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SSF denuncia contratación irregular en administración anterior
El superintendente del Sistema Financiero, Gustavo Villatoro, presentó este día un nuevo aviso ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra José Ricardo Perdomo, extitular de la institución, por posibles actos arbitrarios que podrían ser constitutivos de delito al haber favorecido a un familiar del expresidente de la República, Salvador Sánchez Cerén.
Villatoro, continúa denunciando las irregularidades cometidas durante la administración anterior. Detalló que una investigación interna determinó que durante la gestión Perdomo, del 2014 al 2019, se aprobó una serie de contrataciones de manera irregular, que benefició a funcionarios del gobierno del FMLN, y familiares de estos.
“Hemos venido a interponer una nueva denuncia contra el exsuperintendente, precisamente porque hemos detectado el modus operandi en el que estuvieron incorporando una gran cantidad de personas que no reunían los requisitos técnicos, ni mucho menos los requisitos institucionales para generar esos empleos”, detalló el titular de la SSF.
El aviso presentado detalla que Perdomo ordenó en el 2018 la contratación de Allan Leonel Sánchez Villalta, nieto del exmandatario para desempeñar el cargo de asistente administrativo, por un periodo determinado y con un salario de $718.
Sin embargo, sin haber finalizado el plazo, después de seis meses y sin ninguna justificación, se firmó un nuevo contrato, dejando su cargo para un periodo indeterminado.
Además, en 2019, sin motivo alguno, por medio de un agregado al contrato, se le aumentó el salario a casi mil dólares, y fue trasladado al departamento de Servicios Generales, área para la cual no cuenta con el grado académico idóneo, ni los conocimientos técnicos y experiencia laboral requerida para desempeñar la función que le fue creada.
Esta denuncia se suma a la presentada por Gustavo Villatoro el pasado 31 de agosto, también en contra de Perdomo, por la contratación irregular de María Ernestina Chávez de Lorenzana, cónyuge del entonces secretario técnico y posteriormente de Comunicaciones y Gobernabilidad, del gobierno anterior, Roberto Lorenzana.
La contratación de la esposa de Lorenzana fue por orden directa de Perdomo, donde se creó la plaza de “coordinador administrativo” para poderla incorporar.
Además, se fijó un salario mensual de $2,500, arriba del promedio para el perfil del cargo creado, por un período determinado.
“El servicio público ya no es como antes, que uno pensaba que las instituciones se manejaban como hacienda, como feudos; ahora cada persona que labora en el Órgano Ejecutivo debe cumplir ciertos requisitos”, añadió el superintendente Villatoro.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador emitió una condena de 12 años de prisión en contra de Andrés de Jesús Rodríguez, por extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Cuscatancingo en San Salvador.
Según el expediente judicial, la víctima es un propietario de un negocio de productos varios, quien fue visitado por Rodríguez para exigirle dinero en concepto de renta.
En primera instancia, el comerciante denunció que, desde mediados de 2021, una mujer llegó a su negocio y se identificó como integrante de la pandilla MS13 y le exigió $75 mensuales a cambio de respetarle la vida.
Por temor a represalias, la víctima estuvo pagando la extorsión de forma mensual hasta que en diciembre de 2023 le exigieron $75 adicionales en concepto de aguinaldo. Fue así que el 27 de diciembre decidió interponer la denuncia ante la policía.
Como consecuencia, Rodríguez llegó con amenazas en contra de la víctima, advirtiendo que si no entregaba el dinero enfrentaría las consecuencias. Sin embargo, ante la denuncia, el sujeto fue capturado y procesado por el delito de extorsión.
Una estructura criminal de la pandilla MS13 enfrenta juicio en el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador por el delito de extorsión agravada en perjuicio de un empresario.
De acuerdo a la investigación fiscal, son tres pandilleros quienes comenzaron a cometer el delito desde el año 2014. Exigían sumas de dinero a cambio de no atentar contra la vida de la víctima.
En el año 2019, el empresario decidió interponer la denuncia y se inició el proceso de investigación con participación de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Policía Nacional Civil. De esta manera, mediante el mecanismo de entregas controladas de dinero, lograron identificar a los criminales que cobraban la extorsión.
«Los extorsionistas no recibían directamente el dinero, sino que obligaban a que la víctima lo dejara escondido en algún lugar. No era personal el recibimiento del dinero, sin embargo, con estrategias logramos las capturas. Ahora van a responder ante la justicia por estos hechos cometidos», explicó el fiscal que lleva el caso.
Los pandilleros involucrados en estos hechos fueron capturados a mediados de 2019. Para fundamentar la investigación, la Fiscalía cuenta con cinco testigos de cargo que rendirán sus declaraciones durante la vista pública
El Juzgado Especializado Primero de Instrucción para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador envió a juicio al imputado William Alexander Reyes Guerra, de 25 años, quien es acusado de feminicidio agravado en grado de tentativa.
De acuerdo a la investigación fiscal, en octubre de 2025, residentes de la urbanización Ciudad Futura del Distrito de Cuscatancingo alertaron a la Policía Nacional Civil de una escena de violencia. Cuando llegaron al lugar encontraron a la víctima inconsciente y con sangrado en la cabeza, producto de un golpe con un ladrillo que le propinó Reyes Guerra.
Las autoridades encontraron al imputado afuera de la vivienda, mientras la mujer aún no recuperaba el conocimiento. Al ser señalado como el culpable, la Policía capturó a Reyes Guerra, durante el periodo de flagrancia.
Según la investigación fiscal, el detenido tiene antecedentes de violencia psicológica, emocional y física. Además, considerando que la víctima es una persona adulta mayor, el Juzgado ordenó la apertura a juicio y ratificó la medida cautelar de detención provisional contra el agresor debido a la gravedad del delito atribuido.
