Internacionales
TESTIMONIO: “Mi hijo ya no quiere vivir; le arruinaron la vida”, dice madre de joven que perdió sus ojos por policías venezolanos
Su hijo, Rufo Antonio Chacón, de 16 años, se ha convertido en protagonista en Venezuela como víctima de un nuevo episodio de aparente brutalidad policial.
El joven perdió los dos ojos el lunes por los perdigones que dispararon a bocajarro contra él unos agentes de policía.
Chacón participaba en una protesta por la falta de gas en su comunidad en el municipio Cárdenas, en el estado Táchira, fronterizo con Colombia.
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, confirmó que el joven fue herido por perdigones disparados por funcionarios policiales que le causaron “gravísimas lesiones“.
Saab anunció la detención de dos agentes que, dijo, serán “severamente sancionados”.
“Nadie le devolverá a los ojos a mi hijo”, se queja Parada.
Lo que le ocurrió a Rufo Antonio Chacón acrecienta las dudas sobre la actuación de las fuerzas de seguridad en Venezuela y el respeto a los derechos humanos en el país.
La noticia saltó a la prensa local poco después de que el gobierno de Nicolás Maduro admitiera la muerte del capitán Rafael Acosta Arévalo mientras se encontraba bajo custodia de la inteligencia militar.
Acosta había sido acusado por el gobierno de participar en un intento de golpe de Estado contra el presidente Nicolás Maduro.
La esposa del militar denunció que su marido había muerto a causa de las torturas infligidas por los agentes de los servicios de seguridad.
Adriana Parada presenció lo ocurrido con su hijo porque ella también estaba entre los vecinos que participaban en la protesta después de tres meses sin recibir suministro de gas.
“Tenemos hambre y estamos cansados de cocinar con leña“, asegura.
Así que, junto con Rufo y otro hijo suyo de 14 años, Parada se echó a la calle y participó en la protesta que bloqueó la carretera para exigir soluciones, algo que muchos hacen en Venezuela, ante los problemas crónicos de suministro energético.
Pese a defender que tiene las mayores reservas de petróleo probadas del mundo, en amplias zonas de Venezuela escasea el combustible y en muchos lugares la falta de gas lleva a protestas vecinales y cortes de vías.
Adriana Parada cuenta que en la que ella y sus hijos participaban era pacífica,y había mujeres y niños.
“De repente, llegó la Policía y sin previo aviso empezaron a disparar y golpearnos”, relata.
“Me fui a ayudar al de 14 años, al que le estaban golpeando en la cabeza, cuando vi que se lanzaban sobre el mayor”, continúa.
“Un policía le disparó primero; otro lo remató cuando estaba en el suelo”.
Las imágenes del rostro ensangrentado del joven camino de un centro sanitario se hicieron virales en Venezuela.
Un portavoz del Hospital Central de San Cristóbal, en el que se le atendió de urgencia, informó de que el joven mostraba ocho perdigones en el globo ocular izquierdo y 4 en el derecho.
“Lamentablemente, ha perdido definitivamente la visión”, concluyó el responsable.
Adriana lamenta que “desfiguraron” a su hijo. Cuenta que los médicos “tuvieron que dormirlo porque se quiere matar”.
“Es un estudiante que era feliz reparando teléfonos móviles y al que han arruinado su sueño de ser ingeniero informático”.
Parada cuenta que su salario como cocinera en el Ministerio para el Servicio Penitenciario no le alcanzaba para sostener a sus tres hijos por lo que se marchó a Cúcuta, al otro lado de la frontera con Colombia, a ganarse la vida limpiando hogares y negocios.
Entonces dejaba a los menores a cargo de su madre, de 80 años, pero tras lo ocurrido, afirma que su sitio está junto a su hijo malherido por los policías.
“Soy una madre soltera que está dispuesta a guerrear por sus hijos”, proclama.
Venezuela recibió la semana pasada la visita de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
La expresidenta chilena alertó de que “la situación en el país se ha deteriorado de manera extraordinaria” y denunció secuestros y homicidios perpetrados por miembros de las fuerzas de seguridad.
Durante su visita, el presidente Maduro afirmó su compromiso “para que en Venezuela prive un sistema de derechos humanos cada vez mejor”.
Adriana Parada asegura que en su comunidad es frecuente que “la policía amedrente impunemente a la gente”.
Para ella, el caso de su hijo muestra que en Venezuela “no hay derechos humanos de nada”.
El Gobierno de Ecuador declaró la alerta naranja en 17 de las 24 provincias del país como medida preventiva ante la llegada del fenómeno climático de El Niño, informó el ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque, quien preside el Comité de Operaciones de Emergencia (COE).
La decisión responde al aumento de la temperatura del océano, explicó el funcionario. Previamente, en mayo, el Gobierno había decretado alerta amarilla en las provincias ubicadas hasta los 1,500 metros sobre el nivel del mar, consideradas más susceptibles a los efectos del fenómeno.
«Que la temperatura del océano se encuentre arriba del promedio normal, eso no quiere decir que las lluvias necesariamente vayan a ocurrir muy pronto o en los meses subsiguientes», señaló Luque.
El funcionario agregó que el Gobierno ha destinado alrededor de 600 millones de dólares para acciones de prevención ante la llegada de El Niño.
Según Luque, el incremento en la temperatura del océano ya ha tenido efectos en la pesca y en el avistamiento de aves. Además, el país prevé la ocurrencia de sequías en la Amazonía e incendios forestales.
El fenómeno de El Niño incrementa las temperaturas de la superficie en el centro y el este del Pacífico ecuatorial, provocando cambios en los patrones globales de viento, presión atmosférica y precipitaciones. La Organización Meteorológica Mundial (OMM), organismo de las Naciones Unidas, prevé que entre julio y septiembre de este año se registre un «episodio fuerte».
De acuerdo con especialistas, El Niño suele presentarse cada dos a siete años y tiene una duración aproximada de entre nueve y doce meses.
El evento más intenso registrado en Ecuador desde 1950 ocurrió entre 1997 y 1998. Según cifras oficiales, dejó casi 300 fallecidos, alrededor de 20,000 damnificados y pérdidas económicas estimadas en 3,000 millones de dólares.
Cuatro jóvenes fueron encontrados sin vida durante el fin de semana en diferentes colonias de La Ceiba, en la zona atlántica de Honduras, informaron medios locales.
Las víctimas fueron identificadas como Diego Jassir Canelas Solís, de 20 años; Dylan Mateo Canelas Solís, de 14 años; Daniel Enrique Antúnez Canelas, de 15 años; y Kelvin Magdiel Canelas, cuya edad no fue precisada.
De acuerdo con la información preliminar, los cuerpos fueron hallados atados de manos y pies en dos sectores de la ciudad y presentaban múltiples impactos de bala.
El medio La Prensa informó que dos de las víctimas fueron encontradas el sábado en una calle de la colonia San José, mientras que las otras dos fueron localizadas el domingo por la mañana en la colonia Canelas.
Los primeros en ser encontrados fueron Diego Jassir Canelas Solís y Daniel Enrique Antúnez Canelas, quienes, según información preliminar, eran primos. El diario El Heraldo indicó que vecinos del sector alertaron a las autoridades tras observar los cuerpos tendidos en una calle cercana a una tienda concurrida de la zona.
El mismo medio señaló que, de acuerdo con la información disponible, los jóvenes habrían sido privados de libertad desde el viernes junto con otras dos personas. Además, versiones citadas por El Heraldo indican que los cuatro jóvenes formaban parte de la congregación de los Testigos de Jehová.
Por su parte, el portavoz de la Secretaría de Seguridad de Honduras, Edgardo Barahona, confirmó en el noticiero Hoy Mismo, de TSi, que los jóvenes fueron privados de su libertad la noche del viernes en otro sector de La Ceiba, cuando presuntamente se dirigían a comer, según información divulgada por la radio HRN, conocida como La Voz de Honduras.
Barahona también indicó que la principal línea de investigación vincula el caso con estructuras criminales, principalmente relacionadas con maras y pandillas.
Persistencia de la violencia
En Honduras operan organizaciones dedicadas al narcotráfico, pandillas, redes de tráfico de personas y otros grupos criminales.
El país cerró 2025 con una tasa de 23.2 homicidios por cada 100,000 habitantes y, según el Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol), durante el primer semestre de este año se registraron 1,235 homicidios, lo que refleja la persistencia de la violencia.
Los departamentos de Cortés, Francisco Morazán y Yoro concentran la mayor cantidad de asesinatos reportados por las autoridades durante este año.
Aunque el Gobierno hondureño ha implementado medidas para combatir la inseguridad, hasta la fecha no ha logrado revertir los altos índices de criminalidad.
Recientemente, el Congreso aprobó una serie de reformas para enfrentar la violencia, que mantiene la tasa de homicidios en Honduras por encima de los 24 casos por cada 100,000 habitantes.
Las reformas autorizan a los militares a participar en tareas de seguridad pública, crean una nueva división contra el crimen organizado y permiten clasificar a las pandillas y a los carteles de la droga como grupos terroristas.
Venezuela inició la fase de reconstrucción de las zonas devastadas por los sismos del 24 de junio con 9,055 viviendas en proceso de reparación, informó la presidenta del Plan Venezuela Renace, Jacqueline Faría. En el marco de esta nueva etapa, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, llamó a transformar «el espíritu del rescate en las manos laboriosas de la recuperación».
Faría explicó a la televisión estatal que, en La Guaira, la entidad más afectada por los terremotos, el 49.3 % de los inmuebles inspeccionados recibió etiqueta verde, lo que indica que las estructuras son habitables; el 23.5 % fue clasificado con etiqueta amarilla debido a daños superficiales, mientras que el 27.2 % obtuvo etiqueta roja por presentar peligro estructural.
La funcionaria aclaró que una clasificación con etiqueta roja no implica necesariamente la demolición de la vivienda.
«Los ingenieros estructurales, los patólogos, tienen que hacer un recálculo de la estructura y ejecutar esa obra y poder entonces hacerla habitable. No todas las rojas van a demolición», precisó.
Según el informe oficial, La Guaira concentra 2,926 viviendas en reconstrucción, Caracas registra 1,690, Yaracuy, donde se ubicó el epicentro del segundo sismo, suma 2,700 y Aragua contabiliza 918, para un total de 9,055 estructuras residenciales intervenidas hasta el momento.
Faría aseguró que el objetivo es que las personas que permanecen en campamentos temporales o frente a sus viviendas puedan regresar a sus hogares «lo antes posible en suma seguridad y con el ciento por ciento de atención».
En otra actividad, Delcy Rodríguez exhortó a los equipos de rescate a mantenerse movilizados durante la nueva etapa de recuperación.
«Yo pido que ese espíritu de este despliegue histórico para superarnos en el dolor, lo transformamos ahora en las manos laboriosas de la recuperación y de la reconstrucción», expresó.
Asimismo, hizo un llamado a impulsar una reconstrucción que trascienda la infraestructura.
«He llamado a la reconstrucción, no solamente de la infraestructura, he llamado a la reconstrucción humana, de nuevos valores humanos».
Rodríguez añadió: «Construyamos también una nueva ética para la sociedad venezolana, que sea una ética de amor, de comprensión, que sea una ética de cooperación para quien lo necesite».
Las declaraciones fueron brindadas durante la ceremonia de condecoración a más de 6,000 rescatistas, celebrada este sábado en La Guaira.
El balance oficial más reciente elevó este sábado a 5,119 la cifra de fallecidos por el doble sismo de magnitud 7.2 y 7.5 ocurrido el 24 de junio. Además, 21,470 personas permanecen en 107 campamentos transitorios mientras esperan soluciones habitacionales.
