Judicial
Tribunal 1º de Sentencia de Santa Tecla aplaza fallo en caso denominado “San Blas”
Para el próximo 30 de noviembre a las 9:00am, el Juez a cargo del juicio denominado “San Blas” dará a conocer el fallo que defina la situación jurídica de cinco agentes que pertenecían al extinto Grupo de Reacción Policial (GRP); y a quienes la Fiscalía General de la República (FGR) acusa del delito de homicidio agravado en perjuicio de quien en vida fuera Dennis Alexander Hernández Martínez, ilícito tipificado y sancionado en el Artículo 129 del Código Penal. Para este viernes 16 de noviembre el Juez del caso había programado emitir su fallo; sin embargo por la abundancia de la prueba presentada se aplaza y se reprograma para la nueva fecha.
Durante el juicio la Fiscalía ha solicitado al Tribunal un fallo de carácter mixto. Pidió que a tres de los cinco imputados se les condene como coautores del delito de homicidio agravado en comisión por omisión; y el resto como autores directos del delito de homicidio agravado, tipificado y sancionado en el Artículo 129, numerales 3 y 8 del Código Penal.
Por su parte, la defensa alegó que en virtud de que no existen la certeza de que sus representados hayan cometido el delito que se les imputa solicitó un veredicto de carácter absolutorio definitivo.
Este es el segundo juicio que enfrentan los imputados por el mismo hecho. El primero se llevó a cabo en septiembre de 2017; y uno de los tres jueces del mismo tribunal emitió un veredicto de carácter absolutorio. Sin embargo, la apelación presentada por el Ministerio Público ante la Cámara de lo Penal de la 4ª Sección del Centro, con sede en Santa Tecla, dio como resultado que dicho juicio fuera declarado nulo y ordenó “la reposición de la vista pública, a efecto que un nuevo juez reponga dicho acto y dicte lo que conforme a derecho corresponda”.
Actualmente, los imputados gozan de libertad sin ninguna medida y deberán de presentarse mañana para escuchar el fallo que definirá su situación legal.
Los hechos, según la investigación del Ministerio Público, ocurrieron el 26 de marzo del año 2015, en un operativo al interior de la finca San Blas, ubicada en el cantón Matazano, en San José Villanueva, La Libertad, en el que participaron los cinco agentes policiales procesados, entre otros; y que concluyó con la muerte de ocho personas, a quienes hasta ese momento las autoridades habían señalado como pandilleros.
Sin embargo, en julio de 2016, los agentes fueron acusados por el Ministerio Público únicamente por el homicidio de Dennis Alexander Hernández Martinez.
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana autorizó un acuerdo conciliatorio entre Juan Vicente G. y su hijo, en el proceso penal seguido en contra del imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica.
Inicialmente, la deuda acumulada ascendía a $7,550. Sin embargo, el procesado acreditó un pago reciente de $750, por lo que el saldo pendiente se redujo a $6,800.
Durante la audiencia, el imputado manifestó que, debido a su situación económica, únicamente podía cancelar $3,600, monto que se comprometió a pagar en cuotas mensuales de $150 durante un plazo de dos años.
La propuesta fue aceptada por la víctima, quien ya alcanzó la mayoría de edad, así como por su madre, quien al momento de iniciar el proceso penal fungía como su representante legal. La progenitora expresó su conformidad con el acuerdo y señaló que durante la minoría de edad de su hijo asumió la totalidad de los gastos de manutención.
Según la acusación fiscal, el imputado y la madre de la víctima sostuvieron una relación sentimental de la que nació un hijo. Tras la separación de la pareja, cuando el niño tenía 6 años, la madre promovió un procedimiento de fijación de cuota alimenticia ante la Procuraduría General de la República (PGR), debido a la falta de apoyo económico por parte del padre.
El 31 de agosto de 2011, el imputado se comprometió a pagar una cuota alimenticia de $50 mensuales. No obstante, incumplió dicha obligación, acumulando una deuda de $7,550 por cuotas y aguinaldos no cancelados entre julio de 2012 y enero de 2024, motivo por el cual fue presentada la denuncia.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que David Reynaldo Umaña y Carmen Beatriz Ortiz de Umaña fueron sentenciados a 13 y 10 años de prisión, respectivamente, por un caso relacionado con tráfico de drogas.
De acuerdo con el Ministerio Público, los esposos fueron capturados en enero de 2024 en San Miguel por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Las autoridades interceptaron a Umaña cuando realizaba una transacción de droga. Posteriormente, durante un registro realizado en su vivienda, fueron incautadas más porciones de cocaína y se procedió con la detención de Carmen Beatriz Ortiz de Umaña.
En su momento, la PNC informó que la cocaína incautada tenía un valor de $945.01.
La Fiscalía detalló que las condenas fueron impuestas por el Tribunal de Segundo de Sentencia de San Miguel.
