuidado de Martínez Guzmán. Horas más tarde, el procesado se comunicó con ella para informarle que el menor tenía la cabeza inflamada. Al regresar a la casa, la mujer trasladó a su hijo de inmediato a un centro médico.
En la Unidad de Salud de Rosario de Mora, el personal médico detectó que la víctima presentaba, entre otros signos, abombamiento de la fontanela (mollera), una fractura en el brazo izquierdo y un shock hipovolémico. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado de urgencia al Hospital Nacional Saldaña, donde falleció el 20 de noviembre de 2024.
El peritaje médico-legal confirmó que la causa de muerte se debió a múltiples complicaciones derivadas de agresiones físicas, entre ellas hemorragias cerebrales, hematomas internos y externos, así como traumatismos craneoencefálicos contusos. Tras determinarse que la víctima estaba bajo la custodia del padre, las autoridades procedieron con la captura de Roberto Martínez Guzmán.
En su fallo, el juez a cargo del caso concluyó que el maltrato físico sufrido por la víctima inició meses antes de su muerte y fue cometido inequívocamente por Roberto Martínez Guzmán en calidad de autor directo. Asimismo, estableció que los hechos fueron ejecutados con alevosía, mediante el uso de violencia extrema y abuso de superioridad, aprovechando la vulnerabilidad y las condiciones de salud del menor.
