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Autoridades atienden denuncia de maltrato animal contra canino en San Salvador
Foto: Alcaldía de San Salvador
Este viernes 15 de julio, la Alcaldía de San Salvador atendió una denuncia de maltrato animal en contra de un canino, en la colonia Francisco Morazán, en el tramo final de la calle El Progreso.
El hecho fue denunciado, por lo que el Cuerpo de Agentes Municipales (CAM) de San Salvador, junto a personal de la alcaldía capitalina y la Policía Nacional Civil (PNC), se movilizaron al lugar para atender la situación.
El agresor fue capturado y el caso se analizará para determinar las sanciones a imponer, según la Ley de Bienestar Animal.
El alcalde de San Salvador, Mario Durán, confirmó lo sucedido y reiteró el compromiso de la actual administración municipal por velar por el cumplimiento de la ley de bienestar animal y castigar todo acto de agresión y maltrato en contra de los animales.
«Recibimos una denuncia del maltrato hacia un perrito que fue atacado por un sujeto sin escrúpulos. Inmediatamente el personal de la @alcaldia_ss junto a la @PNCSV se movilizaron al lugar. No vamos a permitir ningún maltrato animal y haremos que les caiga todo el peso de la ley», expresó el edil a través de su cuenta de Twitter.
La Ley de Bienestar Animal entró en vigencia en El Salvador desde el pasado 20 mayo, luego que fuera aprobada por la nueva Asamblea Legislativa el 25 de enero pasado. La normativa contempla sanciones leves que serán sancionados de uno a tres salarios mínimos del sector comercio y servicio; las graves, de cuatro a seis salarios y las faltas muy graves de siete a 10 salarios mínimos.
De igual forma, establece penas de entre dos a cuatro años de cárcel para agresores de animales, según se estipule en la investigación del caso. Estas penas carcelarias fueron posibles gracias a unas reformas al Código Penal aprobadas también por la Asamblea Legislativa.
Según el Instituto de Bienestar Animal (IBA), desde la entrada en vigencia de la ley hasta el pasado mes de junio se han reportado 53 casos de maltrato animal, por lo que se ha realizado un trabajo en conjunto con las alcaldías de los 262 municipios para capacitar al personal responsable de atender estas denuncias.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a siete años de prisión a Adalberto Antonio Miranda Zepeda, hijo del fallecido Catalino Miranda, tras encontrarlo responsable del delito de estafa agravada en perjuicio de una víctima.
De acuerdo con los hechos acreditados en juicio, el 16 de mayo de 2019, Miranda Zepeda solicitó al Centro Nacional de Registros (CNR) el retiro de un documento de cancelación de mutuo hipotecario que no había sido inscrito, con el propósito de subsanar prevenciones señaladas por dicha institución; posteriormente, el documento fue presentado nuevamente por otra persona.
Sin embargo, la víctima no firmó dicha cancelación y la Sección del Notariado de la Corte Suprema de Justicia informó que el documento era inexistente; además, se estableció que el notario no se encontraba en el país en la fecha en que supuestamente fue suscrito.
Asimismo, el dolo se evidenció cuando el procesado, en su calidad de administrador único de ACOSTES de R. L., suscribió con la víctima una novación del contrato de mutuo con garantía prendaria sobre 78 unidades de buses. No obstante, posterior a la firma de la novación, esas mismas unidades fueron dadas como garantía ante otras instituciones financieras.
Los hechos se originaron en 2019, cuando la víctima otorgó un contrato de mutuo con garantía hipotecaria y prendaria por $1,800,000 a favor de su padre Catalino Ezequiel Miranda Arteaga (ya fallecido) y de su tío José Braulio Miranda Arteaga, quienes en ese entonces eran los representantes de ACOSTES de R. L. y ACOSTES de El Salvador S. A. de C. V. Con el tiempo, los obligados dejaron de cumplir con los pagos.
Además, el tribunal condenó en abstracto la responsabilidad civil, a fin de que la víctima pueda ejercer su derecho en la vía correspondiente. Esto debido a que no se demostró el monto exacto del perjuicio, ya que la víctima concilió con uno de los imputados, José Braulio Miranda Arteaga.
Hamlet Rafael de Paz Escobar, conocido como “La Romina” recobrará su libertad luego de confesar los delitos de daños a una patrulla policial y hurto de una gorra de un agente, en enero de 2025. Hasta hoy, Romina está detenida en el penal de Jucuapa.
La audiencia se desarrolló de forma virtual, debido a que el imputado permanece en prisión mientras avanza el proceso judicial en su contra, en cumplimiento de las disposiciones establecidas por las autoridades.
De acuerdo con información judicial, el caso continúa en etapa de análisis, por lo que serán las instancias correspondientes las que determinen las responsabilidades del acusado conforme avance el procedimiento.
El aval a este tipo de proceso podría permitir una resolución más ágil del caso, siempre que se cumplan las condiciones legales requeridas, incluyendo la aceptación de los hechos por parte del imputado.
Hasta el momento, las autoridades no han brindado mayores detalles sobre el avance específico del caso, aunque reiteraron que el proceso sigue activo.
Según el expediente fiscal, una patrulla de la PNC auxiliaba a una persona y habían dejado el vehículo estacionado; como a 15 metros aproximadamente estaba Romina, quien aprovechó que los agentes se alejaron para hurtar la gorra.
La Policía Nacional Civil (PNC) reportó la captura de Romina el 23 de enero de 2025, cuando fue interceptada sobre el bulevar El Hipódromo, en el distrito de San Salvador.
Previo a su captura, la tiktoker subió un video en sus redes sociales donde aparentemente se encontraba a bordo de una patrulla policial, mostró una gorra de la PNC y activó la bocina del vehículo.
En agosto de 2024, la tiktoker fue acusada de robo y amenazas en contra de un conductor de aplicaciones.
La Dirección de Obras Municipales (DOM) informó que la segunda fase del proyecto de agua potable que se ejecuta en el distrito de Sacacoyo, en el municipio de La Libertad Oeste, lleva un 97 % de avance.
Para finalizar la obra en su totalidad, la DOM ejecuta los últimos detalles que consisten en la implementación de válvulas, cajas para filtrado de lodo y aire, pintura y acabados de la infraestructura.
De acuerdo con la institución, la segunda fase del proyecto comprende la construcción de una cisterna en la zona del pozo, instalación de una bomba sumergible, dos bombas más para rebombeo a una segunda cisterna y una subestación de suministro eléctrico.
Asimismo, incluye la instalación de tres bombas más de rebombeo en la cisterna intermedia para empujar el agua a través de la red de impelencia de más de 3.5 kilómetros, hasta el tanque principal de más 400 metros cúbicos -4 veces más en capacidad al sistema anterior- con su respectiva subestación eléctrica.
La DOM detalló que este proyecto está acompañado de una obra civil que consta de casetas para el control eléctrico y rebombeo, así como para vigilancia, sumado al muro perimetral con block y alambre navaja en la parte superior.
Este nuevo sistema de agua potable abastecerá a más de 1,800 habitantes del sector.
