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CAMPO PAGADO – MIDES, S.E.M. DE C.V.
A LA CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA, MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, MINISTERIO DE SALUD, FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y ALCALDÍA DEL PUERTO DE LA LIBERTAD, HACEMOS SABER:
Como empresa de Economía Mixta, respetuosa y que cumple al CIEN POR CIENTO lo que ordena la Ley, denunciamos públicamente con el debido decoro, la persecución bancaria, ilegal, mediática e infundada que sufre nuestra Compañía al igual que nuestro accionista mayoritario, Enrique Rais.
Esto es parte de un Plan Orquestado por el Señor SALUME y otros; con el fin de eliminarnos del mercado y ya no poder participar en la renovación de los contratos de desechos sólidos de las alcaldías, cuyo valor asciende a $ 480 millones de Dólares.
Hemos logrado en el curso de 20 años alcanzar estándares internacionales y certificaciones de Naciones Unidas; como la certificacion UNFCC del Protocolo de Kioto, único Relleno Sanitario en lograrlo a nivel Latinoamericano. También somos los únicos en El Salvador en destruir los gases metano, efecto invernadero y altamente dañino para la salud de los Salvadoreños y prohibidos en nuestro código penal arts. 255 y 256. Al no poder competir de forma técnica con nuestro Relleno Sanitario, solo les queda destruir nuestra reputación y nuestra empresa, iniciando con una campaña mediática de Diario1.com, Prensa Gráfica, Revista Factum y utilizando seudo periodistas como Héctor Silva, Lafitte Fernández y Gabriel Trillos de la Prensa Gráfica, quienes han publicado sobre la persona de Enrique Rais y MIDES al menos 237 artículos repetidos falsos y denuncias anónimas de narcotráfico y negociaciones ilícitas en Honduras, sobre todo en la licitación de Puerto Cortés en la que jamás participamos; muy a pesar de haberse ya comprobado por las mismas autoridades del Estado de la Florida, la falsa denuncia anónima, siguen desinformando y mintiendo sobre el mismo tema.
Y es que destruyendo e imposibilitando a MIDES y Enrique Rais, de participar en la renegociación, pensaron que tenían el camino fácil, al igual que lograron apartar del Mercado a la Empresa Gumarsal en el tema de las harinas que tanto afectó a todos los Salvadoreños por incrementar fraudulentamente los precios.
Acabamos de ver y confirmar como actúa el Señor Salume, logrando firmar contrato con la Alcaldía de Santa Tecla, muy a pesar que nuestro contrato aun se encuentra vigente, situación que nos ha obligado a iniciar un arbitraje legal. El Fin Justifica los Medios, eso está aplicando el Señor Salume, mentir a CEPA, mentir a la municipalidad de Santa Tecla, mentir a otras 24 Alcaldías, diciendo que cuenta con los permisos de Medio Ambiente, cuando quien tiene esa autorización es la Alcaldía del Puerto de La Libertad para un Relleno manual para procesar 12 toneladas diarias; y con eso y otras mañas, ha ganado licitaciones, como la de CEPA y Santa Tecla, y asi poder llegar a los CUATROCIENTOS OCHENTA MILLONES DE DÓLARES, por los próximos VEINTIÚN AÑOS, CON ESE FIN EL SR. SALUME JUSTIFICA LOS MEDIOS.
Esto lo hemos documentado ampliamente y presentaremos una demanda en los Estados Unidos de América, demostrando el LAWFARE, que desde el año 2011, vienen realizando contra Enrique Rais y nuestra empresa. Ampliaremos la denuncia ante la CIDH, por los ataques sistemáticos difamatorios en nuestra contra, auspiciados por el Sr. Salume y facilitados por medios de comunicación y periodístas inescrupulosos, muchos de ellos, que inclusive han pasado los últimos días en angustia para que no se descubra su podredumbre al haberse enriquecido ilícitamente, producto de las “mentas” que recibieron, como parte de la “Corrupción” que hoy conocemos a través de las confesiones realizadas por el Ex Presidente Saca, al igual que lo hizo publico otro ExPresidente sobre las “mentas” que recibieron Héctor Silva, su papá, su Hermana y su mamá, periodista de INSIGHT CRIME, de donde sale el nombre de Enrique Rais, en la famosa lista de los Congresistas.
No descansaremos hasta que se sepa toda la verdad y asi limpiar nuestro nombre y pediremos cuentas legales a todas estas personas que se han prestado para desprestigiar ilegalmente nuestra compañia, al igual que lo ha hecho el Banco Hipotecario y Banco Agricola, ahora que sale a la luz toda la participacion en el caso Saca y cual es su verdadera imagen “ Reputacional”.
Este Plan inicia en el año 2012 :
- El Sr. Salume inicia competencia en los desechos Bio-Infecciosos en San Miguel y simultaneamente reconvierten un botadero de La Libertad para desechos sólidos. Inician comunicados difamatorios creados por Lafitte Fernández, en ese mismo año ponemos la demanda por Extorsión contra los canadienses Matteo Pasquale y Franco Pacetti.
- Casualmente La Prensa Gráfica, no ha ocupado la misma intensidad, ni investigación, con la que ha publicado información sobre la supuesta corrupción en la que habría participado el Sr. Enrique Rais, que solamente surge en el ideario de los dueños nominativos de ese medio y del Sr. Salume; y por el contrario no informan debidamente a la sociedad civil, sobre la verdadera corrupción, que es la que se está destapando a partir de las confesiones realizadas por el Ex Presidente Saca.
- Ahora, el Sr. Salume, en conspiración con funcionarios y periodistas (que han recibido “mentas” de la corrupción) y los canadieneses Matteo Pasquale y Franco Pacetti, han fabricado una trama, engañando a Congresistas de los Estados Unidos de América, con información falaz que ellos mismos fabricaron contra Enrique Rais.
- Y todo para intentar que se sancione al Sr. Rais, a través de aplicar la Magnitsky Act. Cuando resulta que Enrique Rais:
- NO ES, NI HA SIDO NUNCA FUNCIONARIO PÚBLICO
- JAMÁS HA ADMINISTRADO, NI RECIBIDO FONDOS PÚBLICOS.
- NUNCA HA SIDO UN CAUSANTE, PROVOCADOR O DIRECTAMENTE COMETIDO VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS, SINO POR EL CONTRARIO, SON SUS DERECHOS HUMANOS LOS QUE HAN SIDO VIOLADOS CON LA FABRICACIÓN DE UN JUICIO PENAL Y UNA SERIE DE PERSECUCIONES PENALES ARBITRARIAS.
De manera que atrás de este engaño a los Congresistas, solamente existen intereses económicos empresariales desleales del Sr. Salume y como es un delito gravísimo mentir a una autoridad pública en los Estados Unidos, el Sr. Enrique Rais, está dispuesto a llegar a las últimas consecuencias para que se descubra quiénes fueron las personas que mintieron y engañaron a los Congresistas.
- Finalmente, consecuente a nuestra forma de actuar y hacer negocios de manera transparente y directa, informamos que el botadero del Puerto de La Libertad, propiedad del Sr. Salume no cuenta con permiso de funcionamiento para dar tratamiento a los desechos Municipales ni empresas privadas. Lo que significa que se está incurriendo en CONTAMINACIÓN AMBIENTAL AGRAVADA, vamos a pedir revisión de los procesos de licitación o contratación pública en que han participado y han sido adjudicados, ya que podrían haber cometido falsedad en la documentación aportada para comprobar su permiso de funcionamiento que no tienen. Por tanto hacemos un llamado a las autoridades públicas inicialmente enunciadas, para que en el mismo sentido, se ocupen de realizar conforme a la ley y sus competencias, las fiscalizaciones correspondientes a estas solicitudes. También informamos a la Alcaldía del Puerto de La Libertad, la gravedad de los hechos, tomando en cuenta que según el MARN, dicha alcaldia es la titular de los supuestos permisos.
Nosotros jamás haremos competencia deseal, pero si exigimos que se cumpla la ley, y que esta sea igual para todos como reza nuestra Constitucion.
Licda. Sofía Jeannette Vásquez Menjívar
Apoderada General Judicial
MIDES, S.E.M. DE C.V.
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En el marco de la conmemoración del 188 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y El Salvador, la Embajada de México en El Salvador desarrolló ayer un conversatorio para reflexionar sobre la importancia de fortalecer estos lazos de cooperación entre los dos países. Ricardo Cantú Garza, embajador de México en El Salvador, comentó que este tipo de eventos sirve «para reconocer cuál ha sido su historia, sus orígenes y con base a eso actuar en el presente con mayor acierto para que las relaciones sigan mejorando».
La conferencia magistral estuvo a cargo de Mario Vásquez, secretario académico del Centro de Investigaciones de América Latina y el Caribe de la Universidad Nacional Autónoma de México y Roberto Turcios, miembro de la Academia Salvadoreña de la Historia, quienes dieron detalles de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones, desde sus primeros años.
Cristian Armando Jacobo Galdámez y José Manuel Calles Menjívar fueron condenados a 40 y 22 años de prisión, respectivamente, por delitos sexuales cometidos en Chalatenango Sur. Los abusos sucedieron durante los años 2017 al 2021.
«De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, Jacobo Galdámez era el vecino de la víctima y desde que ella tenía 10 años la abusó sexualmente. Las agresiones terminaron cuatro años después», explicó la fiscal del caso.
El imputado utilizaba la fuerza y mediante amenazas introducía a la menor a su casa para violarla.
«En cambio, Calles Menjívar era la pareja de un familiar cercano de la niña y aprovechaba de tocarla y violarla cuando visitaba a su abuela», dijo la fiscal.
A Jacobo Galdámez se le condenó a 20 años de prisión por el delito de violación en menor o incapaz continuada y otros 20 por el de agresión sexual en menor o incapaz continuada. Y a Calles Menjívar se le impuso 14 años por violación y ocho más por agresión sexual.
La pandillera Odaly Aracely Pineda Ochoa fue condenada a 16 años de prisión por haber extorsionado durante tres años a una víctima.
«En 2021, la imputada llegó al negocio de la víctima para exigirle el pago mensual de la extorsión a cambio de no atentar contra su vida ni la de sus familiares. Además, se identificó como integrante de la estructura criminal MS-13 para intimidarla y obligarla a entregar el dinero», señaló el fiscal del caso.
Los hechos ocurrieron en el distrito de Cuscatancingo, municipio de San Salvador Centro, departamento de San Salvador. A causa del temor y las constantes amenazas, la víctima realizó los pagos de 2021 a 2024.
«Sin embargo, en este último año decidió denunciar los hechos ante las autoridades, lo que permitió iniciar las investigaciones y emitir una orden administrativa de detención contra la imputada», detalló el fiscal.
Añadió que «durante la vista pública, la representación fiscal presentó abundante prueba testimonial, documental y pericial que demostró la responsabilidad de la acusada. El testimonio de la víctima fue clave para acreditar los hechos».
La condena fue determinada por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
