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Autoridades atienden denuncia de maltrato animal contra canino en San Salvador
Foto: Alcaldía de San Salvador
Este viernes 15 de julio, la Alcaldía de San Salvador atendió una denuncia de maltrato animal en contra de un canino, en la colonia Francisco Morazán, en el tramo final de la calle El Progreso.
El hecho fue denunciado, por lo que el Cuerpo de Agentes Municipales (CAM) de San Salvador, junto a personal de la alcaldía capitalina y la Policía Nacional Civil (PNC), se movilizaron al lugar para atender la situación.
El agresor fue capturado y el caso se analizará para determinar las sanciones a imponer, según la Ley de Bienestar Animal.
El alcalde de San Salvador, Mario Durán, confirmó lo sucedido y reiteró el compromiso de la actual administración municipal por velar por el cumplimiento de la ley de bienestar animal y castigar todo acto de agresión y maltrato en contra de los animales.
«Recibimos una denuncia del maltrato hacia un perrito que fue atacado por un sujeto sin escrúpulos. Inmediatamente el personal de la @alcaldia_ss junto a la @PNCSV se movilizaron al lugar. No vamos a permitir ningún maltrato animal y haremos que les caiga todo el peso de la ley», expresó el edil a través de su cuenta de Twitter.
La Ley de Bienestar Animal entró en vigencia en El Salvador desde el pasado 20 mayo, luego que fuera aprobada por la nueva Asamblea Legislativa el 25 de enero pasado. La normativa contempla sanciones leves que serán sancionados de uno a tres salarios mínimos del sector comercio y servicio; las graves, de cuatro a seis salarios y las faltas muy graves de siete a 10 salarios mínimos.
De igual forma, establece penas de entre dos a cuatro años de cárcel para agresores de animales, según se estipule en la investigación del caso. Estas penas carcelarias fueron posibles gracias a unas reformas al Código Penal aprobadas también por la Asamblea Legislativa.
Según el Instituto de Bienestar Animal (IBA), desde la entrada en vigencia de la ley hasta el pasado mes de junio se han reportado 53 casos de maltrato animal, por lo que se ha realizado un trabajo en conjunto con las alcaldías de los 262 municipios para capacitar al personal responsable de atender estas denuncias.
El ministro de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, informó sobre la captura de un integrante de la organización criminal Barrio 18, quien intentó ingresar al país en un vuelo federal sin presentar alertas migratorias previas.
El detenido fue identificado como Edwin Alejandro Castro Hernández, alias «Street boy», quien, según las autoridades, quedó al descubierto durante los controles especializados realizados en el aeropuerto.
De acuerdo con la información oficial, Castro Hernández es señalado de pertenecer a la estructura «Tayni Wayniss Sureños», vinculada al control criminal de sectores del distrito de Ilopango.
Villatoro aseguró que el capturado enfrentará el proceso penal correspondiente por su presunta participación en actividades relacionadas con organizaciones terroristas.
En un pronunciamiento oficial, el ministro sostuvo que mantendrá las acciones de seguridad para evitar que estructuras criminales vuelvan a operar en el país. «Actuamos con inteligencia, decisión y con el compromiso de no volver jamás al pasado», señaló.
También afirmó que continuará reforzando los controles migratorios y de seguridad para impedir el ingreso de miembros de pandillas o estructuras criminales al territorio nacional.
El Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor ordenó a la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito de Profesionales en Administración de Empresas y Carreras Afines (Coaspae de R.L.) que devuelva a un grupo de 25 socios la cantidad de $462 mil 914.53, al considerar que la institución financiera ha cometido una falta grave al no permitirles retirar sus ahorros y sus depósitos a plazos fijos ya vencidos.
La resolución del Tribunal es de diciembre de 2025, pero varios de los afectados han sido notificados a lo largo del primer trimestre de 2026. Además, la devolución no se ha hecho aún efectiva porque COASPAE contrarrestó con una demanda ante un Juzgado de lo Cotencioso Administrativo, lo cual pone en pausa el proceso hasta que exista una sentencia definitiva.
Los 25 socios antes citados presentaron sus reclamos ante la Defensoría del Consumidor a finales de 2024, después que COASPAE se negara a devolverles el dinero que tenían en la institución. Durante el proceso de conciliación, según la resolución, la cooperativa no se presentó a dos citatorios, pero sí lo hizo en la fase sancionatoria, donde argumentó que la entidad tenía falta de liquidez y que por esa razón no podía reintegrar el dinero a los ahorrantes.
El Tribunal sostutvo que el argumento de COASPAE era insuficiente y determinó que la cooperativa había cometido una infracción grave, según el artículo 43 literal e de la Ley de Protección al Consumidor, que consiste en “No entregar los bienes o prestar los servicios en los términos contratados”.
La resolución dicta que debe devolver $462 mil 914.53 a los 25 socios afectados, más una multa de poco más de $200 mil que también debe ser repartida entre los socios.
A 10 años de prisión fue condenado Lucio Antonio Castellanos, por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.
La pena se la impuso el Juzgado Sexto de Paz de San Salvador en un juicio sumario [proceso judicial corto] que definió la situación jurídica del imputado de forma ágil.
Fue capturado el 7 de noviembre de 2025, en la Avenida Isidro Menéndez y 10a. Calle Poniente, en San Salvador, tras una denuncia que recibió la Policía Nacional Civil (PNC), en la que se alertaba que un hombre se desplazaba a pie portando un arma de fuego en la cintura.
Los agentes verificaron que no portaba licencia, y además estaba ebrio, con 255 grados de alcohol.
Condenan a diez años de cárcel a hombre por tenencia ilegal de arma de fuego
