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Joven madre sufre caso de negligencia médica luego que le extirparan sus pechos por error
Originalmente fue una historia de esperanza: “Bebé de 6 meses detectó el cáncer de seno de su mamá”, informó la prensa a principios de 2017. Pero ahora se transformó en pesadilla.
Sarah Boyle es una joven madre que a sus 25 años fue “innecesariamente traumatizada” después de haber sido diagnosticada erróneamente con una forma agresiva de cáncer de mama que la obligó a someterse a una gran cantidad de tratamientos y cirugía, informó la revista People.
Boyle, hoy de 28 años, todavía está luchando para enfrentar el hecho de que, debido a un “error humano”, se sometió a una doble mastectomía y quimioterapia innecesarias hace casi tres años, resumió BBC News.
“Que me dijeran que tenía cáncer fue horrible, pero luego pasar por todo el tratamiento y la cirugía, y después me dijeron que era innecesario… fue traumático“, dijo la nativa de Stoke-on-Trent, ciudad en el centro de Inglaterra.
La experiencia desgarradora comenzó a fines de 2016, cuando Boyle empezó a tener dificultades para amamantar a su primer hijo, Teddy: notó que el bebé de seis meses de edad parecía “muy angustiado” cuando intentaba alimentarlo con su pecho derecho.
Después de ir al Royal Stoke Hospital en Inglaterra, Boyle se sometió a una biopsia y una exploración. Luego los médicos le diagnosticaron cáncer de mama triple negativo e inmediatamente la enviaron para un tratamiento de quimioterapia.
Boyle eventualmente se sometió a una mastectomía doble y, más tarde, cirugía reconstructiva. También le dijeron que los tratamientos agresivos contra el cáncer podrían perjudicar su fertilidad.
Sin embargo, no fue hasta julio de 2017 cuando el médico le dijo que había sido diagnosticada erróneamente y que en realidad no tenía cáncer, según The Telegraph.
Los abogados de Boyle dijeron al periódico británico que el error ocurrió porque una muestra de biopsia había sido registrada incorrectamente.
Boyle y sus abogados ahora están llevando a cabo acciones legales contra el “Hospital de la Universidad de North Midlands NHS Trust”, que ha asumido su responsabilidad.
Sarah Sharples, abogada de la firma que representa a Boyle, dijo en una declaración a The Telegraph que esperan que la experiencia evite que vuelva a ocurrir otra situación similar.
“Éste es un caso verdaderamente impactante en el que una joven madre se ha enfrentado a noticias desgarradoras y a un período agotador de tratamiento extenso, sólo para que le digan que no era necesario”, dijo Sharples. “Toda la experiencia ha tenido un gran impacto en Sarah de muchas maneras”.
“Si bien nos complace que el (hospital) haya admitido los claros fallos, aún no hemos escuchado si se han implementado mejoras para evitar que algo como esto vuelva a suceder”, continuó Sharples.
“También estamos profundamente preocupados por los informes que rodean el tipo de implantes que tiene Sarah, con sospechas sobre su posible vínculo con una forma rara de cáncer”, agregó.
La joven madre también dice estar preocupada por su futuro, debido al tratamiento y la cirugía que ya ha sufrido
“Los últimos años han sido increíblemente difíciles para mí y mi familia”, dijo Boyle a The Telegraph. “Aunque me encantó dar a luz a Louis –su segundo hijo, nacido en diciembre de 2018-, fue realmente desgarrador cuando no pude amamantarlo”.
El plazo de 72 horas considerado decisivo para encontrar sobrevivientes tras el mortífero terremoto que sacudió Colombia llega a su fin este jueves, mientras cerca de 500 personas continúan desaparecidas y podrían encontrarse bajo edificios derrumbados.
El sismo, de magnitud 7,4, ocurrió el lunes y es considerado el más potente registrado en este siglo en Colombia. Hasta el momento, deja 265 muertos y unos 3.500 heridos.
En Cali, Pereira y otras ciudades del oeste del país, los equipos de rescate trabajan sin cesar. A las 07:34 locales (12:34 GMT) se cumplen las primeras 72 horas desde el terremoto, momento a partir del cual disminuyen considerablemente las probabilidades de encontrar sobrevivientes.
Valeria Cardona, una estudiante de 26 años, busca a dos de sus primos en Cali. «Tenemos sospechas de su localización, pero no hay pruebas de vida», explicó. «La esperanza es lo último que se pierde, pero estamos angustiados de una noticia que no queremos», añadió.
A Cali llegó un grupo de los Topos, los reconocidos rescatistas mexicanos que se encontraban en la vecina Venezuela, donde un doble sismo causó más de 6.000 fallecidos el 24 de junio.
«Todos venimos de Venezuela, de La Guaira. Ahora estos 41 días que estuvimos trabajando ahí nos hicieron más fuertes, porque superamos el hambre, el dolor, la desvelada», dijo Héctor Méndez, de 80 años y presidente de Topos Aztecas.
«No se sientan víctimas. Esto no es un horario de oficina ni de taller. Esta es la vida real, donde sale la mejor parte del espíritu. Son cosas de la naturaleza que pasan», agregó.
Atención a damnificados
El terremoto tuvo su epicentro cerca de San José del Palmar, en el Chocó, una de las regiones más pobres de Colombia.
Quibdó, la capital del departamento, fue la zona más afectada, con un saldo de 14 fallecidos. Sin embargo, la fase de búsqueda y rescate ya concluyó allí, informó la gobernadora Nubia Córdoba, quien anunció que ahora se concentrarán «en la fase de respuesta enfocada en la atención a los damnificados».
«Ya no buscamos a nadie bajo los escombros por la misericordia de Dios. Esta familia a la que buscábamos se encuentra con nosotros y ya está recibiendo la atención requerida», declaró la gobernadora.
El presidente Abelardo de la Espriella, quien asumió tres días antes del sismo, decretó la «emergencia económica», una medida que le permite crear impuestos y modificar el presupuesto sin pasar por el Congreso, pese a su consigna de no crear más tributos.
También anunció la creación de un fondo con ayudas internacionales para atender a las víctimas del sismo.
«Esta crisis (…) nos agarra en un momento difícil, en medio de una crisis fiscal», declaró De la Espriella.
Según cifras oficiales, más de 11.000 viviendas han quedado destruidas y miles de familias se encuentran sin hogar.
Tres estados de Estados Unidos tienen previsto ejecutar a presos este jueves, en un contexto de incremento del uso de la pena capital durante la presidencia de Donald Trump.
La pena de muerte ha sido abolida en 23 de los 50 estados del país, mientras que otros tres —California, Oregón y Pensilvania— mantienen moratorias vigentes.
Según la organización Death Penalty Information Center, la última vez que se programaron tres ejecuciones para el mismo día fue en 2010.
Trump ha buscado ampliar el uso de la pena de muerte «para los crímenes más viles», mientras que el Departamento de Justicia propuso en abril ampliar los métodos de ejecución para incluir pelotones de fusilamiento, gas y electrocución.
En Tennessee está prevista la ejecución de Anthony Darrell Dugard Hines, de 66 años, sentenciado por asesinar a una mujer en 1985, según medios locales.
En Oklahoma será ejecutado Carlos Cuesta-Rodríguez, de 70 años, condenado por un asesinato cometido en 2003.
Por su parte, Alabama tiene previsto ejecutar a Jeremy Williams, de 42 años, sentenciado por violar y matar a una niña de cinco años.
Durante 2025 se realizaron 47 ejecuciones en Estados Unidos, la cifra más alta desde 2009, cuando fueron ejecutadas 52 personas.
Florida registró el mayor número de ejecuciones en 2025, con 19, seguida por Alabama, Carolina del Sur y Texas, con cinco cada uno.
De las ejecuciones realizadas el año pasado, 39 fueron mediante inyección letal. Otras tres se llevaron a cabo por pelotón de fusilamiento y cinco mediante hipoxia de nitrógeno, un método que consiste en bombear gas nitrógeno a una máscara facial y provoca la asfixia del preso.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) denunció el uso del gas nitrógeno como un método cruel e inhumano de castigo capital.
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Epidemia de ébola se extiende a una sexta provincia de República Democrática del Congo
La epidemia de ébola que afecta a la República Democrática del Congo (RDC) se extendió a una sexta provincia en el norte del país, informó este jueves Jean Kaseya, director de la agencia de salud de la Unión Africana (Africa CDC).
La RDC declaró el 15 de mayo, con varias semanas de retraso, su decimoséptima epidemia de ébola, considerada ya como la más importante de su historia y en vías de convertirse también en la más mortífera.
Hasta ahora, cinco provincias congoleñas habían reportado casos: Ituri, fronteriza con Uganda y Sudán del Sur; Kivu del Norte; Kivu del Sur; Alto Uelé y Tshopo. A esta lista se suma Bajo Uelé, ubicada en el norte del país y fronteriza con la República Centroafricana.
Kaseya informó que una persona falleció a causa del ébola en Bajo Uelé después de haber viajado desde Alto Uelé, en el noreste del país. El funcionario realizó estas declaraciones durante un intercambio en línea con periodistas este jueves.
Según las autoridades, la actual epidemia ha causado más de 2.128 muertes entre 4.566 casos confirmados, apenas tres meses después de su declaración.
El brote más mortífero registrado anteriormente en el país provocó cerca de 2.300 muertes entre los 3.500 enfermos contabilizados entre 2018 y 2020.
Originada en la provincia de Ituri, en el noreste de la RDC, la actual epidemia afecta a varias provincias del noreste y este del país, algunas densamente pobladas, donde la presencia del Estado es frágil y las infraestructuras sanitarias se encuentran muy desprovistas.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó el miércoles que espera revertir la tendencia al alza de la epidemia en un plazo de tres meses.
El ébola se transmite mediante el contacto con fluidos corporales y provoca fiebre hemorrágica. En los últimos 50 años, la enfermedad ha causado la muerte de más de 15.000 personas en África.
