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BCIE destinará $1,000 millones para los proyectos de El Salvador en 2023
Aliado de El Salvador desde 1960, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) se ha caracterizado por apoyar los más importantes proyectos de desarrollo del país y para 2023 continuará con este apalancamiento con un monto estimado en $1,000 millones, informó el presidente de la multilateral, Dante Mossi.
«Yo espero que el banco se capitalice y que el apoyo a El Salvador sea $1,000 millones, por lo menos en 2023, y realmente este país ha demostrado todas las señales de apoyo a este proceso de fortalecer al BCIE», dijo el ejecutivo a Diario El Salvador.
Adelantó que la agenda de cooperación entre el país y el BCIE estará enmarcada el próximo año en proyectos de desarrollo e infraestructura logística, y otros de impacto social y económico.
«Yo creo que el más emblemático va a ser el Tren del Pacífico donde ya hubo una licitación así que, finalmente, se va a poder viajar desde Acajutla a San Salvador. Creo que va a transformar mucho, y que al sector privado lo va a hacer más eficiente», dijo Mossi, y agregó que, la puesta el viaducto de Los Chorros es otra de las apuestas de peso para 2022.
«Mi ambición para El Salvador es que podamos hacer más proyectos de movilidad eléctrica, más proyectos de agua y saneamiento, para mejorar el área de surf city, y creo que todavía tenemos espacio para formular más proyectos», agregó.
En este sentido, el presidente del banco regional resaltó que la relación con el Gobierno de El Salvador es sólida, transparente y abierta, lo que ha permitido el entendimiento y avance exitoso de diversas estrategias.
«La relación con el Gobierno de El Salvador ha sido magnífica, no hay mejor forma de describirla. Hoy por hoy, El Salvador es uno de los países más activos, hay un diálogo de primera, cuando hay un problema lo trabajamos», afirmó.
Basado en esta sólida relación, Mossi señaló que a lo largo de 2022 la entidad regional ha trabajado junto al país en diversos proyectos, entre ellos la culminación de las obras de la Central Hidroeléctrica 3 de Febrero, proyectos de conectividad logística, agua potable, apoyo en materia de COVID-19 y el apuntalamiento del Fideicomiso para la Recuperación Económica de las Empresas Salvadoreñas (Firempresa).
De tal forma que, con datos a noviembre de 2022, El Salvador es el país que más ha desembolsado de toda Centroamérica. En total, detalló Mossi, las aprobaciones otorgadas ascienden a $500 millones, mientras que los desembolsos significaron otros $509.68 millones.
Un vehículo decomisado por Inteligencia Policial con droga y armas de fuego, pasó al Estado, según una resolución que emitió el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador.
El automotor, propiedad de Marcelo Rolando Rivas Bonilla, fue incautado en la Avenida Cuba, del barrio San Jacinto, San Salvador, a German Stanley Martínez Aguilar, Héctor Geovanny Mayora Rosales y Jocelyn Rosario Arévalo Martínez.
Les decomisaron dos armas de fuego tipo micro UZI, calibre 9 milímetros, 453 porciones pequeñas y una porción grande de marihuana.
En la audiencia de sentencia, quedó establecido que el propietario del vehículo fue negligente al no cumplir con la debida diligencia que exige la ley y respaldarse con un contrato de arrendamiento, ya que cuatro días antes del hecho lo prestó a German Stanley Martínez Aguilar.
El extorsionista de la pandilla 18, Víctor Alejandro Valle Zelaya, fue condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
En la vista pública quedó establecido que entre enero del 2021 a marzo del 2022, junto a un grupo de pandilleros llegó al negocio de una víctima con régimen de protección en Apopa, para exigirle $125 mensuales a cambio de dejarlo trabajar y no asesinarlo junto a su familia.
Valle Zelaya, como miembro activo de la pandilla 18, las fuerzas de seguridad lo detuvieron en octubre de 2025 en el marco del régimen de excepción.
El caso comenzó a ser investigado luego que el comerciante interpusiera la denuncia ante las autoridades. Mencionó que fue coaccionado por el imputado y los demás terroristas para pagar la cuota de dinero mensual
En el fallo judicial se mencionó que la principal prueba y que resultó clave para emitir la sentencia condenatoria, fue el testimonio de la persona afectada. La víctima lo identificó plenamente ante el tribunal, dijo que fue uno de los chantajistas que llegaba a retirar el dinero y que lo mantenía amenazado a muerte, la colaboración del denunciante sirvió para emitir el veredicto condenatorio por extorsión agravada.
Penas de 25 a 45 años de cárcel fueron impuestas a 60 terroristas de la Mara Salvatrucha que delinquían en tres distritos del departamento de Cuscatlán.
En la audiencia única abierta, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, los encontró responsables por el delito de agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía General de la República, acreditó que son integrantes de la clica Walter Locos Salvatruchos y determinó los rangos de cada uno de los pandilleros.
A Luis Alonso Díaz Fernández, alias Lunático, el juez lo sentenció a 45 años de prisión, el ministerio público probó que tenía el rango de encargado de base del programa Cuscatlán, una estructura superior de donde dependía la célula territorial Walter.
Esta agrupación tenía un perímetro de cobertura que comenzaba desde la entrada a Cojutepeque, próximo a Instituto Nacional Walter Thilo Deininger y se extendía hacia los distritos de Monte San Juan y Santa Cruz Michapa.
Al momento de emitir el fallo, el tribunal también condenó a 24 imputados a 30 años de prisión. Se detalló que 16 tenían el rango de homeboy, cinco el de chequeo y tres el de observación.
Otros 35 pandilleros con el rango de colaboradores activos recibieron 25 años de cárcel y deberán permanecer en diversos centros penales donde han permanecido desde que fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.
Los representantes del ministerio público presentaron en la audiencia prueba que vinculó a los procesados a la Mara Salvatrucha y la participación en una serie de actividades delincuenciales que estuvieron ejecutando en la zona norponiente de Cojutepeque.
Esta estructura extorsionó y asesinó durante varios años, pero con la entrada en vigencia del régimen de excepción, las fuerzas de seguridad arrestaron a cada uno de sus miembros a través de las incursiones realizadas entre el 2022 y 2025.
Cuando los detuvieron fueron acusados en varios expedientes, pero tras la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, la Fiscalía General de la República los agrupó en un solo expediente para asignarles una causa y enjuiciarlos como estructura, solicitando al tribunal que les aplicara las penas máximas por el delito de agrupaciones ilícitas, por su pertenencia a la Mara Salvatrucha
