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Dermatólogo impostor inyecta silicón a paciente para tratar acné en Ahuachapán
La necesidad de tratar y solucionar un problema de acné llevó a Flor Alejandra Martínez (nombre ficticio) a consultar con un médico dermatólogo, este se identificó como Irving Oswaldo Aguilar Arias, quien no solucionó el trastorno de la piel, por el contrario lo empeoró hasta provocarle una deformación, pues le inyectó en el rostro un líquido.
La víctima relató ante la Unidad de Justicia y Fe Pública de Fiscalía General de la República (FGR) de Santa Ana que todo comenzó el 25 de julio de 2020, cuando asistió al consultorio de Aguilar Arias, situado en la calle principal de caserío Los Limones, en el cantón Barra de Santiago, municipio de Jujutla, departamento de Ahuachapán.
El objetivo de Flor era encontrar alivio a su dolencia dermatológica. Las citas se repitieron el 3 y el 25 de agosto. Los títulos colgados en la pared y otros diplomas no levantaron la sospecha de la mujer de que estaba ante un farsante. La preocupación de Flor vino luego de que el imputado le inyectó un líquido en la cara que le provocó hinchazón y dolor en una parte de su rostro. Ante esto, la víctima decidió acudir a otro médico en San Salvador, donde le tomaron una biopsia que determinó que Aguilar Arias le había aplicado silicón.
El nuevo galeno le recomendó a Flor tres intervenciones quirúrgicas para Falso dermatólogo inyecta silicón a paciente para tratar acné extraer el material. Tras el hallazgo, la víctima interpuso la denuncia ante la Fiscalía y el pasado 28 de junio de 2021 giró la orden administrativa contra el falso dermatólogo por el delito de lesiones y ejercicio ilegal de la profesión y falsedad material en perjuicio de la fe pública. «Durante la investigación se comprobó que el imputado no está autorizado para el ejercicio de la profesión médica, y que con sus acciones la víctima sufrió deformidad, de acuerdo con el reporte del Instituto de Medicina Legal», se lee en el informe fiscal.
El ejercicio ilegal de la profesión dictamina que «el que, sin tener título profesional o autorización para ejercer alguna profesión reglamentada, se atribuyere carácter de tal y la ejerciere o realizare actividades propias de ella», por lo cual será sancionado con prisión de uno a tres años, de acuerdo con el artículo 289 del Código Penal.
Durante 2019 y 2020, a esca – la nacional, la Fiscalía recibió 478 denuncias por este delito, entre estas hay falsos médicos, abogados, ingenieros, arquitectos, entre otros. Solo en el departamento de San Salvador se abrieron 305 casos en 2019 y 117 en 2020; le sigue La Libertad con 10 (2019) y cinco en 2020; San Vicente y Santa Ana reportaron cuatro casos en 2019 y en 2020 registraron dos, según las estadísticas de la Dirección de Análisis, Técnicas de Investigación e Información (DATI).
La DATI detalla que, del total de casos seis personas fueron detenidas en flagrancia en ese período: cuatro en San Salvador, una en San Miguel y en Cuscatlán, respectivamente.
Uno de los casos sonados en el país fue el de dos falsos ingenieros, a quienes el exministro de Obras Públicas en el Gobierno del FMLN Eliud Ayala otorgó la construcción del tramo III del «by-pass» de La Libertad, por $17 millones. Óscar Pacheco Estrada, de 64 años, y Carlos Roberto Morales Rovira están siendo procesados por ejercicio ilegal de la profesión, y por uso y tenencia de documentos falsos.
Pacheco Estrada fue detenido el 21 mayo de 2019, en la residencial Bosques de La Paz, en Ilopango. Mientras que Morales Rovira fue capturado el 7 de julio del mismo año. Pacheco Estrada tiene un proceso judicial en el Juzgado Noveno de Instrucción, y Morales Rovira es procesado en el Juzgado Primero de Instrucción de San Salvador.
En los dos últimos años, la Fiscalía logró que distintos tribunales condenaran a 63 personas por este delito, y 2020 es el año que más sentencias logró el ministerio público, con 60 casos.
UN FALSO MÉDICO DE LA OMS
Dentro de esas condenas destaca la de Pablo Alberto Palomo Barbier, de 60 años, quien con sus atuendos de «médico» y tras afirmar que era un profesional de la Organización Mundial de la Salud (OMS) engañó a una madre y su hija con un falso diagnóstico de una inexistente enfermedad terminal.
Al final, las estafó con $5,090.00 y realizó tocamientos en las partes genitales de una de las víctimas. En febrero de 2020, el Tribunal de Sentencia de La Unión dictó una condena de 10 años de cárcel por los delitos de otras agresiones sexuales, estafa y ejercicio ilegal de la profesión. Las víctimas, de 49 y 23 años, relataron ante el referido tribunal que, por referencias de otras personas, contactaron al falso galeno el 14 enero de 2017, para que atendiera los malestares de salud de la mujer de 23 años.
Indicaron que el encuentro ocurrió en el cantón Huisquil, municipio de Conchagua. «El doctor vestido con gabacha blanca, con su estetoscopio en el cuello y al lado derecho de su pecho un logotipo del Hospital Militar se identificó como Rodolfo Ventura», refirió una de las afectadas; agregó que les manifestó que estaba destacado en el Hospital Militar de San Salvador y que era de nacionalidad estadounidense.
También les dijo que por trabajar para la OMS tenía un programa que permitía que las personas con padecimientos graves fueran trasladadas a Estados Unidos. Las afectadas confiaron en el impostor, que les pidió que la joven se desvistiera completamente para hacerle un examen físico y un TAC vaginal. El reporte fiscal detalla que Palomo Barbier realizó tocamientos indebidos a la ofendida.
El Viceministerio de Transporte (VMT) multó con $750 al creador de contenido «Yeik» por varias infracciones a la Ley de Tránsito.
La institución sancionó al tiktoker luego de la circulación de un video en redes sociales donde el imputado ocasionó un siniestro vial donde colisionó contra otro motociclista.
Las multas fueron por conducir sin estar autorizado ($150); conducir haciendo uso del celular ($150); circular después de las 18 horas y antes de las 6 del día siguiente sin que el motociclista porte chaleco o implementos reflectivos ($150); circular sin placas ($150); conducir en zigzag ($100) y no portar tarjeta de circulación ($50).
Las autoridades también le decomisaron la motocicleta por circular sin placas ni tarjeta de circulación.
Tras conocer las sanciones, el titular del VMT, Nelson Reyes, reaccionó en su cuenta de la red X y escribió: «el respeto a la ley no es opcional. Quien ponga en riesgo la vida de los demás deberá responder por sus acciones. Seguiremos aplicando la normativa con firmeza para garantizar la seguridad vial de todos los salvadoreños».
A ocho años de prisión fue condenado José Alfredo Centeno Cantón, por el delito de tráfico ilegal de personas.
En el juicio, la Fiscalía General de la República estableció que fue detenido de forma infraganti transportando a 12 personas a quienes pretendía trasladar hasta Guatemala y con una promesa de llevarlos en «un viaje seguro» a Estados Unidos.
Centeno Cantón fue detenido el 15 de enero de 2024, en un retén que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) habían instalado en el km 92 de la carretera Panamericana, caserío Paraje Galán, cantón San Vicente, de Candelaria de la Frontera, Santa Ana.
El plan del ahora condenado era dirigirse hacia un punto fronterizo no habilitado de la zona, para eludir los controles migratorios, ya que entre las personas que transportaba iban cinco menores de edad, los otros siete eran adultos.
En el proceso judicial se mencionó que todos viajaban en una camioneta, eso llamó la atención de los agentes policiales pues al ir sobrecargada y el nerviosismo que mostraron generó sospecha que podrían estar frente a un caso de tráfico de personas.
Ese control policial siempre ha sido estratégico ya que obligadamente se debe pasar por ese punto y por la ubicación los agentes con su experiencia pueden detectar cualquier irregularidad de los viajeros.
Llamó la atención que en una sola unidad de transporte fueran cinco menores sin ninguno de sus padres o familiares cercanos y que la custodia fuera a cargo de una persona que ni conocían.
Además, al ser entrevistado, hubo incongruencias en las respuestas de los adultos, así como de los niños, no portaban la respectiva documentación que asegura un registro legal en la frontera San Cristóbal, que era la más próxima al control vehicular donde fueron ubicados.
Con la información aportada por las víctimas, los agentes consultaron a sus superiores y luego a la Fiscalía General de la República para detener a Centeno Cantón y que le iniciaron el respectivo proceso penal.
En la fase de investigación el ministerio público obtuvo información de las víctimas, quienes confirmaron que iban hacia Estados Unidos y que los iban a pasar por un punto no habilitado hacia Guatemala.
El plan era que, del vecino país los iban a mover hacia la frontera con México donde serían entregadas a otras personas para continuar la ruta a Estados Unidos ya que ese fue el acuerdo pactado.
«El fiscal del caso dijo que las 12 víctimas eran cinco niños y siete adultos todos salvadoreños y que habían pagado una parte del dinero y la otra la harían efectiva al llegar a su destino», así lo publicó el ministerio público.
En la vista pública el tribunal tuvo acceso a testimonios de las víctimas, así como de los agentes policiales que hicieron el procedimiento de localización de las víctimas y captura del traficante de personas.
La abogada Ángela Maritza Díaz de Vásquez y Douglas Enrique Vega Guerrero, fueron condenados a penas de tres y nueve años de prisión por falsedad documental agravada y estafa.
La primera admitió la falsedad mediante un procedimiento abreviado ante el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador, y la pena de tres años es sometida a una suspensión condicional bajo reglas de conducta consistente en no cambiar de domicilio, además queda inhabilitada para ejercer la profesión hasta que haya cumplido la condena; también deberá de pagar $500 a una de las víctimas.
Mientras que Vega Guerrero cumplirá en un centro penal los nueve años por tres casos de estafa, más el pago total de $14,600 en concepto de responsabilidad civil a las tres víctimas que engañó.
La Fiscalía General de la República probó en el juicio que las estafas fueron cometidas entre el 2022 y 2023, en diversos distritos del departamento de San Salvador.
El estafador utilizó redes sociales para ofrecer una variedad de productos, a los afectados les propuso venderles vehículos y les pidió dinero como adelanto.
Los denunciantes dijeron que luego de entregarle diversas cantidades de dinero, Vega Guerrero cortó todo tipo de comunicación y no lo pudieron contactar por ninguna vía.
A una de las víctimas le ofreció un vehículo por $4,800 y le manifestó que para adquirirlo debía darle $4,000 como anticipo, ese hecho ocurrió en mayo de 2023.
En las pesquisas que las autoridades realizaron obtuvieron información del afectado quien dijo que pagó y recibió el automotor, pero el auto presentó desperfectos mecánicos y estaba a nombre de otra persona, quien había denunciado que se lo habían robado.
En la vista pública quedó probado que Douglas Enrique Vega Guerrero, detenido en febrero de 2024, en los tres casos de estafa actuó con dolo, sabía perfectamente que estaba ante hechos de estafa.
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