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Autoridades investigan homicidio de dos recién nacidos y un bebé
Dos recién nacidos y un bebé de 8 meses han sido asesinados en las últimas semanas en diferentes zonas de El Salvador. La Policía Nacional Civil (PNC) ya detuvo a una de las imputadas e investiga los otros casos que han conmocionado a la población salvadoreña.
El más reciente de los hechos fue reportado el lunes 8 de abril y la víctima es un bebé de 8 meses quien murió a causa de diversas lesiones que recibió. El bebé fue trasladado desde Usulután hacia el hospital de Niños Benjamín Bloom, San Salvador donde falleció.
«Nuestros agentes de Investigaciones e Inteligencia ya están trabajando para resolver el crimen», escribió la Corporación en la red X.
El 3 de abril, la PNC recibió una denuncia, tras lo cual registraron una vivienda en la cual hallaron una escena de homicidio en Monte San Juan, Cuscatlán.
En ese caso, trascendió que una mujer dio a luz y lanzó al recién nacido a una fosa séptica el 30 de marzo. El cuerpo del recién nacido fue hallado cuatro días después de haber sido asesinado.
Otro de los casos que causó indignación a escala nacional fue el ocurrido el 30 de marzo, donde la Policía detuvo a la Ada Estefani Mata de 24 años en la residencial Veranda, Santa Tecla, La Libertad.
El reporte policial detalla que Mata dio a luz a un niño, lo asfixió y después lo mutiló con un cuchillo. Luego lanzó partes del cuerpo por las tuberías de aguas negras.
Tras una intensa búsqueda que provocó el cierre de la residencial, los agentes policiales encontraron una pierna del recién nacido.
Tras el hallazgo desplegaron un operativo casa por casa y el 31 de marzo encontraron más restos del cuerpo. «Será procesada con todo el peso de la ley», sentenció la Corporación.
En otro caso, desde el 5 de diciembre de 2023, Flor Arely Molina, guarda prisión luego que el Juzgado Segundo de Paz de Santa Tecla, encontró pruebas para que siga el proceso judicial por ser sospechosa de haber asesinado a un niño de dos años.
El día de la acusación trascendió que el hecho ocurrió el pasado 19 de noviembre, la imputada se encontraba en estado de ebriedad mientras tenía a su cargo al niño. La autopsia confirmó que el niño murió producto de haber recibido «golpes contundentes».
«La imputada se encontraba bajo el cuidado del menor de edad, siendo ella quien se encargaba en ese momento, ella encontrándose en estado de ebriedad, realiza maltrato físico hacia el menor víctima, por medio de golpes contundentes hasta ocasionarle la muerte, lo cual ha sido corroborado por la autopsia médico legal en la que se estableció como causa de la muerte y traumatismos en el menor víctima» manifestó la fiscal del caso en esa oportunidad.
El Viceministerio de Transporte (VMT) multó con $750 al creador de contenido «Yeik» por varias infracciones a la Ley de Tránsito.
La institución sancionó al tiktoker luego de la circulación de un video en redes sociales donde el imputado ocasionó un siniestro vial donde colisionó contra otro motociclista.
Las multas fueron por conducir sin estar autorizado ($150); conducir haciendo uso del celular ($150); circular después de las 18 horas y antes de las 6 del día siguiente sin que el motociclista porte chaleco o implementos reflectivos ($150); circular sin placas ($150); conducir en zigzag ($100) y no portar tarjeta de circulación ($50).
Las autoridades también le decomisaron la motocicleta por circular sin placas ni tarjeta de circulación.
Tras conocer las sanciones, el titular del VMT, Nelson Reyes, reaccionó en su cuenta de la red X y escribió: «el respeto a la ley no es opcional. Quien ponga en riesgo la vida de los demás deberá responder por sus acciones. Seguiremos aplicando la normativa con firmeza para garantizar la seguridad vial de todos los salvadoreños».
A ocho años de prisión fue condenado José Alfredo Centeno Cantón, por el delito de tráfico ilegal de personas.
En el juicio, la Fiscalía General de la República estableció que fue detenido de forma infraganti transportando a 12 personas a quienes pretendía trasladar hasta Guatemala y con una promesa de llevarlos en «un viaje seguro» a Estados Unidos.
Centeno Cantón fue detenido el 15 de enero de 2024, en un retén que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) habían instalado en el km 92 de la carretera Panamericana, caserío Paraje Galán, cantón San Vicente, de Candelaria de la Frontera, Santa Ana.
El plan del ahora condenado era dirigirse hacia un punto fronterizo no habilitado de la zona, para eludir los controles migratorios, ya que entre las personas que transportaba iban cinco menores de edad, los otros siete eran adultos.
En el proceso judicial se mencionó que todos viajaban en una camioneta, eso llamó la atención de los agentes policiales pues al ir sobrecargada y el nerviosismo que mostraron generó sospecha que podrían estar frente a un caso de tráfico de personas.
Ese control policial siempre ha sido estratégico ya que obligadamente se debe pasar por ese punto y por la ubicación los agentes con su experiencia pueden detectar cualquier irregularidad de los viajeros.
Llamó la atención que en una sola unidad de transporte fueran cinco menores sin ninguno de sus padres o familiares cercanos y que la custodia fuera a cargo de una persona que ni conocían.
Además, al ser entrevistado, hubo incongruencias en las respuestas de los adultos, así como de los niños, no portaban la respectiva documentación que asegura un registro legal en la frontera San Cristóbal, que era la más próxima al control vehicular donde fueron ubicados.
Con la información aportada por las víctimas, los agentes consultaron a sus superiores y luego a la Fiscalía General de la República para detener a Centeno Cantón y que le iniciaron el respectivo proceso penal.
En la fase de investigación el ministerio público obtuvo información de las víctimas, quienes confirmaron que iban hacia Estados Unidos y que los iban a pasar por un punto no habilitado hacia Guatemala.
El plan era que, del vecino país los iban a mover hacia la frontera con México donde serían entregadas a otras personas para continuar la ruta a Estados Unidos ya que ese fue el acuerdo pactado.
«El fiscal del caso dijo que las 12 víctimas eran cinco niños y siete adultos todos salvadoreños y que habían pagado una parte del dinero y la otra la harían efectiva al llegar a su destino», así lo publicó el ministerio público.
En la vista pública el tribunal tuvo acceso a testimonios de las víctimas, así como de los agentes policiales que hicieron el procedimiento de localización de las víctimas y captura del traficante de personas.
La abogada Ángela Maritza Díaz de Vásquez y Douglas Enrique Vega Guerrero, fueron condenados a penas de tres y nueve años de prisión por falsedad documental agravada y estafa.
La primera admitió la falsedad mediante un procedimiento abreviado ante el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador, y la pena de tres años es sometida a una suspensión condicional bajo reglas de conducta consistente en no cambiar de domicilio, además queda inhabilitada para ejercer la profesión hasta que haya cumplido la condena; también deberá de pagar $500 a una de las víctimas.
Mientras que Vega Guerrero cumplirá en un centro penal los nueve años por tres casos de estafa, más el pago total de $14,600 en concepto de responsabilidad civil a las tres víctimas que engañó.
La Fiscalía General de la República probó en el juicio que las estafas fueron cometidas entre el 2022 y 2023, en diversos distritos del departamento de San Salvador.
El estafador utilizó redes sociales para ofrecer una variedad de productos, a los afectados les propuso venderles vehículos y les pidió dinero como adelanto.
Los denunciantes dijeron que luego de entregarle diversas cantidades de dinero, Vega Guerrero cortó todo tipo de comunicación y no lo pudieron contactar por ninguna vía.
A una de las víctimas le ofreció un vehículo por $4,800 y le manifestó que para adquirirlo debía darle $4,000 como anticipo, ese hecho ocurrió en mayo de 2023.
En las pesquisas que las autoridades realizaron obtuvieron información del afectado quien dijo que pagó y recibió el automotor, pero el auto presentó desperfectos mecánicos y estaba a nombre de otra persona, quien había denunciado que se lo habían robado.
En la vista pública quedó probado que Douglas Enrique Vega Guerrero, detenido en febrero de 2024, en los tres casos de estafa actuó con dolo, sabía perfectamente que estaba ante hechos de estafa.
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