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CAMPO PAGADO – MIDES, S.E.M. DE C.V.
A LA CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA, MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, MINISTERIO DE SALUD, FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y ALCALDÍA DEL PUERTO DE LA LIBERTAD, HACEMOS SABER:
Como empresa de Economía Mixta, respetuosa y que cumple al CIEN POR CIENTO lo que ordena la Ley, denunciamos públicamente con el debido decoro, la persecución bancaria, ilegal, mediática e infundada que sufre nuestra Compañía al igual que nuestro accionista mayoritario, Enrique Rais.
Esto es parte de un Plan Orquestado por el Señor SALUME y otros; con el fin de eliminarnos del mercado y ya no poder participar en la renovación de los contratos de desechos sólidos de las alcaldías, cuyo valor asciende a $ 480 millones de Dólares.
Hemos logrado en el curso de 20 años alcanzar estándares internacionales y certificaciones de Naciones Unidas; como la certificacion UNFCC del Protocolo de Kioto, único Relleno Sanitario en lograrlo a nivel Latinoamericano. También somos los únicos en El Salvador en destruir los gases metano, efecto invernadero y altamente dañino para la salud de los Salvadoreños y prohibidos en nuestro código penal arts. 255 y 256. Al no poder competir de forma técnica con nuestro Relleno Sanitario, solo les queda destruir nuestra reputación y nuestra empresa, iniciando con una campaña mediática de Diario1.com, Prensa Gráfica, Revista Factum y utilizando seudo periodistas como Héctor Silva, Lafitte Fernández y Gabriel Trillos de la Prensa Gráfica, quienes han publicado sobre la persona de Enrique Rais y MIDES al menos 237 artículos repetidos falsos y denuncias anónimas de narcotráfico y negociaciones ilícitas en Honduras, sobre todo en la licitación de Puerto Cortés en la que jamás participamos; muy a pesar de haberse ya comprobado por las mismas autoridades del Estado de la Florida, la falsa denuncia anónima, siguen desinformando y mintiendo sobre el mismo tema.
Y es que destruyendo e imposibilitando a MIDES y Enrique Rais, de participar en la renegociación, pensaron que tenían el camino fácil, al igual que lograron apartar del Mercado a la Empresa Gumarsal en el tema de las harinas que tanto afectó a todos los Salvadoreños por incrementar fraudulentamente los precios.
Acabamos de ver y confirmar como actúa el Señor Salume, logrando firmar contrato con la Alcaldía de Santa Tecla, muy a pesar que nuestro contrato aun se encuentra vigente, situación que nos ha obligado a iniciar un arbitraje legal. El Fin Justifica los Medios, eso está aplicando el Señor Salume, mentir a CEPA, mentir a la municipalidad de Santa Tecla, mentir a otras 24 Alcaldías, diciendo que cuenta con los permisos de Medio Ambiente, cuando quien tiene esa autorización es la Alcaldía del Puerto de La Libertad para un Relleno manual para procesar 12 toneladas diarias; y con eso y otras mañas, ha ganado licitaciones, como la de CEPA y Santa Tecla, y asi poder llegar a los CUATROCIENTOS OCHENTA MILLONES DE DÓLARES, por los próximos VEINTIÚN AÑOS, CON ESE FIN EL SR. SALUME JUSTIFICA LOS MEDIOS.
Esto lo hemos documentado ampliamente y presentaremos una demanda en los Estados Unidos de América, demostrando el LAWFARE, que desde el año 2011, vienen realizando contra Enrique Rais y nuestra empresa. Ampliaremos la denuncia ante la CIDH, por los ataques sistemáticos difamatorios en nuestra contra, auspiciados por el Sr. Salume y facilitados por medios de comunicación y periodístas inescrupulosos, muchos de ellos, que inclusive han pasado los últimos días en angustia para que no se descubra su podredumbre al haberse enriquecido ilícitamente, producto de las “mentas” que recibieron, como parte de la “Corrupción” que hoy conocemos a través de las confesiones realizadas por el Ex Presidente Saca, al igual que lo hizo publico otro ExPresidente sobre las “mentas” que recibieron Héctor Silva, su papá, su Hermana y su mamá, periodista de INSIGHT CRIME, de donde sale el nombre de Enrique Rais, en la famosa lista de los Congresistas.
No descansaremos hasta que se sepa toda la verdad y asi limpiar nuestro nombre y pediremos cuentas legales a todas estas personas que se han prestado para desprestigiar ilegalmente nuestra compañia, al igual que lo ha hecho el Banco Hipotecario y Banco Agricola, ahora que sale a la luz toda la participacion en el caso Saca y cual es su verdadera imagen “ Reputacional”.
Este Plan inicia en el año 2012 :
- El Sr. Salume inicia competencia en los desechos Bio-Infecciosos en San Miguel y simultaneamente reconvierten un botadero de La Libertad para desechos sólidos. Inician comunicados difamatorios creados por Lafitte Fernández, en ese mismo año ponemos la demanda por Extorsión contra los canadienses Matteo Pasquale y Franco Pacetti.
- Casualmente La Prensa Gráfica, no ha ocupado la misma intensidad, ni investigación, con la que ha publicado información sobre la supuesta corrupción en la que habría participado el Sr. Enrique Rais, que solamente surge en el ideario de los dueños nominativos de ese medio y del Sr. Salume; y por el contrario no informan debidamente a la sociedad civil, sobre la verdadera corrupción, que es la que se está destapando a partir de las confesiones realizadas por el Ex Presidente Saca.
- Ahora, el Sr. Salume, en conspiración con funcionarios y periodistas (que han recibido “mentas” de la corrupción) y los canadieneses Matteo Pasquale y Franco Pacetti, han fabricado una trama, engañando a Congresistas de los Estados Unidos de América, con información falaz que ellos mismos fabricaron contra Enrique Rais.
- Y todo para intentar que se sancione al Sr. Rais, a través de aplicar la Magnitsky Act. Cuando resulta que Enrique Rais:
- NO ES, NI HA SIDO NUNCA FUNCIONARIO PÚBLICO
- JAMÁS HA ADMINISTRADO, NI RECIBIDO FONDOS PÚBLICOS.
- NUNCA HA SIDO UN CAUSANTE, PROVOCADOR O DIRECTAMENTE COMETIDO VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS, SINO POR EL CONTRARIO, SON SUS DERECHOS HUMANOS LOS QUE HAN SIDO VIOLADOS CON LA FABRICACIÓN DE UN JUICIO PENAL Y UNA SERIE DE PERSECUCIONES PENALES ARBITRARIAS.
De manera que atrás de este engaño a los Congresistas, solamente existen intereses económicos empresariales desleales del Sr. Salume y como es un delito gravísimo mentir a una autoridad pública en los Estados Unidos, el Sr. Enrique Rais, está dispuesto a llegar a las últimas consecuencias para que se descubra quiénes fueron las personas que mintieron y engañaron a los Congresistas.
- Finalmente, consecuente a nuestra forma de actuar y hacer negocios de manera transparente y directa, informamos que el botadero del Puerto de La Libertad, propiedad del Sr. Salume no cuenta con permiso de funcionamiento para dar tratamiento a los desechos Municipales ni empresas privadas. Lo que significa que se está incurriendo en CONTAMINACIÓN AMBIENTAL AGRAVADA, vamos a pedir revisión de los procesos de licitación o contratación pública en que han participado y han sido adjudicados, ya que podrían haber cometido falsedad en la documentación aportada para comprobar su permiso de funcionamiento que no tienen. Por tanto hacemos un llamado a las autoridades públicas inicialmente enunciadas, para que en el mismo sentido, se ocupen de realizar conforme a la ley y sus competencias, las fiscalizaciones correspondientes a estas solicitudes. También informamos a la Alcaldía del Puerto de La Libertad, la gravedad de los hechos, tomando en cuenta que según el MARN, dicha alcaldia es la titular de los supuestos permisos.
Nosotros jamás haremos competencia deseal, pero si exigimos que se cumpla la ley, y que esta sea igual para todos como reza nuestra Constitucion.
Licda. Sofía Jeannette Vásquez Menjívar
Apoderada General Judicial
MIDES, S.E.M. DE C.V.
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Judicial
¡ESCÁNDALO DE CORRUPCIÓN! Revelan dádivas por $1.5 millones, viajes en jets privados y vehículos de lujo en el caso Corruptela
El caso Corruptela vuelve a poner bajo la lupa uno de los mayores escándalos de corrupción dentro de la Fiscalía General de la República (FGR). El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador reanudó la audiencia preliminar contra una presunta estructura integrada por 30 personas, entre exfuncionarios, exempleados de la institución y empresarios, señalados de participar en una serie de irregularidades que habrían permitido el desvío de fondos públicos, la manipulación de investigaciones y la entrega de beneficios económicos a cambio de favores.
Uno de los datos más relevantes expuestos en el proceso es la entrega de dádivas valoradas en aproximadamente $1.5 millones, que, según las investigaciones, incluían dinero en efectivo, vehículos de lujo y viajes en aviones privados. Estos beneficios habrían sido utilizados para obtener decisiones favorables dentro del Ministerio Público, entre ellas el archivo irregular de expedientes, la apertura de investigaciones falsas, la manipulación de acusaciones y la ejecución de detenciones ilegales.
Las investigaciones también establecieron un presunto desvío de $735,866.14 procedentes de cuentas especiales y del patrimonio de la Fiscalía. De acuerdo con la acusación, estos recursos habrían sido utilizados para financiar consultorías ficticias, contrataciones ilegales, remodelaciones de viviendas particulares, mantenimiento de vehículos privados, pago de servicios de telefonía personal y viáticos que no correspondían a las funciones institucionales.
La investigación comprende 22 hechos de presunta corrupción relacionados con 30 personas, entre quienes figura el exfiscal general de la República, Luis Antonio Martínez González, señalado como uno de los principales involucrados en el caso. También aparece el exfiscal general adjunto Edgar Isaías Márquez, quien no se presentó a la audiencia preliminar y fue declarado rebelde por la jueza encargada del proceso.
Entre los demás procesados se encuentran Julio Adalberto Arriaza González, José Francisco Paredes Valladares, Mauricio Antonio Yanes Morales y José Dolores Zelaya Mendoza, quienes ocuparon diferentes cargos dentro de la Fiscalía. La investigación también incluye al fallecido expresidente de la República, Carlos Mauricio Funes, así como a empresarios y particulares presuntamente vinculados con las operaciones investigadas.
En el expediente también figuran los empresarios José Aquiles Enrique Rais, Hugo Ernesto Blanco Rais, Aldo Vinicio Parducci, Moisés Torres Polanco y Jorge Moisés Nájera Aguilar. Según la investigación, la presunta red habría utilizado recursos, cargos y facultades de la Fiscalía para favorecer intereses particulares, mediante decisiones que comprometían el funcionamiento de la institución encargada de investigar los delitos en El Salvador.
La audiencia preliminar se desarrolla a puerta cerrada debido a una reserva parcial decretada para proteger la identidad de testigos criteriados. No obstante, durante el desarrollo de las diligencias se han conocido algunas decisiones judiciales relacionadas con los imputados y las solicitudes presentadas por las partes.
Entre estas decisiones destaca que cinco imputados considerados de menor participación recibieron autorización para someterse a un procedimiento abreviado, mediante el cual admitirían los hechos delictivos que se les atribuyen a cambio de penas reducidas, conforme a las condiciones establecidas por la legislación. Sin embargo, a Blanca Rosa Rais, hermana del empresario Enrique Rais, le fue denegada la posibilidad de acogerse a ese procedimiento.
Otro punto importante de la audiencia es la petición de la Fiscalía para modificar la calificación de la participación del exfiscal Luis Martínez y de Julio Arriaza. El Ministerio Público busca que ambos dejen de ser considerados instigadores y sean procesados como autores directos de los delitos que se les atribuyen. Martínez enfrenta acusaciones por siete delitos, mientras que Arriaza está vinculado a tres ilícitos.
Los delitos investigados dentro del caso Corruptela incluyen cohecho propio, cohecho activo, peculado, negociaciones ilícitas, falsedad ideológica, falsedad documental agravada, omisión de la investigación y lavado de dinero y de activos. La diversidad de acusaciones refleja la dimensión de un proceso que abarca tanto el presunto uso indebido de recursos institucionales como posibles actuaciones ilegales dentro de investigaciones penales.
El caso continúa en una etapa judicial decisiva, en la que deberá determinarse si existen suficientes elementos para enviar a juicio a los acusados. Las cifras millonarias, los beneficios de lujo y las presuntas irregularidades cometidas desde el interior de la Fiscalía constituyen el eje de una investigación que busca establecer las responsabilidades individuales de los involucrados, respetando el debido proceso y la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia firme.
Como parte de la Semana de la Reducción de Riesgos de Desastres, la Dirección General de Protección Civil desarrolla este miércoles 14 de octubre el Simulacro Nacional de Preparación y Respuesta ante Terremoto 2026, con la participación de instituciones públicas y privadas de todo el país.
El ejercicio contempla el escenario de un terremoto de ocho grados con impacto a escala nacional, que ha provocado daños en edificios y viviendas, interrupciones de servicios básicos, conatos de incendios y personas lesionadas.
La actividad tiene como objetivo evaluar la efectividad de los planes de emergencia y evacuación, el desempeño de las brigadas institucionales y comunitarias, así como la coordinación y comunicación entre las instituciones que integran el Sistema Nacional de Protección Civil.
Además, busca fomentar la cultura de prevención, garantizar la inclusión de personas con discapacidad y en condición de vulnerabilidad, identificar oportunidades de mejora en la respuesta ante emergencias y recopilar datos técnicos y estadísticos que permitan fortalecer la preparación y la mejora continua en los ámbitos local, municipal y nacional.
Las autoridades también destacaron que el simulacro busca conmemorar a las víctimas del terremoto de 1986, que dejó al menos 1,500 personas fallecidas.
«No será solo un día para conmemorar a las víctimas del terremoto de 1986, sino también para realizar actividades de prevención», explicó Luis Amaya, director general de Protección Civil, durante una entrevista el lunes.
El funcionario señaló, además, que este martes comienza la Semana de la Reducción de Riesgos de Desastres, bajo el lema «La resiliencia empieza en casa y en las comunidades».
Como parte de las actividades, también se desarrolla una feria en el parque Simón Bolívar, ubicado en el Centro Histórico de San Salvador. En el lugar se instalarán exposiciones y se brindará información sobre el trabajo que realizan las diferentes instituciones en materia de prevención.
Por su parte, la Secretaría de Prensa indicó en su cuenta de X que «el gobierno del presidente Nayib Bukele impulsa la preparación del Sistema Nacional de Protección Civil ante posibles emergencias ocasionadas por sismos y desastres naturales, con el objetivo de resguardar la vida de los salvadoreños a escala nacional».
Un nuevo accidente de tránsito se reportó este día en la carretera que conduce de Sonsonate hacia San Salvador, donde un vehículo volcó en el sector de Copapayo.
Por razones que aún se desconocen, el conductor perdió el control del vehículo, lo que provocó que terminara volcado.
Según reportes ciudadanos, el percance dejó a una mujer lesionada y ocasionó fuertes daños materiales.
Personal policial acudió a la escena para inspeccionar lo ocurrido, mientras las causas del accidente continúan bajo investigación.
