Internacionales
Trump será juzgado a partir de marzo en Nueva York por el caso de los pagos a una actriz porno
Donald Trump será el primer expresidente de Estados Unidos en enfrentar un juicio penal, a partir del 25 de marzo, por un caso de pagos para comprar el silencio de una actriz porno, anunció este jueves un juez de Nueva York.
La decisión, que confirmó la fecha de inicio del juicio, llega en plena campaña electoral del multimillonario republicano de 77 años para volver a la Casa Blanca.
«Hay muchos aspectos a considerar» sostuvo el juez del caso, Juan Merchan, al rechazar los pedidos de la defensa de Trump para posponer el inicio del juicio, que iniciará con la selección del jurado a partir del 25 de marzo.
El caso «nunca hubiera sido presentado» si no estuviera «postulándome» a presidente, declaró Trump en su red social Truth Social previo a la audiencia en el Tribunal de Distrito de Manhattan, al que llegó poco antes de las 9h00 locales (14h00 GMT).
Hasta ahora, los numerosos casos judiciales que enfrenta el expresidente -sobre el que pesan 91 cargos penales- no han socavado su popularidad, y las encuestas le dan como favorito en un posible duelo contra el actual mandatario Joe Biden en noviembre.
Pagos a la actriz Stormy Daniels
El magnate está acusado de 34 cargos relacionados con el pago, en 2016, de 130.000 dólares a la estrella del cine para adultos Stormy Daniels, cuyo nombre real es Stephanie Clifford, para que guardara silencio sobre una supuesta relación extramatrimonial que se remonta a 2006 y que el político siempre ha negado.
Los pagos en sí no son ilegales, pero Trump los anotó como «honorarios jurídicos» en las cuentas de su empresa, la Trump Organization.
Asimismo, según documentos judiciales, el magnate compró el silencio de terceros al menos dos veces más. Pagó 30.000 dólares a un portero de la Torre Trump que afirmaba tener información sobre un hijo del magnate fruto de una relación extramatrimonial, y otros 150.000 a una mujer que aseguraba tener un romance con el expresidente.
Trump se declaró no culpable de los cargos en su contra el 4 de abril del año pasado y se dice víctima de una «caza de brujas» para impedir que vuelva a la Casa Blanca.
El multimillonario no ha escatimado críticas al juez Merchan, que ya instruyó en 2022 otro caso contra la empresa familiar por fraude fiscal.
«ME ODIA», dijo en su plataforma Truth Social.
Los expertos no creen que a la fiscalía le sea fácil demostrar las acusaciones que pesan sobre el expresidente, por lo que resulta incierto que pueda ser condenado a una pena de cárcel.
Montaña rusa judicial
Sus abogados también lo representaron este jueves en Atlanta, Georgia, donde Trump fue acusado de conspirar para interferir en la elección de 2020 en la que fue derrotado por Biden.
La audiencia tenía como objetivo inhabilitar a la fiscal Fani Willis por una supuesta relación con otro fiscal, y que desestimar los cargos contra el exmandatario.
Obligado a declarar este jueves, el fiscal Nathan Wade afirmó que su relación con Willis comenzó «alrededor de marzo» de 2022.
El viernes está previsto el anuncio de la multa que le impondrá el juez Arthur F. Engoron, que instruyó otro caso por fraude fiscal, y que podría elevarse a 370 millones de dólares como reclama la fiscalía, que se sumarían a los más de 80 millones que ha sido condenado a pagar recientemente por difamar a una escritora que lo acusó de violarla en la década de los 90.
Y Trump enfrenta otro posible juicio en Washington. Este proceso en la justicia federal debía comenzar el 4 de marzo pero fue reportado hasta evaluar la eventual inmunidad penal del expresidente en este caso en el que se le acusa de conspiración para revertir los resultados de la elección en 2020.
Internacionales
Ecuador construirá las megacárceles «que sean necesarias» en su lucha anticrimen, dice ministro
Ecuador construirá las megacárceles que «sean necesarias» en su lucha contra el narcotráfico y otras formas de crimen organizado que desangran al país, dijo el martes el ministro de Interior, John Reimberg, en entrevista con la AFP.
El presidente derechista Daniel Noboa implementa políticas de línea dura desde que llegó al poder en 2023 como la construcción de cárceles de alta seguridad y bajo fuertes restricciones, que han sido comparadas con el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de El Salvador ideado por el mandatario Nayib Bukele.
El gobierno ecuatoriano puso en marcha en noviembre la primera cárcel para 800 personas, donde líderes de la mafia y también políticos condenados por corrupción son aislados, rapados y sometidos como medida para intentar doblegar a las numerosas bandas que sumen al país en su mayor espiral de violencia.
Noboa planea edificar a partir de mayo una segunda penitenciaría para unas 15,000 personas, que estaría lista en máximo 18 meses, señaló el funcionario.
Ministro del Interio de Ecuador, John Reimberg. Foto AFP / Diario El Salvador
«¿Una tercera cárcel? Sí, probablemente. Y las que sean necesarias para estos delincuentes», declaró Reimberg desde el conflictivo puerto de Guayaquil.
Ecuador registró el año pasado 51 homicidios por cada 100,000 habitantes, una de las tasas más altas de la región.
El Encuentro, la primera cárcel de extrema seguridad habilitada por el gobierno, funciona en la provincia costera de Santa Elena (suroeste) y actualmente alberga a 600 reclusos con uniformes de color naranja.
«No vamos a negociar»
Según Reimberg estas megacárceles despiertan la furia de las bandas que tienen nexos con cárteles internacionales del narcotráfico.
«Llevamos cerca de 600 drones que han intentado llegar a la cárcel de El Encuentro desde el día que empezó su construcción (para impedir su avance). Son 600 drones de grupos de delincuencia organizada (…) pero que hemos podido impedir que lleguen», indicó.
En los últimos años se han registrado ataques con drones cargados con explosivos contra otras cárceles, convertidas en centros de operaciones de las organizaciones del narco principalmente.
Las autoridades mantienen bajo reserva la ubicación de la segunda penitenciaría por seguridad.
Al nuevo centro serán trasladados «delincuentes de alta peligrosidad» que «tienen que estar en un lugar incomunicado», sostuvo.
Organizaciones de derechos humanos cuestionan la política penitenciaria de Noboa por abusos a los derechos de los internos. Cientos han muerto por tuberculosis o choques entre presos y algunos familiares denuncian desnutrición.
«¿Que nos quieren decir autoritarios? Yo tengo que responder al país con seguridad», aseguró Reimberg.
Por Ecuador transita el 70% de la cocaína de sus vecinos Colombia y Perú, los principales productores mundiales de esa droga.
«No vamos a negociar, no vamos a pactar, los vamos a atacar, los vamos a debilitar», dijo el ministro, quien anotó que 74,000 personas fueron detenidas el año pasado.
Aviones estadounidenses
Noboa es uno de los mayores aliados en Latinoamérica de Donald Trump, a quien le ha pedido apoyo para enfrentar al crimen. Recientemente Washington instaló en el país sudamericano de manera permanente una dependencia del FBI y otra de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI, por sus siglas en inglés).
La colaboración se basa en «información» e «inteligencia» para «trazar objetivos que tenemos que atacar, lugares donde se están almacenando drogas, por ejemplo, ataques a la delincuencia», añadió el ministro del Interior.
El presidente intentó sin éxito instalar bases militares extranjeras en el país a través de un referendo.
Según el ministro hay agentes estadounidenses trabajando con la fuerza pública ecuatoriana y aeronaves: «tenemos aviones que están aquí de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos», precisó.
Colombia
Después de poco más de un mes de que asumiera, Noboa declaró a Ecuador en conflicto armado interno para desplegar en las calles a los militares, lo que ha generado denuncias sobre excesos de la fuerza pública.
Interrogado sobre por qué las cifras de violencia no ceden pese a las medidas del gobierno, Reimberg señaló a tres culpables: la justicia en ocasiones permeada por la corrupción, los gobiernos pasados de izquierda y a Colombia, gobernado por el izquierdista Gustavo Petro.
«Tenemos un país vecino que no está trabajando en la frontera, que no está atacando a los grupos de delincuencia (…) nosotros estamos cumpliendo nuestra parte», indicó en medio de una disputa entre ambos países que escaló hasta la imposición mutua de millonarios aranceles y el retiro de embajadores.
El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, prometió este martes redoblar la respuesta estatal frente a la violencia criminal en el país, luego de que un bebé de un año muriera en un ataque a balazos en Montevideo que, según la principal hipótesis policial, estaría vinculado a un enfrentamiento entre narcotraficantes.
«De poco vale saber cuál fue el motivo (…) Hay una cosa que está clara, no le vamos a aflojar, no hay que aflojar, al revés, lejos de amedrentarse lo que hay que hacer acá es apretar el acelerador», subrayó el mandatario en declaraciones a la prensa.
Orsi calificó el suceso como «terrible» y sostuvo que el problema central es, más que un hecho puntual, «una violencia que crece» y que refleja un deterioro social más amplio.
El episodio ocurrió la noche del lunes en el barrio Colón, en el noroeste de la capital, donde se desató una balacera en la que también resultó herido el padre del menor, un uruguayo de 24 años que permanece estable tras recibir tres disparos.
La policía trabaja sobre la hipótesis de un ajuste de cuentas entre grupos vinculados al narcotráfico.
Ante esto, Orsi advirtió que el país enfrenta niveles de violencia «demasiados altos», por lo que se debe abordar de manera estructural que combine seguridad, políticas sociales y prevención y no solo mediante el despliegue de «5.000 o 10.000 policías más».
En la última década, Uruguay ha registrado un aumento sostenido de homicidios asociados al narcotráfico, mientras que la seguridad pública figura desde hace años como la principal preocupación de los uruguayos, según distintas encuestas de opinión pública.
Internacionales
Alemania aprueba recortes históricos en gasto social y sanitario para financiar el aumento militar
El Gobierno alemán dio luz verde a un ambicioso plan de recortes del estado de bienestar con el objetivo de contener el déficit público y sostener un fuerte incremento del gasto militar. La coalición formada por democristianos y socialdemócratas alcanzó un acuerdo tras intensas negociaciones, adelantándose incluso al anuncio oficial previsto tras el consejo de ministros.
El paquete de medidas contempla una reducción significativa del gasto sanitario, con un ahorro proyectado de más de 38,000 millones de euros para 2030. Entre los cambios más destacados figura el fin de la gratuidad del seguro médico para cónyuges que no cotizan, quienes deberán aportar al menos el 2,5 % de los ingresos del asegurado.
Además, se prevén incrementos en los copagos por medicamentos y hospitalización, así como ajustes en la financiación de las aseguradoras públicas, que ya enfrentan déficits millonarios. El Ejecutivo defiende que estas medidas buscan «mantener estables las contribuciones» y evitar el colapso del sistema ante el envejecimiento de la población.
El plan también incluye recortes en otras áreas sociales, como las ayudas a desempleados de larga duración y una reforma de las pensiones que, según el canciller Friedrich Merz, pasarán a ser una «cobertura básica» sin garantizar el nivel de vida.
A esto se suma la intención de limitar el acceso a prestaciones para hijos de familias monoparentales, lo que podría afectar a cientos de miles de menores.
Por su parte, analistas advierten de que estas reformas podrían tener un alto impacto político, en un contexto marcado por el aumento del gasto en defensa y el debate sobre las prioridades presupuestarias del país.
