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Una indígena será por primera vez representante de Colombia ante ONU
Foto: Survival
Una líder indígena y defensora de derechos humanos representará por primera vez a Colombia ante la ONU, anunció este martes el presidente electo, Gustavo Petro.
La dirigente del pueblo Arhuaco «Leonor Zalabata Torres será nuestra embajadora ante la ONU en Nueva York», escribió el mandatario izquierdista en Twitter.
Zalabata nació hace 58 años en el seno de esa comunidad indígena, que ancestralmente habita en la imponente Sierra Nevada de Santa Marta, en el Caribe colombiano.
Hasta ahora solo diplomáticos de carrera o miembros de las élites conservadoras habían representado a Colombia ante la Organización de Naciones Unidas.
Odontóloga de profesión, la nueva diplomática es escritora, cronista y defensora de los derechos humanos de los aborígenes que viven en la sierra, codiciada por los grupos armados que operan en Colombia.
Zalabata participó en el proceso de paz que condujo al desarme de los rebeldes de las FARC en 2017.
En conversación con Blu Radio, Zalabata celebró ser la primera indígena en representar a Colombia ante Naciones Unidas.
Desde esa organización, dijo, defenderá tres «ejes fundamentales»: «la paz, la justicia social y la justicia ambiental».
Son puntos «de interés de Colombia y siguen siendo intereses de la humanidad», añadió la líder, quien siempre usa el vestido típico de los arhuacos: una túnica blanca, larga y sin mangas.
Por su activismo a favor de los pueblos originarios y de la «Madre Tierra», Zalabata recibió el premio Anna Lindhs por parte del gobierno sueco en 2007 y el Premio Franco-Alemán de Derechos Humanos, en 2019.
Petro asumirá el 7 de agosto, un mes después de ser elegido como el primer presidente de izquierda de Colombia con un fuerte apoyo de las comunidades indígenas y negras, históricamente acalladas en la política.
Este martes el mandatario también nombró a otros dos aborígenes en la dirección de entidades estatales: la embera Patricia Tobón como directora de la Unidad de Víctimas y el nasa Giovani Yule como jefe de la Unidad de Restitución de Tierras.
Al menos 10 personas murieron durante un incendio registrado la madrugada de este miércoles en una vivienda ubicada en el sector Pisagua, en el distrito de La Victoria, en la ciudad peruana de Lima, informaron autoridades locales.
El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Oscar Arriola, señaló a la agencia estatal de noticias Andina que el siniestro ocurrió alrededor de las 03:00 horas local y dejó, hasta el momento, 10 personas fallecidas, entre ellas cinco menores de edad y cinco adultos.
«Expresar las condolencias a los familiares de la familia Vilchez, cuyos integrantes han fallecido. Son 10 personas, nueve de ellas de apellido Vilchez», detalló el funcionario.
Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) informó que el incendio fue «extinguido» por efectivos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, quienes movilizaron nueve unidades operativas para atender la emergencia.
La zona permanece acordonada, mientras peritos especializados de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público realizan las diligencias correspondientes para identificar a las personas fallecidas.
La apertura del juicio en Nueva York contra el depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro por tráfico de drogas fue fijada para el 1 de junio de 2027, durante una audiencia preparatoria celebrada este miércoles.
Maduro, de 63 años, fue capturado por Estados Unidos en Caracas y permanece encarcelado desde el 3 de enero en una prisión de Brooklyn. El exjefe de Estado enfrenta cuatro cargos relacionados con narcotráfico y tráfico de armas.
Su esposa, Cilia Flores, de 69 años, también es procesada en este caso y enfrenta tres cargos. Ambos han negado los hechos que se les atribuyen.
En una carta enviada el martes al juez encargado del caso, Alvin Hellerstein, el fiscal Jay Clayton informó que ambas partes habían solicitado que el juicio iniciara en junio de 2027.
El proceso judicial contra la pareja continúa luego de que el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump autorizara que Venezuela pueda cubrir los honorarios de los abogados defensores, una medida que inicialmente había sido impedida debido a las sanciones impuestas contra el país.
Los Maduro habían solicitado que sus casos fueran desestimados, argumentando que bloquear el financiamiento vulneraba el derecho constitucional estadounidense a contar con un abogado de libre elección.
Durante su primera comparecencia en Nueva York, poco después de su detención, Maduro se presentó como «un prisionero de guerra».
El expresidente enfrenta cargos por conspiración de «narcoterrorismo», conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, así como conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos.
Además del proceso penal contra quien gobernó Venezuela entre 2013 y 2026, familiares de cinco jóvenes asesinados en ese país presentaron a comienzos de julio una acción civil contra Maduro, acusándolo de haber ordenado sus ejecuciones dentro de un esquema de violencia de Estado.
Tras la salida de Maduro, su exvicepresidenta Delcy Rodríguez asumió como mandataria interina y gobierna bajo la presión de Washington, que afirma estar al mando del país petrolero.
Dos peligrosos integrantes del Barrio 18, identificados por las autoridades como operadores de la estructura criminal «Los Caradura», murieron durante un ataque armado registrado en el ingreso a San Miguel Dueñas, en el departamento de Sacatepéquez.
De acuerdo con las autoridades, un tercer ocupante del vehículo resultó gravemente herido y fue trasladado a un centro asistencial. Hasta el momento, se desconoce su estado de salud.
Según la información oficial, las víctimas se desplazaban en un pick-up Ford color rojo cuando fueron interceptadas por hombres armados, quienes abrieron fuego en repetidas ocasiones.
Como parte de las investigaciones, las autoridades localizaron múltiples casquillos en la escena, mientras que el vehículo presentaba numerosos impactos de bala.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y fiscales del Ministerio Público (MP) procesaron la escena del crimen y mantienen las diligencias para establecer el móvil del ataque e identificar a los responsables.
