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«Teclaseo solo fue un trabajito sucio del alcalde para hacerse más millonario», afirman despedidos de la comuna
Los despedidos de la sección de recolección de desechos sólidos de la alcaldía de Santa Tecla acusaron al alcalde de la municipalidad, Roberto d’Aubuisson, de inventarse el sistema de recolección de Teclaseo, en el que aseguran se está beneficiando él, su familia y sus allegados, por lo que lo califican como un «trabajito sucio».
«Lo aseguramos y afirmamos que la esposa de Roberto d’Aubuisson, la hermana de la esposa, el señor concejal Víctor Mencía y un diputado de la Asamblea está involucrado en eso de Teclaseo, se me ha escapado el nombre del diputado por eso no te lo digo, estos señores están encargado de la empresa privada», denunció el exempleado a El Salvador Times.
De hecho, la alcaldía tecleña ha catalogado como información reservada el contrato que la municipalidad firmó con la empresa Interaoseo S.A. Por lo que los sindicalistas incluso ante la negativa de dar a conocer esta información más lo ponen en duda.
«Teclaseo solo fue un trabajito sucio del alcalde para hacerse más millonario él y su esposa», añadió el exempleado municipal.
Asimismo, denunció que la flota de camiones recolectores que tienen la empresa son los mismos que ya tenía la municipalidad.
«Los camiones los pintaron y pasaron a ser parte de la empresa privada porque el alcalde fue a Colombia a hacer videos y fotografías y eso es lo que ha mostrado a la población. Desmentimos al alcalde con la contratación, con el supuesto trabajo de la empresa y la maquinaria que está presentando a la población… la barredora se le prestaron para la presentación y la arruinó es pura pantalla», añadió.
Menos indemnización
El extrabajador reveló que el jefe municipal le está ofreciendo únicamente la mitad que les corresponde por ley en concepto de indemnización a los despedidos.
«A los que tienen entre 10 y 15 años les está ofreciendo $1,200, nosotros como conocemos la ley, lo que debe de hacer es darle el 100% a cada trabajador y lo que no está ofreciendo es el 50%» y agregó que por esa razón es que la mayoría de los despedidos no ha aceptado el monto.
El también sindicalista explicó que el alcalde no realizó los procedimientos respectivos para realizar los despidos, que no podía hacer uso de la figura de supresión de plazas porque a ellos los ampara la Ley de Carrera Administrativa Municipal.
«La administración engañó a unos compañeros, entre 50 y 70, para que agarraran los cheques de indemnización, pueden suprimir la plaza pero no al trabajador, tendrían que haber reubicado, el alcalde está violentando el derecho del trabajador», denunció el trabajador.
El sindicalista dijo que ni el alcalde, ni el consejo municipal los puede despedir ya que la ley los ampara, él único que puede despedir, consideró, es un juez de lo laboral, pero explicó que ese proceso requiere que sean vencidos en juicio, pero el consejo de la Alcaldía no lo hizo por esa vía, por lo tanto, consideró, se está violentando la ley.
Desde que la municipalidad informó a los entonces empleados de desechos sólidos sobre el sistema que se iba a implementar en Santa Tecla, explicó uno de los extrabajadores, prometieron que serían contratados por la empresa que se encargaría, pero explican que «solo fue una mentira del alcalde».
«El (d’Aubuisson) no ha querido mostrar documentos de la empresa, se la sacó de la manga de la camisa y pues ha hecho mucho daño con eso de despedir no solo a 154 trabajadores sino que 154 familias están sufriendo porque no llega el sustento diario, no es justo que se nos quite de esa manera… el alcalde le está mintiendo a la ciudadanía», denunció.
«Le vamos a hacer la guerra al alcalde»
Los despedidos dijeron que las acciones que ha implementado el concejo municipal de despedirlos, la posición de no sentarse a dialogar del jefe municipal y tratar de incumplir con las leyes al ofrecerse la mitad de la indemnización va a hacer que la protesta se mantenga frente a la alcaldía.
«Le vamos a hacer la guerra al alcalde, sabemos que tenemos el apoyo del 95% de la población, no digo 100% porque siempre hay un grupito que lo apoya a él, pero le vamos a pedir las firmas a los ciudadanos para destituir al alcalde d’Aubuisson, si es necesario vamos a ir casa por casa», finalizó.
El Salvador Times intentó conocer la posición de la municipalidad sobre este tema, pero se nos informó que los encargados estaban en reunión sobre esta problemática y que al cierre de esta nota no había terminado aún.
Por: Oscar Cruz/ El Salvador Times
Un vehículo decomisado por Inteligencia Policial con droga y armas de fuego, pasó al Estado, según una resolución que emitió el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador.
El automotor, propiedad de Marcelo Rolando Rivas Bonilla, fue incautado en la Avenida Cuba, del barrio San Jacinto, San Salvador, a German Stanley Martínez Aguilar, Héctor Geovanny Mayora Rosales y Jocelyn Rosario Arévalo Martínez.
Les decomisaron dos armas de fuego tipo micro UZI, calibre 9 milímetros, 453 porciones pequeñas y una porción grande de marihuana.
En la audiencia de sentencia, quedó establecido que el propietario del vehículo fue negligente al no cumplir con la debida diligencia que exige la ley y respaldarse con un contrato de arrendamiento, ya que cuatro días antes del hecho lo prestó a German Stanley Martínez Aguilar.
El extorsionista de la pandilla 18, Víctor Alejandro Valle Zelaya, fue condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
En la vista pública quedó establecido que entre enero del 2021 a marzo del 2022, junto a un grupo de pandilleros llegó al negocio de una víctima con régimen de protección en Apopa, para exigirle $125 mensuales a cambio de dejarlo trabajar y no asesinarlo junto a su familia.
Valle Zelaya, como miembro activo de la pandilla 18, las fuerzas de seguridad lo detuvieron en octubre de 2025 en el marco del régimen de excepción.
El caso comenzó a ser investigado luego que el comerciante interpusiera la denuncia ante las autoridades. Mencionó que fue coaccionado por el imputado y los demás terroristas para pagar la cuota de dinero mensual
En el fallo judicial se mencionó que la principal prueba y que resultó clave para emitir la sentencia condenatoria, fue el testimonio de la persona afectada. La víctima lo identificó plenamente ante el tribunal, dijo que fue uno de los chantajistas que llegaba a retirar el dinero y que lo mantenía amenazado a muerte, la colaboración del denunciante sirvió para emitir el veredicto condenatorio por extorsión agravada.
Penas de 25 a 45 años de cárcel fueron impuestas a 60 terroristas de la Mara Salvatrucha que delinquían en tres distritos del departamento de Cuscatlán.
En la audiencia única abierta, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, los encontró responsables por el delito de agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía General de la República, acreditó que son integrantes de la clica Walter Locos Salvatruchos y determinó los rangos de cada uno de los pandilleros.
A Luis Alonso Díaz Fernández, alias Lunático, el juez lo sentenció a 45 años de prisión, el ministerio público probó que tenía el rango de encargado de base del programa Cuscatlán, una estructura superior de donde dependía la célula territorial Walter.
Esta agrupación tenía un perímetro de cobertura que comenzaba desde la entrada a Cojutepeque, próximo a Instituto Nacional Walter Thilo Deininger y se extendía hacia los distritos de Monte San Juan y Santa Cruz Michapa.
Al momento de emitir el fallo, el tribunal también condenó a 24 imputados a 30 años de prisión. Se detalló que 16 tenían el rango de homeboy, cinco el de chequeo y tres el de observación.
Otros 35 pandilleros con el rango de colaboradores activos recibieron 25 años de cárcel y deberán permanecer en diversos centros penales donde han permanecido desde que fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.
Los representantes del ministerio público presentaron en la audiencia prueba que vinculó a los procesados a la Mara Salvatrucha y la participación en una serie de actividades delincuenciales que estuvieron ejecutando en la zona norponiente de Cojutepeque.
Esta estructura extorsionó y asesinó durante varios años, pero con la entrada en vigencia del régimen de excepción, las fuerzas de seguridad arrestaron a cada uno de sus miembros a través de las incursiones realizadas entre el 2022 y 2025.
Cuando los detuvieron fueron acusados en varios expedientes, pero tras la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, la Fiscalía General de la República los agrupó en un solo expediente para asignarles una causa y enjuiciarlos como estructura, solicitando al tribunal que les aplicara las penas máximas por el delito de agrupaciones ilícitas, por su pertenencia a la Mara Salvatrucha
