Judicial
Miembros de una familia confiesan cómo asesinaron a un pariente que se rehusó a ser miembro de la pandilla y quedan libres
Cinco miembros de una misma familia confesaron ser cómplices y verdugos de Carlos Alfaro, un hombre que por varios meses se opuso a ser parte de la Mara Salvatrucha (MS-13) que opera en un municipio de San Salvador. Se aprovecharon de la justicia al confesar y solicitar un proceso abreviado.
Carlos era un hombre trabajador que murió a las 7:45 de la mañana del 7 de julio de 2016. Él por muchos meses había sido acosado por los sujetos que lo presionaban para que fuera parte de la pandilla, pero esto era un camino que no estaba dispuesto a recorrer por lo cual se negó hasta el día que una bala le atravesó el cuerpo cuando abordaba el microbús de la ruta 37-A en Santo Tomás, antes de salir a hacia su trabajo.
“Se paró (frente al microbús) este muchacho, Carlos Alfaro, y ahí fue cuando yo le disparé con un arma de 9 milímetros. Y solo cayó y arrancamos con el carro hacia San Salvador”, dijo con tono firme y sin tambalear Juan Alberto C., de 26 años de edad.
Sus palabras fueron vertidas frente al juez del Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador, luego que la representación fiscal y la defensa de los imputados pactaran un proceso abreviado así como el cambio de tipificación del delito de homicidio agravado a homicidio simple. Este delito que al ser confesado se negoció una reducción de pena a tres años de prisión hasta ponerlos bajo medidas cautelares y salir en libertad.
El testimonio de todos concordó en hora, fecha y lo que había sucedido. El grupo de pandilleros explicó que esperaron a su víctima por varios minutos a bordo de un carro amarillo de cuatro puertas. Las señales y el rumbo fueron dados por Raquel, una colaboradora de la zona.
Ángel S., de 32 años, era el encargado de manejar el vehículo mientras que Rudy C., de 23, fungió como copiloto; atrás se había sentado Josué V., y por último, Juan Alberto, quien era el encargado de disparar.
Según la FGR Juan y Rudy son primos de Josué y Raquel, quienes orquestaron la muerte, mientras que Ángel era el chofer y amigo de este grupo.
El resto de las confesiones
“Ese día andaba con Rudy, Josué, Jorge y Juan. Vimos a un joven con camisa verde con unos zapatos anaranjados. En ese momento Jorge disparó, él se conducía en el asiento de atrás mientras que Rudy iba de copiloto”, declaró Ángel.
La representación fiscal preguntó a Ángel:
-¿Todos estaban de acuerdo con este homicidio? -cuestionó.
-Sí -respondió sin titubear.
-¿Todos planearon el homicidio incluyendo a Raquel?”
-Sí -concluyó.
-No más preguntas -dijo el fiscal dándose por satisfecho.
Otros que rindieron su declaración fueron Rudy y Josué, quienes al igual que los otros dos complementaron y reforzaron la confesión del crimen.
Pero fue el primero quien mencionó, ante los cuestionamientos del ministerio público, que dos meses antes habían tenido discusiones con la víctima, ya que este no quería pertenecer a la pandilla y como modo de presión lo comenzaron a señalar de ser del bando contrario, una etiqueta que podría justificar su muerte.
-¿Cómo supieron que él iba a pasar por ahí? -cuestionó la Fiscalía.
-Porque cinco para las ocho pasa la 37-A. Practicante era el único bus que salía y que él (Carlos) tomaba -declaró en un tono pausado.
Las última en pasar fue Raquel V., de 22 años. Según su versión, fue la encargada de entregarlo a sus compinches y de avisar el momento exacto en el cual su víctima llegaría a la parada de buses. Esto significó el último detalle que hacía falta para terminar con su plan.
Minutos antes de que Juan Carlos muriera, se había encontrado con la mujer con la que había tenido una plática antes de emprender su camino.
La imputada entró a la sala de audiencias y señaló que ella había sido la responsable. “Yo vi a Juan Carlos, le fui a dar un abrazo, solo eso y me regresé a mis quehaceres. Me encerré y ya no supe más de él”, explicó.
-¿Sabías que lo iba a matar? -cuestionó nuevamente la FGR.
Raquel guardó silencio mientras se le llenaban los ojos de lágrimas.
-¿Participaste en el homicidio? -volvió a preguntar.
-Sí -aclaró de un tajo.
-¿Cuál era tu participación? -preguntó.
-De entregarlo -confesó mientras lloraba.
El veredicto
Luego de escuchar a los cinco imputados, el juez determinó que esto cumplía con las características de un proceso abreviado, el cual se había solicitado por las partes en el inicio de la audiencia. Asimismo, el juzgador aceptó la modificación del delito por lo cual su confesión les permitía ser condenados a tres años de prisión, algo que cedía a salir de la cárcel.
La única persona que no logró salir bien librado de esto fue Rudy, debido a una condena de 15 años por extorsión en otro proceso penal.
El miércoles 13 de febrero los parientes salieron triunfantes y confortables de quitarse de una vez por todas aquellos uniformes blancos y las cadenas que limitaban su libertad.
Mientras tanto la FGR señaló que de no ser así no se habría logrado una condena y “de cierta forma lograr justicia”, ya que los otros testigos no habían querido comparecer debido a que ya se habían sufrido atentados que llevaron a no presentarse ante el tribunal.
POR: El Salvador Times.
La Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil desarticularon en la madrugada de este jueves una estructura que transportaba cocaína por mar desde Nicaragua hacia Guatemala, usando a El Salvador como país de tránsito. El operativo fue simultáneo en Ahuachapán, Usulután y La Paz, tres puntos de la costa pacífica que, según la investigación, servían de apoyo logístico a la ruta.
La red operaba con pescadores locales, que le facilitaban combustible, GPS y embarcaciones. La FGR informó que la pesquisa arrancó en julio de 2024. Desde entonces se han decomisado 1,917 kilos de cocaína, valorados en $48,193,380, y seis embarcaciones. El cargamento no corresponde solo a esta madrugada: es el acumulado de la estructura en más de dos años de investigación.
#Narcotráfico | Golpe a estructura transnacional de tráfico de droga.
Durante la madrugada, la @FGR_SV junto a @PNCSV ejecutaron operativo simultáneo en Ahuachapán, Usulután y La Paz contra una red que transportaba cocaína por vía marítima desde Nicaragua hacia Guatemala, utilizando a El Salvador como país de tránsito con el apoyo de pescadores locales que les facilitaban combustible, GPS y embarcaciones.
Esta investigación inició en julio de 2024 y a la fecha a la estructura se le han decomisado 1,917 kilos de cocaína, valorados en $48,193,380.00, además de seis embarcaciones y doce personas capturadas previamente, quienes se sumarán a los detenidos de este operativo.
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) October 8, 2026
En ese periodo ya habían sido capturadas 12 personas, que se sumarán a los detenidos del operativo de este jueves. La Fiscalía no precisó el total de la madrugada; medios que reprodujeron sus imágenes reportaron al menos tres hombres. Los capturados serán procesados por tráfico ilícito, tráfico ilícito de carácter internacional y agrupaciones ilícitas.
El esquema encaja en el tránsito marítimo del Pacífico: la cocaína salía de Nicaragua, cruzaba aguas salvadoreñas y seguía hacia Guatemala, con apoyo en tierra para reabastecer lanchas y marcar la ruta. La presencia de la red en el occidente, el centro y el oriente costero indica una logística repartida, no un solo punto de embarque.
La FGR calificó el procedimiento como un golpe a una estructura transnacional. Hasta el cierre de esta nota no había difundido identidades, el peso incautado esta madrugada ni el destino judicial de cada detenido. Lo confirmado es el desmantelamiento del apoyo local y el balance de la investigación: casi dos toneladas de cocaína, seis lanchas y al menos 15 personas vinculadas al caso.
Los capturados serán procesados por tráfico ilícito, tráfico ilícito de carácter internacional y agrupaciones ilícitas. https://t.co/fbofZla2SV
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) October 8, 2026
Este 8 de octubre inició el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, acusada por la Fiscalía General de la República (FGR) de los delitos de actos arbitrarios y desobediencia, en perjuicio de la administración pública y de empleados municipales.
De acuerdo con las investigaciones, durante su gestión al frente de la municipalidad, Montano realizó despidos de manera arbitraria, sin respetar los procedimientos legales establecidos para separar de sus cargos a los trabajadores de la comuna.
“Durante su gestión, Nercy Patricia Montano de Martínez realizó despidos de forma arbitraria, sin seguir el procedimiento legal establecido para separar de sus cargos a empleados de la municipalidad”, señaló la Fiscalía en su reporte.
Ante estas vulneraciones, los trabajadores afectados interpusieron recursos ante los juzgados correspondientes y obtuvieron fallos favorables que ordenaban su reinstalación inmediata, así como el pago de los salarios y las prestaciones adeudadas.
Sin embargo, según la información proporcionada, la exfuncionaria y su concejo municipal se negaron a cumplir con los mandatos judiciales, situación que dio origen al proceso penal que enfrenta actualmente.
Rodrigo Alejandro González Franco fue condenado a 20 años de prisión por intentar asesinar a su compañera de vida, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
El fallo fue emitido por el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador, a solicitud presentada por la Fiscalía.
El hecho ocurrió el 7 de marzo de 2026, cuando González Franco llegó a la vivienda de la víctima, ubicada en una comunidad del distrito de Ilopango, municipio de San Salvador Este.
De acuerdo con lo establecido durante el proceso, González Franco comenzó a ingerir bebidas alcohólicas y, minutos después, golpeó en varias ocasiones a su compañera de vida. Esta conducta fue calificada durante el juicio penal como feminicidio agravado tentado.
Las pruebas presentadas por el Ministerio Público también establecieron que el ahora condenado intentó asfixiar a la víctima. Sin embargo, la hija de ella intervino para poner fin a la agresión.
Posteriormente, la víctima y sus familiares acudieron a interponer la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC), lo que permitió la captura de González Franco en el término de flagrancia.
Semanas después, la Fiscalía inició el proceso penal en un juzgado de paz de Ilopango, mientras que la fase de instrucción fue conocida por juzgados especializados de la mujer.
«Durante el proceso judicial, la representación fiscal presentó elementos probatorios que fueron contundentes para demostrar la vinculación del imputado con los hechos atribuidos», publicó el Ministerio Público.
