Judicial
“Si yo no iba a traer ese dinero iban a matar a mi familia», dice un panadero condenado a 10 años por cobrar una extorsión
Diez años de prisión fue la condena impuesta a un panadero que aseguró haber sido obligado por unos amigos de la infancia que se convirtieron en pandilleros y que lo amenazaron con matar a toda su familia en caso de no querer cobrar una extorsión.
Un angustiado Juan, de 24 años de edad, entró a la sala de audiencias en las que se desarrolló el juicio en su contra al ser señalado como el que recibió $2,000 producto de una extorsión que recibió en el centro comercial Plaza Mundo en Soyapango.
“Si yo no iba a traer ese dinero iban a matar a mi familia, esa fue la amenaza en la que colapsé”, fueron parte de las palabras con las que el joven se defendió ante la jueza que conoció el caso y que poco le creyó.
“En los últimos días de octubre de 2017 yo empecé a recibir unas amenazas de muerte, amenazas que iban hacia mi familia sino hacía lo que ellos decían. Yo siempre les decía que yo no podía hacer eso; que podía tener otro tipo de colaboración diferente, si querían dinero yo se los podía dar no importaba si eran $10, con tal de evitar ese acercamiento mi familia”, agregó.
Pese a haber crecido juntos, Juan tenía claro lo violento que estos pandilleros eran ya que había visto la forma en la que estos atemorizaban a vecinos por lo que tomó en serio las amenazas y decidió colaborar.
“Créame señora jueza yo provengo de una familia cristiana. Dios nos bendice, no tengo la necesidad de andarle haciendo daño alguno a nadie. Fue algo intimidante, ellos llegaban consecutivamente, me presionaban e incluso las llamadas ellos las elaboraron a mí solo me dieron mi teléfono para que me pusiera en contacto con la víctima”, relató.
La extorsión
Un empresario denunció ante las autoridades haber recibido la visita de un sujeto quien apuntándole con un arma de fuego le exigió el pago de $5,000 a cambio de no destruir el establecimiento con una granada.
Ante la amenaza, la víctima le alegó no tener el dinero exigido pero le pidió tiempo para reunirlo. El delincuente aceptó pero antes de retirarse le pidió un número para comunicarse con él. Al día siguiente, los delincuentes llamaron en varias ocasiones al extorsionado para pedirle dinero.
Tras las llamadas, el empresario decidió interponer la denuncia en una delegación policial en la que se montó un operativo para dar con los delincuentes que le señalaron que a las 11:45 de la mañana debía llevar el dinero a Plaza Mundo.
Cinto minutos antes de la hora señalada, uno de los agentes se comunicó con Juan quien horas antes había recibido el celular desde el que dio sus características físicas para ser reconocido.
«Dame el dinero rápido porque va a venir la jura y aquí vas a quedar”, fueron las palabras que un policía dijo escuchar del imputado quien rapidamente se alejó de la zona con el dinero en mano.
Minutos más tarde, Juan fue detenido por los agentes que lo siguieron y a quienes entregó el paquete. El señalado intentó justificar los motivos que lo llevaron a estar cobrando la extorsión pero los policías no lo escucharon.
«Yo he sido víctima, el día de mi captura declaré, se lo dije incluso a la persona que le di el paquete: yo soy víctima, no tengo nada que ver en eso fue una persona que se presentó”, declaró ante la jueza quien lo observaba y escuchaba atentamente.
Un último intento de demostrar su inocencia
Para contrarrestar la acusación, el abogado defensor llevó a un conocido de la familia que aseguró haber escuchado una conversación entre dos pandilleros y Juan donde le exigían a participar del hecho delictivo.
El testigo de la defensa explicó que quienes involucraron en el caso a Juan murieron meses más tarde durante un enfrentamiento con la policía. Algo que convertía al panadero en el único responsable a quien se podía juzgar.
Durante toda la audiencia, el padre del imputado fijó la mirada en su hijo mientras susurraba oraciones.La atmósfera cambió cuando la juez consideró a Juan como el autor material de la entrega del dinero sin haberse comprobado si realmente había realizado las amenazas.
“Todo va a estar bien papá”, fueron las últimas palabras que Juan le dijo a su angustiado padre mientras se alejaba con un guardia que lo llevaba esposado a un destino que trató de evitar llevando a su hijo a la iglesia pero que sus supuestas amistades le mal obraron.
“Hemos sufrido tanto por todo esto que ha sucedido, nuestros planes eran otros nunca pensamos en la traición que nos iba a poner todo estos grupos que tanto daño hacen”, señaló el hombre quien con una apelación mantiene la ilusión que su hijo saliera libre.
NOTA DE El Salvador TIMES
Judicial
Fiscalía destruye 1,362 kilos de cocaína valorados en más de $34 millones decomisados a ecuatorianos
La Fiscalía General de la República (FGR) supervisó este miércoles la destrucción de 1,362 kilos de cocaína valorados en más de 34 millones de dólares en el mercado ilícito. La quema se realizó en Shangallo, distrito de Ilopango, San Salvador, luego de completar los procedimientos legales correspondientes sobre el cargamento decomisado.
La droga fue incautada el 17 de julio por miembros de la Fuerza Naval a 947 millas náuticas al suroeste de la bocana El Cordoncillo, en aguas del Pacífico. En el operativo fueron detenidos dos hombres de nacionalidad ecuatoriana, quienes ya enfrentan proceso judicial por el delito de tráfico ilícito de drogas.
#Antinarcóticos | Este día, la @FGR_SV, en coordinación con la @PNCSV, realiza prueba de campo, registro y clasificación de más de 1,300 kilos de cocaína incautada a dos ecuatorianos el pasado 17 de julio.
Esta droga, valorada en aproximadamente $34 millones, será destruida en… pic.twitter.com/raZ9cvDVCA
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) August 18, 2026
Con esta acción, las autoridades confirman el avance de las diligencias penales y refuerzan las operaciones antinarcóticos en el país, donde los decomisos de grandes cargamentos de cocaína en alta mar continúan siendo una prioridad en la lucha contra el narcotráfico.
Judicial
Juzgado decreta detención provisional a conductor de Corvette por muerte de repartidor en San Salvador
El pasado 6 de agosto de 2026, Francisco Javier García Hernández departió y consumió bebidas alcohólicas en un restaurante ubicado en el bulevar El Hipódromo, en San Salvador. Posteriormente abordó su vehículo deportivo, un Chevrolet Corvette negro con placas P53-8EB.
Bajo los efectos del alcohol, según la Fiscalía, circuló en sentido contrario y a excesiva velocidad. Impactó de frente al motociclista Manuel de Jesús Murcia Arístides, quien se desempeñaba como repartidor de PedidosYa y también vendía productos lácteos para complementar sus ingresos.
Tras el golpe, la víctima fue arrastrada aproximadamente 16 metros sobre la vía. García Hernández abandonó la escena sin prestar auxilio, dejó el Corvette a unos 800 metros del lugar y se retiró en otro vehículo.
La Policía Nacional Civil inició la búsqueda del conductor. El 8 de agosto, García Hernández se presentó voluntariamente en una delegación policial y fue remitido por el delito de homicidio culposo. En redes sociales circularon rumores que lo vinculaban erróneamente con el entorno familiar del presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, quien desmintió cualquier relación.
El Juzgado Tercero de Paz de San Salvador ordenó este martes 18 de agosto de 2026 la instrucción formal con detención provisional contra Francisco Javier García Hernández, acusado de homicidio culposo y conducción peligrosa por la muerte del motociclista repartidor Manuel de Jesús Murcia Arístides. El hecho ocurrió la noche del 6 de agosto en el bulevar El Hipódromo, cuando el imputado, tras consumir alcohol, impactó con su Chevrolet Corvette al trabajador de una aplicación de comida, lo arrastró 16 metros y huyó del lugar.
Durante la audiencia inicial celebrada este martes, el juez consideró suficientes los indicios presentados por la Fiscalía. Entre las pruebas destacan un peritaje que confirma la velocidad excesiva del vehículo y videos que muestran al imputado consumiendo alcohol antes del accidente, así como el momento del impacto.
El juzgador determinó que existe riesgo de fuga o de obstaculización de la investigación, por lo que decretó la detención provisional mientras continúa el proceso penal. Además, ordenó la inmovilización de dos cuentas bancarias a nombre de García Hernández por un monto superior a los 80 mil dólares y aplicó medidas patrimoniales sobre otros bienes.
Manuel de Jesús Murcia Arístides era descrito por sus cercanos como un hombre trabajador y responsable, que se esforzaba por sostener a su familia con su labor de repartidor y la venta de productos lácteos. El caso ha generado amplio seguimiento en redes y medios locales desde el día del accidente.
El proceso penal sigue su curso con el imputado bajo detención provisional. Las autoridades judiciales continúan con las diligencias correspondientes para esclarecer plenamente los hechos.
Judicial
Condenan a 20 años de prisión a maestro de Usulután por agredir y acosar sexualmente a dos alumnas de 9 y 12 años
Melvin Javier Osegueda Claros, docente de un centro escolar del distrito de Santiago de María, en Usulután Norte, fue condenado a 20 años de cárcel por el Tribunal de Sentencia de Usulután. La pena se divide en 16 años por agresión sexual en menor o incapaz en modalidad continuada y 4 años por acoso sexual.
Los hechos ocurrieron entre febrero y octubre de 2025 dentro de las instalaciones escolares. Las víctimas eran dos estudiantes de 9 y 12 años. El maestro se aprovechó de su cargo para cometer los delitos durante casi todo el año lectivo.
Fue detenido el 22 de octubre de 2025 luego de que familiares de las menores interpusieran la denuncia correspondiente. La Fiscalía General de la República presentó pruebas documentales, periciales y testimoniales que el tribunal valoró para determinar su responsabilidad penal.
El proceso se desarrolló bajo reserva para proteger la identidad y la intimidad de las víctimas. La sentencia busca enviar un mensaje claro contra quienes abusan de su posición de confianza en el sistema educativo.
Las autoridades judiciales y fiscales reiteraron su compromiso de perseguir con rigor este tipo de delitos que afectan a la niñez y adolescencia.
