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Autoridades atienden denuncia de maltrato animal contra canino en San Salvador
Foto: Alcaldía de San Salvador
Este viernes 15 de julio, la Alcaldía de San Salvador atendió una denuncia de maltrato animal en contra de un canino, en la colonia Francisco Morazán, en el tramo final de la calle El Progreso.
El hecho fue denunciado, por lo que el Cuerpo de Agentes Municipales (CAM) de San Salvador, junto a personal de la alcaldía capitalina y la Policía Nacional Civil (PNC), se movilizaron al lugar para atender la situación.
El agresor fue capturado y el caso se analizará para determinar las sanciones a imponer, según la Ley de Bienestar Animal.
El alcalde de San Salvador, Mario Durán, confirmó lo sucedido y reiteró el compromiso de la actual administración municipal por velar por el cumplimiento de la ley de bienestar animal y castigar todo acto de agresión y maltrato en contra de los animales.
«Recibimos una denuncia del maltrato hacia un perrito que fue atacado por un sujeto sin escrúpulos. Inmediatamente el personal de la @alcaldia_ss junto a la @PNCSV se movilizaron al lugar. No vamos a permitir ningún maltrato animal y haremos que les caiga todo el peso de la ley», expresó el edil a través de su cuenta de Twitter.
La Ley de Bienestar Animal entró en vigencia en El Salvador desde el pasado 20 mayo, luego que fuera aprobada por la nueva Asamblea Legislativa el 25 de enero pasado. La normativa contempla sanciones leves que serán sancionados de uno a tres salarios mínimos del sector comercio y servicio; las graves, de cuatro a seis salarios y las faltas muy graves de siete a 10 salarios mínimos.
De igual forma, establece penas de entre dos a cuatro años de cárcel para agresores de animales, según se estipule en la investigación del caso. Estas penas carcelarias fueron posibles gracias a unas reformas al Código Penal aprobadas también por la Asamblea Legislativa.
Según el Instituto de Bienestar Animal (IBA), desde la entrada en vigencia de la ley hasta el pasado mes de junio se han reportado 53 casos de maltrato animal, por lo que se ha realizado un trabajo en conjunto con las alcaldías de los 262 municipios para capacitar al personal responsable de atender estas denuncias.
Un vehículo decomisado por Inteligencia Policial con droga y armas de fuego, pasó al Estado, según una resolución que emitió el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador.
El automotor, propiedad de Marcelo Rolando Rivas Bonilla, fue incautado en la Avenida Cuba, del barrio San Jacinto, San Salvador, a German Stanley Martínez Aguilar, Héctor Geovanny Mayora Rosales y Jocelyn Rosario Arévalo Martínez.
Les decomisaron dos armas de fuego tipo micro UZI, calibre 9 milímetros, 453 porciones pequeñas y una porción grande de marihuana.
En la audiencia de sentencia, quedó establecido que el propietario del vehículo fue negligente al no cumplir con la debida diligencia que exige la ley y respaldarse con un contrato de arrendamiento, ya que cuatro días antes del hecho lo prestó a German Stanley Martínez Aguilar.
El extorsionista de la pandilla 18, Víctor Alejandro Valle Zelaya, fue condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
En la vista pública quedó establecido que entre enero del 2021 a marzo del 2022, junto a un grupo de pandilleros llegó al negocio de una víctima con régimen de protección en Apopa, para exigirle $125 mensuales a cambio de dejarlo trabajar y no asesinarlo junto a su familia.
Valle Zelaya, como miembro activo de la pandilla 18, las fuerzas de seguridad lo detuvieron en octubre de 2025 en el marco del régimen de excepción.
El caso comenzó a ser investigado luego que el comerciante interpusiera la denuncia ante las autoridades. Mencionó que fue coaccionado por el imputado y los demás terroristas para pagar la cuota de dinero mensual
En el fallo judicial se mencionó que la principal prueba y que resultó clave para emitir la sentencia condenatoria, fue el testimonio de la persona afectada. La víctima lo identificó plenamente ante el tribunal, dijo que fue uno de los chantajistas que llegaba a retirar el dinero y que lo mantenía amenazado a muerte, la colaboración del denunciante sirvió para emitir el veredicto condenatorio por extorsión agravada.
Penas de 25 a 45 años de cárcel fueron impuestas a 60 terroristas de la Mara Salvatrucha que delinquían en tres distritos del departamento de Cuscatlán.
En la audiencia única abierta, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, los encontró responsables por el delito de agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía General de la República, acreditó que son integrantes de la clica Walter Locos Salvatruchos y determinó los rangos de cada uno de los pandilleros.
A Luis Alonso Díaz Fernández, alias Lunático, el juez lo sentenció a 45 años de prisión, el ministerio público probó que tenía el rango de encargado de base del programa Cuscatlán, una estructura superior de donde dependía la célula territorial Walter.
Esta agrupación tenía un perímetro de cobertura que comenzaba desde la entrada a Cojutepeque, próximo a Instituto Nacional Walter Thilo Deininger y se extendía hacia los distritos de Monte San Juan y Santa Cruz Michapa.
Al momento de emitir el fallo, el tribunal también condenó a 24 imputados a 30 años de prisión. Se detalló que 16 tenían el rango de homeboy, cinco el de chequeo y tres el de observación.
Otros 35 pandilleros con el rango de colaboradores activos recibieron 25 años de cárcel y deberán permanecer en diversos centros penales donde han permanecido desde que fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.
Los representantes del ministerio público presentaron en la audiencia prueba que vinculó a los procesados a la Mara Salvatrucha y la participación en una serie de actividades delincuenciales que estuvieron ejecutando en la zona norponiente de Cojutepeque.
Esta estructura extorsionó y asesinó durante varios años, pero con la entrada en vigencia del régimen de excepción, las fuerzas de seguridad arrestaron a cada uno de sus miembros a través de las incursiones realizadas entre el 2022 y 2025.
Cuando los detuvieron fueron acusados en varios expedientes, pero tras la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, la Fiscalía General de la República los agrupó en un solo expediente para asignarles una causa y enjuiciarlos como estructura, solicitando al tribunal que les aplicara las penas máximas por el delito de agrupaciones ilícitas, por su pertenencia a la Mara Salvatrucha
