Judicial
Miembros de una familia confiesan cómo asesinaron a un pariente que se rehusó a ser miembro de la pandilla y quedan libres
Cinco miembros de una misma familia confesaron ser cómplices y verdugos de Carlos Alfaro, un hombre que por varios meses se opuso a ser parte de la Mara Salvatrucha (MS-13) que opera en un municipio de San Salvador. Se aprovecharon de la justicia al confesar y solicitar un proceso abreviado.
Carlos era un hombre trabajador que murió a las 7:45 de la mañana del 7 de julio de 2016. Él por muchos meses había sido acosado por los sujetos que lo presionaban para que fuera parte de la pandilla, pero esto era un camino que no estaba dispuesto a recorrer por lo cual se negó hasta el día que una bala le atravesó el cuerpo cuando abordaba el microbús de la ruta 37-A en Santo Tomás, antes de salir a hacia su trabajo.
“Se paró (frente al microbús) este muchacho, Carlos Alfaro, y ahí fue cuando yo le disparé con un arma de 9 milímetros. Y solo cayó y arrancamos con el carro hacia San Salvador”, dijo con tono firme y sin tambalear Juan Alberto C., de 26 años de edad.
Sus palabras fueron vertidas frente al juez del Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador, luego que la representación fiscal y la defensa de los imputados pactaran un proceso abreviado así como el cambio de tipificación del delito de homicidio agravado a homicidio simple. Este delito que al ser confesado se negoció una reducción de pena a tres años de prisión hasta ponerlos bajo medidas cautelares y salir en libertad.
El testimonio de todos concordó en hora, fecha y lo que había sucedido. El grupo de pandilleros explicó que esperaron a su víctima por varios minutos a bordo de un carro amarillo de cuatro puertas. Las señales y el rumbo fueron dados por Raquel, una colaboradora de la zona.
Ángel S., de 32 años, era el encargado de manejar el vehículo mientras que Rudy C., de 23, fungió como copiloto; atrás se había sentado Josué V., y por último, Juan Alberto, quien era el encargado de disparar.
Según la FGR Juan y Rudy son primos de Josué y Raquel, quienes orquestaron la muerte, mientras que Ángel era el chofer y amigo de este grupo.
El resto de las confesiones
“Ese día andaba con Rudy, Josué, Jorge y Juan. Vimos a un joven con camisa verde con unos zapatos anaranjados. En ese momento Jorge disparó, él se conducía en el asiento de atrás mientras que Rudy iba de copiloto”, declaró Ángel.
La representación fiscal preguntó a Ángel:
-¿Todos estaban de acuerdo con este homicidio? -cuestionó.
-Sí -respondió sin titubear.
-¿Todos planearon el homicidio incluyendo a Raquel?”
-Sí -concluyó.
-No más preguntas -dijo el fiscal dándose por satisfecho.
Otros que rindieron su declaración fueron Rudy y Josué, quienes al igual que los otros dos complementaron y reforzaron la confesión del crimen.
Pero fue el primero quien mencionó, ante los cuestionamientos del ministerio público, que dos meses antes habían tenido discusiones con la víctima, ya que este no quería pertenecer a la pandilla y como modo de presión lo comenzaron a señalar de ser del bando contrario, una etiqueta que podría justificar su muerte.
-¿Cómo supieron que él iba a pasar por ahí? -cuestionó la Fiscalía.
-Porque cinco para las ocho pasa la 37-A. Practicante era el único bus que salía y que él (Carlos) tomaba -declaró en un tono pausado.
Las última en pasar fue Raquel V., de 22 años. Según su versión, fue la encargada de entregarlo a sus compinches y de avisar el momento exacto en el cual su víctima llegaría a la parada de buses. Esto significó el último detalle que hacía falta para terminar con su plan.
Minutos antes de que Juan Carlos muriera, se había encontrado con la mujer con la que había tenido una plática antes de emprender su camino.
La imputada entró a la sala de audiencias y señaló que ella había sido la responsable. “Yo vi a Juan Carlos, le fui a dar un abrazo, solo eso y me regresé a mis quehaceres. Me encerré y ya no supe más de él”, explicó.
-¿Sabías que lo iba a matar? -cuestionó nuevamente la FGR.
Raquel guardó silencio mientras se le llenaban los ojos de lágrimas.
-¿Participaste en el homicidio? -volvió a preguntar.
-Sí -aclaró de un tajo.
-¿Cuál era tu participación? -preguntó.
-De entregarlo -confesó mientras lloraba.
El veredicto
Luego de escuchar a los cinco imputados, el juez determinó que esto cumplía con las características de un proceso abreviado, el cual se había solicitado por las partes en el inicio de la audiencia. Asimismo, el juzgador aceptó la modificación del delito por lo cual su confesión les permitía ser condenados a tres años de prisión, algo que cedía a salir de la cárcel.
La única persona que no logró salir bien librado de esto fue Rudy, debido a una condena de 15 años por extorsión en otro proceso penal.
El miércoles 13 de febrero los parientes salieron triunfantes y confortables de quitarse de una vez por todas aquellos uniformes blancos y las cadenas que limitaban su libertad.
Mientras tanto la FGR señaló que de no ser así no se habría logrado una condena y “de cierta forma lograr justicia”, ya que los otros testigos no habían querido comparecer debido a que ya se habían sufrido atentados que llevaron a no presentarse ante el tribunal.
POR: El Salvador Times.
Walter Alexander Martínez Mendoza y Rubén Alexander Mendoza Luna, perfilados como terroristas de la pandilla Barrio 18, fueron condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos personas en Santa Ana.
La Fiscalía General de la República explicó que ambos fueron condenados por homicidio (35 años por cada víctima) y por agrupaciones ilícitas (30 años).
El crimen se cometió específicamente en el distrito de Chalchuapa en febrero del 2019. La investigación fiscal reveló que los imputados llegaron armados con escopetas a la casa de las víctimas, luego de entrar por la fuerza y tener una discusión les dispararon.
Algunos vecinos intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, habían fallecido por el ataque.
Martínez fue capturado en octubre de 2024. El anuncio del arresto fue dado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien dijo: «un homicida menos en nuestras calles, que pagará con décadas en prisión por sus crímenes».
En esa ocasión, el funcionario aprovechó a reiterar que se utilizarán «todos los recursos del Estado para que ningún hecho de sangre quede en la impunidad y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño será sometido a la justicia».
Las autoridades de Seguridad de la administración de Nayib Bukele han sobresalido al bajar los índices de impunidad desde 2019.
En 2019, cuando se cerró con más de 2,300 homicidios, la tasa de impunidad aún alcanzaba el 97%, sin embargo, poco a poco fue disminuyendo, al cierre del 2022 se registraron 496 homicidios y la impunidad bajo a un 35%. Para el 2023 descendió a un 5% y a la fecha se mantiene a 0%. Para el 2025, cuando se reportaron 82 homicidios, todos fueron resueltos con la captura de los responsables.
«La capacidad de salir librado se ha ido reduciendo [para los homicidas] año tras año», asegura el titular de Seguridad y es que «el modelo Bukele va de la mano con la aplicación de la justicia», reiteró.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
