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Autoridades atienden denuncia de maltrato animal contra canino en San Salvador
Foto: Alcaldía de San Salvador
Este viernes 15 de julio, la Alcaldía de San Salvador atendió una denuncia de maltrato animal en contra de un canino, en la colonia Francisco Morazán, en el tramo final de la calle El Progreso.
El hecho fue denunciado, por lo que el Cuerpo de Agentes Municipales (CAM) de San Salvador, junto a personal de la alcaldía capitalina y la Policía Nacional Civil (PNC), se movilizaron al lugar para atender la situación.
El agresor fue capturado y el caso se analizará para determinar las sanciones a imponer, según la Ley de Bienestar Animal.
El alcalde de San Salvador, Mario Durán, confirmó lo sucedido y reiteró el compromiso de la actual administración municipal por velar por el cumplimiento de la ley de bienestar animal y castigar todo acto de agresión y maltrato en contra de los animales.
«Recibimos una denuncia del maltrato hacia un perrito que fue atacado por un sujeto sin escrúpulos. Inmediatamente el personal de la @alcaldia_ss junto a la @PNCSV se movilizaron al lugar. No vamos a permitir ningún maltrato animal y haremos que les caiga todo el peso de la ley», expresó el edil a través de su cuenta de Twitter.
La Ley de Bienestar Animal entró en vigencia en El Salvador desde el pasado 20 mayo, luego que fuera aprobada por la nueva Asamblea Legislativa el 25 de enero pasado. La normativa contempla sanciones leves que serán sancionados de uno a tres salarios mínimos del sector comercio y servicio; las graves, de cuatro a seis salarios y las faltas muy graves de siete a 10 salarios mínimos.
De igual forma, establece penas de entre dos a cuatro años de cárcel para agresores de animales, según se estipule en la investigación del caso. Estas penas carcelarias fueron posibles gracias a unas reformas al Código Penal aprobadas también por la Asamblea Legislativa.
Según el Instituto de Bienestar Animal (IBA), desde la entrada en vigencia de la ley hasta el pasado mes de junio se han reportado 53 casos de maltrato animal, por lo que se ha realizado un trabajo en conjunto con las alcaldías de los 262 municipios para capacitar al personal responsable de atender estas denuncias.
El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado D de San Miguel condenó a 720 años de prisión a Juan José Castillo Arévalo, alias El Samurái, tras hallarlo culpable de 18 casos de homicidio agravado, entre consumados y tentados, además de los delitos de fraude procesal, amenazas agravadas y agrupaciones ilícitas.
Junto a él, también fueron condenados los exagentes José Onán Castillo Arévalo, a 410 años de cárcel; José Fermín Melgar Luna, a 290 años; y Félix Antonio Rodas Jurado, a 65 años de prisión.
De acuerdo con los hechos probados, los crímenes fueron cometidos entre 2015 y 2017 en distintos distritos de los departamentos de Usulután y San Miguel. Los ahora condenados aprovechaban su condición de agentes policiales y su capacidad operativa en la zona para ejecutar las acciones criminales, vinculándose además a estructuras de agrupaciones ilícitas durante 2017.
Durante la vista pública, la representación fiscal demostró que los imputados utilizaron recursos institucionales para cometer los homicidios y alterar escenas del delito, configurando el fraude procesal, lo que afectó gravemente la seguridad pública y la integridad de las instituciones.
En la misma resolución, el tribunal absolvió a Amílcar Antonio Mejía Rivera de los delitos de fraude procesal y agrupaciones ilícitas. Para el resto de los condenados, la sede judicial ratificó las órdenes de captura vigentes, a fin de que sean localizados y puestos a disposición de las autoridades para el cumplimiento de sus respectivas penas.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador emitió una condena de 12 años de prisión en contra de Andrés de Jesús Rodríguez, por extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Cuscatancingo en San Salvador.
Según el expediente judicial, la víctima es un propietario de un negocio de productos varios, quien fue visitado por Rodríguez para exigirle dinero en concepto de renta.
En primera instancia, el comerciante denunció que, desde mediados de 2021, una mujer llegó a su negocio y se identificó como integrante de la pandilla MS13 y le exigió $75 mensuales a cambio de respetarle la vida.
Por temor a represalias, la víctima estuvo pagando la extorsión de forma mensual hasta que en diciembre de 2023 le exigieron $75 adicionales en concepto de aguinaldo. Fue así que el 27 de diciembre decidió interponer la denuncia ante la policía.
Como consecuencia, Rodríguez llegó con amenazas en contra de la víctima, advirtiendo que si no entregaba el dinero enfrentaría las consecuencias. Sin embargo, ante la denuncia, el sujeto fue capturado y procesado por el delito de extorsión.
Una estructura criminal de la pandilla MS13 enfrenta juicio en el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador por el delito de extorsión agravada en perjuicio de un empresario.
De acuerdo a la investigación fiscal, son tres pandilleros quienes comenzaron a cometer el delito desde el año 2014. Exigían sumas de dinero a cambio de no atentar contra la vida de la víctima.
En el año 2019, el empresario decidió interponer la denuncia y se inició el proceso de investigación con participación de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Policía Nacional Civil. De esta manera, mediante el mecanismo de entregas controladas de dinero, lograron identificar a los criminales que cobraban la extorsión.
«Los extorsionistas no recibían directamente el dinero, sino que obligaban a que la víctima lo dejara escondido en algún lugar. No era personal el recibimiento del dinero, sin embargo, con estrategias logramos las capturas. Ahora van a responder ante la justicia por estos hechos cometidos», explicó el fiscal que lleva el caso.
Los pandilleros involucrados en estos hechos fueron capturados a mediados de 2019. Para fundamentar la investigación, la Fiscalía cuenta con cinco testigos de cargo que rendirán sus declaraciones durante la vista pública
