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Banco G&T se niega a cambiar cheque de la Alcaldía de San Salvador, Mides denuncia que es una apropiación y retención indebida
Este día transcurrió la información de que el Banco G&T se negó a cambiar en efectivo el cheque correspondiente a un pago de la Alcaldía de San Salvador a Mides.
“El Banco G&T sin ninguna explicación legal retiene los fondos de alcaldía de San Salvador, generando la crisis por no aceptar pagar la deuda”, explicó un representante de la empresa.
Según un profesional del derecho esta es una clara violación al Artículo 217 del Código Penal, el cual considera cómo un “delito grave”.
Ante esta clara situación ilegal, en la cuál el Banco G&T se niega a cambiar el cheque con fondos que no son del banco, sino de su cliente, la empresa Mides se plantea en demandarlos de inmediato.
“No es posible que un banco se niegue a cambiar un cheque, ¿que sucede?, si la cuenta tiene fondos porqué el Banco G&T se niega a cambiarlo”, comentó un profesional del derecho conocedor del caso.
“Esto es ilegal, la Alcaldía de San Salvador está pagando un servicio a Mides y el Banco G&T se niega a pagar los fondos, quizás hay un trasfondo en este caso” opinó el profesional.
El monto del cheque el cual el Banco G&T se negó a cambiar es de $143,382.66.
Sobre el pago en efectivo del Cheque, el Código de Comercio, establece lo siguiente:
Art. 804.- El cheque será siempre pagadero a la vista. Cualquier inserción en contrario se tendrá por no escrita.
Todo cheque será pagadero a su presentación, aunque aparezca con fecha posterior. En este caso, el banco queda exento de toda responsabilidad por el pago. En caso de falta de pago, el librador tendrá las mismas responsabilidades, civiles y penales, que tendría si el cheque llevase la fecha del día en que fue presentado.
Art. 805.-El cheque deberá ser presentado para su pago a la institución bancaria contra la cual se ha librado, o a cualquiera de sus agencias en el país; pero en este último caso, si la agencia bancaria no tuviere fondos suficientes para hacer efectivo el cheque, gozará de un plazo de setenta y dos horas para efectuar su pago.
Art. 811.- El banco que autorice a alguien para expedir cheques a su cargo estará obligado con el librador a cubrirlos, en los términos del convenio respectivo, hasta el importe de la suma que tenga a disposición del mismo librador, a menos que haya disposición legal expresa que lo libere de esta obligación.
Cuando un banco se niega sin causa justificada a pagar un cheque extendido en debida forma, responderá al librador que tuviere fondos, por los daños que cause su negativa, pero el tenedor no puede compelerlo al pago, quedando los derechos de éste a salvo contra el librador. No se reputará negativa la retención prevista en el artículo 809 inciso segundo.
El tenedor de un cheque que el banco se niegue a pagar, debe avisar lo ocurrido al librador y al avalista, en su caso, para que lo pague inmediatamente, o lo hará protestar dentro del plazo legal.
El tenedor de un cheque protestado, sin perjuicio de la acción criminal que corresponda contra el librador, tendrá derecho a reclamar su valor, intereses legales y gastos, a cualquiera de los endosantes o al librador. El endosante que lo pagare se subrogará contra los endosantes anteriores y contra el librador.
El tenedor de un cheque que no haya sido protestado dentro del plazo legal, sólo tendrá acción contra el librador por el valor del cheque, en los términos del inciso segundo del artículo 795.
En un audio se escucha como un empleado del banco G&T dice “no tengo razón ni motivo” para no poder hacer efectivo el cheque a Mides:
Durante los últimos meses Mides ha sido víctima de ataques provenientes del sector político y empresarial, con algunos oscuros personajes intentando sacar a la empresa del negocio de la basura, tal como ya sucedió en Santa Tecla, en donde actualmente hay un proceso por una contratación de una nueva empresa cuando ya se tenía uno com Mides.
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La Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto inició este viernes el estudio de la propuesta de presupuesto estatal para 2027, que asciende a $12,421.1 millones. El ministro de Hacienda, Jerson Posada, presentó el proyecto y señaló que habrá una necesidad de financiamiento de $515 millones, que podría cubrirse con emisión de títulos valores o con préstamos complementarios. Atribuyó esa brecha a la expansión del gasto en educación y a las inversiones vinculadas a ese sector.
La apuesta central del documento es educación. El monto propuesto es de $3,416 millones, equivalentes al 8.1 % del PIB estimado para 2027 y al 27.5 % del presupuesto total. De esa cifra, $2,700 millones corresponden a la asignación directa del Ministerio de Educación. El resto se reparte en proyectos educativos de otras instituciones. Entre las partidas específicas figuran $118.5 millones para la Universidad de El Salvador, $100 millones para el proyecto Dos escuelas por día y $112 millones para el plan de mejoramiento de centros escolares que ejecuta la Dirección de Obras Municipales. Posada dijo que el cálculo usa el PIB estimado de 2027 y que, de tomarse el de 2026, la inversión educativa representaría el 8.9 %. “Nunca se había visto en el país un presupuesto tan alto para el Ministerio de Educación”, afirmó.
En otros sectores, la propuesta incluye $59 millones para el bono agrícola, $60 millones para los agromercados y $150 millones para el funcionamiento de DoctorSV. Las remuneraciones aumentan 1.9 % y la adquisición de bienes y servicios crece 28.3 %. Durante la sesión, la diputada Claudia Ortiz cuestionó recortes de $80 millones en la red de hospitales públicos y de $55 millones en el primer nivel de atención en salud. Posada respondió que los recursos para hospitales están contemplados, que las compras de medicamentos se centralizan para ganar eficiencia y que el presupuesto es una planificación preliminar. “No hay ninguna falla”, dijo. Explicó que las variaciones durante el año se deben a excedentes de ingresos, nuevos préstamos y mandatos legales.
En la comparecencia también estuvieron el viceministro de Hacienda, Luis Sánchez; el director general del Presupuesto, Carlos Salazar, y el director general de Inversión y Crédito Público, Marlon Herrera. La comisión acordó un calendario de ocho jornadas para escuchar a titulares de ministerios e instituciones. Las próximas sesiones incluirán a Justicia y Seguridad Pública, Defensa y la Fiscalía General de la República; luego a Obras Públicas, la DOM y Desarrollo Local, y después a Agricultura, Medio Ambiente y Turismo.
Educación está prevista para la sexta jornada. Economía y Salud comparecerán en la séptima, junto con otras instituciones. Posada insistió en que el documento es una planificación de partida y que puede incorporar proyectos o recursos adicionales cuando se aprueben durante el ejercicio fiscal.
#Política | La Comisión de Hacienda inició este viernes el estudio del Proyecto de Presupuesto General de la Nación 2027, que asciende a $12,421.1 millones. El ministro de Hacienda, Jerson Posada, presentó los detalles de las asignaciones y la necesidad de emitir deuda para cubrir la brecha presupuestaria.
— La Noticia SV (@lanoticiasv) October 9, 2026
La Fiscalía General de la República (FGR) verificó la destrucción de 35,009.61 gramos de droga, valorada en $52,230.86, vinculada a 48 casos de incautaciones realizadas a escala nacional.
El procedimiento se llevó a cabo en el predio Changallo, ubicado en el distrito de Ilopango, municipio de San Salvador Este, con el acompañamiento de agentes de la División Antinarcóticos y personal del Laboratorio de Sustancias Controladas del Centro de Investigación Forense de la Policía Nacional Civil (PNC).
La Fiscalía detalló que, del total de droga destruida, 34,525.81 gramos correspondían a marihuana, 410.55 gramos a cocaína y 73.311 gramos a metanfetamina.
«La destrucción de los estupefacientes se desarrolló por mandato judicial, como parte del proceso penal contra las personas capturadas durante las incautaciones», indicó el fiscal que verificó el procedimiento.
Según la institución, la droga fue decomisada durante operativos realizados por las autoridades en los últimos años en los departamentos de Santa Ana, Sonsonate, San Miguel y San Salvador.
Por otra parte, durante los siete años de gestión del presidente Nayib Bukele, la Marina Nacional y la Policía han incautado un total de 90.1 toneladas de diferentes tipos de drogas, valoradas en $2,141 millones.
El último cargamento mencionado en el informe fue incautado el pasado 17 de julio por la Fuerza de Tarea Naval Tridente de la Marina Nacional, a 947 millas náuticas (1,764 kilómetros) al suroeste de la Bocana El Cordoncillo, en el Estero de Jaltepeque.
Durante ese procedimiento, las autoridades decomisaron 1.36 toneladas de cocaína y capturaron a los ciudadanos ecuatorianos Jhony Eugenio Garay Velis, de 42 años, y Pedro Leonardo Delgado Pilligua, de 31.
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