Internacionales
Trump será juzgado a partir de marzo en Nueva York por el caso de los pagos a una actriz porno
Donald Trump será el primer expresidente de Estados Unidos en enfrentar un juicio penal, a partir del 25 de marzo, por un caso de pagos para comprar el silencio de una actriz porno, anunció este jueves un juez de Nueva York.
La decisión, que confirmó la fecha de inicio del juicio, llega en plena campaña electoral del multimillonario republicano de 77 años para volver a la Casa Blanca.
«Hay muchos aspectos a considerar» sostuvo el juez del caso, Juan Merchan, al rechazar los pedidos de la defensa de Trump para posponer el inicio del juicio, que iniciará con la selección del jurado a partir del 25 de marzo.
El caso «nunca hubiera sido presentado» si no estuviera «postulándome» a presidente, declaró Trump en su red social Truth Social previo a la audiencia en el Tribunal de Distrito de Manhattan, al que llegó poco antes de las 9h00 locales (14h00 GMT).
Hasta ahora, los numerosos casos judiciales que enfrenta el expresidente -sobre el que pesan 91 cargos penales- no han socavado su popularidad, y las encuestas le dan como favorito en un posible duelo contra el actual mandatario Joe Biden en noviembre.
Pagos a la actriz Stormy Daniels
El magnate está acusado de 34 cargos relacionados con el pago, en 2016, de 130.000 dólares a la estrella del cine para adultos Stormy Daniels, cuyo nombre real es Stephanie Clifford, para que guardara silencio sobre una supuesta relación extramatrimonial que se remonta a 2006 y que el político siempre ha negado.
Los pagos en sí no son ilegales, pero Trump los anotó como «honorarios jurídicos» en las cuentas de su empresa, la Trump Organization.
Asimismo, según documentos judiciales, el magnate compró el silencio de terceros al menos dos veces más. Pagó 30.000 dólares a un portero de la Torre Trump que afirmaba tener información sobre un hijo del magnate fruto de una relación extramatrimonial, y otros 150.000 a una mujer que aseguraba tener un romance con el expresidente.
Trump se declaró no culpable de los cargos en su contra el 4 de abril del año pasado y se dice víctima de una «caza de brujas» para impedir que vuelva a la Casa Blanca.
El multimillonario no ha escatimado críticas al juez Merchan, que ya instruyó en 2022 otro caso contra la empresa familiar por fraude fiscal.
«ME ODIA», dijo en su plataforma Truth Social.
Los expertos no creen que a la fiscalía le sea fácil demostrar las acusaciones que pesan sobre el expresidente, por lo que resulta incierto que pueda ser condenado a una pena de cárcel.
Montaña rusa judicial
Sus abogados también lo representaron este jueves en Atlanta, Georgia, donde Trump fue acusado de conspirar para interferir en la elección de 2020 en la que fue derrotado por Biden.
La audiencia tenía como objetivo inhabilitar a la fiscal Fani Willis por una supuesta relación con otro fiscal, y que desestimar los cargos contra el exmandatario.
Obligado a declarar este jueves, el fiscal Nathan Wade afirmó que su relación con Willis comenzó «alrededor de marzo» de 2022.
El viernes está previsto el anuncio de la multa que le impondrá el juez Arthur F. Engoron, que instruyó otro caso por fraude fiscal, y que podría elevarse a 370 millones de dólares como reclama la fiscalía, que se sumarían a los más de 80 millones que ha sido condenado a pagar recientemente por difamar a una escritora que lo acusó de violarla en la década de los 90.
Y Trump enfrenta otro posible juicio en Washington. Este proceso en la justicia federal debía comenzar el 4 de marzo pero fue reportado hasta evaluar la eventual inmunidad penal del expresidente en este caso en el que se le acusa de conspiración para revertir los resultados de la elección en 2020.
Internacionales
Fiscalía de Guatemala allana sede de Save the Children por investigación de abusos contra niños
La Fiscalía guatemalteca allanó el jueves las oficinas de la organización no gubernamental Save the Children como parte de la investigación transnacional de abusos contra la niñez de este país centroamericano.
El jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, explicó, a través de un video en las redes sociales de la institución, que se llevó a cabo «la inspección, registro y secuestro de evidencias en seguimiento» a la pesquisa, luego de una denuncia de «carácter transnacional que abarcan acciones que podrían estar relacionadas con vulneraciones y abusos en contra de la niñez guatemalteca».
«También se ha solicitado apoyo a la Fiscalía de Texas, Estado Unidos… Y unir esfuerzos para abordar de manera integral para la investigación», detalló.
La organización rectificó en un comunicado de prensa que durante casi 50 años ha trabajado en Guatemala en diferentes programas de salud y nutrición para la niñez, adolescencia y sus familias durante emergencias, y se desvinculó de los señalamientos del traslado de menores de edad fuera del país.
«Hemos protegido a la niñez de cualquier abuso de sus derechos. No facilitamos -y nunca lo hemos hecho- el traslado de niños, niñas o adolescentes fuera de Guatemala», señala en el escrito.
«Nos ha impactado y desconcertado el registro sin precedentes de nuestras oficinas por parte del Ministerio Público de Guatemala (fiscalía). No se nos dio a conocer ninguna acusación específica, y no hay evidencias que respalden ninguna acusación de conducta indebida», indica.
La organización, con sede en el Reino Unido, asegura que trabaja apegada «a las normas más estrictas en materia de protección de la niñez y administración financiera. También rendimos cuentas ante la Comisión de Organizaciones Benéficas del Reino Unido y nuestros libros son auditados anualmente por múltiples donantes».
La cifra de muertos a causa de las fuertes lluvias e inundaciones repentinas en Kenia aumentó a 70, informó hoy viernes un funcionario del Gobierno.
El impacto humanitario de las fuertes lluvias, que han afectado a por lo menos 23 de los 47 condados, sigue aumentando. Las fuertes lluvias, desbordamientos e inundaciones repentinas han afectado a la mayor parte de Kenia, dijo el portavoz del Gobierno, Isaac Mwaura.
En el condado de Makueni, en el sur del país, se teme que otras 10 personas se hayan ahogado hoy al intentar cruzar un río desbordado.
El vicepresidente Rigathi Gachagua anunció el jueves que el Gobierno estableció un equipo nacional de emergencia de múltiples agencias para hacer frente a las inundaciones y un centro de respuesta para ayudar a gestionar las inundaciones.
Al menos 10 personas murieron y 9 resultaron heridas en un incendio que se desató la madrugada del viernes en una posada que funcionaba como albergue de personas sin hogar en Porto Alegre, en el sur de Brasil, informaron autoridades.
«Se confirmaron 10 víctimas y el lugar operaba de manera irregular»,señaló en un comunicado el cuerpo de bomberos del estado de Rio Grande do Sul.
Los forenses trabajan en el lugar para identificar a los fallecidos, agregó.
El gobernador del estado, Eduardo Leite, dijo en la plataforma X estar «profundamente consternado» por la tragedia y señaló que las autoridades trabajan en averiguar las causas del fuego.
Nueve personas rescatadas fueron trasladadas a dos hospitales de la zona, dijo la coordinadora de Defensa Civil de Porto Alegre, Bárbara Barbieri.
«Fue muy rápido, gritaron ‘Fuego’ y el fuego ya estaba a dos cuartos al lado del mío y salí corriendo porque ya había mucho humo», contó al portal G1 un residente del albergue, que no se identificó.
«Con tristeza y preocupación me enteré de la muerte de al menos 10 personas en un incendio en una casa de huéspedes en Porto Alegre», escribió en X el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, que se solidarizó con los allegados de las víctimas.
Irregularidades
El director de Defensa Civil de Porto Alegre, Evaldo Rodrigues de Oliveira, dijo que un equipo evalúa los daños en las estructuras del inmueble, que pertenece a una red de posadas de bajo costo en Porto Alegre.
Las autoridades municipales autorizaron a las otras personas que residían en el edificio para retirar algunas pertenencias y ser llevadas a otros albergues.
Según los bomberos, la posada no contaba con permiso de funcionamiento ni plan de prevención de incendios.
El diputado de la Asamblea Legislativa de Rio Grande do Sul Matheus Gomes denunció que el establecimiento recibe recursos de la alcaldía pese a que existen denuncias de «irregularidades» desde hace «años».
«Es necesario investigar no sólo el incendio, sino toda la trama de una tragedia anunciada», señaló en X.
En 2013, la ciudad de Santa Marta, también en Rio Grande do Sul, fue escenario de un incendio en una discoteca que dejó 242 muertos.
La mayoría de las víctimas perecieron asfixiadas por la nube tóxica despedida por el material inflamable del techo del local, que carecía de extintores que funcionaran y con solo dos puertas frontales para evacuar a una multitud, según la investigación.
