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Derechos Humanos le pide a Daniel Ortega parar la represión en Nicaragua
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) inició este viernes su misión en Nicaragua con un llamado al gobierno del presidente Daniel Ortega a «cesar de inmediato» la represión contra los manifestantes.
«Llamamos al estado de Nicaragua al cese inmediato de la represión de las protestas» dijo la comisionada chilena de la comisión, Antonia Urrejola, en rueda de prensa.
«Reiteramos nuestra condena mas enfática a las muertes, desapariciones y detenciones arbitrarias de manifestantes, activistas y periodistas que se han registrado en el país desde el inicio de las protestas», señaló la CIDH.
El organismo invitó además a las autoridades a «investigar estos hechos y castigar a sus responsables y reparar a las víctimas de derechos humanos».
La misión de la CIDH llegó la tarde del jueves a Managua tras la anuencia del gobierno a realizar una visita de campo para observar la situación de derechos humanos en el contexto de las protestas ciudadanas, que han dejado 63 muertos y más de 500 heridos tras casi un mes de protestas, según organismos humanitarios.
La entidad autónoma de la Organización de Estados Americanos (OEA) conminó al gobierno a adoptar medidas de carácter urgente para garantizar el libre ejercicio de la libertad de expresión, la reunión pacífica y la participación política de todas las personas.
«Se le recuerda (al Estado de Nicaragua) que el marco jurídico interamericano protege el derecho a la protesta pacífica y sin armas», indicó el organismo supranacional.
La CIDH también expresó su «preocupación» por los desaparecidos y manifestó que «es obligación del Estado poner todos los medios a su alcance hasta dar con su paradero».
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), que se ha encargado de contabilizar a las víctimas, llegó a registrar cerca de 60 desaparecidos, «pero (ya) no es posible tener un número exacto» debido a que algunas personas aparecieron en cárceles, hospitales o en la morgue, según un informe emitido a finales de abril.
Al menos 10 personas murieron durante un incendio registrado la madrugada de este miércoles en una vivienda ubicada en el sector Pisagua, en el distrito de La Victoria, en la ciudad peruana de Lima, informaron autoridades locales.
El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Oscar Arriola, señaló a la agencia estatal de noticias Andina que el siniestro ocurrió alrededor de las 03:00 horas local y dejó, hasta el momento, 10 personas fallecidas, entre ellas cinco menores de edad y cinco adultos.
«Expresar las condolencias a los familiares de la familia Vilchez, cuyos integrantes han fallecido. Son 10 personas, nueve de ellas de apellido Vilchez», detalló el funcionario.
Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) informó que el incendio fue «extinguido» por efectivos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, quienes movilizaron nueve unidades operativas para atender la emergencia.
La zona permanece acordonada, mientras peritos especializados de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público realizan las diligencias correspondientes para identificar a las personas fallecidas.
La apertura del juicio en Nueva York contra el depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro por tráfico de drogas fue fijada para el 1 de junio de 2027, durante una audiencia preparatoria celebrada este miércoles.
Maduro, de 63 años, fue capturado por Estados Unidos en Caracas y permanece encarcelado desde el 3 de enero en una prisión de Brooklyn. El exjefe de Estado enfrenta cuatro cargos relacionados con narcotráfico y tráfico de armas.
Su esposa, Cilia Flores, de 69 años, también es procesada en este caso y enfrenta tres cargos. Ambos han negado los hechos que se les atribuyen.
En una carta enviada el martes al juez encargado del caso, Alvin Hellerstein, el fiscal Jay Clayton informó que ambas partes habían solicitado que el juicio iniciara en junio de 2027.
El proceso judicial contra la pareja continúa luego de que el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump autorizara que Venezuela pueda cubrir los honorarios de los abogados defensores, una medida que inicialmente había sido impedida debido a las sanciones impuestas contra el país.
Los Maduro habían solicitado que sus casos fueran desestimados, argumentando que bloquear el financiamiento vulneraba el derecho constitucional estadounidense a contar con un abogado de libre elección.
Durante su primera comparecencia en Nueva York, poco después de su detención, Maduro se presentó como «un prisionero de guerra».
El expresidente enfrenta cargos por conspiración de «narcoterrorismo», conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, así como conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos.
Además del proceso penal contra quien gobernó Venezuela entre 2013 y 2026, familiares de cinco jóvenes asesinados en ese país presentaron a comienzos de julio una acción civil contra Maduro, acusándolo de haber ordenado sus ejecuciones dentro de un esquema de violencia de Estado.
Tras la salida de Maduro, su exvicepresidenta Delcy Rodríguez asumió como mandataria interina y gobierna bajo la presión de Washington, que afirma estar al mando del país petrolero.
Dos peligrosos integrantes del Barrio 18, identificados por las autoridades como operadores de la estructura criminal «Los Caradura», murieron durante un ataque armado registrado en el ingreso a San Miguel Dueñas, en el departamento de Sacatepéquez.
De acuerdo con las autoridades, un tercer ocupante del vehículo resultó gravemente herido y fue trasladado a un centro asistencial. Hasta el momento, se desconoce su estado de salud.
Según la información oficial, las víctimas se desplazaban en un pick-up Ford color rojo cuando fueron interceptadas por hombres armados, quienes abrieron fuego en repetidas ocasiones.
Como parte de las investigaciones, las autoridades localizaron múltiples casquillos en la escena, mientras que el vehículo presentaba numerosos impactos de bala.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y fiscales del Ministerio Público (MP) procesaron la escena del crimen y mantienen las diligencias para establecer el móvil del ataque e identificar a los responsables.
