Internacionales
Una indígena será por primera vez representante de Colombia ante ONU
Foto: Survival
Una líder indígena y defensora de derechos humanos representará por primera vez a Colombia ante la ONU, anunció este martes el presidente electo, Gustavo Petro.
La dirigente del pueblo Arhuaco «Leonor Zalabata Torres será nuestra embajadora ante la ONU en Nueva York», escribió el mandatario izquierdista en Twitter.
Zalabata nació hace 58 años en el seno de esa comunidad indígena, que ancestralmente habita en la imponente Sierra Nevada de Santa Marta, en el Caribe colombiano.
Hasta ahora solo diplomáticos de carrera o miembros de las élites conservadoras habían representado a Colombia ante la Organización de Naciones Unidas.
Odontóloga de profesión, la nueva diplomática es escritora, cronista y defensora de los derechos humanos de los aborígenes que viven en la sierra, codiciada por los grupos armados que operan en Colombia.
Zalabata participó en el proceso de paz que condujo al desarme de los rebeldes de las FARC en 2017.
En conversación con Blu Radio, Zalabata celebró ser la primera indígena en representar a Colombia ante Naciones Unidas.
Desde esa organización, dijo, defenderá tres «ejes fundamentales»: «la paz, la justicia social y la justicia ambiental».
Son puntos «de interés de Colombia y siguen siendo intereses de la humanidad», añadió la líder, quien siempre usa el vestido típico de los arhuacos: una túnica blanca, larga y sin mangas.
Por su activismo a favor de los pueblos originarios y de la «Madre Tierra», Zalabata recibió el premio Anna Lindhs por parte del gobierno sueco en 2007 y el Premio Franco-Alemán de Derechos Humanos, en 2019.
Petro asumirá el 7 de agosto, un mes después de ser elegido como el primer presidente de izquierda de Colombia con un fuerte apoyo de las comunidades indígenas y negras, históricamente acalladas en la política.
Este martes el mandatario también nombró a otros dos aborígenes en la dirección de entidades estatales: la embera Patricia Tobón como directora de la Unidad de Víctimas y el nasa Giovani Yule como jefe de la Unidad de Restitución de Tierras.
Un fatídico hecho de sangre se registró este lunes en un restaurante ubicado sobre la 18.ª avenida y 8.ª calle, de la Zona 6, de la capital guatemalteca. Clientes y empleados de la cevichería «Viña del Mar» fueron atacados a balazos por dos hombres que ingresaron con los rostros cubiertos. En el lugar fallecieron cinco personas, mientras que los lesionados fueron trasladados al Hospital San Juan de Dios, posteriormente uno murió en el nosocomio, informó el periódico Prensa Libre.
Entre los heridos se encuentra un menor de cinco años que fue movilizado a una unidad de emergencias pediátricas.
Bomberos Voluntarios y Bomberos Municipales fueron los primeros en llegar a la escena del crimen, tras recibir llamadas de emergencias de los vecinos, quienes escucharon los disparos.
Actualmente la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP) investigan el móvil de la masacre.
Según una publicación en la web del medio guatemalteco La Hora, citando versiones de testigos, los atacantes se movilizaban en motocicletas.
En las redes sociales comenzaron a circular las posibles identidades de las víctimas entre ellas Kimberly Pérez Ramos, su pareja Isaías Boch y el hijo en común que resultó herido; los tres residentes de Buena Vista, Santa María Ixhuatán, Santa Rosa.
Noemí Sinay Hernández ha sido identificada entre las víctimas mortales. La mujer contaba con récord delictivo por asociaciones ilícitas, portación de arma hechiza y conspiración para asesinato, confirmó el vocero de la PNC, Jorge Aguilar. De todos los fallecidos era la única que contaba con antecedentes policiales, añadió.
Una de las hipótesis de la Policía es que el ataque iba dirigido hacia Hernández por presunta rivalidad entre bandas criminales
La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea por considerarla corrupta y antidemocrática, fracasó este lunes en su aspiración de lograr un tercer mandato, lo que el presidente Bernardo Arévalo rechazaba de forma rotunda.
La salida de Porras del Ministerio Público (MP) es considerada clave por activistas y juristas locales e internacionales para atacar la red de corrupción enquistada en el sistema de justicia, que ha hecho tambalear a la frágil democracia guatemalteca.
Porras quedó fuera de la lista de seis candidatos aprobada por la comisión de abogados que los seleccionó para que Arévalo designe al fiscal general que asumirá el cargo el 17 de mayo por los próximos cuatro años.
Arévalo descartó elegir a Porras por considerarla «peligrosa» para el país, pero la propia comisión evaluadora la excluyó, aunque encabezaba una tabla de puntajes que solo consideraba la experiencia y títulos académicos, no la integridad ética.
Sus críticos la consideran operadora del llamado «pacto de corruptos», la élite político-empresarial ultraconservadora que domina el país.
Internacionales
Masacres en Colombia aumentan un 32% en 2026 y dejan más de 90 víctimas en tres meses
La situación de seguridad en Colombia muestra una crisis durante el inicio de 2026, con un aumento significativo en las masacres registradas entre enero y marzo. De acuerdo con el Ministerio de Defensa de Colombia, en ese periodo se contabilizaron 30 hechos que dejaron 94 fallecidos a causa de la violencia, lo que representa un incremento del 32% en comparación con el mismo lapso del año anterior.
Según detalla un artículo de «El Colombiano», las cifras reflejan un problema persistente en distintas regiones del país, donde continúan ocurriendo asesinatos colectivos, definidos como la muerte intencional de tres o más personas en un mismo hecho. Este tipo de violencia evidencia la presencia activa de criminales en varios territorios.
Por su parte, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz reportó un panorama aún más crítico, con 35 masacres y 133 víctimas durante el primer trimestre de 2026, lo que convierte este periodo en el más violento de la última década en este tipo de crímenes.
Los casos se han concentrado en al menos 34 municipios de 17 departamentos, lo que evidencia una expansión territorial de la violencia, en muchos casos vinculada a disputas entre grupos armados ilegales. Enero y marzo fueron los meses con mayor incidencia, con 13 casos de violencia cada uno, mientras que en febrero se registraron nueve.
El año inició con un hecho que marcó la tendencia. El 3 de enero, en Santander de Quilichao, tres mujeres fueron asesinadas en un mismo hecho violento. El caso, que incluyó ataques en distintos momentos relacionados entre sí, evidenció la gravedad de la situación y el impacto en las comunidades.
La comparación con años anteriores confirma el aumento de la violencia, ya que en el primer trimestre de 2025 se registraron 16 masacres, en 2024 fueron 18 y en 2023 un total de 27 casos. Según Indepaz, entre 2016 y marzo de 2026 se han documentado 729 masacres y 2,657 víctimas en el país, reflejando la persistencia de este fenómeno a lo largo del tiempo.
