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A juicio Nicolás Salume por atentar contra la salud de los salvadoreños, según el Juzgado Ambiental
El Juzgado Ambiental de San Salvador ordenó iniciar un proceso penal contra el representante legal del botadero ubicado en el cantón Melara, La Libertad, Nicolas Adriano Salume Pacas, por no acatar las medidas cautelares respecto al procesamiento de desechos solidos en el mencionado lugar.
La orden judicial limitaba a procesar 500 toneladas diarias de desechos sólidos en el botadero, pero los encargados del recinto duplicaron la capacidad autorizada, desobedeciendo así la medida cautelar.
Por lo tanto, el Juzgado se ha visto obligada a girar la orden a la Fiscalía General de la República (FGR), porque considera que esta acción de Salume pone en riesgo la salud de la población de periferia.
Por su parte, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales realizó una verificación de aplicación de medidas cautelares emitidas por el tribunal el pasado 28 de mayo de 2019, donde se ordenaba que se suspendiera de manera inmediata (en las próximas 24 horas) el ingreso de desechos sólidos excedentes a 500 toneladas diarias, la cantidad autorizada a procesar por el MARN, en diciembre de 2018. La institución consignó un incumplimiento de lo establecido.
“Certifíquese el presente expediente a Fiscalía General de la República para que inicie investigación penal contra el señor Nicolás Adriano Salume Pacas, representante legal de Gestión Integral de Desechos Ciudad y Puerto de La Libertad, Sociedad por Acciones de Economía Mixta y de Capital Variable, por la comisión del delito de Desobediencia de Particulares del artículo del Código Penal 338, en razón del incumplimiento de las medidas cautelares impuestas en la resolución de las 14:40 horas del día 28-V-2019”, dicta la resolución.
La medida cautelar que fue informada a la sociedad PULSEM el 3 de junio del presente año, pero la misma fue obviada por los titulares de la empresa. “Respecto a la primera medida cautelar, consta en informes del MARN agregados en el presente auto, que se verificó la cantidad de desechos sólidos que ingresan al Relleno Sanitario de La Libertad y que durante el periodo del 1 al 13 de junio del presente año se han recibido la cantidad de 14,104.73 toneladas, teniendo un promedio de 1,084.98 toneladas por día. Asimismo, durante el periodo 14 al 30 de junio del presente año se recibieron en el relleno sanitario la cantidad total de 13,010.19 toneladas, teniendo un promedio de 765.31 toneladas por día”, destaca la resolución.
Otra de las medidas cautelares establecidas por el Juzgado Ambiental exigía a la empresa presentar en un plazo de cinco días, el reporte con el total de desechos sólidos ingresados desde el 10 de diciembre de 2018 al mes de abril del presente año, el cual fue presentado sin respaldo documental y en el que también se resalta que el relleno de Melara no respetó el límite de toneladas de desechos a procesar otorgado por el MARN. “Si bien el informe no presenta mayores formalidades tales como sello y firma de su procedencia o que el mismo efectivamente venga sustentado en bitácora de control que certifique la recepción de las cantidades expresadas en el mismo, al hacer una operación para deducir el promedio total de toneladas diarias de desechos sólidos que fue recibido en ese periodo, resulta que el promedio equivale a 778.98 toneladas por día, siempre superando las 500 tonelada promedio diarias autorizadas por el MARN. Exceso que se evidencia incluso antes de la imposición de las medidas cautelares por este tribunal”, agrega la resolución.
De igual manera el Juzgado Ambiental denegó revocar las medidas cautelares como lo había solicitado un represente legal de la empresa PULSEM, ya que hasta el momento el relleno sanitario no cumple las normas establecidas para su funcionamiento.
El tribunal instó al MARN el inicio del procedimiento sancionatorio respectivo por el incumplimiento de las condiciones impuestas en el permiso ambiental”, destaca.
El Salvador impulsa el Sistema de Alerta Temprana para Incendios Forestales (SAT-IF), una herramienta estratégica que permitirá reducir riesgos y mejorar la gestión ante estos eventos.
Miembros de la Dirección General de Protección Civil y su Equipo Táctico de Emergencias, Cuerpo de Bomberos, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Ministerio de Salud (MINSAL), Fiscalía General de la República (FGR) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) como parte de la Comisión Nacional de Incendios Forestales (CNIF) conocieron la propuesta.
De acuerdo con Protección Civil, los incendios forestales constituyen una de las amenazas ambientales y sociales más complejas en El Salvador, generando impactos sobre los ecosistemas, la salud pública, la seguridad alimentaria, la infraestructura productiva y los medios de vida de comunidades rurales y de interfaz urbano-forestal.
Este año, lo incendios forestales se han duplicado. «En forestales: en 2025 fueron 80 y en 2026, suman 166 incendios, con un incremento de 108 %», afirmó recientemente el director de Bomberos, Baltazar Solano.
«La recurrencia de estos eventos, intensificada por el cambio climático, la degradación de recursos naturales y el uso inadecuado del fuego, ha evidenciado la necesidad de pasar de enfoques reactivos a estrategias de prevención y anticipación», comunicó la institución.
El SAT-IF se concibe como un sistema integral que transforma información climática, ambiental, territorial y social en alertas oportunas y acciones concretas, permitiendo intervenir antes de que los incendios alcancen niveles de alta severidad.
La propuesta incorpora buenas prácticas internacionales, adaptadas a la realidad de El Salvador, derivadas de la experiencia técnica de Corea, fortaleciendo la arquitectura, componentes funcionales y mecanismos de gobernanza del sistema.
El sistema se estructura en cuatro componentes interdependientes: monitoreo y vigilancia, análisis y evaluación del riesgo, comunicación y difusión de alertas, y preparación y respuesta. Además, promueve una gobernanza multinivel y multisectorial, articulando los niveles estratégico, técnico, operativo y comunitario, y fortaleciendo la coordinación interinstitucional. Un elemento central del SAT-IF es la participación comunitaria.
En el gobierno de Nayib Bukele, las cifras en materia de seguridad han mostrado una mejora sostenida año con año, como resultado de las distintas estrategias implementadas para combatir la criminalidad. Esta tendencia se ha mantenido firme cada mes que ha transcurrido este 2026.
Con los últimos resultados obtenidos el mes anterior, se concluye que abril de 2026 superó los resultados en seguridad del año pasado en mismo periodo. Dicho mes cerró con tres homicidios, registrando un promedio de 0.10 homicidios por día; mientras que, en el 2025, hubo 5 reflejando un promedio de 0.16. Además de cerrar con bajo promedio, en abril se registraron 27 días sin homicidios.
Dichos indicadores, que continúan reflejando una reducción en los hechos delictivos, especialmente en homicidios, consolidan un escenario de mayor seguridad en el país.
Respecto a los homicidios reportados en abril de este año, las autoridades han logrado resolver la mayoría de estos con la captura de los sospechosos.
El 30 de abril pasado, la Policía Nacional Civil reportó el homicidio de una mujer de 65 años. El crimen se registró en Candelaria de la Frontera, Santa Ana Oeste.
De acuerdo con las autoridades, la víctima presentaba lesiones con arma blanca y actualmente equipos de inteligencia e investigaciones buscan al responsable.
Mientras que, el 19 de abril, la Policía registró el feminicidio de una mujer de 28 años, en Santa Ana.
En coordinación con las autoridades de Guatemala, la Policía logró ubicar y capturar al responsable identificado como Diego Antonio Santos Villanueva.
Asimismo, el 4 de abril, la Policía reportó un homicidio en Zacatecoluca, La Paz Este, donde un hombre de 34 años fue asesinado con arma blanca.
El responsable de este hecho fue José Armando Mancía García de 38 años. Según las autoridades, Mancía comenzó a agredir a su esposa y la víctima, quien es cuñado del detenido, intentó defender a su hermana, pero Mancía lo atacó.
Las autoridades del Gabinete de Seguridad Ampliado aseguran que continuarán implementado las medidas que sean necesarias para que, en El Salvador, cualquiera que cometa un homicidio, sea puesto tras las rejas.
La Procuraduría General de la República (PGR) acreditó a 28 nuevos mediadores internos, que tienen por función ayudar a resolver conflictos de forma pacífica y rápida, sin escalar a instancias judiciales.
«La mediación constituye un pilar fundamental para la construcción de una sociedad más justa, pacífica y armónica, transformando los conflictos en oportunidades de diálogo y entendimiento», expresó el procurador general de la república, René Escobar.
Con los nuevos profesionales acreditados, la PGR cuenta con 388 mediadores, que atienden en la sede central y en las 18 procuradurías auxiliares.
En el primer trimestre de 2026, la Unidad de Mediación y Conciliación de la Procuraduría, ingresó 4,023 expedientes de personas que buscaron ayuda para resolver problemas de tipo patrimonial, problemas vecinales, de familia, cuotas alimenticias, custodias de hijos, entre otros.
Los 28 nuevos mediadores serán desplegados en las procuradurías de San Miguel, Usulután, Morazán, La Unión, Ahuachapán, Cuscatlán y Soyapango, informó la institución.
«La mediación ofrece a la ciudadanía una forma pacífica, rápida y humana de resolver los conflictos, sin necesidad de llegar a procesos judiciales largos y costosos. La mediación permite la justicia a las personas, promoviendo el diálogo, la comprensión mutua y la construcción de acuerdos sostenibles», afirmó Jeanneth Marconi, procuradora especializada de mediación.
