Internacionales
Acusan a matrimonio de policías de enterrar cadáver del novio de su hija en el patio
Un matrimonio compuesto por dos agentes de la policía municipal de Aguascalientes, en México, fueron arrestados por, supuestamente, enterrar el cadáver del novio de su hija de 22 años en el patio de su vivienda.
El informe del medio The Big Data de este viernes indica que oficiales de la Fiscalía General de Justicia de la demarcación llegaron hasta el domicilio de la pareja ubicado en el Fraccionamiento Lomas de Santa Anita, y descubrieron los restos del joven.
El fallecido había sido reportado como desaparecido por sus familiares.
Tanto lo esposos como la hija de ambos. quien también pertenecía al organismo policial, fueron puestos a disposición del Ministerio Público bajo sospecha de haber cometido el homicidio.
Se desconocen las circunstancias que habrían llevado al crimen.
En el caso del padre, ya el hombre no trabaja en la Policía, mientras que la chica fue dada de baja por razones que se desconocen.
Durante la mañana del domingo recién pasado, un trágico accidente tuvo lugar en la comunidad de Nizanda, Oaxa, México, cuando el Tren Interoceánico que transportaba a 250 personas se descarriló, dejando devastación a su paso.
Como resultado del accidente vial, al menos 13 personas perdieron la vida, 98 más heridos, y 36 personas hospitalizadas, entre ellas 5 de gravedad.
A pesar que las autoridades declararon que fue un accidente simple, diversas opiniones surgen al respecto, ya que desde su construcción en 2023 diversos expertos señalaron la baja calidad de los materiales y el mal estado de las vías.
Luego de las constantes e intensas lluvias registradas el fin de semana en Sudáfrica, se reortó el colapso del techo del centro comercial Northgate, en Randburg, Johannesburgo, destruyendo parte del inmueble con la inundación.
Este accidente provocó severos daños materiales en el inmueble, pero hasta el momento, no se reportan personas lesionadas o fallecidos, ya que el hecho ocurrió en horas de la noche.
Las personas que se encontraban aún en el establecimiento mostraron su pánico mediante gritos y muestras de preocupación ante lo que sus ojos presenciaban.
Por su parte, las autoridades evaluaban la seguridad de la estructura y el alcance de las afecciones en la zona afectada del centro comercial.
La Comunidad Chino Panameña exigió una investigación formal y la reconstrucción del Parque Mirador de Las Américas tras su desmantelamiento, ocurrido la noche del 27 de diciembre de 2025 en el distrito de Arraiján.
El hecho, atribuido a la alcaldía local, ha generado una ola de rechazo por la ausencia de notificación, consulta pública y diálogo previo con las organizaciones representativas del colectivo.
Según denunciaron, la intervención se realizó sin cumplir principios básicos de transparencia, legalidad y participación ciudadana, lo que impidió preservar elementos patrimoniales y resguardar el valor simbólico del espacio.
Para la comunidad, la decisión constituye una actuación arbitraria y carente de sensibilidad intercultural, incompatible con una gestión responsable del patrimonio conmemorativo.
El parque fue concebido como un lugar de memoria colectiva para honrar a los primeros inmigrantes chinos que contribuyeron de manera decisiva al desarrollo del país, particularmente en obras emblemáticas como el Ferrocarril de Panamá y el Canal de Panamá.
La obra fue impulsada y financiada con el esfuerzo directo de ciudadanos de la comunidad china panameña, en el marco de los 150 años de presencia de esta colectividad en Panamá, como símbolo de integración entre la herencia cultural china y la identidad nacional.
Desde junio de 2024, representantes comunitarios sostuvieron gestiones ante la alcaldía de Arraiján para abordar la situación del parque, sin obtener respuestas concretas, afirmó Alex Gao, presidente de la Asociación China de Panamá.
“Solicitamos una investigación sobre el procedimiento y la posibilidad de reconstruir el parque en su ubicación original”, reiteró.
La comunidad hizo un llamado a las autoridades nacionales y locales para respetar la memoria histórica, garantizar procesos participativos y asegurar que decisiones sobre espacios conmemorativos se adopten con diálogo, criterios técnicos y respeto cultural, evitando precedentes que vulneren la dignidad colectiva de las comunidades que forman parte del país.
