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Trump advierte que puede prohibir TikTok en EE.UU.
El presidente de EE.UU., Donald Trump, este viernes ha vuelto a afirmar que está buscando cómo proceder con respecto a la red social de videos cortos TikTok, propiedad de la empresa china de ByteDance, y no descarta la opción de prohibirla en el país.
«Estamos viendo qué hacer con TikTok. Puede que prohibamos TikTok. Puede que hagamos otras cosas», ha aseverado el mandatario estadounidense a los periodistas mientras salía de la Casa Blanca para dirigirse a Florida.
«Hay un par de opciones. Pero están sucediendo muchas cosas. Así que, veremos qué sucede», añadido.
Este 29 de julio, Trump ya había declarado que la Casa Blanca estaba «mirando a Tiktok» y «pensando sobre tomar una decisión». Por su parte, el secretario de Tesoro, Steven Mnuchin, había afirmado que el caso de TikTok está siendo estudiado por el Comité de Inversiones Extranjeras a EE.UU., que presentará a Trump una recomendación ya esta semana.
TikTok, versión internacional de la plataforma china Douyin, tiene ya cerca de 800 millones de usuarios fuera del país asiático y es la séptima red social más popular del mundo, según los datos del portal Datareportal.
- A finales de octubre del año pasado, dos senadores estadounidenses, el demócrata Charles Schumer y el republicano Tom Cotton, cuestionaron las prácticas de recopilación de datos de ByteDance, la empresa china operadora y propietaria de TikTok
- En una carta enviada al entonces director provisional de la Inteligencia Nacional de EE.UU., Joseph Maguire, manifestaron su preocupación de que la compañía pudiera cooperar con los servicios de inteligencia de Pekín y, eventualmente, convertirse también en un «objetivo potencial de campañas de influencia extranjera» en EE.UU.
- Ya en diciembre pasado, el mando de la Armada de EE.UU. prohibió el uso de TikTok en dispositivos conectados a la red interna del Cuerpo de Marines, argumentando que representaba «una amenaza a la seguridad cibernética»
- El mes siguiente, el Departamento de Estado adoptó la misma decisión en cuanto a los dispositivos gubernamentales. La semana pasada, un comité del Senado aprobó la prohibición
El Departamento de Justicia estadounidense anunció ayer una ampliación de los métodos de aplicación de la pena de muerte en casos federales, que incluye los pelotones de fusilamiento, la electrocución y el gas letal.
La pena de muerte se aplica normalmente a nivel estatal en Estados Unidos, pero el gobierno federal también puede solicitar la ejecución para ciertos delitos.
«La administración anterior incumplió su deber de proteger al pueblo estadounidense al negarse a solicitar e implementar el castigo máximo contra los criminales más peligrosos, incluidos terroristas, asesinos de niños y asesinos de policías», declaró el fiscal general interino Todd Blanche.
Bajo el presidente Donald Trump, «el Departamento de Justicia vuelve a hacer cumplir la ley y a ponerse del lado de las víctimas», dijo Blanche en un comunicado.
El presidente republicano puso fin en 2020, durante su primer mandato, a una pausa de 17 años en las ejecuciones federales.
Antes de dejar la Casa Blanca en enero de 2025, el presidente demócrata Joe Biden, opositor a la pena de muerte, conmutó las sentencias de muerte de 37 de los 40 reclusos condenados a la pena capital a nivel federal.
Trump, en su primer día en la Casa Blanca de su segundo mandato, pidió ampliar el uso de la pena de muerte «para los crímenes más viles».
Actualmente, cinco estados de Estados Unidos autorizan el pelotón de fusilamiento para las ejecuciones, pero solo uno —Carolina del Sur— ha utilizado este método en los últimos años.
Nueve estados permiten la electrocución, pero este método no se ha usado desde 2020.
Dos estados han ejecutado recientemente a reclusos mediante hipoxia de nitrógeno, que consiste en bombear gas nitrógeno a una mascarilla, provocando la asfixia del preso.
El uso del gas nitrógeno como método de pena capital ha sido denunciado por expertos de las Naciones Unidas como cruel e inhumano.
La pena de muerte ha sido abolida en 23 de los 50 estados de Estados Unidos, mientras que otros tres —California, Oregón y Pensilvania— mantienen moratorias.
Los tres hombres cuyas sentencias de muerte no fueron conmutadas por Biden fueron uno de los autores del atentado del maratón de Boston de 2013, un hombre armado que asesinó a 11 fieles judíos en 2018 y un supremacista blanco que mató a nueve feligreses negros en una iglesia en 2015.
El Departamento también busca agilizar el proceso para solicitar la pena de muerte y reducir el número de años entre la condena y la ejecución, según indica el comunicado.
«Bajo el liderazgo del presidente Trump, el Departamento de Justicia vuelve a hacer cumplir la ley y a apoyar a las víctimas», dijo Blanche.
El Gobierno de Trump le apuesta a castigar con dureza y a toda costa a los criminales que han puesto en peligro a la sociedad estadounidense, una política que dista de la visión de Biden.
El presidente francés, Emmanuel Macron, no podrá presentarse a su reelección en 2027 tras dos mandatos consecutivos y, aunque el jueves anunció que se alejará de la política, ni los expertos ni miembros de su alianza descartan su regreso en 2032.
Macron se convirtió en 2017, con 39 años, en el presidente más joven en la historia de Francia al frente de una alianza centrista y nada le impediría volver a presentarse en 2032, cuando tendrá 54 años.
Cuando los candidatos a su sucesión empiezan a calentar motores un año antes de la presidencial, Macron confirmó el jueves su próxima salida del juego político, durante una conversación con estudiantes en Chipre.
«No hice política antes y no la haré después», aseguró este exbanquero, quien entró en la escena pública de la mano de su predecesor, el socialista François Hollande, de quien fue ministro de Economía antes de romper con él.
Desde hace semanas, el jefe del Estado se afana en defender su legado mientras, en su bando, los aspirantes a sucederlo, Édouard Philippe y Gabriel Attal, buscan distanciarse ante su impopularidad récord.
«No hacer política no significa retirarse por completo», apuntó el profesor del Instituto de Estudios Políticos de París, Philippe Moreau-Chevrolet.
El presidente y el primer ministro de Líbano acusaron a Israel de haber cometido un crimen de guerra tras el bombardeo que acabó con la vida de una periodista libanesa en el sur del país.
Los equipos de rescate y el medio con el que colaboraba confirmaron el miércoles el fallecimiento de Amal Jalil, una reportera de 42 años que trabajaba para el diario libanés Al Akhbar.
La agencia de defensa civil informó de que Jalil murió en un ataque contra una vivienda en la aldea de Al Tiri.
«Israel ataca deliberadamente a los periodistas para ocultar la verdad sobre sus crímenes contra Líbano», afirmó el presidente libanés, Joseph Aoun, en un comunicado en el que denunciaba «crímenes de guerra».
Un portavoz del ejército israelí declaró a AFP que «el incidente aún está bajo revisión».
Desde el viernes está en vigor en Líbano un alto al fuego de diez días en la guerra entre Israel y el movimiento proiraní Hezbolá, que ha dejado más de 2,400 muertos en territorio libanés.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró ayer que prevé reunirse con los líderes de Israel y Líbano en las próximas dos semanas, y expresó su esperanza de lograr un acuerdo de paz permanente este mismo año.
