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Alcaldía de Santo Tomás adjudica contrato para recibir basura a empresa de Salume a quien la Corte de Cuentas impuso multa millonaria
Una fuente del interior del Concejo Municipal de Santo Tomás en el departamento de San Salvador, informó a este medio bajo reserva de anonimato por temor a las represalías que se adoptó un acuerdo por medio del cual la Alcaldía adjudica a PULSEM, empresa propiedad de Salume para que preste el servicio de disposición final de la basura; esto no tendría mayor relevancia sino fuera porque tal compañía se encuentra condenada por la Corte de Cuentas de la República al pago de una suma superior a $1 millón de dólares derivada de un mal manejo de fondos públicos, al haber realizado gastos y aplicados costos a sus operaciones no respaldados documentalmente; y porque está siendo investigada por contaminación ambiental ocasionado por fuertes emanaciones de gas metano.
De acuerdo a la fuente de la información, la Unidad de Adquisiciones de Contratación (UACI) de la Alcaldía de Santo Tomás, tenía la obligación de revisar la situación financiera de la empresa adjudicada, ya que lo más importante es poder contar con la garantía que la empresa designada para prestar el servicio de disposición final de la basura tiene la solvencia económica para cumplir sus obligaciones contractuales, lo que es cuestionable cuando tiene una condena por una suma millonaria, pues aunque se impugne la sanción cualquier juzgado que conozca el caso deberá imponerle una fianza que cubra el valor de la multa más los intereses durante todo el tiempo que se discuta.
La condena a pagar más de $1 millón de dólares le fue impuesta a la empresa de Salume por la Corte de Cuentas de la República hace unos días, lo que este medio pudo constatar con la información que fue notificada a la municipalidad del Puerto de La Libertad. La empresa PULSEM es la administradora del Botadero Municipal del Puerto de La Libertad, cuestionada también por presuntamente haber recibido favorecimientos de la Ex ministra del medio ambiente Lina Pohl del gobierno del FMLN, para obtener permisos sin haber cubierto de forma completa todos los requisitos legales y técnicos.
Durante los años 2009 a 2014 en el primer gobierno del FMLN, el Sr. Nicolás Salume fue nombrado Primer Designado Presidencial por el entonces presidente Mauricio Funes, luego que Salume aportara $3 millones de dólares a la campaña que derivó en la elección de Funes. Además, una fuente interna del Ministerio de Medio Ambiente (MARN) también confirmó que en la actual administración se le otorgó un permiso para ampliar la cantidad de basura que puede recibir, a pesar que no se realizó el Estudio de Impacto Ambiental como lo ordena la Ley de Medio Ambiente.
Esa misma fuente confirmó que existen al menos dos procesos judiciales por infracciones ambientales en contra de PULSEM, uno de ellos por los daños ambientales que ha ocasionado a las comunidades vecinas desde el año 2011 en que incrementó la cantidad de basura a recibir sin contar con autorización para hacerlo, acción que provó tala de árboles en parte de la reserva del bosque protegido y la contaminación del suelo, agua y aire en la zona. El otro proceso consiste en la contaminación por emanasiones de gas metano a la atmósfera, las cuales producen el denominado “efecto invernadero”, esto ocurre por las altas concentraciones de basura y porque la empresa de Salume no capta ni destruye los gases producidos por la descomposición.
De acuerdo a un oficio recibido por el MARN proveniente del juzgado ambiental de Santa Tecla, al que tuvo acceso este medio, se solicitó a esa institución, una evaluación acerca de la cantidad de gas metano que se está expulsando a la atmósfera en el botadero municipal del Puerto de La Libertad, por la gravedad que significa para las familias que habitan cerca del lugar y puedan estar siendo víctimas en su salud por la contaminación, pero que a la fecha no ha sido realizado.
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Miembro del Barrio 18 capturado en vuelo federal
El ministro de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, informó sobre la captura de un integrante de la organización criminal Barrio 18, quien intentó ingresar al país en un vuelo federal sin presentar alertas migratorias previas.
El detenido fue identificado como Edwin Alejandro Castro Hernández, alias «Street boy», quien, según las autoridades, quedó al descubierto durante los controles especializados realizados en el aeropuerto.
De acuerdo con la información oficial, Castro Hernández es señalado de pertenecer a la estructura «Tayni Wayniss Sureños», vinculada al control criminal de sectores del distrito de Ilopango.
Villatoro aseguró que el capturado enfrentará el proceso penal correspondiente por su presunta participación en actividades relacionadas con organizaciones terroristas.
En un pronunciamiento oficial, el ministro sostuvo que mantendrá las acciones de seguridad para evitar que estructuras criminales vuelvan a operar en el país. «Actuamos con inteligencia, decisión y con el compromiso de no volver jamás al pasado», señaló.
También afirmó que continuará reforzando los controles migratorios y de seguridad para impedir el ingreso de miembros de pandillas o estructuras criminales al territorio nacional.
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Ordenan a COASPAE la devolución de $462 mil a 25 socios
El Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor ordenó a la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito de Profesionales en Administración de Empresas y Carreras Afines (Coaspae de R.L.) que devuelva a un grupo de 25 socios la cantidad de $462 mil 914.53, al considerar que la institución financiera ha cometido una falta grave al no permitirles retirar sus ahorros y sus depósitos a plazos fijos ya vencidos.
La resolución del Tribunal es de diciembre de 2025, pero varios de los afectados han sido notificados a lo largo del primer trimestre de 2026. Además, la devolución no se ha hecho aún efectiva porque COASPAE contrarrestó con una demanda ante un Juzgado de lo Cotencioso Administrativo, lo cual pone en pausa el proceso hasta que exista una sentencia definitiva.
Los 25 socios antes citados presentaron sus reclamos ante la Defensoría del Consumidor a finales de 2024, después que COASPAE se negara a devolverles el dinero que tenían en la institución. Durante el proceso de conciliación, según la resolución, la cooperativa no se presentó a dos citatorios, pero sí lo hizo en la fase sancionatoria, donde argumentó que la entidad tenía falta de liquidez y que por esa razón no podía reintegrar el dinero a los ahorrantes.
El Tribunal sostutvo que el argumento de COASPAE era insuficiente y determinó que la cooperativa había cometido una infracción grave, según el artículo 43 literal e de la Ley de Protección al Consumidor, que consiste en “No entregar los bienes o prestar los servicios en los términos contratados”.
La resolución dicta que debe devolver $462 mil 914.53 a los 25 socios afectados, más una multa de poco más de $200 mil que también debe ser repartida entre los socios.
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Ebrio que portaba arma es condenado a 10 años de cárcel
A 10 años de prisión fue condenado Lucio Antonio Castellanos, por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.
La pena se la impuso el Juzgado Sexto de Paz de San Salvador en un juicio sumario [proceso judicial corto] que definió la situación jurídica del imputado de forma ágil.
Fue capturado el 7 de noviembre de 2025, en la Avenida Isidro Menéndez y 10a. Calle Poniente, en San Salvador, tras una denuncia que recibió la Policía Nacional Civil (PNC), en la que se alertaba que un hombre se desplazaba a pie portando un arma de fuego en la cintura.
Los agentes verificaron que no portaba licencia, y además estaba ebrio, con 255 grados de alcohol.
Condenan a diez años de cárcel a hombre por tenencia ilegal de arma de fuego




