Judicial
407 jefes de la MS seguirán en prisión por 500 homicidios y un centenar de desapariciones
Un total de 407 miembros de la ranfla nacional, o jefes de la MS 13 seguirán en prisión provisional por 500 homicidios y 91 desapariciones que la Fiscalía General de la República les atribuye. Así lo determinó el Tribunal Sexto contra Crimen Organizado de San Salvador.
El juez fijó el plazo de instrucción hasta agosto de 2025 para que la Fiscalía fortalezca las investigaciones y pueda demostrar un total de 37,402 hechos delictivos que se les atribuyen.
Entre los acusados se encuentran sanguinarios ranfleros como Borromeo Henríquez “El Diablito de Hollywood”; y Luis Ángel Turcios, “El Trece de Santa Tecla”. En el mismo caso se procesa a los corredores de los programas “Ahuachapán”, “Wester”, “Vatos Locos”, “Criminal”, “Stone”, “Sonsonate”, “Pinos Locos Salvatruchas”, “Libertad”, y Programa “Centrales”.
“Se ordena instrucción formal con la aplicación de la detención provisión en contra de los 407 imputados… se autoriza un plazo de instrucción basado en el decreto 803, en el cual el plazo de instrucción transcurriría de forma paralela, la cual iniciará del 9 de febrero del 2024 y finalizará el 25 de agosto del 2025”, señaló el juez.
Entre los procesados, 84 serán juzgados de forma ausente. Los presuntos terroristas son procesados por agrupaciones ilícitas, extorsión agravada, rebelión, tráfico ilícito, tráfico ilícito de armas, trata de personas, tráfico de armas o explosivos, actos de terrorismo, homicidios agravados, privación de libertad, desaparición de personas, tentativa de homicidio agravado, y feminicidio.
Según la Fiscalía, los delitos fueron cometidos entre 2012 y 2022. En esta época habrían ordenado 29, 416 homicidios agravados, 907 desapariciones de personas y 492 extorsiones. De ser hallados culpables, las condenas mínimas que podrían recibir van desde 95 años de prisión.
La FGR cuenta con extracciones de teléfonos que les fueron incautados, donde hay registro de diversos crímenes, así como se cuenta con declaraciones de testigos criteriados, por lo que se espera que los sujetos paguen por sus crímenes a la sociedad.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 15 años de prisión a Julio César Durán Ramos por el delito de extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Apopa, municipio de San Salvador Oeste.
De acuerdo con las investigaciones, el 28 de noviembre de 2015 el imputado llegó al negocio de la víctima y se identificó como palabrero de la pandilla 18 que operaba en el sector donde el comerciante desarrollaba su actividad.
Según la investigación, posteriormente Durán Ramos exigió el pago de una renta mensual de 150 dólares y amenazó a la víctima con quitarle la vida si no entregaba el dinero.
Ante las amenazas, el comerciante accedió a pagar la cuota al finalizar cada mes para poder continuar con su actividad laboral.
La Fiscalía informó que eran diferentes personas las que se acercaban a reclamar el dinero de la extorsión y señaló que varios de esos extorsionistas ya han sido procesados y juzgados por separado.
Irvin Iván Quintanilla Méndez y Ovidio Samuel Gutiérrez Lazo fueron condenados a 44 años de prisión por ofrecer servicios de transporte a mujeres para luego privarlas de libertad, agredirlas sexualmente y despojarlas de sus pertenencias.
La condena fue impuesta por el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador, que los declaró responsables de los delitos de robo agravado, privación de libertad y otras agresiones sexuales, en perjuicio de dos víctimas, cuyas identidades permanecen bajo régimen de protección.
Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República expuso que los condenados habían adoptado un modus operandi para planificar y ejecutar los ataques sexuales, utilizando como fachada un servicio de transporte privado.
Según la investigación presentada por la Fiscalía, las víctimas solicitaban los viajes desde sus lugares de trabajo, ubicados en la zona del Paseo General Escalón, en el distrito de San Salvador, con destino a distintos puntos del área metropolitana.
Mientras se encontraban en el trayecto, los imputados simulaban desperfectos mecánicos en el vehículo. Al detenerse, un delincuente armado salía del baúl para someter y amenazar a la pasajera, con lo que facilitaban la comisión de los delitos.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 40 años de prisión a Klaus Fernando Orantes Ramírez por el delito de homicidio agravado en perjuicio de su madre, Eneyda Ramírez, crimen cometido en febrero de 2021.
El homicidio ocurrió en una vivienda ubicada en la colonia Escalón, en San Salvador. De acuerdo con las investigaciones, la víctima y el imputado regresaban de un viaje a la playa y, bajo los efectos del alcohol, Orantes Ramírez la asfixió utilizando una cadena metálica.
Tras cometer el crimen, el condenado se infligió varios golpes y desordenó la vivienda para simular un robo e intentar despistar a las autoridades.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que las investigaciones determinaron que Klaus Fernando Orantes Ramírez planificó el homicidio junto con su primo, Pedro Antonio Gálvez, quien fue detenido anteriormente. Según la acusación, ambos pretendían vender un inmueble y apropiarse del dinero de la venta, así como de los recursos obtenidos por la administración de los demás inmuebles propiedad de la víctima.
«Los imputados, para desvirtuar su participación, simularon que personas desconocidas se metieron a su casa a robar, y se golpearon entre sí para despistar que ellos cometieron el homicidio», detalló la Fiscalía.
En este caso también fue capturada Fernanda Nicole Orantes Ramírez. Sin embargo, en enero de 2023, el Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador resolvió que continuara el proceso penal con medidas sustitutivas a la detención, tras pagar una fianza de $5,000.
En esa ocasión, el juzgador señaló que la decisión obedecía a que la violencia psicológica que recibió Fernanda Orantes Ramírez no le permitía ser considerada cómplice, sino víctima. Hasta la fecha, se desconoce el estado actual de su proceso judicial.
Crimen planificado
Al momento de las capturas, la Policía Nacional Civil (PNC) informó que los imputados planearon el asesinato de Eneyda Ramírez, a quien acusaban de «ser tacaña y no darles dinero», pese a que poseía varias viviendas en alquiler.
Según la corporación policial, con el pretexto de celebrar el Día de San Valentín, llevaron a la víctima a la playa, donde le suministraron abundantes bebidas alcohólicas. Al regresar a su vivienda en la colonia Escalón, continuaron dándole alcohol hasta dejarla inconsciente y posteriormente la asfixiaron con una cadena metálica.
La PNC agregó que, para evitar ser descubiertos, los dos hermanos y el primo simularon haber sido víctimas de un robo. «Los 2 hermanos y el primo se dieron varios golpes entre ellos, fingiendo que los supuestos ladrones los habían atacado y desordenaron toda la casa para hacer creíble su historia», detalló la institución.
