Internacionales
«Es una rutina para mí y no me arrepiento de haber ahorcado a tanta gente”, asegura verdugo de 300 reos
Bisnieto, nieto e hijo de verdugos, Sabir Masih ha ejecutado a unos 300 reos, un trabajo que considera «rutinario» y que no le provoca remordimientos, en un momento en el que Pakistán se ha convertido en uno de los principales países en aplicar la pena de muerte en todo el mundo.
«Es una rutina para mí y no me arrepiento de haber ahorcado a tanta gente. Yo solo sigo las órdenes», afirma tranquilo el hombre de 34 años, espigado, de facciones marcadas y un pronunciado tartamudeo.
Su primera ejecución la llevó a cabo en julio de 2006, el caso de un reo condenado por asesinato durante el robo de un banco, con solo 22 años de edad, debido a que su padre estaba ocupado en el ahorcamiento de un preso en otra ciudad.
El preso «estaba recitando unos versos del Corán. El superintendente me hizo una señal, tiré de la palanca y el convicto quedó colgando. Yo no estaba asustado porque ya había visto una ejecución», recuerda Masih.
En ocho meses superó las 100 ejecuciones y siguió sumando hasta que en 2008 el Gobierno impuso una moratoria sobre la pena de muerte.
Durante los dos años largos de moratoria, Masih continuó cobrando su salario como empleado público de prisiones de la provincia del Punjab, sin ejecutar a nadie.
Hasta que el 16 de diciembre de 2014 un grupo de talibanes mató a 125 estudiantes en un ataque a una escuela de la ciudad de Peshawar (noroeste), lo que llevó al entonces primer ministro Nawaz Sharif a poner fin a la moratoria para casos de terrorismo y tres meses después para todos.
Tan solo tres días después del ataque, Masih ahorcó a los dos primeros presos tras años y desde entonces ha llevado a cabo unas 100.
Pakistán ha ejecutado a 506 personas desde el fin de la moratoria, lo que le ha convertido en uno de los principales países en aplicar la pena de muerte en el mundo, solo por detrás de Arabia Saudí, Irán e Irak.
La última ejecución de Masih fue la de Imran Ali, condenado por la violación y asesinato de una niña de siete años, en un controvertido caso que desató protestas violentas para reclamar seguridad y una acción rápida contra el violador, a quien ahorcó en octubre.
«Permaneció callado. El superintendente le dijo que si quería pedir perdón al padre de Zainab, pero permaneció en silencio», explica el verdugo.
Grupos de derechos humanos como Amnistía Internacional (AI) consideran que Pakistán «viola el derecho y las normas internacionales» en su aplicación de las condenas a la horca, mientras que organizaciones locales critican el sistema policial y judicial paquistaní por ser poco eficaces, lo que deviene en sentencias injustas.
Nada de ello afecta a Masih, quien sostiene que la pena de muerte ayuda a reducir los crímenes, a pesar de las evidencias contra ello, y remarca la tradición de su familia.
«Me gusta esta profesión porque es la profesión de mi familia. Estoy contento con lo que hago y no siento ninguna incomodidad», afirma con orgullo.
Su familia ha realizado este trabajo durante seis generaciones, el abuelo de su padre ya se dedicaba a ello, desde los tiempos en que Pakistán era parte de la India británica.
Su tío abuelo Tara Masih fue el encargado de ejecutar al ex primer ministro Zulficar Ali Bhutto en 1977 tras ser depuesto en un golpe de Estado y condenado por un tribunal.
La ineficacia del sistema judicial paquistaní quedó de manifiesto en 2016 cuando el Tribunal Supremo absolvió a los hermanos Ghulam Qadir y Ghulam Sarwar por asesinato, para descubrir que habían sido ejecutados meses antes.
Masih había sido el encargado de ahorcarlos.
«Si un inocente es ahorcado no es culpa mía, es culpa del juez que ordenó la ejecución», asegura con parsimonia.
El momento en el que Masih se entusiasma es cuando explica gesticulando cómo se practica la ejecución, cómo coloca la soga en el cuello del reo, le cubre la cabeza, le ata las manos atrás y los pies, cómo le explica al preso que no saque la lengua ya que se la puede cortar durante el ahorcamiento.
Y cómo los ajusticiados cuelgan durante media hora, para asegurarse de que han muerto, ya que unos mueren en unos pocos minutos, mientras que otros pueden tardar mucho más y se asfixian lentamente.
Masih recuerda que ha visto todo tipo de comportamientos en el patíbulo, desde presos que lloran, algunos que rezan, hasta otros que guardan silencio.
Incluso algunos que parecen orgullosos de morir así.
«Personas de grupos terroristas y extremistas lanzan cánticos como Alla- hu-Akbar(dios es grande) y dicen que han ganado, que para ellos es un triunfo, no una derrota», sentencia el verdugo.
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Reo de alta peligrosidad sale de cárcel Los Jocotes con un guardia para ir a concierto en Feria de Chiquimula
Byron Efraín Ruiz Roque, privado de libertad catalogado de alta peligrosidad y señalado por actividades de sicariato vinculado a la banda “Los Famosos Cheguen’s Chiquimultecos”, salió del Centro de Detención Preventiva Los Jocotes, en Zacapa, el 13 de agosto de 2026. Fue captado en el Estadio Las Victorias de Chiquimula disfrutando del concierto de la banda mexicana Los Dos de Tamaulipas durante la Feria departamental, junto a un guardia penitenciario identificado extraoficialmente como Pablo (o Pablo Azurdia). También habría asistido a un desfile hípico. Fotos y videos del momento se viralizaron rápidamente en redes sociales.
El Sistema Penitenciario confirmó el incidente el 17 de agosto mediante un comunicado oficial. Presentó denuncias penales ante el Ministerio Público contra guardias y autoridades del centro por posible participación o complicidad, inició acciones administrativas y reiteró su política de “cero tolerancia” a la corrupción. Como medida inmediata, trasladó a Ruiz Roque al Centro Preventivo para Hombres de la zona 18, en la capital, donde permanece aislado mientras avanza la investigación.
Este caso expone graves fallas de control en el sistema carcelario guatemalteco. Fuentes periodísticas y redes lo describen como un privilegio indebido a un reo peligroso, lo que generó fuertes críticas sobre la seguridad en los centros de detención. El 19 de agosto, en respuesta al escándalo, el SP, la PNC y el Ejército realizaron una requisa masiva en Los Jocotes: decomisaron drogas, objetos punzocortantes, teléfonos, cajetillas y otros ítems ilícitos, y trasladaron al menos 11 privados de libertad a otros centros para desarticular una estructura criminal interna.
El Ministerio Público continúa las diligencias para determinar exactamente cómo se facilitó la salida y quiénes son los responsables. El caso se suma a una serie de irregularidades reportadas en las cárceles del país y mantiene abierta la discusión sobre la necesidad de reformas urgentes en el Sistema Penitenciario.
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FOTOS – VIDEOS | Desmantelan cámaras instaladas por las maras para controlar los movimientos policiales en Guatemala
El control territorial de las maras o pandillas ha escalado a niveles impensados en Guatemala, donde fueron instaladas cámaras en postes de la vía pública para vigilar los movimientos de las fuerzas policiales.
Este miércoles fueron localizadas cámaras de vigilancia en la vía pública de la aldea Ciudad Quetzal, en San Juan Sacatepéquez, Guatemala.
Las autoridades guatemaltecas desmantelaron los dispositivos, que también eran utilizados para monitorear los movimientos de los residentes de la zona.
Los operativos de las fuerzas de seguridad y militares se desarrollan después de que en el sector fueran capturados cuatro terroristas señalados de estar vinculados con un crimen ocurrido en la ruta a San Raymundo.
Seguridad y tranquilidad para los guatemaltecos 🇬🇹
Unidades militares en coordinación con las fuerzas de seguridad civil realizan patrullajes a pie y a motor, puestos de control y acciones de seguridad en colonias y sectores de la aldea Ciudad Quetzal, #SanJuanSacatepéquez,… pic.twitter.com/HBQCUJ6r0B
— Ejército de Guatemala (@Ejercito_GT) August 19, 2026
Este lunes se conoció el asesinato a balazos del abogado y exfuncionario judicial hondureño Dereck McField, ocurrido durante horas de la mañana.
El hecho de violencia se registró en plena vía pública, cuando el jurista regresaba de dejar a su hijo pequeño en la escuela, según reportó el medio hondureño HCH.
La noticia generó gran revuelo luego de que, horas más tarde, el presidente de Honduras, Nasry Asfura, confirmara que McField era testigo protegido en el caso de Angie Peña, una joven universitaria que desapareció el 1 de enero de 2022 en una isla, mientras paseaba en un jet ski. Se presume que la joven fue vendida a una red de trata de personas con fines de explotación sexual.
Días después de su desaparición, la moto, el chaleco salvavidas y otras pertenencias de Peña fueron encontrados en un cayo de Belice.
Por este caso, cuatro hombres, tres estadounidenses y un hondureño, han sido imputados y permanecen en prisión preventiva mientras el proceso se desarrolla en un juzgado.
Angie Peña lleva seis años desaparecida. Foto: Cortesía
Al inicio del proceso judicial, en 2024, las autoridades confirmaron que «Harold Green le vendió a Angie Peña a William James Murdock por una cantidad de dólares». Además, señalaron que existen «muchas pruebas (de la transacción), vaciados (transcripciones) telefónicos, videos, fotografías, testimonios», según declaró a la AFP el portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora.
Desde entonces, se han realizado allanamientos para localizar a Peña, pero «no se ha encontrado» y las autoridades «esperan que esté viva».
Los tres ciudadanos estadounidenses vinculados al caso viven en Honduras y tienen inversiones turísticas en Roatán.
