Nacionales
Dermatólogo impostor inyecta silicón a paciente para tratar acné en Ahuachapán
La necesidad de tratar y solucionar un problema de acné llevó a Flor Alejandra Martínez (nombre ficticio) a consultar con un médico dermatólogo, este se identificó como Irving Oswaldo Aguilar Arias, quien no solucionó el trastorno de la piel, por el contrario lo empeoró hasta provocarle una deformación, pues le inyectó en el rostro un líquido.
La víctima relató ante la Unidad de Justicia y Fe Pública de Fiscalía General de la República (FGR) de Santa Ana que todo comenzó el 25 de julio de 2020, cuando asistió al consultorio de Aguilar Arias, situado en la calle principal de caserío Los Limones, en el cantón Barra de Santiago, municipio de Jujutla, departamento de Ahuachapán.
El objetivo de Flor era encontrar alivio a su dolencia dermatológica. Las citas se repitieron el 3 y el 25 de agosto. Los títulos colgados en la pared y otros diplomas no levantaron la sospecha de la mujer de que estaba ante un farsante. La preocupación de Flor vino luego de que el imputado le inyectó un líquido en la cara que le provocó hinchazón y dolor en una parte de su rostro. Ante esto, la víctima decidió acudir a otro médico en San Salvador, donde le tomaron una biopsia que determinó que Aguilar Arias le había aplicado silicón.
El nuevo galeno le recomendó a Flor tres intervenciones quirúrgicas para Falso dermatólogo inyecta silicón a paciente para tratar acné extraer el material. Tras el hallazgo, la víctima interpuso la denuncia ante la Fiscalía y el pasado 28 de junio de 2021 giró la orden administrativa contra el falso dermatólogo por el delito de lesiones y ejercicio ilegal de la profesión y falsedad material en perjuicio de la fe pública. «Durante la investigación se comprobó que el imputado no está autorizado para el ejercicio de la profesión médica, y que con sus acciones la víctima sufrió deformidad, de acuerdo con el reporte del Instituto de Medicina Legal», se lee en el informe fiscal.
El ejercicio ilegal de la profesión dictamina que «el que, sin tener título profesional o autorización para ejercer alguna profesión reglamentada, se atribuyere carácter de tal y la ejerciere o realizare actividades propias de ella», por lo cual será sancionado con prisión de uno a tres años, de acuerdo con el artículo 289 del Código Penal.
Durante 2019 y 2020, a esca – la nacional, la Fiscalía recibió 478 denuncias por este delito, entre estas hay falsos médicos, abogados, ingenieros, arquitectos, entre otros. Solo en el departamento de San Salvador se abrieron 305 casos en 2019 y 117 en 2020; le sigue La Libertad con 10 (2019) y cinco en 2020; San Vicente y Santa Ana reportaron cuatro casos en 2019 y en 2020 registraron dos, según las estadísticas de la Dirección de Análisis, Técnicas de Investigación e Información (DATI).
La DATI detalla que, del total de casos seis personas fueron detenidas en flagrancia en ese período: cuatro en San Salvador, una en San Miguel y en Cuscatlán, respectivamente.
Uno de los casos sonados en el país fue el de dos falsos ingenieros, a quienes el exministro de Obras Públicas en el Gobierno del FMLN Eliud Ayala otorgó la construcción del tramo III del «by-pass» de La Libertad, por $17 millones. Óscar Pacheco Estrada, de 64 años, y Carlos Roberto Morales Rovira están siendo procesados por ejercicio ilegal de la profesión, y por uso y tenencia de documentos falsos.
Pacheco Estrada fue detenido el 21 mayo de 2019, en la residencial Bosques de La Paz, en Ilopango. Mientras que Morales Rovira fue capturado el 7 de julio del mismo año. Pacheco Estrada tiene un proceso judicial en el Juzgado Noveno de Instrucción, y Morales Rovira es procesado en el Juzgado Primero de Instrucción de San Salvador.
En los dos últimos años, la Fiscalía logró que distintos tribunales condenaran a 63 personas por este delito, y 2020 es el año que más sentencias logró el ministerio público, con 60 casos.
UN FALSO MÉDICO DE LA OMS
Dentro de esas condenas destaca la de Pablo Alberto Palomo Barbier, de 60 años, quien con sus atuendos de «médico» y tras afirmar que era un profesional de la Organización Mundial de la Salud (OMS) engañó a una madre y su hija con un falso diagnóstico de una inexistente enfermedad terminal.
Al final, las estafó con $5,090.00 y realizó tocamientos en las partes genitales de una de las víctimas. En febrero de 2020, el Tribunal de Sentencia de La Unión dictó una condena de 10 años de cárcel por los delitos de otras agresiones sexuales, estafa y ejercicio ilegal de la profesión. Las víctimas, de 49 y 23 años, relataron ante el referido tribunal que, por referencias de otras personas, contactaron al falso galeno el 14 enero de 2017, para que atendiera los malestares de salud de la mujer de 23 años.
Indicaron que el encuentro ocurrió en el cantón Huisquil, municipio de Conchagua. «El doctor vestido con gabacha blanca, con su estetoscopio en el cuello y al lado derecho de su pecho un logotipo del Hospital Militar se identificó como Rodolfo Ventura», refirió una de las afectadas; agregó que les manifestó que estaba destacado en el Hospital Militar de San Salvador y que era de nacionalidad estadounidense.
También les dijo que por trabajar para la OMS tenía un programa que permitía que las personas con padecimientos graves fueran trasladadas a Estados Unidos. Las afectadas confiaron en el impostor, que les pidió que la joven se desvistiera completamente para hacerle un examen físico y un TAC vaginal. El reporte fiscal detalla que Palomo Barbier realizó tocamientos indebidos a la ofendida.
Principal
Denuncian al rector y vicerrectora de la UES por presunto nepotismo, sobornos y malversación
Una denuncia interpuesta ante el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) coloca bajo escrutinio a las dos principales autoridades de la Universidad de El Salvador (UES). El escrito señala al rector Juan Rosa Quintanilla Quintanilla y a la vicerrectora académica Evelyn Beatriz Farfán Mata por la presunta comisión de actos de nepotismo, soborno y malversación de fondos públicos desde el inicio de su gestión en octubre de 2023.
En su primer apartado, la denuncia solicita esclarecer una posible relación marital entre ambos funcionarios. Según el documento, serían pareja desde hace varios años y estarían casados desde aproximadamente 2023, lo de confirmarse, podría representar un conflicto de interés, debido a la relación jerárquica entre los cargos que ocupan dentro de la institución.
El escrito también menciona que dicha relación no habría sido informada oficialmente, lo que, a criterio de los denunciantes, podría afectar la imparcialidad en la toma de decisiones administrativas en la universidad.
En un segundo punto, la denuncia pide investigar posibles beneficios otorgados por la empresa Huawei, en el marco de contratos vinculados a proyectos tecnológicos en la UES. Entre los señalamientos se incluyen viajes y otros gastos que habrían sido asumidos por la compañía, por lo que se solicita determinar si estos constituyen dádivas prohibidas por la legislación vigente.
Finalmente, el documento expone posibles irregularidades en el uso de fondos públicos asignados a la universidad. Se señala que recursos destinados a investigación científica y fortalecimiento docente no habrían sido ejecutados conforme a lo establecido, por lo que se pide trasladar el caso a la Corte de Cuentas de la República para una auditoría especial que permita verificar el manejo de estos fondos.
Hasta el momento, las autoridades mencionadas no han emitido una postura oficial sobre los señalamientos contenidos en la denuncia.
Principal
Avanzan en levantamiento de información para ejecutar Plan Maestro La Bretaña, en San Martín
El Ministerio de Vivienda informó que equipos técnicos y sociales, con acompañamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), realizan el levantamiento de información para la elaboración del Plan Maestro La Bretaña, en el distrito de San Martín, en San Salvador Este.
De acuerdo con la titular de la institución, Michelle Sol, el proceso incluye un censo comunitario y de vivienda mediante formularios georreferenciados que permitirán recopilar datos clave para la planificación del territorio.
El levantamiento de información se desarrolla en tres niveles:
– Hogar: se evalúan condiciones de habitabilidad y el acceso a servicios básicos.
– Manzana: se analiza la infraestructura urbana, equipamientos y espacios públicos disponibles.
– Asentamiento: se revisan aspectos como conectividad, riesgos y cobertura de servicios.
Las autoridades señalaron que estos datos permitirán priorizar futuras intervenciones para fortalecer el desarrollo urbano, con un enfoque más ordenado, resiliente y sostenible para las comunidades del sector.
Además, el Sistema de Vivienda destacó que en la zona ya se han impulsado diferentes acciones, entre ellas la construcción de un proyecto de apartamentos, procesos de legalización de comunidades y la edificación de viviendas, como parte de los esfuerzos para mejorar las condiciones habitacionales de las familias.
Principal
Sala de lo Constitucional fija criterios legales y éticos para el uso de inteligencia artificial en instituciones públicas y tribunales
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador emitió una resolución que fija criterios éticos y legales para el uso de la inteligencia artificial generativa en instituciones públicas y en el sistema judicial.
La decisión se adoptó el 13 de marzo de 2026 dentro del proceso de inconstitucionalidad 57-2025. El caso surgió después de que ciudadanos utilizaron inteligencia artificial para redactar una demanda.
Ante esa situación, el tribunal analizó el alcance del uso de esta tecnología. Además, explicó qué se entiende por inteligencia artificial, cuáles son sus tipos y cómo funciona.
Análisis de la relación entre inteligencia artificial y derechos fundamentales
Durante el proceso, la Sala revisó normas nacionales e internacionales sobre el desarrollo y uso de inteligencia artificial.
El tribunal también examinó cómo estas herramientas interactúan con los derechos fundamentales de las personas.
Según la resolución, la inteligencia artificial puede ofrecer beneficios en la gestión pública. Sin embargo, también puede generar riesgos si no existen controles adecuados.
Por ello, la Sala subrayó la necesidad de aplicar criterios éticos y jurídicos en su implementación.
Uso de inteligencia artificial en la administración pública
La resolución indicó que la inteligencia artificial puede agilizar trámites, mejorar la eficiencia institucional y apoyar la gestión pública.
No obstante, el tribunal advirtió que el uso de sistemas automatizados debe evitar riesgos como la discriminación algorítmica causada por sesgos en los sistemas.
Por esa razón, las instituciones deben aplicar controles que garanticen transparencia y respeto a los derechos ciudadanos.
Límites al uso de IA en la administración de justicia
En el ámbito judicial, la Sala señaló que toda persona tiene derecho a un juez humano y a un procurador humano.
Por lo tanto, el uso de inteligencia artificial en tribunales debe mantenerse bajo supervisión humana obligatoria.
El tribunal estableció varios principios para el uso responsable de esta tecnología. Entre ellos destacan transparencia, responsabilidad, privacidad, control humano y prevención de riesgos.
Además, incluyó criterios de igualdad, verificación, ética, buenas prácticas y adaptación constante.
Con esta resolución, la Sala busca equilibrar el avance tecnológico con las obligaciones del Estado y la protección de los derechos de los ciudadanos.
