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Internacionales

ENTÉRATE: Así opera el Escuadrón de la Muerte del régimen Chavista que causa muerte y desapariciones de personas

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La FAES (Fuerza de Acción Especial de la Policía Nacional Bolivariana) es el escuadrón policial más temido en Venezuela y, desde que escaló la tensión en las calles con la juramentación de Juan Guaidó como Presidente Encargado, esos agentes están señalados como autores de la mayoría de los 35 muertos y más de 850 detenciones.

“Se meten en tu habitación y te sacan de tu casa. Si te resistes, te matan en tu propia sala. A ellos no les importa que tu familia esté allí mirando, a ellos no les importa que los vecinos puedan escuchar cuando te golpean sin sentido con tubos de acero llenos de cemento”, grafica Caracas Chronicles  la organización independiente de noticias sobre Venezuela que lleva meses investigando el accionar de este escuadrón de la muerte.

El escuadrón utiliza armas letales

“Los pobres están poniendo los muertos”, aseguraron a Infobae varias fuentes. Es que desde el 23 de enero, cuando recrudeció la represión, son las barriadas más humildes como Pinto Salinas, Petare y Cotiza donde se registran más muertos. Y luego de cada asesinato, una y otra vez, los testigos señalan a FAES, a esos “hombres de negro”.

Así van, encapuchados para que no se les pueda ver el rostro y la verdad es que hay muy poca información pública sobre este cuerpo. No existen perfiles de los oficiales de FAES, casi nada se sabe de su estructura… Solo se conoce el patrón de conducta que siguen: intimidación, allanamientos en el hogar y ejecuciones.

La FAES fueron creadas el 14 de julio de 2017 por Nicolás Maduro, quien explicó su fundación “para combatir el crimen y el terrorismo”. Si en 2016, la Policía Nacional Bolivariana era responsable del 22% de las muertes en el país, al año siguiente, después de solo seis meses de existencia, la FAES aumentaron ese lamentable récord en un 10%, hasta llegar al 32%.

Provea denuncia que la FAES es el res´ponsable de la mayoría de las 35 muertes de los últimos días

Para Provea (Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos), la prestigiosa ONG de derechos humanos que documenta seriamente los muertos y las detenciones arbitrarias, “la Fuerza de Acciones Especiales de la PNB (Policía Nacional Bolivariana) es un escuadrón de la muerte que siembra terror en las zonas populares con una acción sistemática de ejecuciones, allanamientos arbitrarios, robo en las viviendas y maltrato a detenidos”.

El 25 de enero, después de que la FAES asesinara a 5 personas en Carora y El Tocuyo, estado Lara, el diputado Luis Florido estalló en Twitter: “Es inaceptable que órganos de seguridad usen sus armas de reglamento para acribillar a ciudadanos desarmados. El silencio comunicacional para callar la muerte a manos del régimen indigna”.

Su modus operandi es militar. Toman militarmente una zona concreta, como si fuesen un ejército de ocupación y generalmente “cazan” a sus objetivos, explica Keymer Ávila, investigador del Instituto de Ciencias penales y profesor de la Universidad Central de Venezuela en Efecto Cocuyo. “No es una lógica de seguridad ciudadana en la que se debe prevenir o detener en el marco de la legalidad a un delincuente, no, en su caso ellos entienden que tienen que llegar a dar de baja a ‘elementos’ que no son personas sino enemigos”, agrega.

La división policial es señalada como responsable de las detenciones arbitrarias del régimen

Ávila responsabiliza a la FAES de una “masacre por goteo”: “Según cifras oficiales, en 2017 murieron 4.998 personas en manos de las fuerzas de seguridad del Estado, es decir, unas 14 personas al día. Lo que opera en el país es una masacre por goteo, de la cual la FAES de la PNB es una pieza clave. Si tomamos estas cifras pudiera estimarse que, posiblemente, las víctimas de la PNB rondaron aproximadamente las 1.500 personas, que es la cifra que representa más del 30% del total nacional”.

El académico, además denuncia que si bien la FAES pertenece a la PNB, no tiene entre sus funciones el control de manifestaciones o protestas, para ello la PNB cuenta con otra división especializada en Orden Público, que tiene un entrenamiento específico y que posee armamento no letal para la contención de este tipo de eventos. ”Son espacios diferenciados del mismo cuerpo con funciones muy distintas, que no deben mezclarse ni confundirse. Es muy delicado que se use al FAES para el control de manifestaciones porque no tienen ni la formación, ni los recursos para ello, y las consecuencias serían fatales, ya que su entrenamiento no es de contención sino de ataque letal”.

Llegan de noche, establecen toques de queda ilegales y matan. Como operan en barriadas pobres, hay menos denuncias. Pero hay, y gracias a ellas se conoce su accionar letal.

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Reo de alta peligrosidad sale de cárcel Los Jocotes con un guardia para ir a concierto en Feria de Chiquimula

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Byron Efraín Ruiz Roque, privado de libertad catalogado de alta peligrosidad y señalado por actividades de sicariato vinculado a la banda “Los Famosos Cheguen’s Chiquimultecos”, salió del Centro de Detención Preventiva Los Jocotes, en Zacapa, el 13 de agosto de 2026. Fue captado en el Estadio Las Victorias de Chiquimula disfrutando del concierto de la banda mexicana Los Dos de Tamaulipas durante la Feria departamental, junto a un guardia penitenciario identificado extraoficialmente como Pablo (o Pablo Azurdia). También habría asistido a un desfile hípico. Fotos y videos del momento se viralizaron rápidamente en redes sociales.

El Sistema Penitenciario confirmó el incidente el 17 de agosto mediante un comunicado oficial. Presentó denuncias penales ante el Ministerio Público contra guardias y autoridades del centro por posible participación o complicidad, inició acciones administrativas y reiteró su política de “cero tolerancia” a la corrupción. Como medida inmediata, trasladó a Ruiz Roque al Centro Preventivo para Hombres de la zona 18, en la capital, donde permanece aislado mientras avanza la investigación.

Este caso expone graves fallas de control en el sistema carcelario guatemalteco. Fuentes periodísticas y redes lo describen como un privilegio indebido a un reo peligroso, lo que generó fuertes críticas sobre la seguridad en los centros de detención. El 19 de agosto, en respuesta al escándalo, el SP, la PNC y el Ejército realizaron una requisa masiva en Los Jocotes: decomisaron drogas, objetos punzocortantes, teléfonos, cajetillas y otros ítems ilícitos, y trasladaron al menos 11 privados de libertad a otros centros para desarticular una estructura criminal interna.

El Ministerio Público continúa las diligencias para determinar exactamente cómo se facilitó la salida y quiénes son los responsables. El caso se suma a una serie de irregularidades reportadas en las cárceles del país y mantiene abierta la discusión sobre la necesidad de reformas urgentes en el Sistema Penitenciario.

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FOTOS – VIDEOS | Desmantelan cámaras instaladas por las maras para controlar los movimientos policiales en Guatemala

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El control territorial de las maras o pandillas ha escalado a niveles impensados en Guatemala, donde fueron instaladas cámaras en postes de la vía pública para vigilar los movimientos de las fuerzas policiales.

Este miércoles fueron localizadas cámaras de vigilancia en la vía pública de la aldea Ciudad Quetzal, en San Juan Sacatepéquez, Guatemala.

Las autoridades guatemaltecas desmantelaron los dispositivos, que también eran utilizados para monitorear los movimientos de los residentes de la zona.

Los operativos de las fuerzas de seguridad y militares se desarrollan después de que en el sector fueran capturados cuatro terroristas señalados de estar vinculados con un crimen ocurrido en la ruta a San Raymundo.

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Asesinan a testigo protegido por caso de trata de personas en Roatán

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Este lunes se conoció el asesinato a balazos del abogado y exfuncionario judicial hondureño Dereck McField, ocurrido durante horas de la mañana.

El hecho de violencia se registró en plena vía pública, cuando el jurista regresaba de dejar a su hijo pequeño en la escuela, según reportó el medio hondureño HCH.

La noticia generó gran revuelo luego de que, horas más tarde, el presidente de Honduras, Nasry Asfura, confirmara que McField era testigo protegido en el caso de Angie Peña, una joven universitaria que desapareció el 1 de enero de 2022 en una isla, mientras paseaba en un jet ski. Se presume que la joven fue vendida a una red de trata de personas con fines de explotación sexual.

Días después de su desaparición, la moto, el chaleco salvavidas y otras pertenencias de Peña fueron encontrados en un cayo de Belice.

Por este caso, cuatro hombres, tres estadounidenses y un hondureño, han sido imputados y permanecen en prisión preventiva mientras el proceso se desarrolla en un juzgado.

Angie Peña lleva seis años desaparecida. Foto: Cortesía

Al inicio del proceso judicial, en 2024, las autoridades confirmaron que «Harold Green le vendió a Angie Peña a William James Murdock por una cantidad de dólares». Además, señalaron que existen «muchas pruebas (de la transacción), vaciados (transcripciones) telefónicos, videos, fotografías, testimonios», según declaró a la AFP el portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora.

Desde entonces, se han realizado allanamientos para localizar a Peña, pero «no se ha encontrado» y las autoridades «esperan que esté viva».

Los tres ciudadanos estadounidenses vinculados al caso viven en Honduras y tienen inversiones turísticas en Roatán.

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