El alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, suma una nueva demanda en su contra. Concejales de ARENA en su calidad de ciudadanas llegaron esta mañana a la Fiscalía General de la República (FGR) para interponer un aviso por actos arbitrarios y por el mal uso de fondos públicos.

Esta semana la Corte de Cuentas de la República (CCR) condenó administrativamente al edil por incumplir el pago de la deuda que tiene con la empresa MIDES por el servicio de disposición final de desechos sólidos en el relleno sanitario de Nejapa, pese a contar con los fondos para cancelar. Asimismo, el alcalde fue condenado por el impago de las retenciones laborales a empelados de la comuna.

“La resolución de la corte lo condena por el mal uso de los fondos públicos y exactamente en el tema de las tasas de recolección de servicio de basura en el municipio de San Salvador. A la empresa MIDES en la auditoría se le tiene adeudado más de 32 facturas las cuales ascendían a $750 mil y por esa cantidad dentro de la auditoría se refleja que sí había una recolección de $16 millones y no se ocuparon para pagar las facturas de MIDES que es el deber ser de la tasa”, señaló la concejal, Arlyn Rivas.

Muyshondt ha insistido en que los señalamientos por parte de la empresa MIDES y los trabajadores que llevan un año exigiendo el pago de las retenciones laborales, no son más que ataques en su contra fabricados por la oposición. Sin embargo, la sentencia de la CCR descarta tales afirmaciones.

La sentencia de la CCR surge luego que la Fiscalía General de la República emitió una resolución en la que confirma que hubo un uso irregular en los ingresos y gastos de la alcaldía de parte del alcalde, tal como lo establece una auditoría de la Corte de Cuentas hecha a los ingresos municipales en el período del 1 de mayo de 2018 al 31 de mayo de 2019.

La Cámara Ambiental de Segunda Instancia encontró culpable al exministro de Agricultura y Ganadería, Orestes Ortez, por permitir daños al medio ambiente durante su gestión al frente de la institución de gobierno.

Ortez estuvo a la cabeza del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) durante la gestiones de Mauricio Funes y Sánchez Cerén.

Junto a Ortez fue procesada, también, la exministra de Medio Ambiente, Lina Pohl, por permitir daños ambientales en el cerro El Aguila de Ahuachapán,

“El proceso fue absolutorio para la licencia Lina Pohl y condenatorio para el licenciado Orestes Ortez (…) dos de los tres magistrados consideran que quien tiene más especificas las obligaciones de cuidado de la zona forestal es el MAG y no el MARN”, señaló el abogado de Pohl.

El abogado de Ortez indicó que ingresarán un recurso, ya que según él el daño ambiental fue realizado en una área privada y no del estado.

La Asociación Ecológica para Acción y Protección del Medio Ambiente “Tierra Verde” (Aeproterra), interpuso la demanda civil por la tala indiscriminada de árboles.

Según la demanda de la ONG, el área afectada es un aproximado de 14 manzanas, que se encuentran entre el límite de los municipios de Juayúa, Sonsonate y Chalchuapa.

El cerro El Águila, tiene diversas propiedades privadas y asentamientos humanos, asimismo una parte de este fue declarado en el año 2005 como Área Natural Protegida (publicado en el Diario Oficial tomo 366 año 2005).

Según Aeproterra, el potencial de la zona natural son los mantos acuíferos, asimismo, habitaban 27 especies de mamíferos, como el zorrillo espalda blanca y el tepezcuintle, dos especies protegidas y fueron afectadas 71 clases de aves, varias de estas en peligro de extinción.

El Gobierno del Presidente Nayib Bukele ha demostrado la capacidad del Sistema Nacional de Salud al vacunar en menos de 10 días a más de 16 mil profesionales de la salud que enfrentan en primera línea el COVID-19, por lo que está preparado para inmunizar a los 4.5 millones de salvadoreños de forma progresiva y eficiente, en la medida que vayan llegando más dosis del fármaco al país.

Desde el 17 de febrero, el Gobierno ha desplegado una logística para la aplicación de la vacuna que ha logrado llegar a todo el territorio, priorizando a los profesionales de la salud del sector público y privado, quienes aún combaten la pandemia en primera línea.

“Este proceso de vacunación es tanto para el sector público como privado, porque no hay diferencia, y nos da alegría que los profesionales reconozcan que se está llevando la vacuna a todos”, manifestó el ministro de Salud, Francisco Alabi.

El Gobierno reconoce la labor del personal de salud, que desde el inicio de la pandemia se ha mantenido al frente para salvaguardar la vida de los salvadoreños.

El Presidente Bukele garantizó que se les brindara los equipos de protección necesarios, las mejores condiciones en la red nacional de hospitales, la cual estuvo en total abandono por parte de los gobiernos anteriores, equipos modernos para la atención de los pacientes y, además, aumento salarial y la estabilidad laboral que ninguna administración les aseguró.

El personal de salud es fundamental para continuar enfrentando la pandemia, mientras se logra inmunizar a toda la población, por lo que el Gobierno seguirá con el amplio despliegue logístico en todo el país hasta cumplir con la aplicación de las primeras 20 mil dosis de la vacuna de AstraZeneca.

Todas las acciones del Gobierno durante la pandemia han sido reconocidas, no solo por la población, sino a escala internacional, donde organismos internacionales destacan el importante logro de mantener controlada la enfermedad, que se demuestra con las cifras más bajas de contagios y de fallecidos en la región.

Con la llegada de la vacuna anti COVID-19, el Gobierno reafirmó su compromiso con el bienestar de la población, pues gracias a las gestiones tempranas y oportunas se logró que El Salvador sea uno de los primeros países en obtenerla.