Internacionales
“Mi jefe me obligó a ir a la oficina y me contagié de COVID”
Según las restricciones de confinamiento en Reino Unido, todo el que pueda trabajar desde casa debe hacerlo. Únicamente deberían ir al sitio de trabajo si este no se puede hacer remotamente.
Para los lugares que permanecen abiertos en Inglaterra, los empleados deben “realizar una evaluación de riesgo de COVID-19 apropiada” para desarrollar una estrategia “específica” para contener la propagación del virus.
Esas son las reglas que, en teoría, los empleadores deben cumplir con medidas estrictas, como minimizar el número de visitas innecesarias a la oficina, la frecuente limpieza del lugar de trabajo y asegurar que el personal observe el distanciamiento social de dos metros siempre que sea posible.
Como verán con los cuatro casos a continuación, esas reglas no siempre se cumplen.
“Irresponsable”
Jane trabaja en la administración de una empresa de cuidados de salud privada en Oxfordshire -al noroeste de Londres-, un empleo que le exige trabajar en la oficina, aún durante la cuarentena.
Sin embargo, desde que se contagió de COVID-19 en el trabajo, antes de Navidad, ha optado por desempeñar sus labores desde casa porque se siente más segura, algo que le está causando problemas con su jefe.
“La oficina es tan pequeña que es imposible guardar la distancia social“, le cuenta a la BBC.
“Mi jefe tampoco siguió los lineamientos cuando me enfermé y no le dijeron a nadie que se aislara. Fue muy irresponsable”.
Jane sostiene que su trabajo, que hace con un computador y un teléfono, puede fácilmente hacerse desde casa. Siente que así está siguiendo las recomendaciones del gobierno.
No obstante, señala que su jefe quiere que regrese a la oficina y no puede negarse a hacerlo por mucho tiempo más. “Tengo una hipoteca que pagar, no puedo arriesgarme a perder mi casa”.
Temor a represalias
Preocupados por que los jefes estén violando las reglas de seguridad contra la COVID, los líderes sindicales en Reino Unido están pidiendo un cumplimiento más estricto de las reglas.
Entre el 6 y 14 de enero, la Health and Safety Executive (HSE) -la autoridad en materia de salud y seguridad en el trabajo- recibió 3,934 quejas relacionadas con el coronavirus y tomó acciones para exigir el cumplimiento en 81 de los casos.
Esa acción por lo general implicó una advertencia verbal o escrita. Y una sola compañía enfrentó medidas más severas.
La vigilancia también puede presentar problemas, pues algunos empleados temen represalias si hacen denuncias.
George indica que trabaja en la oficina de una empresa de construcción donde las reglas de distanciamiento social “son ignoradas o desvirtuadas”. Está en un dilema sobre si presentar una queja.
Él y otros diez colegas cercanos podrían fácilmente cumplir sus labores desde casa -y así lo hicieron durante la primera cuarentena- pero eso ya no es una opción esta vez, aunque la mitad de ellos tiene más de 60 años y dos personas están en la categoría de alto riesgo.
“Recibí una carta genérica diciendo que no podíamos trabajar desde casa, a pesar de que todos lo habíamos hecho antes fácilmente durante seis meses”, le dijo a la BBC.
“Solo hay una manera de reportar esto internamente pero hacerlo te hace candidato a que te den de baja”.
Dice que la situación fuerza a “sopesar entre tener un trabajo durante la pandemia o defender lo que crees que es correcto”.
Sólo el trabajo esencial
La HSE ha realizado 33,000 visitas a lugares de trabajo desde marzo y le aseguró a la BBC que está “incrementando” las inspecciones.
Pero la federación de sindicatos británica TUC quiere que el gobierno le dé más recursos a la HSE.
Unos afirman que nada cambiará si el gobierno no modifica las reglas para asegurar que sólo los que hacen trabajo esencial lo hagan presencialmente.
John (no es su nombre verdadero) es de Gloucester -una ciudad en el occidente de Inglaterra- y forma parte de un pequeño equipo que instala lectores de electricidad para la empresa de energía SSE.
Además, comenta que no se siente seguro haciendo su trabajo, que requiere que entre diariamente a cinco o seis casas ocupadas, durante varias horas a la vez.
Aunque reconoce que su trabajo no puede hacerse desde casa, piensa que las empresas proveedoras de energía sólo deberían estar realizando trabajo esencial de emergencia, como ocurrió durante la primera cuarentena, y no instalar lectores cuyo principal objetivo es mejorar la eficiencia del consumo de energía.
“Todos sabemos que la manera más rápida de propagar el virus es el contacto”, expresó, añadiendo que el personal como él debería estar de licencia.
“Nos han dado mascarillas y guantes, pero los empleados del sistema de salud pública usan equipos de protección personal de calidad superior y siguen muriéndose”.
Una portavoz de SSE dijo que la seguridad y bienestar del personal era su “objetivo principal” y que la empresa estaba abierta discutir las opciones de licencia con los empleados.
“Hemos creado protocolos estrictos para el trabajo desde casa incluyendo la oportunidad tanto para ingenieros o clientes de cancelar las citas, o abortar un trabajo, si no se sienten cómodos”, declaró la portavoz.
Steve, que lleva los últimos tres meses trabajando en una bodega de distribución en Stoke-on-Trent, dice que la indiferencia ante las reglas contra el coronavirus en el sitio de trabajo lo impactó.
Afirmó que el distanciamiento social era “inexistente”, con la gente trabajando “lado a lado”, pero que cuando se quejó, la gerencia no hizo nada.
“Estaban más interesados en despachar los productos”, añade.
No obstante, sintió que no tenía otra opción que trabajar, aun cuando se enteró que alguien en la cafetería de la bodega se había enfermado de COVID.
Dos peligrosos integrantes del Barrio 18, identificados por las autoridades como operadores de la estructura criminal «Los Caradura», murieron durante un ataque armado registrado en el ingreso a San Miguel Dueñas, en el departamento de Sacatepéquez.
De acuerdo con las autoridades, un tercer ocupante del vehículo resultó gravemente herido y fue trasladado a un centro asistencial. Hasta el momento, se desconoce su estado de salud.
Según la información oficial, las víctimas se desplazaban en un pick-up Ford color rojo cuando fueron interceptadas por hombres armados, quienes abrieron fuego en repetidas ocasiones.
Como parte de las investigaciones, las autoridades localizaron múltiples casquillos en la escena, mientras que el vehículo presentaba numerosos impactos de bala.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y fiscales del Ministerio Público (MP) procesaron la escena del crimen y mantienen las diligencias para establecer el móvil del ataque e identificar a los responsables.
India aprobó por primera vez la comercialización de una vacuna contra el dengue. Se trata de Qdenga, de fabricación japonesa, informó este martes el Ministerio de Salud del país.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la mitad de la población mundial está actualmente expuesta al riesgo de contraer esta enfermedad viral transmitida por mosquitos, la cual provoca entre 100 y 400 millones de infecciones cada año.
En India, desde 2021 se han registrado más de un millón de casos de dengue, de los cuales al menos 1,500 han sido mortales.
El dengue puede provocar fiebre alta, dolores de cabeza, molestias musculares, náuseas, erupciones cutáneas y, en casos poco frecuentes, hemorragias e incluso la muerte.
El Ministerio de Salud indicó que la vacuna fue autorizada por la Organización Central de Control de Medicamentos (CDSCO). El biológico, fabricado por los laboratorios Takeda, está recomendado en un esquema de dos dosis para personas de entre 4 y 60 años.
Las autoridades también señalaron que este medicamento ya ha sido aprobado por los organismos reguladores de aproximadamente 40 países.
Por otra parte, el grupo farmacéutico indio Panacea Biotec inició la fase final de los ensayos clínicos de una vacuna contra el dengue de una sola dosis.
En contraste, Brasil anunció el mes pasado la suspensión del uso de otra vacuna de una sola dosis desarrollada en ese país, tras dos muertes sospechosas.
El Gobierno de Ecuador declaró la alerta naranja en 17 de las 24 provincias del país como medida preventiva ante la llegada del fenómeno climático de El Niño, informó el ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque, quien preside el Comité de Operaciones de Emergencia (COE).
La decisión responde al aumento de la temperatura del océano, explicó el funcionario. Previamente, en mayo, el Gobierno había decretado alerta amarilla en las provincias ubicadas hasta los 1,500 metros sobre el nivel del mar, consideradas más susceptibles a los efectos del fenómeno.
«Que la temperatura del océano se encuentre arriba del promedio normal, eso no quiere decir que las lluvias necesariamente vayan a ocurrir muy pronto o en los meses subsiguientes», señaló Luque.
El funcionario agregó que el Gobierno ha destinado alrededor de 600 millones de dólares para acciones de prevención ante la llegada de El Niño.
Según Luque, el incremento en la temperatura del océano ya ha tenido efectos en la pesca y en el avistamiento de aves. Además, el país prevé la ocurrencia de sequías en la Amazonía e incendios forestales.
El fenómeno de El Niño incrementa las temperaturas de la superficie en el centro y el este del Pacífico ecuatorial, provocando cambios en los patrones globales de viento, presión atmosférica y precipitaciones. La Organización Meteorológica Mundial (OMM), organismo de las Naciones Unidas, prevé que entre julio y septiembre de este año se registre un «episodio fuerte».
De acuerdo con especialistas, El Niño suele presentarse cada dos a siete años y tiene una duración aproximada de entre nueve y doce meses.
El evento más intenso registrado en Ecuador desde 1950 ocurrió entre 1997 y 1998. Según cifras oficiales, dejó casi 300 fallecidos, alrededor de 20,000 damnificados y pérdidas económicas estimadas en 3,000 millones de dólares.
