Internacionales
Hallan al menos 16 cadáveres en fosas clandestinas en México
16 cadáveres fueron hallados en una fosa clandestina en la Colonia Ojo de Agua del municipio de Tlajomulco, Jalisco, México.
El hallazgo ocurrió el pasado 11 de diciembre y fueron personas que buscaban a un familiar desaparecido quienes localizaron un cuerpo en un predio por lo que dieron aviso a las autoridades.
La Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas informó que las labores de búsqueda concluyeron hoy en la finca, luego de ser reportada hace 36 días.
Medio locales reportaron los hechos durante esta semana y añadieron que luego del hallazgo se solicitó maquinaria pesada.
El pasado 22 noviembre, al menos 113 cuerpos fueron identificados dentro de una fosa clandestina en el municipio de El Salto, Jalisco, confirmó la fiscalía de la entidad.
El Fiscal estatal, Gerardo Octavio Solís, reveló en conferencia de prensa que en el lugar han sido localizados 113 cuerpos de víctimas, de las cuales 30 han sido identificadas por sus familiares, entre ellas dos mujeres y 28 hombres, y el resto permanecen en el Servicio Médico Forense en calidad de “personas fallecidas sin identificar”.
La fosa fue localizada a inicios de octubre pasado en una finca en el fraccionamiento Los Sabinos en el que peritos forenses encontraron inicialmente cuatro cuerpos inhumados, como resultado de trabajos de inteligencia y diversas investigaciones, informó la dependencia en su momento.
Durante su participación en la habitual rueda de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum, el titular de la cartera sanitaria indicó que en esa etapa se contabilizaron 2.136 casos de dengue, de los cuales 1.140 presentan signos de alarma, y se reportaron cuatro defunciones asociadas a esa enfermedad.
«Tuvimos en el periodo de 2024 y 2025 un verdadero brote muy importante de dengue y lo hemos logrado disminuir en forma muy importante y eso ha sido a través de una serie de medidas preventivas», aseguró.
Kershenobich destacó que la actual administración se planteó como meta reducir en un 50 por ciento los casos de dengue, zika y chikunguña para el año 2030.
El ministro atribuyó la reducción de contagios a la campaña educativa basada en los «cinco pasos para un hogar sin mosquitos», y al uso innovador, para infectar mosquitos, de la bacteria Wolbachia, que inactiva el virus del dengue.
Esa estrategia comenzó en los estados de Yucatán (sureste) y Baja California Sur (norte), lo que abre la posibilidad de erradicar la enfermedad.
«El mejor ejemplo es Yucatán, que hasta el momento tiene solamente nueve casos de dengue. Y con esa estrategia estamos avanzando para tener nuevos laboratorios de mosquitos con Wolbachia en Tabasco, Oaxaca, Morelos, Aguascalientes, Chiapas y Jalisco», explicó el secretario.
En paralelo, el Gobierno trabaja en colaboración con Japón y Brasil para desarrollar vacunas contra el dengue, lo que refuerza los esfuerzos tecnológicos y científicos en materia de salud pública.
Una batalla campal se vivió la noche del domingo en el barrio Los Fuertes y la zona de Monte Placentero, en la turística isla de Roatán, departamento de Islas de la Bahía, Honduras. Esto luego de que personas que protagonizaban desórdenes públicos se resistieran a los llamados de atención de las autoridades y comenzaran a agredir a los agentes del orden.
Según medios locales, la Policía fue alertada sobre disturbios en el sector; asimismo, se registró un incendio en la zona. De esta manera, los agentes se movilizaron al lugar para restablecer el orden, pero fueron recibidos por alborotadores, algunos presuntamente bajo los efectos del alcohol, que comenzaron a resistirse a la autoridad y a enfrentarse con los uniformados.
En videos que circularon en redes sociales se observa a varios hombres agrediendo a los policías con objetos contundentes. Los agentes eran superados en número por los involucrados en los disturbios.
Un oficial que brindó declaraciones en el lugar de los hechos, sin identificarse, aseguró que dos policías resultaron heridos: uno sufrió golpes en la cabeza con una botella de vidrio y otro presentó múltiples lesiones.
Por otra parte, el comisionado Lisandro Muñoz expuso en un programa de televisión local que las 30 personas detenidas por el altercado enfrentarán a la justicia por alteración del orden público, entre otros delitos.
El exparlamentario y líder indígena Brooklyn Rivera, considerado un preso político del gobierno en Nicaragua, fue sepultado de forma exprés en Managua la noche del domingo, informó la prensa oficialista.
El líder murió por complicaciones de salud luego de casi tres años de detención.
Rivera, de 73 años y cuya liberación exigía Estados Unidos, fue detenido por la policía el 29 de septiembre de 2023 en su casa del poblado caribeño de Bilwi. Amnistía Internacional lo consideraba un «preso de conciencia» de los copresidentes izquierdistas Daniel Ortega y Rosario Murillo, en el poder desde 2007.
Tras un velatorio de pocas horas en el que participaron diputados oficialistas, miembros de una iglesia cristiana y amigos «acompañaron el sepelio» de Rivera «elevando oraciones y muestras de cariño en su despedida», informó el canal 4 de la televisión estatal en la red social X.
El canal publicó fotos del ataúd del líder indígena, que fue sepultado en el cementerio privado Sierra de Paz, al sureste de Managua.
Según un comunicado del ministerio de Salud, Rivera sufría un «deterioro físico y neurológico» como «consecuencia de una bacteria generada por el virus de la COVID-19».
Desde el exilio la hija del dirigente, Tininiska Rivera, había solicitado al gobierno que le permitiera regresar para despedirlo conforme a las «tradiciones» del pueblo miskitu.
También desmintió en un comunicado la versión oficial de que Rivera estuvo acompañado de parientes en sus últimos momentos de vida.
El exdiputado estaba hospitalizado por múltiples enfermedades, según el gobierno, que el pasado miércoles difundió fotos de Rivera conectado a un respirador artificial y demacrado, y la víspera reconoció que su condición era «crítica».
El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, dijo en X estar «profundamente preocupado» por la muerte de Rivera «bajo custodia del Estado», por lo que demandó una «investigación inmediata, independiente y transparente» y la liberación de «todos los presos políticos».
De la ONU a prisión
Rivera era un reconocido líder miskito y del partido indígena Yatama (Hijos de la madre tierra unidos), que defiende los derechos de las comunidades originarias de Nicaragua.
Las autoridades nunca hicieron públicos los cargos en su contra.
Pero según reportes de prensa, en noviembre de 2024 el gobierno admitió ante la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU que se había levantado su inmunidad parlamentaria para investigarlo por delitos como traición a la patria.
Meses antes de ser encarcelado, en abril de 2023, Rivera participó en un foro de la ONU en Nueva York, donde denunció las problemáticas de las comunidades indígenas y afrodescendientes de Nicaragua.
Al regresar se le impidió el ingreso al país, pero luego entró clandestinamente.
En un video grabado entonces, afirmó que volvía consciente del «riesgo» y que lo hacía por «amor» a su «tierra» y a su «pueblo».
Posteriormente fue apresado y se le impedía tener contacto con la familia.
Un centenar de desaparecidos
Al exigir una prueba de vida el pasado 1 de mayo, un grupo de expertos de la ONU aseguró que el líder indígena formaba parte de un grupo de 112 personas «desparecidas forzadamente».
«Las condiciones de detención en Nicaragua son, según informes, inhumanas y quienes han sido desaparecidos forzadamente podrían haber sido sometidos a tortura y otros tratos crueles», afirmaron los juristas.
La Asociación Juvenil Indígena de la Moskitia (Ajim) sostuvo que «ningún pueblo debería despedir a sus líderes en las condiciones en que hoy despedimos a Brooklyn».
Estados Unidos exigió el pasado viernes su liberación «incondicional» y tildó de «abominable» la «represión, violencia e inhumanidad» de la «dictadura» de Ortega y Murillo.
Rivera integró la Alianza Revolucionaria Democrática (Arde) liderada por el fallecido Edén Pastora, alias Comandante Cero, que se alzó contra el gobierno del Frente Sandinista en la guerra civil de los «contras» en la década de 1980.
También fue líder de la milicia indígena Misurasata. Tras la guerra civil fue profesor universitario y diputado.
Ortega, de 80 años, y Murillo, de 74, mantienen un fuerte control sobre opositores tras las protestas de 2018 que dejaron unos 300 muertos, centenares de detenidos y forzaron a cientos de miles al exilio.
El gobierno denunció esas manifestaciones como un intento de golpe de Estado patrocinado por Washington.
Según la oposición, Ortega enfrenta problemas de salud por lo que Murillo hace una purga interna para garantizar la sucesión.
