Nacionales
Primer día de trabajo escabroso para Juan Carlos Turcios como comisionado en el Instituto de Acceso a la Información Pública, «por conflictos de interés»
El primer día de trabajo de Juan Carlos Turcios, como comisionado en el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) ha sido escabroso: los demandantes pidieron fuera recusado de tres casos «por conflictos de interés» ya que tienen que ver con información sobre Nayib Bukele, Osiris Luna y Michelle Sol, y él llega de trabajar con sectores cercanos a los demandados.
En la mañana, la IAIP sostuvo una breve audiencia por la apelación de una periodista contra la Corte Suprema de Justicia por información de probidad del Presidente de la República, Nayib Bukele.
Durante dicha audiencia, la apelante, pidió que el recién electo comisionado de la IAIP, Juan Carlos Rodríguez, no estuviera presente debido a que no hay garantía de imparcialidad debido a que su anterior jefe era el ministro de Gobernación, Mario Duran, quien depende actualmente de Nayib Bukele.
Los cuatro comisionados restantes deliberaron y decidieron apartar al comisionado Rodríguez Turcios de dicho caso, por lo que se retiró de la sala y fue reemplazado por su suplente, Mauricio Fuentes.
Tras la salida de Rodríguez Turcios de la sala, los cuatro comisionados restantes deliberan si se admite la recusación planteada por las partes en la audiencia. Sin embargo, el comisionado Alirio Cornejo aseguró que no se podía recusar al comisionado Turcios solo por haber tenido un cargo en la administración pública.
Posteriormente, en horas de la tarde, la IAIP suspendió una audiencia en la que los abogados del director general de Centros Penales, Osiris Luna, pidieran recusar a los comisionados Cristina Pérez, Liduvina Escobar y Grégori Rodríguez, quienes horas antes habían pedido a su vez recusar al comisionado Juan Carlos Turcios “por conflicto de intereses”.
La presidenta en funciones del IAIP, Cristina Pérez, suspendió la audiencia y remitieron el caso a la Sala de lo Contencioso para que resuelva la petición de los abogados de Luna Meza que piden que los tres comisionados en mención, menos el que apoyara a Turcios Rodríguez, sean apartados de conocer el caso del director de Centros Penales.
Turcios, juramentado por el presidente Nayib Bukele para el cargo de comisionado en representación del gremio periodístico, fue retirado hoy en tres ocasiones de conocer los casos debido a que estos tienen que ver con información acerca de Bukele, Michelle Sol y Luna Meza, y él ha estado cerca de estos políticos al fungir como director de comunicaciones del ministerio de Gobernación en este gobierno.
El IAIP analiza este martes proporcionar información requerida sobre las declaraciones patrimoniales de Nayib Bukele cuando fue alcalde de Nuevo Cuscatlán y de San Salvador, y la declaración de Probidad al asumir la presidencia de la República.
Los otros dos requerimientos son acerca de la ministra de Vivienda, Michelle Sol por publicar en su cuenta de Twitter información confidencial de una ciudadana; y el último punto de la agenda era para que el IAIP desclasifique información sobre los viajes oficiales realizados por Luna Meza del 2 de junio al 18 de noviembre de 2019 y sus acompañantes, así como para conocer la idoneidad de sus asesores.
Turcios, por su parte, señaló que existe “prejuicio” hacia su trabajo y recordó que él laboró también en el anterior gobierno de Salvador Sánchez Cerén. «Me parece un prejuicio sobre mi parcialidad como para que estén pidiendo mi recusación. También trabajé para el Gobierno anterior», se defendió.
Los abogados de Luna Meza pidieron la recusación de los 3 comisionados porque a su juicio estos han emitido opiniones jurídicas previas sobre la información en cuestión “lo que mina su independencia”.
Judicial
¡ESCÁNDALO DE CORRUPCIÓN! Revelan dádivas por $1.5 millones, viajes en jets privados y vehículos de lujo en el caso Corruptela
El caso Corruptela vuelve a poner bajo la lupa uno de los mayores escándalos de corrupción dentro de la Fiscalía General de la República (FGR). El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador reanudó la audiencia preliminar contra una presunta estructura integrada por 30 personas, entre exfuncionarios, exempleados de la institución y empresarios, señalados de participar en una serie de irregularidades que habrían permitido el desvío de fondos públicos, la manipulación de investigaciones y la entrega de beneficios económicos a cambio de favores.
Uno de los datos más relevantes expuestos en el proceso es la entrega de dádivas valoradas en aproximadamente $1.5 millones, que, según las investigaciones, incluían dinero en efectivo, vehículos de lujo y viajes en aviones privados. Estos beneficios habrían sido utilizados para obtener decisiones favorables dentro del Ministerio Público, entre ellas el archivo irregular de expedientes, la apertura de investigaciones falsas, la manipulación de acusaciones y la ejecución de detenciones ilegales.
Las investigaciones también establecieron un presunto desvío de $735,866.14 procedentes de cuentas especiales y del patrimonio de la Fiscalía. De acuerdo con la acusación, estos recursos habrían sido utilizados para financiar consultorías ficticias, contrataciones ilegales, remodelaciones de viviendas particulares, mantenimiento de vehículos privados, pago de servicios de telefonía personal y viáticos que no correspondían a las funciones institucionales.
La investigación comprende 22 hechos de presunta corrupción relacionados con 30 personas, entre quienes figura el exfiscal general de la República, Luis Antonio Martínez González, señalado como uno de los principales involucrados en el caso. También aparece el exfiscal general adjunto Edgar Isaías Márquez, quien no se presentó a la audiencia preliminar y fue declarado rebelde por la jueza encargada del proceso.
Entre los demás procesados se encuentran Julio Adalberto Arriaza González, José Francisco Paredes Valladares, Mauricio Antonio Yanes Morales y José Dolores Zelaya Mendoza, quienes ocuparon diferentes cargos dentro de la Fiscalía. La investigación también incluye al fallecido expresidente de la República, Carlos Mauricio Funes, así como a empresarios y particulares presuntamente vinculados con las operaciones investigadas.
En el expediente también figuran los empresarios José Aquiles Enrique Rais, Hugo Ernesto Blanco Rais, Aldo Vinicio Parducci, Moisés Torres Polanco y Jorge Moisés Nájera Aguilar. Según la investigación, la presunta red habría utilizado recursos, cargos y facultades de la Fiscalía para favorecer intereses particulares, mediante decisiones que comprometían el funcionamiento de la institución encargada de investigar los delitos en El Salvador.
La audiencia preliminar se desarrolla a puerta cerrada debido a una reserva parcial decretada para proteger la identidad de testigos criteriados. No obstante, durante el desarrollo de las diligencias se han conocido algunas decisiones judiciales relacionadas con los imputados y las solicitudes presentadas por las partes.
Entre estas decisiones destaca que cinco imputados considerados de menor participación recibieron autorización para someterse a un procedimiento abreviado, mediante el cual admitirían los hechos delictivos que se les atribuyen a cambio de penas reducidas, conforme a las condiciones establecidas por la legislación. Sin embargo, a Blanca Rosa Rais, hermana del empresario Enrique Rais, le fue denegada la posibilidad de acogerse a ese procedimiento.
Otro punto importante de la audiencia es la petición de la Fiscalía para modificar la calificación de la participación del exfiscal Luis Martínez y de Julio Arriaza. El Ministerio Público busca que ambos dejen de ser considerados instigadores y sean procesados como autores directos de los delitos que se les atribuyen. Martínez enfrenta acusaciones por siete delitos, mientras que Arriaza está vinculado a tres ilícitos.
Los delitos investigados dentro del caso Corruptela incluyen cohecho propio, cohecho activo, peculado, negociaciones ilícitas, falsedad ideológica, falsedad documental agravada, omisión de la investigación y lavado de dinero y de activos. La diversidad de acusaciones refleja la dimensión de un proceso que abarca tanto el presunto uso indebido de recursos institucionales como posibles actuaciones ilegales dentro de investigaciones penales.
El caso continúa en una etapa judicial decisiva, en la que deberá determinarse si existen suficientes elementos para enviar a juicio a los acusados. Las cifras millonarias, los beneficios de lujo y las presuntas irregularidades cometidas desde el interior de la Fiscalía constituyen el eje de una investigación que busca establecer las responsabilidades individuales de los involucrados, respetando el debido proceso y la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia firme.
Como parte de la Semana de la Reducción de Riesgos de Desastres, la Dirección General de Protección Civil desarrolla este miércoles 14 de octubre el Simulacro Nacional de Preparación y Respuesta ante Terremoto 2026, con la participación de instituciones públicas y privadas de todo el país.
El ejercicio contempla el escenario de un terremoto de ocho grados con impacto a escala nacional, que ha provocado daños en edificios y viviendas, interrupciones de servicios básicos, conatos de incendios y personas lesionadas.
La actividad tiene como objetivo evaluar la efectividad de los planes de emergencia y evacuación, el desempeño de las brigadas institucionales y comunitarias, así como la coordinación y comunicación entre las instituciones que integran el Sistema Nacional de Protección Civil.
Además, busca fomentar la cultura de prevención, garantizar la inclusión de personas con discapacidad y en condición de vulnerabilidad, identificar oportunidades de mejora en la respuesta ante emergencias y recopilar datos técnicos y estadísticos que permitan fortalecer la preparación y la mejora continua en los ámbitos local, municipal y nacional.
Las autoridades también destacaron que el simulacro busca conmemorar a las víctimas del terremoto de 1986, que dejó al menos 1,500 personas fallecidas.
«No será solo un día para conmemorar a las víctimas del terremoto de 1986, sino también para realizar actividades de prevención», explicó Luis Amaya, director general de Protección Civil, durante una entrevista el lunes.
El funcionario señaló, además, que este martes comienza la Semana de la Reducción de Riesgos de Desastres, bajo el lema «La resiliencia empieza en casa y en las comunidades».
Como parte de las actividades, también se desarrolla una feria en el parque Simón Bolívar, ubicado en el Centro Histórico de San Salvador. En el lugar se instalarán exposiciones y se brindará información sobre el trabajo que realizan las diferentes instituciones en materia de prevención.
Por su parte, la Secretaría de Prensa indicó en su cuenta de X que «el gobierno del presidente Nayib Bukele impulsa la preparación del Sistema Nacional de Protección Civil ante posibles emergencias ocasionadas por sismos y desastres naturales, con el objetivo de resguardar la vida de los salvadoreños a escala nacional».
Un nuevo accidente de tránsito se reportó este día en la carretera que conduce de Sonsonate hacia San Salvador, donde un vehículo volcó en el sector de Copapayo.
Por razones que aún se desconocen, el conductor perdió el control del vehículo, lo que provocó que terminara volcado.
Según reportes ciudadanos, el percance dejó a una mujer lesionada y ocasionó fuertes daños materiales.
Personal policial acudió a la escena para inspeccionar lo ocurrido, mientras las causas del accidente continúan bajo investigación.
