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Asamblea acuerda nueva ley para la pandemia: No se puede aplicar cuarentenas generales
Los diputados de la Asamblea Legislativa acordaron una nueva ley con la que buscan contener la pandemia del coronavirus y en ella se contemplan cuestiones como que el Ministerio de Salud debe coordinar acciones con las alcaldías, que los cercos sanitarios solo podrán medir un kilómetro, no se puede ordenar una cuarentena general, y se estipula cárcel para quien limite la libre circulación, entre otras disposiciones.
Esta es la tercera vez que los diputados emiten legislación directa para la pandemia, las ocasiones anteriores han sido vetados por el presidente Nayib Bukele alegando inconstitucionalidad por no consultar con el Ministerio de Salud.
En la normativa, que tiene por nombre Ley especial transitoria para contener la pandemia por la enfermedad Covid-19, se manda al Ministerio a coordinar su trabajo con otras instituciones como alcaldías, iglesias, ONG y a coordinar acciones para “la efectiva atención integral”.
Cercos sanitarios
En el artículo 7 de la normativa se contempla la posibilidad de decretar zonas sujetas a control sanitario, lo que se conoce como cerco sanitario, pero estos no podrán limitar la libre circulación ni otros derechos fundamentales.
“No puede conducir a la suspensión de derechos fundamentales para la totalidad o parte del territorio, en especial el derecho a la libertad de circulación, sino que su único propósito es el monitoreo necesario a cargo de personal de salud”, reza.
Para establecer un cerco sanitario la zona sujeta debe ser menor a un kilómetro cuadrado a la redonda, el periodo no puede ser mayor a 72 horas y se debe implementar vigilancia centinela para la investigación de la diseminación comunitaria.
No se puede aplicar cuarentenas generales
Otra de las medidas que contiene lo emitido por los diputados es que no se puede aplicar cuarentena de manera general para el territorio, solo para los infectados de coronavirus y los sospechosos de haber estado expuestos.
A los infectados no se les pueden limitar la libertad ya que “las medidas deben apegarse estrictamente al campo de salud y no pueden en ningún caso suspender ningún derecho fundamental, especialmente la libertad de circulación”, reza el decreto.
“Estos productos han sido pagados de sus impuestos”
Otro de los aspectos regulados es que el Órgano Ejecutivo debe poner en los paquetes alimentarios que se entreguen a la población la siguiente frase: “Estos productos han sido pagados de sus impuestos”.
Lo anterior, de acuerdo con los legisladores, es porque los ministros y otros funcionarios están haciendo campaña proselitista de cara a las elecciones legislativas y municipales de 2021.
La entrega de los paquetes debe hacerse en conjunto con las alcaldías y no puede participar la Fuerza Armada de El Salvador (FAES), como lo ha venido haciendo hasta la fecha.
Distanciamiento físico en el trabajo
Se contempla una serie de modificaciones a la ley de prevención de riesgos en los lugares de trabajo para que se contemplen y aseguren medidas como el distanciamiento físico entre los empleados.
También se debe escalonar los horarios de entrada y salida de personal, barreras de protección en los lugares en donde no se pueda mantener más de 2 metros entre trabajadores, reducir actividades presenciales, entre otros.
Transporte público
También se legisla para que los conductores del transporte colectivo usen mascarilla, dispongan de alcohol gel para los pasajeros, desinfección constante en las unidades y no sobrepasar la capacidad de personas de acuerdo con el número de asientos; es decir, no permitir parados en las unidades.
En el caso del transporte selectivo de pasajeros, entiéndanse como taxis o Uber, no podrán llevar a más de tres personas, incluido el conductor, obligatorio el uso del cubrebocas para todos y desinfectar los vehículos.
Sanciones
El artículo 12 de las normas se establece cárcel de cuatro a seis años para quien limite la libertad de circulación u otros derechos fundamentales.
“El funcionario, agente de autoridad, empleado público que ordene una limitación o suspensión del derecho a la libertad de circulación o de cualquier otro derecho constitucional de manera ilegal, mediante un decreto Ejecutivo, acuerdo, resolución o cualquier otro aspecto no legislativo será sancionado con prisión de cuatro a seis años e inhabilitación de su cargo por el mismo tiempo”, establece.
El Ministerio de Trabajo o cualquier otra dependencia del Ejecutivo no puede ordenar el cierre de centros de trabajo por causas que esta ley regule.
La ley entra en vigor al publicarse en el diario oficial y tiene una vigencia de ocho meses a partir de ese momento.
Para que pueda publicarse en el diario oficial debe haber completado el proceso de formación de ley, que indica que la misma debe haber sido sancionada por el presidente de la República.
CON INFORMACIÓN: EL SALVADOR TIMES
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PNC captura a joven de 18 años por tráfico de marihuana y cocaína en Acajutla, Sonsonate Oeste
La Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto inició este viernes el estudio de la propuesta de presupuesto estatal para 2027, que asciende a $12,421.1 millones. El ministro de Hacienda, Jerson Posada, presentó el proyecto y señaló que habrá una necesidad de financiamiento de $515 millones, que podría cubrirse con emisión de títulos valores o con préstamos complementarios. Atribuyó esa brecha a la expansión del gasto en educación y a las inversiones vinculadas a ese sector.
La apuesta central del documento es educación. El monto propuesto es de $3,416 millones, equivalentes al 8.1 % del PIB estimado para 2027 y al 27.5 % del presupuesto total. De esa cifra, $2,700 millones corresponden a la asignación directa del Ministerio de Educación. El resto se reparte en proyectos educativos de otras instituciones. Entre las partidas específicas figuran $118.5 millones para la Universidad de El Salvador, $100 millones para el proyecto Dos escuelas por día y $112 millones para el plan de mejoramiento de centros escolares que ejecuta la Dirección de Obras Municipales. Posada dijo que el cálculo usa el PIB estimado de 2027 y que, de tomarse el de 2026, la inversión educativa representaría el 8.9 %. “Nunca se había visto en el país un presupuesto tan alto para el Ministerio de Educación”, afirmó.
En otros sectores, la propuesta incluye $59 millones para el bono agrícola, $60 millones para los agromercados y $150 millones para el funcionamiento de DoctorSV. Las remuneraciones aumentan 1.9 % y la adquisición de bienes y servicios crece 28.3 %. Durante la sesión, la diputada Claudia Ortiz cuestionó recortes de $80 millones en la red de hospitales públicos y de $55 millones en el primer nivel de atención en salud. Posada respondió que los recursos para hospitales están contemplados, que las compras de medicamentos se centralizan para ganar eficiencia y que el presupuesto es una planificación preliminar. “No hay ninguna falla”, dijo. Explicó que las variaciones durante el año se deben a excedentes de ingresos, nuevos préstamos y mandatos legales.
En la comparecencia también estuvieron el viceministro de Hacienda, Luis Sánchez; el director general del Presupuesto, Carlos Salazar, y el director general de Inversión y Crédito Público, Marlon Herrera. La comisión acordó un calendario de ocho jornadas para escuchar a titulares de ministerios e instituciones. Las próximas sesiones incluirán a Justicia y Seguridad Pública, Defensa y la Fiscalía General de la República; luego a Obras Públicas, la DOM y Desarrollo Local, y después a Agricultura, Medio Ambiente y Turismo.
Educación está prevista para la sexta jornada. Economía y Salud comparecerán en la séptima, junto con otras instituciones. Posada insistió en que el documento es una planificación de partida y que puede incorporar proyectos o recursos adicionales cuando se aprueben durante el ejercicio fiscal.
#Política | La Comisión de Hacienda inició este viernes el estudio del Proyecto de Presupuesto General de la Nación 2027, que asciende a $12,421.1 millones. El ministro de Hacienda, Jerson Posada, presentó los detalles de las asignaciones y la necesidad de emitir deuda para cubrir la brecha presupuestaria.
— La Noticia SV (@lanoticiasv) October 9, 2026
La Fiscalía General de la República (FGR) verificó la destrucción de 35,009.61 gramos de droga, valorada en $52,230.86, vinculada a 48 casos de incautaciones realizadas a escala nacional.
El procedimiento se llevó a cabo en el predio Changallo, ubicado en el distrito de Ilopango, municipio de San Salvador Este, con el acompañamiento de agentes de la División Antinarcóticos y personal del Laboratorio de Sustancias Controladas del Centro de Investigación Forense de la Policía Nacional Civil (PNC).
La Fiscalía detalló que, del total de droga destruida, 34,525.81 gramos correspondían a marihuana, 410.55 gramos a cocaína y 73.311 gramos a metanfetamina.
«La destrucción de los estupefacientes se desarrolló por mandato judicial, como parte del proceso penal contra las personas capturadas durante las incautaciones», indicó el fiscal que verificó el procedimiento.
Según la institución, la droga fue decomisada durante operativos realizados por las autoridades en los últimos años en los departamentos de Santa Ana, Sonsonate, San Miguel y San Salvador.
Por otra parte, durante los siete años de gestión del presidente Nayib Bukele, la Marina Nacional y la Policía han incautado un total de 90.1 toneladas de diferentes tipos de drogas, valoradas en $2,141 millones.
El último cargamento mencionado en el informe fue incautado el pasado 17 de julio por la Fuerza de Tarea Naval Tridente de la Marina Nacional, a 947 millas náuticas (1,764 kilómetros) al suroeste de la Bocana El Cordoncillo, en el Estero de Jaltepeque.
Durante ese procedimiento, las autoridades decomisaron 1.36 toneladas de cocaína y capturaron a los ciudadanos ecuatorianos Jhony Eugenio Garay Velis, de 42 años, y Pedro Leonardo Delgado Pilligua, de 31.
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