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$58,000 en telefonía e internet se gastó Mario Ponce, 49 días antes de concluir su gestión en la A.L.
Cuarenta y nueve días antes de concluir su gestión como presidente de la anterior Asamblea Legislativa, Mario Ponce, del PCN, gastó $58,860.66 en cinco contratos que suscribió en marzo de 2021 para el suministro del servicio de cable, telefonía e internet dedicado a ese órgano del Estado.
Ponce suscribió los contratos después de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) dio a conocer públicamente los resultados de los comicios del 28 de febrero de 2021, sabiendo que quedaba fuera como diputado propietario del PCN por la circunscripción de Cuscatlán.
La gestión presidencial de Ponce —puesto que ocupó gracias a la venia de ARENA y del FMLN— concluyó el 30 de abril de 2021, pero los contratos los suscribió para un plazo de nueve meses, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2021.
Es decir, el exlegislador dejó comprometidos fondos que serían ejecutados por la nueva presidencia y la nueva junta directiva de la Asamblea Legislativa que asumió funciones el 1.° de mayo del año pasado.
Los cinco contratos suscritos por Ponce fueron con la modalidad de libre gestión. La Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (Lacap) define en el artículo 40, literal b, que podrá utilizarse la figura de libre gestión «cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a 160 salarios mínimos mensuales para el sector comercio»; sin embargo, «debe dejarse constancia de haberse generado competencia» para la prestación del servicio y el contratante; en este caso, la Asamblea Legislativa debe haber «solicitado al menos tres cotizaciones».
El primero de los cinco contratos fue suscrito el 12 de marzo de 2021 con la empresa Escucha Panamá, S. A., sucursal El Salvador, por un monto de $18,000. La empresa se comprometió a suministrar el servicio de telefonía fija en las oficinas del Palacio Legislativo —en el Centro de Gobierno—, en las 13 oficinas departamentales y en el Centro Cívico Cultural Legislativo, conocido como Villa Dueñas.
El contrato explica que el servicio únicamente consistía en permitir «el tráfico de llamadas sin costo» y «sin límite de tiempo» entre teléfonos fijo y fijo, fijo y móvil, móvil y fijo, y móvil y móvil, pero se debía pagar además una cuota mensual fija por el servicio telefónico. Todas las llamadas que no estuvieran incluidas en estas cuatro modalidades y se hicieran hacia un número de una compañía telefónica distinta de la que prestaba el servicio generaría «un costo adicional para la institución contratante», es decir, la Asamblea.
Según la cláusula séptima del contrato —que fue hecho por libre gestión con el código LG-31/2021—, la empresa se comprometía a brindar el servicio a partir del 14 de marzo hasta el 31 de diciembre de 2021.
El 22 de marzo del año pasado, Ponce suscribió el segundo contrato también con la empresa Escucha Panamá, S. A., sucursal El Salvador, esta vez por un monto de $13,221. La empresa se comprometió a proporcionar el «servicio de enlace de datos» para «interconectar a nivel de red informática las oficinas del Palacio Legislativo con las oficinas departamentales de la Asamblea Legislativa».
El plazo y la vigencia del contrato —por libre gestión con el código LG26/2021— comenzó el 1.º de abril y finalizó el 31 de diciembre de 2021, refleja la copia del documento publicada en el Portal de Transparencia de la Asamblea Legislativa.
Por: DES.
El Despacho de la Primera Dama Gabriela de Bukele y el Ministerio de Salud (Minsal) lanzaron este día la Estrategia Nacional para la Prevención del Sobrepeso y la Obesidad en la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia.
Por medio de esta estrategia, el Gobierno busca promover hábitos saludables desde la etapa preconcepcional, con el fin de fortalecer el bienestar de la niñez y la adolescencia desde el inicio de la vida.
Elisa Gamero, jefa de Proyectos de salud y nutrición del Despacho de la Primera Dama, aseguró que el Gobierno reconoce los desafíos que aún persisten para que la primera infancia goce de un presente y un futuro que les permita alcanzar su máximo potencial.
En ese sentido, se refirió al sobrepeso y la obesidad e indicó que lejos de mejorar, ha mostrado una tendencia creciente, por lo que exige una respuesta inmediata.
«Bajo el liderazgo de la primera dama, Gabriela de Bukele, iniciamos una apuesta decidida para asegurar las condiciones que garanticen una salud integral para todos los salvadoreños desde la primera infancia», afirmó.
De acuerdo con el Sistema de Morbimortalidad en Línea (Simmow), hasta diciembre de 2025, el 12.7 % de las mujeres embarazadas presentaron obesidad.
Mientras que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud (ENS), hasta 2021 un 8.3 % de niños menores de 5 años tenían sobrepeso u obesidad.
Asimismo, según la estrategia Crecer y Aprender Saludable (CAS), en 2025 un 38.9 % de escolares también tenía sobrepeso u obesidad.
Además, de acuerdo con el Simmow, hasta 2024 se registraron 1,159 casos de diabetes mellitus y 909 de hipertensión en niños y jóvenes de 8 a 19 años.
La Estrategia Nacional para la Prevención del Sobrepeso y la Obesidad en la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia contempla acciones concretas que se llevarán a cabo para reducir las cifras de obesidad y sobrepeso en el país, entre ellas, la territorialización del proyecto, el lanzamiento de una guía de refrigerios saludables, el lanzamiento de la Norma Técnica del Registro y Etiquetado de los Sucedáneos de la leche materna y la actualización de las guías alimentarias para las familias salvadoreñas basadas en sistemas alimentarios sostenibles.
La implementación de esta estrategia cuenta con el respaldo del Gobierno de Canadá y el acompañamiento de aliados como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Movimiento Scaling Up Nutrition (SUN) y la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP).
El Ministerio de Salud (Minsal) inauguró el lunes la Unidad de Cuidados Intermedios Pediátricos en el Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom (HNNBB).
El nuevo espacio busca fortalecer la atención especializada a la primera infancia, afirmó el ministro de Salud, Francisco Alabi, quien destacó: «Definitivamente viene a darle un soporte a toda la niñez salvadoreña ante situaciones en las cuales se requieren ingresos en áreas monitorizadas con toda la tecnología».
Durante el acto, el titular del Minsal estuvo acompañado por la jefa de Proyectos de Salud y Nutrición del despacho de la primera dama, Elisa Gamero; el director del hospital, Ángel Alvarado; y representantes de la Fundación Benjamín Bloom, quienes recorrieron las instalaciones.
Alabi explicó que la unidad beneficiará directamente a pacientes pediátricos posquirúrgicos, incluidos niños intervenidos de cirugías cardiovasculares, neurológicas o procedimientos de menor complejidad que requieren monito reo constante, con soporte ventilatorio limitado o de transición, sin necesidad de ventilación mecánica invasiva.
El área dispone de ocho camas hospitalarias, seis columnas cielíticas equipadas, ocho monitores de signos vitales y tres reguladores de succión. Además, cuenta con ocho conexiones de oxígeno suplementario, ocho de aire comprimido, conexiones eléctricas para ventila dores mecánicos y lámparas de reconocimiento.
La inversión fue de $2,029,334, financiados con fondos del hospital Benjamín Bloom, el apoyo de la Fundación Benjamín Bloom y socios estratégicos.
Jonathan Isaac Barrera Barrera y Steven Orlando Castro Ayala, quienes son procesados por el delito de receptación (comprar y vender artículos robados), seguirán en prisión mientras la Fiscalía General de la República continúa con las investigaciones, así resolvió el Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador.
De acuerdo con la acusación, ambos fueron denunciados por una empresa que detectó un faltante de productos tras realizar un inventario. Entre los artículos están cámaras de videovigilancia, micrófonos, audífonos, micrófonos para karaoke, adaptadores Lightning y cargadores para consolas de juegos PS5, entre otros.
Fuentes judiciales informaron que fue hasta el 26 de marzo de 2026 «que el jefe de seguridad de la empresa encontró en redes sociales la venta de artículos similares a los reportados como faltantes, por lo que entabló comunicación con el oferente para simular una compra».
Al coordinar la compra de los productos en un punto estratégico del Centro Histórico San Salvador, llegaron los dos procesados con una caja igual a la utilizada por la empresa, situación que alertó a la Policía Nacional Civil, que procedió a interceptarlos
El ministerio público detalló que ninguno de los dos sujetos pudo justificaron la legalidad de los productos valorados en $3,500.
Durante la audiencia inicial, la Fiscalía ofreció suficiente prueba de cargo en contra de los dos imputados por lo que se ordenó sigan en la cárcel para ampliar y fortalecer la investigación.
