Internacionales
La candidata oficialista anunció que no reconoce los resultados de las elecciones en Honduras
El partido de la presidenta Xiomara Castro en Honduras se rebeló contras las elecciones presidenciales del 30 de noviembre, cuyos resultados no han terminado de escrutarse una semana después, en medio de una cadena de «fallas técnicas», según informaron las autoridades del CNE.
La candidata del gobernante partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), Rixi Moncada, quien ocupa el tercer lugar con el 19,30% de los sufragios, afirmó el domingo que el partido oficialista «no reconoce» los resultados de los comicios.
«Por unanimidad el Partido Libre desautoriza a todo funcionario público que se ponga a la orden y anuncie cooperar en transición gubernamental con los enemigos del pueblo, autores de este golpe electoral en curso», expresó en una rueda de prensa.
Asimismo, Moncada señaló que el partido Libre «ordena a los candidatos electos en este sistema fraudulento no integrar ningún organismo sin autorización del partido».
Moncada, designada por la bancada oficialista a heredar el gobierno de izquierda de Xiomara Castro, alertó de «posibles conexiones directas» entre el Partido Nacional, de Nasry Asfura, y el sistema de transmisión de datos del ente electoral para «la manipulación de los resultados».
Por tanto, insistió, el partido oficialista exigió la «nulidad total de las elecciones» y pidió investigar los presuntos «actos de terrorismo electoral cometidos a través del sistema de transmisión». Además, exhortó a considerar cualquier amaño electoral como un «crimen de traición a la patria», que denunciará «ante la ONU, OEA, CELAC y otros».
Una vez expuesto su argumentario, el Partido Libre llamó a sus militantes el 13 de diciembre «a movilizaciones, asambleas locales y departamentales, protestas, paros y plantones», en lo que llamó una «asamblea extraordinaria de la dignidad nacional».
«A las calles», corearon los militantes de Libre que acompañaron la comparecencia. En las calles, los seguidores de Moncada estallaron en júbilo al escuchar el desconocimiento de las elecciones, mientras agitaban banderas o encendían bengalas.
¿Injerencia de EE. UU.?
Rixi Moncada acusó directamente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de ejercer una «injerencia y coacción», que está «alterando la soberanía popular».
En la antesala de los comicios, el líder republicano manifestó su simpatía por el candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura, a quien denominó como «el hombre que defiende la democracia».
Trump pidió entonces a los hondureños votar por Asfura para frenar «el avance comunista» e incluso advirtió de «consecuencias graves» en caso de «cambiar los resultados» de las presidenciales.
La candidata de izquierda mostró su desacuerdo ante las declaraciones de Trump, al asegurar el sábado previo a las votaciones: «Me llaman comunista para esconder la verdad».
Y el domingo 7 de diciembre, siete días después de los comicios, Moncada volvió a rechazar «la narrativa imperial de comunismo, utilizada como ataque en contra nuestra».
Moncada también reprobó el indulto concedido por Trump, «en el marco del proceso electoral», al expresidente hondureño, Juan Orlando Hernández, militante Partido Nacional, quien fue condenado a 45 de prisión en EE. UU. por delitos de narcotráfico. Solo cumplió un año tras las rejas antes de ser puesto en libertad el pasado 1 de diciembre, una noticia que se conoció un día después tras ser anunciada por la esposa del exmandatario.
«Que se ordene su captura internacional», exhortó Moncada este domingo.
El CNE se prepara para dar un nombre
La consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, informó en la noche del domingo del reinicio «inmediato» del escrutinio, detenido, una vez más, desde el viernes 5 de diciembre por «problemas técnicos».
Este tipo de retrasos comenzaron el mismo día de las elecciones, con la demora del primer informe oficial preliminar, lo que sucitó las críticas de candidatos como Nasry Asfura.
No obstante, el candidato del Partido Nacional amainó la retórica tras el primer resultado, que le otorgó el liderato de la carrera electoral, por encima de Salvador Nasralla, del Partido Liberal, quien exigió un «conteo limpio».
Desde entonces, ambos candidatos se han alternado el liderato del escrutinio, siempre con un leve margen, cercano ahora a los 20.000 votos a favor de Asfura, con un 88% de las actas escrutadas.
Asfura acumula 1.132.321 votos (40,19 %), mientras que Salvador Nasralla, candidato del opositor y también conservador Partido Liberal, registra 1.112.570 sufragios (39,49 %).
Marlon Ochoa, representante de Libre ante el CNE, compareció en solitario antes de Hall para denunciar un cambio en el código de seguridad de dos módulos del sistema con el que se hace el escrutinio.
El consejero detalló que la empresa responsable de la transmisión preliminar de los votos reconoció que en el módulo de divulgación de los resultados electorales se produjo una variación en el «hash» (etiqueta o numeral), aunque aseguró que el código fuente «no se había modificado».
«Las irregularidades que comparto con ustedes el día de hoy son adicionales a las que ya habían sido encontradas el día jueves y cada día vamos encontrando nuevas», enfatizó Ochoa a los periodistas en la sede del CNE en Tegucigalpa.
Honduras–que en 2017 vivió días de violencia tras unas elecciones empañadas por denuncias de fraude que dejaron decenas de muertos y pérdidas millonarias– ha permanecido tranquila durante la semana que ha transcurrido desde los recientes comicios, ante los reiterados llamados a la paciencia de las autoridades.
Pero las fallas y retrasos del sistema electoral ha socavado la confianza que algunos residentes mantenían en el organismo electoral del país. «Sinceramente, no confío en el CNE», confesó a Reuters el estudiante universitario Josué Laínez, quien votó en Tegucigalpa el fin de semana pasado. «Quiero creer en el proceso democrático del país… pero en el fondo siempre me preocupa el fraude».
La odontóloga Gabriela Osorio añadió a la agencia británica: «Es frustrante… el recuento de votos no ha cambiado en días, y ya ha pasado una semana desde las elecciones y aún no sabemos nada», añadió.
Internacionales
Gobierno de El Salvador despliega atención integral y entrega ayuda humanitaria a familias afectadas en Cali
Esta tarde, la misión humanitaria enviada por el presidente Nayib Bukele avanzó en la preparación y armado de paquetes de primera necesidad en el centro logístico del albergue Unidad Deportiva Panamericana, en Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia, para asistir a la población afectada por el terremoto de magnitud 7.4.
Como parte de la agenda operativa en el terreno, la delegación salvadoreña se movilizó hacia el Refugio Coliseo de Hockey —ubicado dentro del mismo complejo— para ejecutar una jornada de asistencia integral a decenas de damnificados, entre ellos adultos y menores de edad. La intervención combinó apoyo sanitario, entrega de insumos esenciales y acompañamiento psicosocial.
Durante la actividad, el personal salvadoreño acondicionó un espacio recreativo adaptado para la niñez, donde se desarrollaron dinámicas grupales, juegos de integración, piñatas y la distribución de refrigerios, ofreciendo un entorno seguro de convivencia y contención emocional para los niños.
Posteriormente, el contingente realizó la entrega directa de los suministros, distribuyendo paquetes de alimentos no perecederos, medicamentos esenciales y enseres domésticos, incluidos mosquiteros y extensiones eléctricas para mejorar las condiciones del refugio.
Para el desarrollo de esta jornada, un contingente multidisciplinario de cerca de una treintena de especialistas salvadoreños operó con el respaldo de unidades de transporte pesado y de pasajeros, garantizando el traslado de los insumos y el despliegue efectivo del personal en el área de emergencia.
El plazo de 72 horas considerado decisivo para encontrar sobrevivientes tras el mortífero terremoto que sacudió Colombia llega a su fin este jueves, mientras cerca de 500 personas continúan desaparecidas y podrían encontrarse bajo edificios derrumbados.
El sismo, de magnitud 7,4, ocurrió el lunes y es considerado el más potente registrado en este siglo en Colombia. Hasta el momento, deja 265 muertos y unos 3.500 heridos.
En Cali, Pereira y otras ciudades del oeste del país, los equipos de rescate trabajan sin cesar. A las 07:34 locales (12:34 GMT) se cumplen las primeras 72 horas desde el terremoto, momento a partir del cual disminuyen considerablemente las probabilidades de encontrar sobrevivientes.
Valeria Cardona, una estudiante de 26 años, busca a dos de sus primos en Cali. «Tenemos sospechas de su localización, pero no hay pruebas de vida», explicó. «La esperanza es lo último que se pierde, pero estamos angustiados de una noticia que no queremos», añadió.
A Cali llegó un grupo de los Topos, los reconocidos rescatistas mexicanos que se encontraban en la vecina Venezuela, donde un doble sismo causó más de 6.000 fallecidos el 24 de junio.
«Todos venimos de Venezuela, de La Guaira. Ahora estos 41 días que estuvimos trabajando ahí nos hicieron más fuertes, porque superamos el hambre, el dolor, la desvelada», dijo Héctor Méndez, de 80 años y presidente de Topos Aztecas.
«No se sientan víctimas. Esto no es un horario de oficina ni de taller. Esta es la vida real, donde sale la mejor parte del espíritu. Son cosas de la naturaleza que pasan», agregó.
Atención a damnificados
El terremoto tuvo su epicentro cerca de San José del Palmar, en el Chocó, una de las regiones más pobres de Colombia.
Quibdó, la capital del departamento, fue la zona más afectada, con un saldo de 14 fallecidos. Sin embargo, la fase de búsqueda y rescate ya concluyó allí, informó la gobernadora Nubia Córdoba, quien anunció que ahora se concentrarán «en la fase de respuesta enfocada en la atención a los damnificados».
«Ya no buscamos a nadie bajo los escombros por la misericordia de Dios. Esta familia a la que buscábamos se encuentra con nosotros y ya está recibiendo la atención requerida», declaró la gobernadora.
El presidente Abelardo de la Espriella, quien asumió tres días antes del sismo, decretó la «emergencia económica», una medida que le permite crear impuestos y modificar el presupuesto sin pasar por el Congreso, pese a su consigna de no crear más tributos.
También anunció la creación de un fondo con ayudas internacionales para atender a las víctimas del sismo.
«Esta crisis (…) nos agarra en un momento difícil, en medio de una crisis fiscal», declaró De la Espriella.
Según cifras oficiales, más de 11.000 viviendas han quedado destruidas y miles de familias se encuentran sin hogar.
Tres estados de Estados Unidos tienen previsto ejecutar a presos este jueves, en un contexto de incremento del uso de la pena capital durante la presidencia de Donald Trump.
La pena de muerte ha sido abolida en 23 de los 50 estados del país, mientras que otros tres —California, Oregón y Pensilvania— mantienen moratorias vigentes.
Según la organización Death Penalty Information Center, la última vez que se programaron tres ejecuciones para el mismo día fue en 2010.
Trump ha buscado ampliar el uso de la pena de muerte «para los crímenes más viles», mientras que el Departamento de Justicia propuso en abril ampliar los métodos de ejecución para incluir pelotones de fusilamiento, gas y electrocución.
En Tennessee está prevista la ejecución de Anthony Darrell Dugard Hines, de 66 años, sentenciado por asesinar a una mujer en 1985, según medios locales.
En Oklahoma será ejecutado Carlos Cuesta-Rodríguez, de 70 años, condenado por un asesinato cometido en 2003.
Por su parte, Alabama tiene previsto ejecutar a Jeremy Williams, de 42 años, sentenciado por violar y matar a una niña de cinco años.
Durante 2025 se realizaron 47 ejecuciones en Estados Unidos, la cifra más alta desde 2009, cuando fueron ejecutadas 52 personas.
Florida registró el mayor número de ejecuciones en 2025, con 19, seguida por Alabama, Carolina del Sur y Texas, con cinco cada uno.
De las ejecuciones realizadas el año pasado, 39 fueron mediante inyección letal. Otras tres se llevaron a cabo por pelotón de fusilamiento y cinco mediante hipoxia de nitrógeno, un método que consiste en bombear gas nitrógeno a una máscara facial y provoca la asfixia del preso.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) denunció el uso del gas nitrógeno como un método cruel e inhumano de castigo capital.
